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Hace cuatro meses, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) caducó el contrato con el que pretendía llevar internet a las zonas más apartadas del país. La medida, considerada la más drástica en términos de contratación pública, se tomó en contra de la unión temporal Centros Poblados por incumplir lo pactado y presentar documentos falsos que le permitieron quedarse con el negocio. Al declararse la caducidad, los contratistas quedaron inhabilitados por cinco años para contratar con el Estado, se terminaron automáticamente sus contratos con cualquier entidad y se les ordenó pagar una sanción por más de $39.000 millones.
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Como consecuencia de este entramado de ocultos intereses, ahora este caso de corrupción tiene ecos en el ámbito penal y la Fiscalía ya imputó los primeros cargos. En el ámbito disciplinario, es decir, el que investiga la Procuraduría, este diario conoció el expediente que cursa en la sexta delegada ante el Consejo de Estado y se ocupa de indagar por las presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato con el que se quedó Centros Poblados el 18 de diciembre de 2020, por un valor de $1,07 billones, de los cuales $70.000 millones de un anticipo se embolataron a través de cuentas en el estado de Delaware, en los Estados Unidos.
En medio de la investigación de la Procuraduría, este diario estableció que ya se formularon cargos contra cinco funcionarios y representantes legales de empresas comprometidas: Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director técnico de infraestructura del Mintic; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual de la misma entidad; Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general y representante legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante legal del Consorcio PE2020 C Digitales.
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El 22 de septiembre de 2021 se anunció la citación de estas personas a una audiencia, pero aún esta no se ha iniciado. Paradójicamente, una de las quejas que originó la pesquisa en la Procuraduría fue radicada por Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la unión temporal Centros Poblados, a través del abogado Inocencio Meléndez, que fue condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, junto al empresario Emilio Tapia, también hoy procesado por el escándalo del Mintic. Lo paradójico del asunto es que Luis Fernando Duque pasó de ser denunciante a procesado, a tal punto que tanto la Fiscalía como la Procuraduría lo tienen en la mira.
La Procuraduría ha hecho varias visitas técnicas para recolectar información y ha escuchado testigos para determinar si los funcionarios del Mintic cometieron faltas y establecer por qué nadie advirtió sobre las garantías bancarias falsas. Una de las primeras visitas fue a las instalaciones del Mintic el 18 de agosto. Una abogada del ente de control fue recibida por Adriana Meza Consuegra, secretaria general del Mintic, quien antes de su renuncia fue una de las funcionarias más cercanas a la ministra de las TIC, Karen Abudinen. De hecho, ambas trabajaron en la Alcaldía de Barranquilla, el ICBF y la Alta Consejería para las Regiones. Meza fue la delegada del Mintic para adelantar la licitación que ganó Centros Poblados.
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Entre los archivos recolectados por la Procuraduría se mencionan unas actas del comité operativo que le hacían seguimiento al contrato de Centros Poblados, con la advertencia de que solo se encontraron las de febrero hasta junio. En cuanto a las garantías bancarias falsas, se ratificó que solo se advirtió esta irregularidad a finales de junio, cuando el Mintic citó a Centros Poblados a una audiencia para pedir explicaciones de por qué estaba incumpliendo con la ejecución del contrato y se presentaban retrasos. A esa diligencia fue citado también el banco Itaú, en calidad de garante, porque el contratista presentó una garantía bancaria expedida supuestamente por dicha compañía.
Solo en ese momento el banco Itaú pudo dejar en claro que esa garantía no había sido expedida por esa empresa financiera y la calificó de falsa. “Eso lo vamos a poner en conocimiento de la justicia penal”, afirmó en ese momento la entidad bancaria. Ahí estalló el escándalo de corrupción del año y, desde entonces, las pesquisas han venido develando más documentos negados o definitivamente tachados de falsos. Por eso, la Procuraduría decidió concentrar parte de su investigación en determinar por qué no se detectó a tiempo esta falsedad, teniendo en cuenta que se debían evaluar las propuestas de los oferentes y verificar los documentos aportados.
Sin embargo, ni los funcionarios del Mintic ni la firma interventora, Consorcio PE2020 C Digitales, se percataron de esta situación. Así que una de las primeras pruebas solicitadas por el ente de control fue la práctica de un examen de grafología, a fin de establecer si tres de las garantías bancarias, expedidas supuestamente por Itaú y presentadas en el proceso licitatorio, eran originales. Un informe elaborado por un grafólogo concluyó que las firmas registradas en las garantías fueron falsificadas. El perito advirtió que fue “producto de una falsificación por imitación”, es decir, a través de una “firma de características similares, aunque sin alcanzar a un modelo perfecto”.
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En términos técnicos, el trazo resultó forzado, los desplazamientos lineales lentos y se evidenciaron paradas por puntos cúmulo de tinta. Además, la Procuraduría solicitó verificar la cuenta luis.rodriguez@itau.com.co, de la que supuestamente se enviaron los documentos ,y determinar fecha de creación, datos personales del titular, si se enviaron o recibieron correos electrónicos desde ella y hallar la dirección IP. El banco Itaú no solo descalificó la autenticidad de las garantías, sino que aseguró que Luis Antonio Rodríguez Duarte, de quien supuestamente es la dirección electrónica, no está registrado en sus bases de datos como funcionario activo ni como retirado.
La entidad explicó que los correos de sus empleados tienen el dominio @itau.co, mientras la dirección en entredicho termina en @itau.com.co. Este último dominio parecía haber sido adquirido a través de la empresa Central Comercializadora de Internet SAS, pero esta firma lo negó y resaltó no conocer los datos del titular. En otras palabras, se desmarcó del escándalo y así se quejó con el Ministerio Público: “En ocasiones anteriores, como también suponemos ocurre en este caso, la Procuraduría erróneamente asume que somos responsables de una queja, cuando no tenemos ninguna relación en el procedimiento iniciado”. En una visita presencial se estableció quién había adquirido ambos dominios, pero no hay información precisa sobre luis.rodriguez@itau.com.co.
La Procuraduría solicitó una visita a las instalaciones del banco BBVA, donde Centros Poblados constituyó una fiducia, porque en correos enviados por BBVA se incluyó como destinatario a luis.rodriguez@itau.com.co. Sin embargo, durante casi dos horas, la investigadora del ente de control no pudo entrar al banco. “Le agradezco atenderme de manera presencial para levantar el acta respectiva y poner a disposición la documentación que indicaré en la respectiva diligencia. Me encuentro físicamente en las instalaciones de la fiduciaria de la carrera 9 con 72 desde las 11 a.m. y no ha sido permitido el ingreso”, notificó en un correo una de las investigadoras a la gerente de la fiduciaria BBVA.
La gerente contestó que, por disposiciones internas y por una situación de emergencia, el equipo de la entidad estaba trabajando en casa, por lo que no era posible atender la visita de forma presencial. Finalmente, la solicitud y el envío de información se hicieron a través de correo electrónico. Las preguntas claves estuvieron dirigidas a establecer la veracidad del supuesto correo electrónico del empleado de Itaú. Puntualmente, la Procuraduría le preguntó al BBVA cómo obtuvo el correo electrónico luis.rodriguez@itau.com.co. La entidad bancaria respondió que fue suministrado por Centros Poblados en el texto de Reglamento de Comité Fiduciario y adjuntó un pantallazo.
El ente de control también pidió al BBVA informar si había contactado al Banco Itaú de otra manera, para enterarlo de la primera reunión de ese comité fiduciario. “Teniendo en cuenta la función del contrato fiduciario, la relación del banco Itaú se establecía directa y exclusivamente con el fideicomitente (Centros Poblados) y Mintic”, respondió el BBVA. Lo cierto es que el supuesto “Luis Rodríguez” fue incluso citado a reuniones virtuales en el BBVA, para asuntos relacionados con la fiducia, pero los investigadores no encontraron registro alguno de su asistencia o de su participación, así como la de ningún otro posible empleado de Itaú.
En otro escenario de las supuestas falsificaciones, el ingeniero Olmedo Cabrera, quien figuró como representante legal de ICM, una de las empresas que conformaron la unión temporal Centros Poblados, le contó a la Procuraduría que él fue víctima de una suplantación. “Yo no tuve conocimiento de ese proceso de licitación y utilizaron mi nombre y montaron una firma mía”, narró Olmedo Cabrera en un correo dirigido al ente de control. Además, el ingeniero aportó la denuncia penal en la que le informó de esta misma situación a la Fiscalía General de la Nación.
“Con ocasión del proceso de caducidad que se llevó en el Mintic, he descubierto con asombro que en los documentos del proceso licitatorio figuran mi nombre y mi firma en la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados, como representante legal de ICM Ingenieros SAS (…) en la fecha de suscripción del documento yo no me encontraba en la ciudad de Barranquilla, en donde dicen que se suscribió ese documento, y tampoco conozco a los participantes. Utilizaron sin mi consentimiento mi nombre y una firma mía escaneada, lo cual es ilegal”, relató el ingeniero Olmedo Cabrera a las autoridades.
Por ahora, la Procuraduría sigue a la espera del juzgamiento disciplinario de cinco personas que tuvieron diversos roles en el caso Centros Poblados. Particularmente de Adriana Meza Consuegra, exsecretaria general del Mintic, el ente de control llamó la atención sobre una posible inconsistencia en sus datos de formación profesional. Según la hoja de vida remitida por el Mintic, la funcionaria es comunicadora social con especialización en gerencia de empresas comerciales y maestría en administración de empresas. Sin embargo, al consultar el sistema de la Función Pública, Meza aparece como ingeniera industrial. La duda hace parte de las que deberá resolver la Procuraduría.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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