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Los habitantes de un conjunto residencial del barrio Unir, en la localidad de Engativá (Bogotá), se sorprendieron hace dos años cuando miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a uno de sus vecinos: un hombre de 69 años, 1.68 metros de estatura, tez blanca y que, según el ente investigador, fue un temido jefe criminal durante la primera década de este siglo en la capital del país. Se trata de Luis Alejandro Alfonso Salamanca, alias El Tío, un supuesto capo oculto del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales fueron lideradas a nivel nacional por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil.
El supuesto miembro de las AUC vivía en esta popular zona del occidente de la ciudad, en donde también funcionaba la compañía que, según las autoridades, le sirvió de fachada durante años para estar fuera del radar de la Fiscalía. Luego de dos años de su captura, El Espectador conoció que Alfonso Salamanca afronta un juicio penal por graves hechos mientras lideró esa estructura paramilitar en la capital del país: el ente investigador afirma que, en 2002, alias El Tío ordenó asesinar a 34 personas en Bogotá y Soacha, entre las víctimas, líderes sociales del sur de la ciudad que se opusieron rotundamente a la llegada de los paramilitares a sus barrios.
Aunque el proceso permanece en una etapa reservada, este diario conoció que, tres días después de ser capturado, Luis Alejandro Alfonso Salamanca recobró la libertad. Fuentes cercanas a ese proceso señalan que la defensa de alias El Tío apeló la decisión y un fiscal de segunda instancia revocó la orden de enviarlo a prisión de manera preventiva. Al ser un caso reglado por las normas antiguas de un proceso penal (ya que se juzgan hechos cometidos en 2002), un fiscal es quien decide este tipo de apelaciones. Si se tratara de delitos cometidos posteriores a 2004, según la ley colombiana, es un juez el encargado de determinar si la persona investigada afrontará el juicio tras las rejas o no.
Cuando este diario preguntó sobre cuáles fueron los argumentos del fiscal de segunda instancia para dejar en libertad a alias El Tío, el ente investigador dijo que se pronunciaría sobre el tema, pero hasta el momento no lo hicieron. Sobre la hermética investigación de la Fiscalía contra Alfonso Salamanca pudimos conocer que está basada en declaraciones de exparamilitares, quienes lo señalan de ser miembro del Bloque Centauros de las AUC, el cual operó desde 1997 en los Llanos Orientales. Con base en esa información, entre 2019 y 2023, un destacado grupo de fiscales trabajaron en el expediente contra alias El Tío, quien negó ante la Fiscalía cualquier nexo con los paras.
Uno de los crímenes que la Fiscalía General le endilga al señalado líder paramilitar fue perpetrado por Francisco Antonio Arias, alias Pacho, un confeso criminal de las AUC que lideró una oficina sicarial en Villavicencio (Meta) a principios de los años 2000. En 2008, un artículo del diario El Tiempo indicó que Arias recibía órdenes de Miguel Arroyave, alias el Químico, principal líder de los bloques Capital y Centauros a comienzos de este siglo. Entre los 33 homicidios confesados por alias Pacho también se encuentra el de Omar López Robayo, exalcalde de la capital metense y el del entonces candidato a esa alcaldía Juan Manuel González, perpetrados en 2004.
La empresa de alias El Tío
Documentos conocidos por El Espectador indican que, en septiembre de 2024, un año y cinco meses después de recobrar su libertad, Alfonso Salamanca se puso de nuevo a la cabeza de su compañía: Almari Viajes y Turismo, fundada en 2007 y que administró hasta abril de 2023, cuando el CTI de la Fiscalía lo capturó. Este diario también visitó los lugares en donde alias El Tío reportó en los últimos 10 años, ante la Cámara de Comercio de Bogotá, que su negocio familiar funcionaba. Una de esas direcciones es justamente el conjunto residencial en donde fue detenido hace dos años; el segundo lugar es un local de Primavera Plaza, un popular centro comercial del occidente de la ciudad, en donde funcionó la agencia hasta su captura.
La tercera ubicación que indicó Luis Alejandro Alfonso Salamanca, de acuerdo con un documento de la compañía de noviembre de 2024, queda a unas 15 cuadras de donde fue capturado. Se trata de un conjunto cerrado y en el que, según los guardias de seguridad, no funciona ninguna agencia. La empresa de alias El Tío, Almari Viajes y Turismo, ofrece viajes a Santa Marta, Santander, el Eje Cafetero, San Andrés y Providencia, Coveñas, Tolú, Cartagena, México, Cuba, Panamá, Suramérica y Europa. El precio de un plan para una persona oscila entre los $800.000 y los $20 millones, los cuales incluyen tiquetes, alimentación y estadía durante los días elegidos.
Según una publicación de 2012 en la página de Almari Viajes, “otra agencia de viajes llamada Dinaltur también fue creada por don Alejandro Alfonso y sus dos hijos mayores, profesionales en administración hotelera y turismo y contaban con la experiencia suficiente por haber trabajado en reconocidas empresas del sector. Dinaltur se fue especializando en el turismo religioso y Almari tiene el objetivo de cubrir otros mercados”. En efecto, el sitio web de Dinaltur ofrece planes de peregrinación a los monumentos marianos en Europa y México. Aunque señalan que sus oficinas quedan en un pequeño centro comercial colindante al centro comercial Titán Plaza, este diario visitó el lugar y no las encontró.
En los registros de Cámara de Comercio de Bogotá señalan que están ubicados en el centro comercial Nuestro Bogotá, en donde tampoco encontramos las instalaciones. Empleados del centro comercial y de seguridad señalaron que solo hay dos agencias de viajes allí y que ninguna tiene ese nombre. Los documentos también indican que Dinaltur y Almari Viajes actualmente solo comparten una funcionaria, que es la encargada de hacer algunos de los trámites ante la Cámara: Ingrit Yuliet Gómez Ávila. Además de este vínculo, este diario no pudo establecer si las empresas siguen teniendo relación con Alfonso Salamanca.
Tras la captura de Alfonso Salamanca (en abril de 2023), se conoció que Almari Viajes tuvo contratos con el Ejército por $570 millones relacionado con la compra de tiquetes aéreos para miembros de esa institución. Sin embargo, desde la entidad nunca señalaron cómo la empresa de Alfonso Salamanca salió beneficiada. La que sí salió a dar explicaciones fue la Armada Nacional, que también tuvo un contrato con alias El Tío: “Se trató de un convenio de mínima cuantía que cumplió con las etapas estrictamente descritas en la Ley 80 del 1993 y en los manuales de contratación interna para el Ministerio de Defensa, siendo la empresa Almari Viajes y Turismo la que cumplió las diferentes evaluaciones”.
El enigma y la impunidad del Bloque Capital de las AUC
Hugo Tovar, quien hace dos años era la cabeza de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de la Fiscalía, señaló en ese momento que Alfonso Salamanca fue un miembro del Bloque Centauros de las AUC, una enorme facción que, desde 1997, hizo presencia en Guaviare, Meta y Cundinamarca por órdenes de los hermanos Castaño. A su vez, el alto funcionario del ente investigador dijo que alias El Tío fue nombrado como líder del Bloque Capital de los paramilitares, que nació en 2001 como parte de un anhelo del grupo criminal por formar un bloque con presencia permanente en la capital del país.
Lo particular del caso de alias El Tío es que en las sentencias de la justicia contra los mencionados bloques paramilitares su nombre no aparece. Sobre todo si se trató de uno de los líderes de esa organización criminal, que controló oficinas sicariales en el San Andresito de la 38 y en la Central de Abastos (Corabastos). Además, las investigaciones judiciales señalan que los principales rostros del Bloque Capital fueron Miguel Arroyave, alias el Químico (asesinado en 2004) y Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, dos hombres de la entera confianza de los Castaño.
Según el Tribunal Superior de Bogotá, en 2002, los jefes del Bloque Capital se convirtieron en patrones del San Andresito. Arroyave puso como jefe en las calles a Mi Sangre, quien fue extraditado en 2016 y condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Según el fallo, fue él quien lideró las oficinas de cobro que se tomaron el control de algunas zonas del sur de la ciudad y extorsionaron a los comerciantes que se negaron a colaborar con su “cuota” de seguridad. Fue entonces cuando las autoridades registraron más de 600 muertes en Ciudad Bolívar durante 2002. Es en este punto en el que, según la acusación de la Fiscalía, Alfonso Salamanca puso su cuota criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, alias El Tío habría ordenado perseguir y asesinar a personas que se oponían a las ideas de los grupos paramilitares o eran señaladas de participar en actividades delictivas en Ciudad Bolívar y en Soacha. “En cumplimiento de ese rol criminal, presuntamente, ordenó el asesinato de 34 personas y, al parecer, le pagó a cada sicario $400.000 pesos por homicidio selectivo perpetrado”, aseguró la Fiscalía en el momento de su captura, en 2023. Una ola de violencia que, durante esos años, fue nombrada como “limpieza social” por el propio Bloque Capital en los panfletos que difundían en los barrios del sur de la ciudad.
La cuenta pendiente de la justicia
También es cierto que el Bloque Capital fue uno de los capítulos del paramilitarismo menos indagados por la justicia. En agosto de 2004, en la víspera de su desmovilización, las autoridades no tenían certeza de cuántos hombres armados eran y que muchos pudieron pasar de agache. Un agente del DAS le dijo a El Tiempo en ese momento que 350 hombres iban a entregar sus armas, pero que “el Bloque Capital participó en hechos en San Andresito de la 38 y homicidios selectivos, pero no está confirmado quiénes son sus cabecillas ni cómo operan. Por eso es muy difícil saber cuántos, supuestamente, se desmovilizarían”.
La impunidad del Bloque Capital se ve en casos como el de la periodista Jineth Bedoya, quien, en mayo de 2000, mientras era periodista de este diario, fue secuestrada y violentada por hombres de Miguel Arroyave en inmediaciones de la cárcel La Modelo, donde estaba preso el jefe paramilitar. La entonces reportera de El Espectador documentó cómo esa prisión era un foco de corrupción y de violaciones a los derechos humanos y en donde paramilitares y guerrilleros se enfrentaron a muerte. Además, con la participación activa de miembros del INPEC y la Policía. Aunque la Fiscalía procesó a miembros de las AUC, Bedoya ha dicho que faltaron altos miembros de la Policía que tuvieron vínculos con el Bloque Capital para secuestrarla.
Incluso, fiscales de Jusiticia y Paz dicen que en ese centro carcelario nació el Bloque Capital, de la mano de un hombre cercano al zar esmeraldero Víctor Carranza: J.J Pimiento. Según el Tribunal Superior de Bogotá, este grupo criminal también habría tenido una activa participación en crímenes de lesa humanidad como los asesinatos de Jaime Garzón (agosto de 1999), el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza (abril de 1998) y los investigadores del CINEP Elsa Alvarado y Mario Calderón (mayo de 1997). En todos estos hechos se presume que hubo participación directa por parte de miembros del Ejército Nacional y la Policía. De hecho, por el homicidio de Jaime Garzón fue condenado a 26 años de prisión el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez.
Para conocer la versión de Alfonso Salamanca sobre la acusación de la Fiscalía, este diario se intentó contactar con él a través de dos correos electrónicos que figuran como contactos de su empresa. Sin embargo, no obtuvimos respuesta hasta el momento. Lo que sí está claro es que el señalado jefe paramilitar y sus abogados han negado ante la Fiscalía ser el cerebro de una ola de violencia paramilitar que azotó en 2002 a Soacha y a la capital del país.
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