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En tono sereno, pero sin titubeos, Paula Guarín cuenta que su proyecto de vida siempre fue integrar las filas de la Armada Nacional, pero que se truncó hace cuatro años tras ser víctima de un delito sexual en la Escuela Naval Almirante Padilla, en Cartagena, donde cursaba carrera para cadete. El 19 de febrero de 2015, el enfermero y suboficial Jonathan Zuluaga Payares se masturbó con la mano de la joven de 16 años, aprovechando que estaba canalizada en una camilla en la sala de sanidad. Por este hecho, catalogado como acto sexual abusivo en persona incapaz de resistir, el suboficial fue condenado el pasado 12 de diciembre a ocho años de cárcel. (Lea aquí: “Me marcó como a los animales”: testimonio por el que cayó el excapitán Raúl Romero)
Hoy, Paula Guarín tiene veinte años, estudia ingeniería, superó los trastornos de ansiedad y depresión que ese episodio desencadenó y se reconcilió con su cuerpo, pues odió su mano desde que ocurrieron los hechos. Pese a que algunos dudaron de su versión y la tildaron de “exagerada”, la justicia le creyó. “Estoy feliz por la sentencia. Se la puedo mostrar al almirante, a los conocidos e incluso a los familiares que no me creyeron. A aquellos que me dijeron: ‘¡Solo fue un roce!, ¡usted no aguanta nada!’ o ‘¡qué bobada!’. Nadie imagina lo que me afectó y no quiero que nadie vuelva a pasar por eso. Pero, sobre todo, volví a querer mi cuerpo, pues entendí que nada fue mi culpa”, dijo Guarín en diálogo con El Espectador. (Lea aquí: El “retiro discrecional” del excapitán Raúl Romero de la Armada)
Paula creció en el seno de una familia rodeada por la actividad militar. Varios de sus familiares paternos pertenecen al Ejército, la Fuerza Aérea o la Policía, así que, meses antes de graduarse del colegio, llenó el formulario para aplicar a la Armada Nacional. “Es mi deseo ser militar y una de las mejores oficiales para servirle a mi patria”, se lee en el documento que, junto a otros requisitos, convenció a la institución para abrirle sus puertas a comienzos de 2015. Ese año, Paula Guarín ingresó a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, donde pasó tres meses sin mayor comunicación con su familia, mientras aprobaba las primeras etapas de su formación.
Sin embargo, semanas después de llegar a Cartagena, la joven empezó a padecer periostitis y tendinitis, un padecimiento común entre los aspirantes a cadetes, ya que las rodillas sufren por el esfuerzo físico de los primeros entrenamientos. Esto obligó a trasladarla a sanidad militar, donde recibió la atención médica para superar las dolencias. En concreto, el 19 de febrero de 2015, Paula Guarín se vio en su camarote con dolor de cabeza, vómito y mareo. Y hasta allí llegó el suboficial y enfermero Jonathan Zuluaga, quien la llevó a la sala de procedimientos y la canalizó con suero y dos medicamentos. (En video: Marcela, la mamá que salvó a sus hijas de un militar pedófilo)
“Él salió y apagó las luces. Yo me quedé dormida, pero luego sentí que volvió a entrar. Comenzó a revisar el suero y me pareció normal. Después empezó a abrir los dedos de mi mano, uno por uno, los colocó en su pene y empezó a frotarse. No supe qué hacer, tuve miedo. Yo estaba en muletas y opté por hacerme la dormida. Salió algo de él, un líquido en mi brazo derecho (…) y cuando se iba a ir, abrí un poco los ojos y alcancé a ver su espalda (…) pasó como media hora, volvió, me zarandeó y me dijo que si me quedaba ahí a dormir el resto de la noche o si me subía al cuarto donde estaban mis compañeras”, relató Paula Guarín a un juez que conoció su caso.
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El suboficial y enfermero Jonathan Zuluaga Payares fue condenado a ocho años de cárcel.
Según la misma narración, Paula Guarín subió por una rampa al segundo piso de sanidad, donde estaba su habitación. “Me bañé con el uniforme, me sentía sucia, no soportaba mi mano derecha. Al día siguiente le conté lo sucedido a una compañera y le dije que me iba a ir de la Armada. Ella se lo contó a una guardiamarina”. La institución activó entonces el protocolo de atención de violencia sexual y, gracias a un poder concedido por la madre, interpuso la denuncia penal y le brindó atención psicológica a la adolescente, hasta que un defensor de familia decidió delegar esa función solamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Ahí arrancó la investigación penal. Uno de los investigadores criminales adelantó una inspección en el centro de sanidad en la Escuela de Cadetes y dejó constancia de que para él era importante encontrar las cámaras de circuito cerrado de televisión. Sin embargo, en poco tiempo estableció que no existieron. Por otro lado, la psiquiatra constató, mediante una entrevista, que en el momento de los hechos la joven estaba consciente y orientada y que el juicio de raciocinio era adecuado. “Ella sufría lo que estaba contando (…) esa tristeza era transmitida al entrevistador”, añadió la psiquiatra en el juicio.
Un especalista en ciencias forenses realizó un informe pericial y concluyó que el relato y los hallazgos al examen físico eran compatibles con una historia de abuso sexual y por eso sugirió brindarle protección a la denunciante, pues temía por su integridad personal dentro de la escuela. Por su parte, el hoy condenado renunció a su derecho a guardar silencio, reconoció haber atendido en sanidad a la joven, negó haber cometido el acto sexual e intentó argumentar que se trataba de una venganza porque supuestamente se había reído de la joven cuando se molestó porque el médico que la atendía aplazó una cita médica.
No obstante, el juez quinto penal del circuito de Cartagena que decidió el caso no creyó en esta versión y, en cambio, le dio la razón a la denunciante. “No es creíble la teoría del caso de la defensa, de que el hecho no había existido y que había motivos personales para que se actuara en contra del procesado (…) el relato de la víctima a través de todo el proceso ha sido persistente y no ha sido ambigua ni contradictoria, llevándonos a la conclusión de que el relato es verídico y debe valorarse altamente”, se lee en la sentencia que fue apelada por el abogado de Jonathan Zuluaga, quien hoy permanece recluido en la cárcel de Sabanalarga, adonde van presos los funcionarios públicos.
Horas después de que se dictara sentencia en contra del enfermero y suboficial Zuluaga, el pasado 12 de diciembre, la Armada Nacional emitió un comunicado asegurando que su política es de “cero tolerancia frente a comportamientos de sus tripulantes relacionados con delitos sexuales” y que ha apoyado a los entes penales y disciplinarios en sus investigaciones, “poniendo además a disposición de los respectivos despachos al personal involucrado en este tipo de conductas, a todas luces reprochables”.
Sin embargo, la comunicación de la institución molestó a Paula Guarín y a su mamá, Patricia Fonseca, pues ellas aseguran que, tras denunciar los hechos, la Armada les dio la espalda. “Hicieron el protocolo que debían hacer, poner la denuncia e informarles a mis papás, pero de ahí en adelante todo cambió. Se desentendieron y algunos superiores hicieron comentarios duros. Por ejemplo, un almirante dijo que no podía creer que el suboficial hubiese hecho eso, porque tenía una hoja de vida intachable y creía que era un malentendido. Además, me encontré tres veces con mi agresor en la escuela”, agregó Paula.
Patricia Fonseca dice que lo más duro no fue denunciar, sino lo que vino después: “Se necesita ser fuerte para soportar. Las familias de los otros cadetes nos aislaron. Sus superiores y compañeros le hicieron comentarios despectivos. Le dijeron que tenía preferencia porque la veían salir de civil en el carro del teniente. Mi hija pasó de ser la mejor a la peor. Intentamos pedir una licencia y la negaron. ‘Ese es el destino de las mujeres, no hay que pelear’, dijo una de las mamás de la escuela. La primera fiscal del caso, cuando le pedí que agilizara la investigación, respondió que eso le pasó a mi hija por falta de macho. Puse la queja y no pasó nada”.
Pero lo que más dejó inconformes a las denunciantes fue el hecho de que la Armada decidiera retirar de la institución a Paula Guarín en julio de 2015, alegando razones académicas que, según ellas, fueron solo un pretexto para expulsarla por su denuncia. “No me encontraba bien emocionalmente y perdí matemáticas. Al principio todos me cuidaban demasiado, pero después cambiaron y comenzó una persecución en mi contra”, insistió la víctima, quien optó por exponer estas quejas ante la Procuraduría General, que hoy adelanta una investigación disciplinaria.
Al respecto, la Armada expresó que gracias a su intervención “oportuna e inmediata” fue que se denunció el hecho y nunca se abandonó la atención psicológica hasta que el defensor de familia lo dispuso. “Se activó el protocolo de violencia sexual. La Escuela Naval de Cadetes se comunicó con la madre de la joven, a quien se le contextualizó sobre los hechos y se le sugirió presentarse en Cartagena. La señora manifestó no poder realizar el desplazamiento por motivos personales y ella otorgó poder a una oficial psicóloga, para que representara a la menor en la denuncia y el acompañamiento al Instituto Nacional de Medicina Legal”.
En cuanto a los presuntos malos tratos afirmados por la familia de la víctima, según la Armada, “no se registra informe alguno de Paula Guarín, ni de su familia, que evidencie esta supuesta conducta de sus superiores y/o compañeros de la escuela, para la época de los hechos. De haber sido así, se hubiesen adoptado las acciones disciplinarias correspondientes”. Sin embargo, documentos revisados por este diario evidencian que sí se manifestaron estas quejas.
En cuanto a la salida de la institución, la Armada agregó que obedeció a un tema académico. “La cadete mantuvo un nivel promedio aceptable, excepto en la asignatura Fundamentos de Matemáticas, la cual perdió, dándosele la oportunidad de realizar un curso remedial que reprobó igualmente”.
Por este motivo, insistió la Armada, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Académico de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, la estudiante Paula Guarín fue citada a Consejo Académico, donde, tras analizar su desempeño académico, se decidió el retiro de la institución. “Cabe aclarar que, para la fecha, tampoco reposan en los expedientes de la institución naval solicitudes de reconsideración a la decisión tomada que hayan sido presentadas por la señorita Paula Guarín Fonseca, ni por sus familiares, en los que se esbocen las razones que hoy ellas manifiestan”.
La Armada puntualizó que hoy se sigue adelantando el proceso para definir la situación del suboficial Zuluaga. En contraste, Patricia Fonseca reclama que la institución la haya hecho sentir culpable porque hizo presencia solo un par de semanas después de los hechos. Según ella, lo hizo porque tenía tres niños que atender en Vichada. “Me dijeron que no estaba pendiente de mi hija, que la tenía descuidada, como si fuese culpa mía lo que sucedió. Yo creí que mi hija estaba en el lugar más seguro”. Hoy, tras la condena en primera instancia contra el agresor, dice que ni el director de la escuela, ni la Armada, ni el Ministerio de Defensa le han pedido perdón a ella ni a su hija por lo ocurrido en la instalación militar.
*Si tiene comentarios, escriba a investigacionee@elespectador.com
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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