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Luego de salir de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo se ha defendido en repetidas ocasiones de denuncias interpuestas por grupos económicos y personas a las que investigó. Su última intervención la hizo el pasado 25 de mayo, cuando radicó una recusación contra el procurador general, Fernando Carrillo, y la procuradora primera delegada para la Vigilancia Administrativa, Catalina Balcázar Salamanca, quienes lo investigan junto a otros dos exfuncionarios por, supuestamente, extralimitarse en sus funciones y violar garantías fundamentales en la investigación del caso Odebrecht. Robledo dijo que sentía tristeza luego de pasar de investigador a investigado por decisiones contra los “intocables” en Colombia.
Según el exsuperintendente, Carrillo se debe declarar impedido para tomar decisiones en su caso por enemistad grave entre ellos, porque según él prejuzgó en medios y porque es amigo íntimo de Jaime Lombana, abogado que lo denunció. Además, insistió Robledo, por conflicto de intereses al haber trabajado para la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sus argumentos se extienden a la procuradora Catalina Balcázar, que ha trabajado con Carrillo desde que fue exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ministro del Interior. Los problemas para Pablo Felipe Robledo comenzaron el 18 de septiembre de 2018, cuando la SIC formuló pliego de cargos a directivos del Grupo Aval y Odebrecht por el caso de la Ruta del Sol 2.
Ese día, el superintendente delegado para la Competencia de la SIC, Jorge Sánchez (hoy investigado), concluyó que en la licitación de la Ruta del Sol 2 se violaron los principios de la libre competencia y existió conflicto de intereses. En la decisión resultaron vinculados, entre otros, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Diego Fernando Solano Saravia, vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval, y María Victoria Guarín Vanegas, de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Estas dos últimas personas son cónyuges y, según la investigación, su relación ocasionó un conflicto de intereses para el Grupo Aval a la hora de licitar, porque Guarín fue la designada por la ICF para coordinar la estructuración del contrato de la Ruta del Sol.
La decisión de la SIC se tomó después de veinte meses de investigación en el caso Odebrecht. El encargado de dar la noticia fue el propio Pablo Felipe Robledo, un día antes de terminar su período en la Superintendencia. El Grupo Aval, principal afectado, por medio de su abogado Jaime Lombana denunció, el 20 de diciembre de 2018, ante la Fiscalía y la Procuraduría a Pablo Felipe Robledo, Jorge Sánchez y Francisco Melo (otro funcionario de la entidad). En el Ministerio Público, el expediente llegó al despacho del procurador segundo delegado, que el 3 de abril de este año emitió un auto inhibitorio al advertir que no había méritos para investigar el caso. Sin embargo, ocho días después, el pasado 11 de abril, el abogado Jaime Lombana radicó ante el despacho del procurador Carrillo un documento insistiendo en que se debía procesar a Robledo.
Ese mismo día, el procurador Carrillo profirió un auto revocando la decisión de su subordinado, el procurador segundo delegado. Asimismo, asignó de forma especial el caso al despacho de la procuradora Catalina Balcázar, quien en apenas 24 horas reevaluó el expediente y decidió abrir investigación disciplinaria contra el exsuperintendente Robledo y contra otros dos funcionarios de la SIC. La respuesta de Robledo, hace una semana, fue radicar cuatro recusaciones para impedir que las decisiones de Carrillo y Balcázar quedaran en firme, al considerar que se trata de una retaliación del procurador general por enfrentamientos personales que tuvieron en 2016, cuando Carrillo se disputaba la jefatura del Ministerio Público con la exmagistrada María Mercedes López y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo.
Una “enemistad grave”
“El procurador general, Fernando Carrillo, ha ejecutado actuaciones, impartido instrucciones y proferido decisiones en la actuación disciplinaria sin haberse declarado impedido, no obstante existir desde hace varios años (casi tres) una enemistad grave”, dijo en su recusación Pablo Felipe Robledo. La pelea con Carrillo surgió luego de un almuerzo que tuvo lugar el 6 de octubre de 2016 en el restaurante La Despensa de Rafael, en Bogotá, entre el entonces superintendente Robledo y el exvicefiscal Perdomo. En esa reunión, uno de los temas que se tocó fue la supuesta inhabilidad de Fernando Carrillo para ser jefe del Ministerio Público, debido a que el mismo organismo al que aspiraba lo sancionó en 1997 por hechos relacionados con la cárcel La Catedral cuando era ministro de Justicia.
Para consultar sobre ese tema, Pablo Felipe Robledo llamó a uno de los mejores amigos del procurador, el abogado Gabriel de Vega Pinzón (q.e.p.d.). De Vega contestó que no existía tal inhabilidad, porque la sanción de Carrillo había sido revocada en 2003 por Edgardo Maya, entonces jefe del Ministerio Público. Finalizando la reunión llegó al lugar María Alejandra Valencia Iragorri y, según Robledo, al frente de ella no se habló nada relacionado con Fernando Carrillo. El exsuperintendente sostuvo que el almuerzo terminó a las 3:00 de la tarde y que en la noche se enteró, por una llamada que le hicieron a Valencia, de que Carrillo estaba muy molesto por su reunión con el exvicefiscal Perdomo.
En la recusación, Robledo explicó que María Alejandra Valencia recibió esa noche una llamada de María Ximena Lombana, hermana de Jaime Lombana y amiga personal de Fernando Carrillo y su esposa. Supuestamente, María Ximena Lombana le dijo a Valencia que Carrillo estaba “indignado” porque Robledo y Perdomo “rajaron” de su carrera y de su paso por cargos públicos, y por la estrategia que estaban montando para que el exvicefiscal Perdomo fuera quien llegara a la Procuraduría. Supuestamente, Carrillo y su esposa se enteraron del almuerzo porque un gran amigo de ellos estaba sentado en la mesa de al lado y escuchó toda la conversación. Este hecho luego se conoció públicamente y, según Robledo, fue el inicio de su enemistad con el hoy procurador general.
La supuesta relación con Lombana y el Grupo Aval
Las otras dos recusaciones de Robledo contra Carrillo se basan en un supuesto conflicto de intereses. El primero, por la relación contractual que tuvo con la firma LCSA Inc Adminegocios & Cia, que hace parte de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Para Robledo, esa asesoría que prestó Carrillo en 2016 es una prueba de la relación que llegó a tener el hoy procurador con el conglomerado comercial al que también pertenecen el Grupo Aval y Corficolombiana, empresas a las que la SIC les formuló pliego de cargos, junto a algunos de sus directivos, por la sociedad que conformaron con Odebrecht para licitar en el contrato de la Ruta del Sol 2.
Al respecto, el procurador Carrillo ya se manifestó públicamente y rechazó el supuesto conflicto de intereses en la investigación del caso Odebrecht, en la que insistió que se ha trabajado con transparencia e imparcialidad. “Ninguna de las obligaciones derivadas del objeto del contrato tuvo relación directa o indirecta con las funciones jurídicas, de control o de intervención judicial que la Constitución y la ley le atribuyen al procurador. Tampoco tuvieron que ver directa o indirectamente con las empresas vinculadas con la Concesión Ruta del Sol 2, y menos con los actos de corrupción hoy cuestionados. No contemplaba ningún tipo de conceptos o asesorías de carácter legal”, fueron las explicaciones de Carrillo en un comunicado publicado en noviembre de 2018.
Robledo agregó que el procurador es también una persona cercana a la familia Sarmiento Angulo. Para soportar su afirmación, señaló que Fernando Carrillo viajó a España, cuando ya no era embajador, a acompañar a Luis Carlos Sarmiento Angulo a recibir, en el Palacio de la Zarzuela, una condecoración del rey Felipe VI de España por su contribución al desarrollo empresarial. “En dicha celebración, entre un grupo muy reducido de familiares y amigos íntimos, estuvo Fernando Carrillo, quien para la época ya no era embajador de Colombia en España”, se lee en la recusación. El procurador Carrillo ha dicho que su imparcialidad ha sido evidente en las investigaciones contra la organización de Sarmiento Angulo.
El segundo conflicto de intereses es por la supuesta amistad íntima que tiene con el abogado Jaime Lombana (representante del Grupo Aval), la cual surgió por medio de su hermana María Ximena Lombana. Según Robledo, esa relación surgió hace diez años y se afianzó cuando María Ximena Lombana ejerció como ministra plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en España en 2013, la misma época en la que Carrillo era embajador en el país ibérico. Asimismo, el exsuperintendente señaló que, durante la elección del procurador, “en los medios se advertía o vaticinaba que, en caso de ser elegido Carrillo, su íntima amiga María Ximena Lombana sería designada viceprocuradora”. Hecho que no ocurrió porque a quien se designó fue a Juan Carlos Cortés González.
Por “prejuzgar”
La última recusación que presentó Robledo contra el procurador fue por, supuestamente, afirmar en una entrevista en Blu Radio que en la investigación contra Odebrecht en la Superintendencia de Industria y Comercio se vulneraron los derechos y garantías de los investigados. En esa entrevista, tras la pregunta por la reapertura del proceso contra el exsuperintendente, Carrillo contestó que sí existían motivos y pruebas suficientes que no se tuvieron en cuenta en el auto inhibitorio. Y agregó que la Procuraduría ha sido la más vertical en el tema Odebrecht y que no se podía poner en entredicho su posición, porque fue el promotor de la acción popular contra la multinacional brasileña y se opuso a sus intereses en un tribunal de arbitramento.
Sin embargo, al final de su respuesta Carrillo dijo: “Cuando se violan garantías fundamentales, no puedo conseguir objetivos violando principios constitucionales. Si se irrespeta el debido proceso, la contradicción de la prueba, si se trata de condenar a una persona que no esté con su abogado, pues se están violando garantías. Pero no quiero hablar más porque más adelante me pueden recusar para eso y yo no voy a caer en esa trampa”. Lo que sucedió finalmente fue que Robledo, con base en esta declaración, argumentó que Carrillo prejuzgó al opinar que en su caso sí se violaron principios constitucionales.
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