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Un nuevo freno apareció en el proceso que pretende determinar si seis policías torturaron y asesinaron al narcotraficante a Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, señalado de conocer qué miembros de la fuerza pública tenían vínculos con el narcotráfico en el departamento de Nariño.
El Espectador conoció que la Corte Constitucional tiene en su poder este expediente, el cual tiene como telón de fondo una posible red de corrupción al más alto nivel del Ejército y la Policía. El alto tribunal analiza un asunto clave: si el proceso es adelantado por un juez militar o uno civil, de la denominada justicia ordinaria.
Ese homicidio, cometido en mayo de 2022, en una finca del municipio de Bolívar (Santander), terminó con la carrera criminal de uno de los hombres señalado de tener alianzas con el Clan del Golfo y carteles mexicanos para enviar cocaína a Estados Unidos por el Pacífico.
Ese crimen tiene todos los ingredientes para llegar a la pantalla grande. Matamba había sido capturado en 2021, en Floridablanca (Santander) donde tenía a cerca de 150 hombres custodiándolo. Tras su detención, el criminal fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de La Picota de Bogotá.
Un año más tarde, en marzo de 2022, el narcotraficante se fugó del centro de reclusión de la mano de una asociación ilícita conformado por funcionarios corruptos del Inpec, un exintegrante de la UNP, policías y alias El Pájaro un exjefe paramilitar vinculado al Clan del Golfo, que habría pagado cerca de $2.000 millones para concretar el escape.
Dos meses después, la Policía anunció por todo lo alto que, en zona rural del municipio de Bolívar, en el Magdalena Medio, Matamba había muerto en un enfrentamiento con miembros de la Policía. El golpe fue tan importante para la institución que invitó a un grupo de periodistas al lugar de los hechos.
Cuando llegamos a la finca, varios oficiales explicaron cómo había sucedido el operativo. Incluso, uno de los uniformados señaló un charco de sangre de Matamba que, supuestamente, quedó en una trocha mientras el narcotraficante intentaba huir de las autoridades.
Durante el recorrido, también la prensa pudo observar desde lejos una bolsa blanca en la que, al parecer, había un cuerpo. “Ahí está Matamba, pero no nos podemos acercar”, dijo un alto oficial en ese momento. Para la Fiscalía, todo ese relato fue un montaje. Que no hubo enfrentamiento y que, por el contrario, Castro Estupiñán fue torturado antes de ser asesinado.
La Corte Suprema, audios y el caso Matamba
En marzo de 2024, la Fiscalía anunció que iba a procesar penalmente a los uniformados envueltos en el presunto asesinato de Matamba. Cuando el ente investigador se disponía a imputarles cargos ante un Juzgado Promiscuo Municipal de El Peñón (Santander), el juez de ese despacho aseguró que no era el competente para adelantar el caso.
¿El argumento? Que era un juzgado especializado de Bucaramanga el que debía asumir el proceso. Para destrabar esta discusión fue necesario enviar el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual determinó que sería el juez Promiscuo de Bolívar (Santander) el que asuma las audiencias de imputación de cargos, ya que fue el lugar en donde ocurrieron los hechos que se investigan.
¿Con qué fin fue torturado Matamba? ¿Por qué no fue recapturado y procesado penalmente como ordena la ley colombiana? ¿Quién estuvo detrás de la fuga de Matamba en la que participaron funcionarios públicos? Esas son preguntas que la Fiscalía ha intentado responder en estos años, mientras daba con la captura de algunas fichas que movieron sus hilos para permitir el escape del mafioso Castro Estupiñán.
Una parte de esa verdad, dice la Fiscalía, estarían en unos audios en los que, como contó El Tiempo, dan cuenta de una posible conspiración entre uniformados y los supuestos socios de Matamba para asesinarlo. Al parecer, Castro Estupiñán quería entregarse a las autoridades de Estados Unidos, que lo solicitaban en extradición, y entregaría información de las rutas del narcotráfico, así como de sus fichas corruptas en la Policía y el Ejército.
Lo cierto es que, por ahora, el ente investigador está a la espera que el alto tribunal determine si ella debe ser la encargada de seguir investigando el hecho y, a su vez, procesando a los seis policías. O, por el contrario, ceder el expediente a un juez militar. El balón está en el terreno de los magistrados de la Corte Constitucional.
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Por David Escobar Moreno
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