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Desde la década de los 90 los pescadores artesanales del norte del Pacífico chocoano (en los municipios de Juradó y Bahía Solano) empezaron un camino sin descanso. A la par del avance de la pesca industrial de atún y camarón cerca de sus costas llegaron una serie de conflictos que empezaron a escalar, sus faenas de pesca se vieron afectadas y algunos de los recursos de los que dependía su sustento y alimentación disminuyeron.
A partir de entonces, y por casi 30 años, buscaron sumar esfuerzos para crear y fortalecer frente a su costa una “Zona Exclusiva de Pesca Artesanal” (ZEPA). La primera de este tipo en el país que, como explica Jorge Iván Chica, uno de sus voceros, busca ordenar la pesca para proteger a quienes viven y dependen de ella, conservando no solo el alimento, sino también los ecosistemas de los que se benefician las comunidades aledañas.
En palabras sencillas, en la ZEPA se prohíben o restringen ciertos tipos de pesca, como la industrial o de gran escala, y se limita el uso de aparatos de pesca que resulten perjudiciales para la sostenibilidad de los recursos. Su eficacia, además, depende en gran medida del compromiso de las comunidades y su participación, así como del cumplimiento de los acuerdos. Por eso el camino para establecerla estuvo lleno de tropiezos, negociaciones, investigaciones y hasta acciones populares que permiten hoy tener algunos avances.
Resumiendo una historia de décadas en un par de líneas (que se puede conocer mejor en la cronología que acompaña esta nota), a mediados de este año las comunidades del Pacífico norte esperaban contar con uno de los logros más importantes: la ampliación de la ZEPA en una escala que permitiera cumplir con las necesidades sociales y ambientales para la que fue concebida.
Ese, señalan sus promotores, era el resultado de la articulación entre diferentes entidades del Gobierno y la participación de todos los grupos interesados (pescadores artesanales, industriales, academia, ONG, entre otros). Era el último paso de los tres años de negociaciones en unos espacios llamados “mesas interinstitucionales ampliadas”. Para materializarlo solo hacía falta una firma, la de la directora de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), Karen Mejía, quien se había comprometido a hacerlo para el pasado 31 de julio. Sin embargo, pasó el tiempo acordado y la firma no llegó.
Como explica Sara Moreno, integrante del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial – Siembra, que apoya jurídicamente a las comunidades, “ya había una ruta trazada ante la decisión de la ampliación de la ZEPA, que no solo buscaba garantizar los derechos vulnerados de las comunidades, sino que también respaldaba un largo proceso de negociación y reuniones constantes entre todas las partes interesadas”.
Hoy las peticiones del sector industrial que, aunque participó de todas las negociaciones, afirma que no ha sido escuchado, vuelve a dilatar la decisión y pone un lastre al avance del proceso. Para entender mejor el panorama hay que devolverse en el tiempo algunos años.
Un proceso de larga data
En 2012, ante la continuación de los conflictos y la ausencia de avances significativos, las comunidades de Juradó y Bahía Solano, representadas por la Federación de Trabajadores de la Pesca Artesanal de la Costa Pacífica Chocoana (Fedepesca) y el Consejo Comunitario Los Delfines, decidieron interponer una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ella manifestaban que, pese a los esfuerzos por impulsar espacios de diálogo, sus derechos colectivos estaban siendo vulnerados y los impactos de la pesca industrial continuaban.
En sus palabras, la pesca industrial generaba impactos insostenibles sobre los ecosistemas y las autoridades estatales no estaban controlándolo de manera adecuada, lo que representaba una amenaza para ellos, su alimento y su modo de vida. Tras la acción popular, pasaron siete años para que, en 2019, el Tribunal fallara a favor de las comunidades. En su sentencia de primera instancia concluyó la “vulneración y/o amenaza” de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos, entre otros.
También advirtió que, pese a que la Aunap había desplegado una serie de medidas para delimitar la ZEPA, los estudios técnicos y los testimonios concluían en que esa delimitación resultaba “insuficiente”. Al revisar datos de desembarcos, por ejemplo, evidenció que el recurso se captura por debajo de la talla media de madurez, lo que pone en peligro la sostenibilidad de diferentes especies y el mismo ecosistema.
Las entidades que habían sido accionadas (Minagricultura, Minambiente, Aunap, Codechocó y la Armada Nacional) presentaron recursos de apelación que llegaron al Consejo de Estado, que decidió en segunda instancia. Sin embargo, un año después la conclusión fue por el mismo camino de su antecesor.
Con la Sentencia 078 de 2020, el Consejo de Estado confirmó la vulneración de los derechos de las comunidades y resaltó que la pesca industrial no generaba ningún beneficio económico para las poblaciones locales, ni “de forma directa ni por regalías, y mucho menos en forma de empleo, dado que en un 53.8 % de la flota atunera desembarca sus capturas en Cartagena y Barranquilla, y la flota camaronera en Buenaventura”. También aseguró que las entidades del Estado eran responsables de la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades por su omisión o la indebida acción de sus funciones.
“Desde 2008 las autoridades accionadas no han entablado los diálogos ni las medidas necesarias para que la ZEPA del norte de Chocó sea ampliada ni para que dichas zonas sean implementadas en otras áreas costeras del departamento de Chocó. Luego, con ocasión de dicha omisión es que se evidencia que las autoridades accionadas han sido negligentes en la protección del recurso pesquero, así como de las comunidades que obtienen su sustento mediante la actividad de pesca artesanal”, se lee en el documento.
En consecuencia, dictó cinco órdenes que nos vuelven a traer a las discusiones del presente. Entre esas está la de elaborar un proyecto integral y detallado, con actividades concretas, para “cesar, mitigar, prevenir, controlar y sancionar” los impactos ambientales derivados de la pesca industrial en esta zona. También ordena elaborar un estudio técnico que evalúe la necesidad del área mínima que requiere la ampliación de la ZEPA y conformar una mesa de trabajo interinstitucional, en la que se puedan aportar insumos para lograr el cumplimiento del fallo de forma articulada.
Fue precisamente en esas mesas donde se logró, tras más de tres años de negociaciones, acordar una propuesta de ampliación de la ZEPA. “En esas mesas ampliadas se analizó la información técnica disponible y se recogieron los argumentos y necesidades de todos los actores. Depués, en las reuniones del 12 de abril y del 4 de julio de 2024, se llegó a un acuerdo sobre la ampliación a partir de la propuesta que entregó el Ministerio de Ambiente (ver mapa) y se acordó que la Aunap, según sus competencias, se encargaría del proceso para la expedición de una resolución que estableciera la ampliación de la ZEPA”, explican desde Siembra.
De hecho, en una reunión que se realizó el 14 de mayo en Bahía Solano, la directora de la Aunap se comprometió públicamente a la firma de la resolución, asegurando que se realizaría el pasado 31 de julio. Pero las cosas cambiaron en agosto, luego de que el borrador de la resolución fuera publicado en la página web de la Aunap y de una visita de la directora Mejía a Buenaventura.
¿Nuevos intereses?
El pasado 3 de octubre la mesa interinstitucional citó a una reunión en las oficinas de la Aunap. Allí la directora de la autoridad pesquera, Karen Mejía, aseguró que “tras un compromiso que había adquirido en Buenaventura (donde están los barcos y armadores de la pesca industrial de camarón) había decidido abrir, nuevamente, el espacio para escuchar las inquietudes del sector. “Queremos escuchar los argumentos de las partes y que la Aunap tenga esa argumentación como soporte de las decisiones que deba tomar en su momento”, dijo.
En el espacio participaban la dirección de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas del Minagricultura, funcionarios del Minambiente, representantes de la Asociación de Armadores Pesqueros de Colombia (el sector industrial), miembros de la Aunap, representantes de las comunidades y hasta integrantes de las UTL de congresistas del Valle del Cauca. Y las declaraciones de la directora tomaron por sorpresa a varios de los asistentes, incluidos miembros del Gobierno.
Entre los motivos, aseguraban, desde 2020 se realizaron negociaciones en las que también participó y se vinculó al sector industrial, que actualmente manifiesta tener “desconocimiento” e insiste en que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta. “Siempre, en todas las reuniones, lo primero que pedíamos era que ustedes presentaran las investigaciones. Se pidió que hicieran propuestas, que nunca llegaron”, afirmó uno de los participantes. “Aunque no se ha agotado ninguna instancia, sí se ha surtido un proceso de concertación, y eso hay que respetarlo, sin importar que no se haya firmado la resolución”, señaló otro.
De hecho, los funcionarios del Gobierno también argumentaron que durante todas las negociaciones creyeron estar conversando con todas las partes involucradas. Y que ahora recibían con sorpresa estas nuevas declaraciones. Además, desde la mesa interinstitucional insistieron en que, hasta ese momento, no se había recibido una sola propuesta o comentario del sector industrial.
Para la abogada Moreno, de Siembra, esto se suma a unos incumplimientos que ya hay de la sentencia del Consejo de Estado, pues las órdenes establecían unos tiempos que no se cumplieron. Asimismo, se había definido una fecha para la firma del acto, que tampoco se cumplió. “Esperamos que se respeten los acuerdos y compromisos que establecimos en todos estos años de articulación y negociaciones en el espacio interinstitucional que creó la sentencia, y que la Aunap pueda actuar con la mayor transparencia y diligencia para la pronta adopción de la resolución”, manifestó.
Sin embargo, el panorama aún es incierto. Pese a que el proceso para la ampliación de la ZEPA ya había surtido todos los tiempos y trámites, e incluso se había cerrado el espacio para recibir comentarios, en las oficinas de la Aunap, las entidades del Gobierno acordaron ampliar el plazo y recibir los documentos hasta este 10 de octubre. Las comunidades, que manifestaron su desacuerdo, esperan que esto no devuelva los tres años de negociación nuevamente al día uno.
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