Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
A principios de esta semana, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que tuvo lugar en Lisboa (Portugal), Colombia hizo anuncios muy importantes. Manteniendo la promesa de proteger el 30 % de sus océanos para 2022, el país presentó la ampliación de dos áreas marinas protegidas (el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y el Distrito de Manejo Integrado de Yuruparí), así como la creación de dos áreas marinas nuevas: una en el mar Caribe, denominada Cordillera Beata, con una extensión de más de tres millones de hectáreas; y otra, en el Pacífico, denominada Colinas y Lomas Submarinas de la Cuenca Pacífico Norte, con más de dos millones de hectáreas.
En términos estadísticos, en menos de un año Colombia pasó de tener 12,8 millones de hectáreas de áreas marinas protegidas (AMP), a tener 30,6 millones, adelantándose ocho años a la meta global de conservar el 30 % de los mares para 2030. De esas áreas marinas protegidas, nueve millones de hectáreas son no-take, es decir, donde no se permiten actividades de extracción de recursos. Un logro sin precedentes, al punto de que el presidente Iván Duque y el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, recibieron reconocimientos internacionales por impulsar el establecimiento de áreas marinas protegidas de importancia mundial. El reto, ahora, será mantener una protección efectiva en vastas áreas de nuestros océanos. Una tarea nada fácil.
“Colombia está tomando vocería y liderazgo en la conservación de los océanos”, afirma Sandra Valenzuela, directora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Colombia. En palabras del capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), ha sido el resultado de un trabajo de décadas, de exploraciones científicas en el Caribe y el Pacífico, y de mejoras en las capacidades de personal, herramientas, tecnología e investigación en ecosistemas claves.
“La declaración de áreas protegidas siempre es necesaria”, asegura Germán Andrade, académico de la Universidad EAN en el área de Sostenibilidad del Territorio. “El Gobierno ha hecho muy bien en tomar este momento político e internacional para entregarle al país y al mundo la expansión de estas áreas protegidas en una cifra sin precedentes”. Sin embargo, declarar y ampliar AMP también implica enormes retos. “Declarar un área puede ser sencillo, en términos de generar un decreto o acto administrativo, pero el reto está en garantizar el soporte y la sostenibilidad de los esfuerzos para que el proceso cumpla el deseo”, afirma el capitán de Navío Juan Camilo Forero, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano.
En el mar los costos de vigilancia y de protección de las aguas son gigantescos, recalca Germán Andrade. Por eso, el reto institucional y de financiación es enorme en las áreas marinas. El capitán Arias coincide: “Administrar áreas protegidas en el mar es muy distinto a hacerlo en tierra. Se necesitan otras habilidades, unos guardaparques con características distintas, embarcaciones, radares, sensores remotos, satélites, navegar durante días en condiciones de mar complejas, costos de operación de buques e investigadores en el mar durante decenas de días”.
En concreto, la Armada de Colombia, y su grupo de guardacostas, son quienes tienen las capacidades operacionales para garantizar que se cuiden las áreas protegidas. La gran mayoría no se encuentran unidas al litoral, sino a cientos de kilómetros de distancia de la costa, por lo que llegar allá y sostener las operaciones de vigilancia y control requiere grandes cantidades de recursos y tiempo. De hecho, eso ha pasado en el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, a 300 kilómetros de la costa Pacífica, en donde, desde hace años, las aguas no cuentan con presencia permanente de buques de la Fuerza Armada para combatir la pesca ilegal, que amenaza a numerosas especies amenazadas de tiburones.
Entonces, la gran pregunta de fondo, advierte el académico Germán Andrade, es cómo podríamos mejorar las finanzas del sistema de áreas protegidas con la adición tan grande de nuevas áreas marinas. En diálogo con El Espectador, el ministro Correa aseguró que, para las nuevas áreas declaradas y ampliadas se cuenta con recursos, a diez años, a través de un nuevo programa llamado “Herencia Colombia”. “Lanzamos este instrumento para garantizar los recursos y gestionar las áreas protegidas de Colombia gracias al presupuesto general de la nación, regalías y recursos de gestión ambiental, con US$118 millones de fuentes del Estado, y con el aporte de 30 donantes internacionales, que darán US$116 millones para gestionar las áreas protegidas en Colombia”, explicó.
Hay una variable más: “Esto tiene que ser ahora tarea del nuevo gobierno, porque la financiación no puede quedar solamente por vía del presupuesto de la nación”, añade el profesor Germán Andrade. “Sabemos que el presupuesto directo de la nación ya no aguanta más expansión. Así que hay que buscar nuevas formas”. El capitán Arias, del Invemar, coincide con esta apreciación: “Esto no solo les corresponde al Sistema Nacional Ambiental y a la Armada, sino a otras carteras, como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, que deben entender que administrar estas zonas necesita recursos y hay que destinarlos para que su conservación se haga eficientemente”.
¿Cómo logrará la Armada mantener una presencia constante en las nuevas áreas marinas protegidas, o en las existentes que fueron ampliadas? Aunque este diario intentó comunicarse con la institución, al cierre de esta edición no recibió respuesta.
Los retos del próximo gobierno para mantener las promesas
Colombia ha adquirido en los últimos años grandes compromisos ambientales y climáticos que deberá cumplir. En el mar desarrolla, junto a ocho países de la región, el Plan de Acción de Basura para el Pacífico Nordeste 2022-2026. También realizar proyectos de conservación del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical junto a Costa Rica, Panamá y Ecuador. Ahora, busca garantizar eficientemente la conservación de las nuevas áreas marinas protegidas.
El pasado 9 de junio, tras la II Cumbre del Sistema Nacional Ambiental sobre Océanos, autoridades regionales y nacionales del sector ambiental firmaron el “Manifiesto Azul por Colombia 2030”, una especie de hoja de ruta para los próximos 10 años, donde se hacen recomendaciones para la gestión integral de los mares y se propone incrementar en un 300 % el presupuesto asignado a la gestión ambiental marino-costera en Colombia. El documento será presentado al nuevo gobierno el próximo 7 de agosto.
Más allá de los océanos, el país prometió reducir en un 51 % sus emisiones de GEI para 2030, alcanzar la carbono-neutralidad en 2050 y garantizar la implementación del Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonia, orientado a alcanzar la cero deforestación a 2030. ¿De dónde va a salir el dinero para tantas promesas?
“Para 2023, el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental debería triplicar su presupuesto, para cumplir con los compromisos tanto nacionales como regionales e internacionales que tenemos”, confiesa el ministro Correa.
En palabras de Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, también se tendrá que generar un esquema de gobernanza y gobernabilidad intersectorial, en el que diferentes ministerios, institutos, Parques Nacionales, ONG, comunidades y empresa privada contribuyan y se coordinen para proteger los recursos naturales del país. La financiación y articulación de las diferentes instituciones será fundamental para que las nuevas áreas protegidas, y las existentes, no queden como “parques de papel”. “Tenemos que buscar que la declaración realmente sea el primer paso hacia un manejo efectivo, con sostenibilidad técnica y financiera”, añade el académico Andrade.
El ministro Correa se mantiene optimista. “Se han dejado capacidades institucionales, del Estado, independientemente del Gobierno, así como instrumentos normativos que fortalecen la política pública, la ley de delitos ambientales y la de acción climática, entre otras. Estamos dejando garantizada la estructura, recursos de cooperación internacional y recursos propios, así como compromisos que han hecho que el Sistema Nacional Ambiental se fortalezca”.
En resumidas cuentas, concluye Valenzuela, el cumplimiento de las metas y de la conservación de las áreas protegidas es un compromiso de Estado, no solo de un gobierno. “El gobierno entrante tiene el reto de convocar a los diferentes sectores, a sus homólogos de otros países y a la comunidad internacional para apalancar esos acuerdos”.
Conoce más