Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Una histórica conciliación para preservar las finanzas de los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario fue aprobada hace pocos días por la Procuraduría. Es el paso final de una batalla que arrancó en julio de 2018 entre la petrolera canadiense Frontera Energy y la empresa Cenit, filial de Ecopetrol en el manejo del negocio del transporte de crudo en Colombia. Un pleito con tres tribunales de arbitramento, uno de ellos internacional, en el que están comprometidos cerca de $30 billones, $4 billones más que la próxima reforma tributaria. El riesgo de una situación conflictiva tenía encendidas las alarmas del Gobierno y al sector petrolero en vilo.
El asunto quedó a la espera de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tiene ahora la última palabra para aprobar la negociación. Si es así, la conciliación pasará a la historia como una de las de más alto valor en el país sin que, en criterio de las partes, alguna de las partes saque ventaja a la otra. Un cruce de cuentas, cesiones de acciones y creación de nuevos contratos que no afecta las finanzas de los involucrados y que envía un mensaje de tranquilidad al negocio del petróleo en Colombia. Hubiera quedado en jaque si se hubiera resuelto mal el problema, con riesgo de estocada final al oleoducto Caño Limón-Coveñas.
El pleito judicial se inició el 12 julio de 2018, cuando la filial Cenit recibió una notificación de Frontera Energy en la que daba por terminados los contratos de transporte de crudo por el oleoducto Caño Limón-Coveñas firmados en 2011. El argumento de la productora de petróleo canadiense –que en 2017 sustituyó a Pacific Rubiales– fue que el sistema de casi 780 kilómetros estuvo inactivo por más 180 días desde el 10 de enero de 2018 y que, según las cláusulas, al no restablecerse el servicio en el tiempo pactado, Frontera tenía la potestad de terminar el negocio. Cenit respondió que el oleoducto funcionó antes de cumplirse los términos.
(Vea también: Los “paraísos fiscales” pasaron de agache en la reforma tributaria)
En ese forcejeo de cuentas en torno a los 180 días, salieron a relucir otros problemas de fondo. El primero relacionado con el conflicto armado y los históricos atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Tan solo en el año 2018 se presentaron 89 atentados –como la voladura de tubos– y se abrieron 72 válvulas ilícitas para el robo de combustible. Bajo este argumento, Cenit explicó la demora de la reactivación del oleoducto, pues cada vez que tapaban un hueco, se abría otro. Sin embargo, aclaró que para el 10 de julio de 2018 habían solventado todos los problemas, por lo que nunca se cumplió la cláusula de falta del servicio.
Pero además de esos dilemas no resueltos surgió uno nuevo: los contratos heredados por Frontera de Pacific Rubiales eran para el transporte diario de 45.000 barriles de crudo, cifra significativa para las finanzas del oleoducto Caño Limón-Coveñas en cientos de miles de millones de pesos. Ante la inactividad en la principal conexión de transporte de gasolina en Colombia, la petrolera Frontera Energy argumentó que sus problemas financieros no se hicieron esperar, sumados a los recibidos de Pacific. La cláusula funcionaba como una puerta de salida al negocio de la explotación petrolera en Colombia que ya no le daba las ganancias del pasado.
En desarrollo del pleito, se añadieron nuevos protagonistas. Los otros dos productores de petróleo que operan en Colombia y tienen contratos para el transporte de crudo en Caño Limón-Coveñas, las empresas Vetra y Canacol, se unieron a las reclamaciones de la petrolera Frontera Energy. Sus contratos no eran de la magnitud de los de la empresa canadiense, pero entre ambos sumaban algo más de 1.000 barriles diarios. Con otra pelea de fondo: el cambio de tarifas de transporte de crudo –cada 4 años por ley– en criterio de los reclamantes no fue en 2016 la cifra pactada en los contratos de 2011.
En el filo de la navaja
Mientras la pelea jurídica seguía creciendo, Frontera finalizó los contratos con la Sociedad Oleoducto Bicentenario de Colombia, idea nacida en 2010 para mejorar la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país, ante el incremento de la explotación petrolera. Un proyecto ambicioso del que se desarrollaron solo dos de cuatro etapas, pues la caída de los precios del petróleo y los errores en las proyecciones de explotación jugaron en su contra. Para ese negocio se creó la Sociedad Bicentenario. Ecopetrol, a través de Cenit y Hocol, con el 55,97% y el grupo Pacific (hoy Frontera reclamante) con el 43,02%.
Para su construcción, en su momento los socios pactaron un Acuerdo Marco de Inversión (AMI) que se financió en un 30% con recursos propios y el 70% con créditos de la banca, sujetos a pagos a partir de contratos de servicio de transporte que firmaron Ecopetrol y Pacific. En julio de 2018, cuando Frontera expuso que no necesitaba el oleoducto Bicentenario por no cumplir con el objetivo de conectar los campos de los Llanos Orientales con Coveñas, terminó siendo un tubo para alimentar al oleoducto Caño Limón-Coveñas. A Frontera Energy nada le servía el contrato con Bicentenario para transportar 45.000 barriles diarios.
Sin embargo, esos contratos de Frontera con Cenit y Bicentenario se habían firmado bajo la modalidad técnica Ship or Pay, entendida como pago por el servicio de transporte de crudo, independientemente de que los barriles movilizados sean menores a la capacidad contratada. De ahí la sospecha de que Frontera recurrió a la cláusula de los 180 días para cambiar las condiciones de contrato y solicitar nuevas tarifas, pues su volumen no estaba en los 45.000 barriles diarios. Si bien la caja de Frontera Energy se vio perjudicada por el cierre del oleoducto Caño Limón-Coveñas, las finanzas de Cenit salieron peor por el no pago desde julio de 2018.
(Le puede interesar: “No estoy detenido, estoy secuestrado”: Alex Saab habla sobre su proceso)
Por eso, inicialmente, ante la negativa de Frontera a seguir pagando los contratos, Cenit y la Sociedad Bicentenario abrieron sus frentes de batalla alegando el incumplimiento de pago. Fue así como en octubre de 2018, interpusieron demandas contra Frontera y otros productores, al considerar que la terminación de los contratos fue ilegal. Vino la correspondiente respuesta y, para julio de 2019, existían cerca de siete litigios, uno de ellos a nivel internacional. Sin embargo, esos tribunales de arbitramento se demoraron en ser instalados casi dos años por obstáculos en la escogencia de árbitros.
Más de un candidato se negó a aceptar la postulación por la cantidad de dinero en juego, y porque, en cualquier caso, la decisión de quiénes serían los escogidos debía tener el visto bueno de la Presidencia, por sus implicaciones para la economía del país. Cerca de cinco ternas arbitrales fueron rechazadas por el gobierno y, ante la demora, surgió una nueva posibilidad: conciliar, salvar los contratos y no dar una estocada de muerte al sector petrolero. Los acercamientos comenzaron en 2019, pero desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, se hizo un gran esfuerzo para redactar un documento de conciliación extrajudicial.
La conciliación
“Fue una estrategia práctica negociar por fuera de los tribunales de arbitramento, porque eran muchos y trataban cosas distintas. Con esta negociación se resolvieron tres litigios, uno de ellos internacional entre Cenit y Bicentenario contra Frontera. Por un lado, Cenit decía que se afectó su flujo de caja y Bicentenario que con el fin de los contratos se afectó el pago de los créditos. Frontera insistió en el tema de las tarifas injustas y que Cenit abusaba de su posición mayoritaria en la Sociedad Bicentenario ordenando el cese de pagos de dividendos entre los socios. Desde ese punto, comenzaron las negociaciones”, comentó una fuente consultada.
La conciliación se presentó el 17 de noviembre de 2020 ante la Procuraduría. En tiempo récord, solo cuatro meses con un par de aclaraciones, el Ministerio Público sacó adelante el tema. El pasado 24 de marzo le dio visto bueno, argumentando que fue una salida de beneficio para las partes que no afectó el bolsillo de la Nación. En el documento final las partes aceptaron terminar los contratos por mutuo acuerdo con pagos a hacerse a partir del 31 de diciembre de 2019. El dinero saldrá de un patrimonio autónomo que crearon Cenit y Frontera en el que se consignó la diferencia tarifaria mientras se resuelve. Son cerca de $110.000 millones.
Frente al tema del oleoducto Bicentenario, Cenit y Frontera resolvieron que la segunda cederá todas sus acciones en la Sociedad Bicentenario a cambio de terminar los contratos. Frontera se comprometió a pagar parte de los créditos adquiridos con la banca para construir el oleoducto y Cenit descongeló los dividendos que dejaron de pagar durante cuatro periodos a la productora canadiense, que sumaban cerca de medio billón de pesos. Además, se firmaron nuevos contratos con mejores condiciones para Frontera, con reducción en el número de barriles a transportar por el oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Como parte de la solución, se celebrarán contratos con el Oleoducto de los Llanos (ODL) para cuadrar el faltante de las deudas de Frontera con Cenit y se establece un límite de barriles a transportar. En caso de superarlo, se puede dar por terminado el negocio. Para la Procuraduría, el arreglo alcanzado “no es violatorio de la ley y no se advierte lesividad para el patrimonio público”. Además, precisó que existe una opinión financiera de un tercero independiente, Santander Banca de Inversión Colombia, que valoró los potenciales resultados de los litigios arbitrales y estableció que, en el mejor escenario, el Estado gana $32 billones (US$8,77 billones), cifra cercana al arreglo logrado.
(Puede leer: El incierto futuro del oleoducto Caño Limón-Coveñas)
“No existe una marcada diferencia entre el mejor escenario de fallo favorable (US$8,77 billones) y el escenario derivado de la fórmula de arreglo presentada (US$8,15 billones), diferencia que se reduce aún más si se incluye la variable “Riesgo de no recaudo” consistente en el evento en que el tribunal falle a favor de Cenit y Bicentenario, pero Frontera no tenga los recursos para cumplir con las obligaciones”, concluyó la procuradora Carmen Acosta, encargada del caso. A esa certeza llegó también al observar que Pacific Rubiales, tras entrar en un trámite de insolvencia en Estados Unidos, se convirtió en Frontera, y evitó que con problemas de caja llegara a ser condenado en instancias arbitrales.
“Era mejor coger lo que ofrecían que ganar un caso que no se podía cobrar. El riesgo era que Frontera no tuviera cómo pagar la cuantiosa cifra. Y a pesar del monto que estaba en juego, con la conciliación no se ve afectada la caja de ninguna de las partes”, dijo una persona que conoció el proceso. La última decisión la tiene el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que analizará si la conciliación cumple con los requisitos. Las partes dieron una fecha límite: 30 septiembre de 2021. “Es un alto al fuego en los tribunales de arbitramento, que se suspendieron mientras hay noticias. Es como el proceso de paz: nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Conoce más