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La Universidad Nacional, la institución pública de educación superior más importante del país, está convertida en un campo de batalla. Durante toda la semana se dieron protestas estudiantiles, con conatos violentos en contra de policías y las instalaciones, así como se denunciaron acciones violentas de encapuchados con cuchillos dentro de la universidad en contra de los manifestantes.
La crisis institucional no es de esta semana, pero sí ha escalado a un punto en el que no se avizora un fácil retorno. Todo empezó el 21 de marzo, cuando José Ismael Peña Reyes fue elegido rector de la Universidad Nacional en un cuestionado método de votación que no se había utilizado antes. La votación del Consejo Superior Universitario (CSU) fue secreta y la argumentación fue que algunos miembros del Consejo recibieron amenazas. Además, consistió en que en dos rondas se excluyeron tres candidatos y luego se realizó un voto directo, y en ese camino desecharon a Leopoldo Múnera, el candidato escogido por los profesores, estudiantes y trabajadores en una consulta no vinculante, para ser rector.
Como si fuera poco, el 2 de mayo, en un hecho inédito, se conoció que Peña fue hasta la Notaría 14 de Bogotá para posesionarse como rector de la Nacional, aunque no había acto administrativo todavía para su nombramiento oficial, ni la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, había firmado el acta de la sesión en donde se hizo la designación.
Ante los reparos, el pasado lunes, la ministra aseguró que no iba a firmar la posesión de Peña hasta que le pasaran las actas con los detalles de las intervenciones de cada uno de los y las consejeras, y la grabación de la sesión, que al final le negaron aduciendo que tenía reserva, por lo que Vergara entuteló la decisión.
Por el tema también hay una demanda interpuesta en el Consejo de Estado contra esta elección y se conoció, a través del Ministerio de Educación, que la Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia penal en contra de Peña, por los supuestos delitos de abuso de función pública y abuso de autoridad.
La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) y el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales (Sintraunal) denunciaron que desde que se posesionó en una notaría Peña ha hecho nombramientos en altos cargos administrativos, como la dirección de la sede de la Universidad Nacional en la Orinoquia, pese a que su elección como rector no cuenta con los requisitos legales.
El viernes se aplazó nuevamente el Consejo Superior Universitario (CSU) extraordinario que se tenía previsto para revisar en detalle todos los hechos y circunstancias que han sucedido a partir del nombramiento de Peña a finales de marzo. La ministra de Educación no se presentó, pero delegó a Alejandro Álvarez Gallego, viceministro de Educación Superior, quien presidió la reunión.
En el tenso escenario, el representante de la Procuraduría manifestó que el acta de posesión era legal porque “siguió el procedimiento establecido (…) con el voto favorable de cinco consejeros, es decir, por mayoría, tal como lo exige el artículo 72 del Acuerdo 011 de 2005 del CSU”.
El profesor Leopoldo Múnera, junto con los también profesores de la Universidad Nacional Alberto Yepes y Rodrigo Uprimny, cerraron la tarde del viernes con la comunicación de una demanda de nulidad ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, y en su comunicado afirmaron que el CSU no tenía competencia para modificar las reglas de la votación. La cartera de Educación se sumará en los próximos días e interpondrá las respectivas acciones judiciales contra el proceso de designación del rector, “en aras de restablecer el orden”.
En medio de esta crisis, El Espectador conoció dos nuevos casos, en escenarios judiciales, que tienen a Peña dando explicaciones, no por su presente como rector electo, sino por su pasado en la universidad.
Caso de desacato en la U. Nacional
El 5 de febrero de 2024, cuando los candidatos a rector de la Nacional se jugaban sus últimas cartas en campaña para la elección de marzo, Ismael Peña, quien todavía fungía como vicerrector de la sede de Bogotá, contestó a un derecho de petición radicado por el abogado Iván Alexánder Chinchilla. Su nombre no es desconocido para Peña, pues desde el 14 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al hoy autoposesionado rector que integrara a Chinchilla como profesor hora cátedra de la Facultad de Derecho, orden judicial que 11 meses después de ser emitida no ha sido cumplida.
Pero la historia comenzó mucho antes. Iván Chinchilla ocupó, durante 25 años, el puesto de asesor de rectoría hasta septiembre de 2021, hasta cuando la entonces rectora, Dolly Montoya Castaño, prescindió de su cargo. Según él, aunque en 2013 ganó un concurso docente para ser profesor de hora cátedra de la Facultad de Derecho, nunca lo nombraron, por lo que interpuso una demanda contra la universidad que involucraba directamente a Ismael Peña como vicerrector de sede. “Él era el que tenía que emitir la resolución de nombramiento que me negaron en su momento”, explicó.
Chinchilla, quien también trabajó en esa facultad durante 17 años, aseguró a El Espectador que tanto Ismael Peña, en su entonces cargo de vicerrector, como Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho, “orquestaron todo un proceso” para no nombrarlo. Entre sus argumentos, señala, estaba que el cargo para el que el profesor se había presentado no existía.
Al respecto, Juan José Gómez, abogado de Peña, le contestó a este diario que sí han cumplido las órdenes judiciales. “Tanto para el nombramiento como para el pago de la indemnización, el Tribunal de Cundinamarca estableció condiciones o requisitos que no se cumplieron”. A la pregunta de este diario sobre cuáles fueron esos requerimientos no cumplidos, este no emitió ninguna respuesta.
Sin embargo, aseguró que el cargo para el que Chinchilla se postuló “no existe conforme a la composición de la planta docente”. Y agregó que el Tribunal de Cundinamarca ordenó (…) nombrar en el Perfil C-30 en el cargo de Docente de Dedicación Cátedra 0.7 del Área de Relaciones Laborales, Derecho Laboral Procesal y Seguridad Social de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (…) siempre que exista y no haya sido provisto de manera definitiva… y la universidad encontró que esa condición no se cumple”.
La Oficina de Personal, ante una solicitud de información hecha por Chinchilla, respondió por medio de un oficio que el cargo sí existe. El 26 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón y en una sentencia de segunda instancia ordenó a la Universidad Nacional nombrarlo en el cargo de docente de cátedra al que se había presentado en 2013.
También ordenó el reconocimiento y pago de todos los salarios, primas y prestaciones que dejó de recibir desde el 1° de febrero de 2015 y los siguientes seis meses. En junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un nuevo fallo en el que mantiene las órdenes de nombrarlo en el cargo y de reconocer el pago de la indemnización. Pese a esto, ni el nombramiento ni el pago se dieron.
En abril de 2023, la universidad emitió una resolución en la que asegura que no se nombró a Chinchilla en el cargo de docente cátedra, pues “no se cumplen las condiciones previstas en la orden judicial para efectuar su nombramiento”, pero sí se ordenó el pago de $37 millones de indemnización. En palabras de Chinchilla, esta resolución incumplió la sentencia al no nombrarlo en el cargo solicitado. Quien firmó dicha resolución fue también Ismael Peña, como vicerrector de sede.
El capítulo más reciente de esta historia ocurrió el pasado 30 de abril, un año después de la resolución que ordenaba el pago. A través de una nueva resolución, la vicerrectora encargada de la sede Bogotá, Olivia Lorena Chaparro Díaz, aseguró que, al descontar el monto de las sumas por los contratos que celebró Chinchilla con la facultad entre 2015 y 2020, el valor de los descuentos era mayor al de la indemnización por los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir. “En otras palabras, no existen sumas de dinero pendientes de pago por parte de la universidad en favor del señor Chinchilla Alarcón”, se lee en el documento.
En ese mismo documento también insisten en que “la universidad encuentra que no se cumplen las condiciones previstas en la orden judicial para efectuar ese nombramiento”. Sin embargo, asegura Chinchilla, nunca ha recibido explicación de las condiciones que no se cumplen. Este diario también le consultó al abogado de Peña sobre los requisitos no cumplidos para el cargo que ordena el Tribunal, pero al cierre de esta edición no había contestado a ese interrogante. Por este caso, Chinchilla confirmó que radicó un oficio el 28 de abril de 2023 con una queja disciplinaria contra Ismael Peña por el desacato de las órdenes judiciales a la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria, con copia al Ministerio de Educación y la Procuraduría General.
¿“Overhead” o celebración indebida de contratos?
La reciente denuncia contra el rector Peña por abuso de función pública, por posesionarse en una notaría, se suma a otra causa penal que la Fiscalía tiene abierta contra el controvertido rector electo. Desde febrero de año pasado, la Fiscalía 46 Seccional de Administración Pública está investigando a José Ismael Peña Reyes por supuesta celebración indebida de contratos. El fiscal ha solicitado que se programe la audiencia de imputación cuatro veces, pero no se ha podido realizar porque se ha cancelado en dos ocasiones por solicitud de la misma Fiscalía, y en las otras dos no se han hecho presentes los demandados.
Sobre este proceso judicial, el abogado de Peña contestó que “no es cierto que el proceso esté ‘ad portas’ de imputación de cargos”, pese a que así lo reseñó la Rama Judicial en su sistema de consulta. Según él, “está es ‘ad portas’ de su archivo, debido a que la Fiscalía ya constató que el profesor José Ismael actuó de manera correcta y conforme a la ley (…)”.
Junto a Peña aparecen otras tres personas en ese proceso: Isabel Cristina Jaramillo, Erick Behar Villegas y Liliana Pulido Medina. La profesora Jaramillo aseguró que no tiene nada que ver con la investigación y el profesor Erick Behar explicó que ese proceso tiene origen en un expediente que abrieron la Personería de Bogotá y la Contraloría, pero que ya fue archivado en ambos organismos de control.
El caso se remonta a 2016, cuando se firmó un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y la Universidad Nacional para la “estructuración, implementación y operación de un Centro de Innovación Aplicada para el sector de calzado y marroquinería de la ciudad de Bogotá”. Los firmantes del convenio fueron, por la Nacional, Ismael Peña, entonces decano de ingeniería, y por el Distrito, Liliana Pulido Medina, hoy funcionaria de la Secretaría de Planeación.
En conversación con este diario, Pulido Medina explicó que “este es un proceso referente a la “Extensión Universitaria” que manejan todas las universidades, amparadas en la Ley 30, y en el caso de la Universidad Nacional se llama “Transferencias”. Todos los contratos que hacen las universidades deben considerar estos rubros como parte de sus costos indirectos (lo que en el mundo académico se conoce como “overhead”). El proceso se abrió por una auditoría de la Contraloría que no entendía el tema de estos rubros, pero todo esto ya fue explicado y archivado tanto por Personería como por Contraloría”, aseguró Medina.
Sobre la investigación de la Fiscalía, Medina agregó: “Entiendo que estaba en proceso de cierre, pero la verdad nunca tuve oportunidad de rendir ninguna declaración en Fiscalía para explicar el tema. No entiendo por qué en el sistema aparece así como imputación de cargos, cuando no se ha surtido el proceso de declaraciones de indagación previa. Las citaciones que recibí siempre se cancelaron por ausencia del fiscal”.
Una versión similar dio Peña, quien afirmó que el proceso ya fue archivado en Contraloría y Personería, según él, porque “no había existido detrimento patrimonial ni actuaciones indebidas en su celebración”. Este diario consultó al fiscal 46 seccional de administración pública, a través de la oficina de prensa, pero al cierre de esta edición no precisó cuál es el estado actual del proceso, si está próximo a imputación de cargos, como aparece en el sistema de consulta de la Rama Judicial (ver facsímil anterior), o a su archivo, como sucedió en el ente de control fiscal.
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