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Una de las grandes banderas del presidente Gustavo Petro ha sido la lucha contra la crisis climática, incluso antes de llegar a la Casa de Nariño. En innumerables discursos, foros, eventos nacionales e internacionales ha asegurado que se trata del “principal problema que afronta hoy la humanidad”. Y varias acciones del Gobierno han ido encaminadas en ese sentido.
De hecho, entre las metas que estableció la Presidencia para el sector ambiente estaba que Colombia se posicionara como un líder global en la acción climática y que acelerara la implementación de los mecanismos necesarios para cumplir con el Acuerdo de París. En el marco de ese acuerdo, los compromisos del país (técnicamente conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o NDC) han sido bastante ambiciosos.
Colombia, por ejemplo, se propuso reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 51 % para 2030. Y lograr la carbononeutralidad a 2050. Esto último, en otras palabras, es que lo que el país emite por actividades humanas y lo que puede absorber la naturaleza o alguna tecnología sea igual a cero. Sin embargo, acelerar esas acciones al interior del Ministerio de Ambiente no ha sido tarea fácil.
Uno de los motivos tuvo que ver con que la llegada del nuevo Gobierno coincidió con el recambio por concurso de los trabajadores en la cartera. Y, como aseguraron dos exfuncionarios del Minambiente a este diario, los equipos estuvieron atravesados por tensiones, desconfianza y les costó “armonizarse”. Otro motivo tuvo que ver con que la Dirección de Cambio Climático, que se encarga de aterrizar, estudiar técnicamente e impulsar esas decisiones, ha estado al menos 11 meses, de los dos años de gobierno, sin alguien a la cabeza.
Pese a los vientos en contra, Colombia tuvo una participación muy visible en la cumbre climática de Dubái, donde la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, recibió mucho respaldo internacional. En palabras de Alejandra López, directora de diplomacia climática del centro de pensamiento Transforma, “desde fuera es muy evidente que Colombia está ejerciendo un liderazgo regional y global en defensa de una transición lejos de los combustibles fósiles y hacer frente a las crisis planetarias. Yo he estado muy sorprendida de ver cómo la ministra ha promovido y presionado a los grandes emisores del mundo para que hagan algo”, asegura.
Otra de las propuestas destacadas de Colombia durante la COP28, fue, por ejemplo, la que lanzó junto a Kenia, Francia y Alemania para “impulsar el canje de deuda por acción climática”. En palabras sencillas, la iniciativa busca que para países como los nuestros, del sur global y en desarrollo, el hecho de impulsar acciones para reducir las emisiones de GEI y adaptarnos a los efectos del cambio climático, no nos deje aún más endeudados. Por el contrario, que esos esfuerzos de mitigación y conservación puedan ser usados como una suerte de “pago” de esas deudas. Según el Departamento Nacional de Planeación, actualmente el país debe invertir entre US$2.341 millones y US$3.790 millones al año para financiar las metas de mitigación de los gases que contaminan la atmósfera.
Sin embargo, cuando la COP28 llegó a su fin, la cartera ambiental empezó a reacomodarse nuevamente. Como lo reseñó entonces La Silla Vacía, el 2024 arrancó con un revolcón al interior del Ministerio: de los 17 cargos directivos se cambiaron seis. Entre esos el del exviceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Francisco Canal, que desde que asumió su cargo intentó impulsar las reglas del juego para regular el mercado de carbono en Colombia; y el director de Cambio Climático, Sebastián Carranza, que, tras encabezar el equipo de las negociaciones climáticas, aseguró que se iba por cuestiones personales.
Desde entonces los avances en discusiones centrales para hacerle frente a la crisis climática empezaron a ser menos visibles. Aún no conocemos, por ejemplo, la nueva propuesta de las metas climáticas (NDC) de Colombia, que deben ser actualizadas antes de febrero de 2025 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Tampoco sabemos cómo va a actualizar su estrategia a largo plazo (conocida como E2050) que, hasta ahora, establece reducir sus emisiones de GEI en un 90 % respecto de las emisiones de 2015 y compensar el 10 % restante con absorciones.
Esas absorciones suelen estar muy vinculadas, por ejemplo, a las transacciones de los mercados de carbono (voluntario y regulado). Pero aún no hemos establecido las normativas necesarias para terminar de regularlos, pese a que Colombia es uno de los países con más experiencia en esa área.
La Dirección de Cambio Climático, ¿sin cabeza?
La pérdida de fuerza de esos debates coincidió con que, desde finales de diciembre del año pasado hasta el 23 de julio de este año, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio estuvo sin una persona nombrada en el cargo en propiedad. No era la primera vez que pasaba. Cuando asumió el gobierno de Gustavo Petro, la dirección del Minambiente que más se demoró en nombrar a su director fue, justamente, la Dirección de Cambio Climático. Sebastián Carranza, el exdirector, asumió funciones en febrero de 2023, casi seis meses después de la llegada del presidente a la Casa de Nariño.
Pero, volviendo a lo que ha pasado en este año, “en estos últimos siete meses no hemos logrado identificar cuál es la agenda prioritaria del Ministerio frente al cambio climático”, aseguró una fuente que ha asesorado a esta cartera. “Hay muchas cosas muy específicas: la actualización de los compromisos climáticos de Colombia, la regulación de los mercados de carbono o las acciones que pidió la Corte para respetar las salvaguardas sociales y ambientales en los proyectos de reducción de las emisiones de la deforestación (REDD+). Pero no se han visto mucho los avances”, insistió.
En entrevista con El Espectador, la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Tatiana Roa, defiente los avances de la cartera. Aseguró que el cambio climático ha sido uno de los temas más importantes desde que llegó al puesto (el pasado 15 de enero), y que no considera que la Dirección de Cambio Climático haya quedado “acéfala”. “Se nombró a un director encargado que asumió plenamente los compromisos y las responsabilidades de la Dirección, y los equipos técnicos continuaron desarrollando los procesos en curso. De hecho, se concretaron todos los procesos para la acción climática en el país”, afirmó.
Entre esos, señaló, se arrancó con el proceso de actualización de las NDC en Colombia, “con un enfoque de adaptación, biodiversidad y medios de implementación”. Y en agosto empezarán talleres territoriales para trabajar de forma integrada con gobiernos regionales, el sector empresarial y sociedad civil en la actualización.
Asimismo, aseguró que se trabajó en el portafolio de acción climática, se aunaron esfuerzos con Euroclima (el programa insignia de la Unión Europea sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático con América Latina) para fortalecer la institucionalidad climática, la electromovilidad y el apoyo a la COP16 de Biodiversidad; y se hizo frente a dos grandes retos: el Fenómeno del Niño y las preparaciones para el Fenómeno de la Niña.
“Esa dirección también está encargada de la gestión del riesgo y, en el primer semestre, esa fue una agenda muy intensa. Se trabajó en el Plan Nacional de Gestión frente al Fenómeno del Niño, en la elaboración de boletines, alertas tempranas (en coordinación con el Ideam) y en formar a los equipos de gestión del riesgo en los departamentos y municipios, en donde estaban asumiendo también nuevos gobiernos”, explicó. “Sin embargo, eso no implicó que los otros equipos de la dirección detuvieran su avance”, agregó.
Entre esos otros procesos en los que la cartera ha ido avanzando, señala la Viceministra Roa, está la regulación de los mercados de carbono, “que sí ha sido una prioridad para nosotros”, enfatizó.
Deudas pasadas con acciones urgentes
Como explica Sebastián Lema, director de Mercados de Carbono y Finanzas Climáticas del centro de pensamiento Center for Clean Air Policy, aunque Colombia ha sido pionera en el mercado de carbono, tiene retrasos sobre su regulación y otros temas claves. Algunos de estos vienen de gobiernos anteriores.
Por ejemplo, la operación de la plataforma donde se registran las iniciativas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero, conocida como RENARE, que dejó de operar en agosto de 2022, y que llevó a que los proyectos del mercado voluntario de carbono no pudieran tener una trazabilidad y transparencia se su progreso. No se podía saber fácilmente, por ejemplo, si dos proyectos estaban vendiendo créditos de carbono de un mismo bosque.
“Uno de los avances importantes fue que logramos volver a tener competencia para administrar la plataforma y ahora estamos trabajando para que haya un sistema robusto de monitoreo de los mercados de carbono”, aseguró la viceministra Roa.
En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro también se definió crear un sistema de salvaguardas para evitar que los proyectos REDD+ vulneren los derechos sociales y ambientales de las comunidades que son beneficiarias. Pero esa reglamentación es otra de las que aún no ha llegado. Roa aseguró que se está avanzando en una normativa encaminada a garantizarlas. “La idea es que eso pueda servir de herramienta para hacer frente a las denuncias de posibles violaciones de derechos humanos y derechos territoriales que se han presentado en algunos de esos proyectos”, agregó
Entre otros temas, hubo fallos judiciales del pasado que en estos meses, según la Viceministra, se volvieron prioridad. En el gobierno pasado Colombia adoptó una ley para la gestión del cambio climático que, entre otras cosas, establece un sistema de comercio de emisiones.En palabras un poco más sencillas, a través del Programa Nacional de Cupos Transables el país podría usar la reducción de sus emisiones para compensar el impuesto al carbono o comercializarlas bajo el artículo 6 del Acuerdo de París y así financiar otras acciones para hacer frente a la crisis climática.
Sin embargo, esos cupos transables de emisiones debían estar reglamentados para 2021, pero esa normativa aún no se ha establecido, por lo que la Procuraduría demandó al Ministerio de Ambiente para que definiera el marco regulatorio. “Ese es un tema en el que hemos trabajado mucho y ya logramos acordar un proyecto de decreto junto al Ministerio de Hacienda y al DNP para aterrizar el Programa Nacional de Cupos Transables. Esperamos que pueda salir este mes para consulta pública”, aseguró Roa, quien también le dijo a este diario que el Ministerio de Ambiente está próximo a publicar un decreto marco que tiene como objetivo definir los principios y funcionamiento del mercado voluntario de carbono.
Un nombramiento que tomó tiempo
Tras casi siete meses sin dirección, el Ministerio de Ambiente informó que ya había una nueva directora de Cambio Climático. La bióloga María Saralux Valbuena, que tiene trayectoria en varias entidades del Sistema Nacional Ambiental y fue subdirectora del Instituto de Hidrología y Meteorología (Ideam).
“Ese es un cargo muy importante de cara al cumplimiento de la agenda climática del país. Por tanto, buscar a la persona indicada nos tomó tiempo. No solo se requerían habilidades muy específicas del conocimiento técnico del tema, sino también experiencia en el sector público y gestión con equipos de trabajo robustos y multidisciplinares”, explicó la viceministra Roa. “Además, nos interesaba mucho que fuera alguien que compartiera la visión del cambio de gobierno”.
Valbuena, con maestría en medio ambiente y desarrollo, y énfasis en economía ecológica de la Universidad Nacional, tiene experiencia en procesos de desarrollos de políticas e instrumentos ambientales, de biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático. Tambien en evaluaciones de impacto ambiental. Además del Ideam, trabajó en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, fue consultora del Fondo Patrimonio Nacional y del Ministerio de Ambiente.
En su nombramiento, el Minambiente aseguró que uno de sus principales retos sería, justamente, la actualización de las metas climáticas de Colombia (NDC), que deben presentarse a más tardar en febrero de 2025, y que centrará su trabajo en el fortalecimiento de los mercados de carbono, su agenda regulatoria y los sistemas de información.
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