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Antes de ganar la Gobernación de Nariño, por el Pacto Histórico, Luis Alfonso Escobar intentó llegar al Senado, pero no le alcanzaron los votos, con el aval del Partido Alianza Verde y la bendición política del hoy canciller Luis Gilberto Murillo, con quien trabajó durante la era Santos como gerente del plan Todos Somos Pazcífico. Pero este economista tumaqueño, que está próximo a cumplir 55 años, no solo ha incursionado en las lides políticas, también ha sido contratista del Estado.
En 2021, fue presidente de la junta directiva de la Corporación para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental (Cordesa). Entonces, en la junta directiva lo acompañaba su hermano Leeder Martin, secretario general y quien fue nombrado director luego de que Luis Alfonso renunciara a Cordesa, en febrero de 2023, para dedicarse a su campaña por la Gobernación, que resultó exitosa en las elecciones de hace un año, con el apoyo del partido de gobierno.
Entre 2020 y 2021, Cordesa obtuvo once contratos, todos entregados directamente, de varios municipios del Pacífico nariñense y caucano, como Olaya Herrera, La Tola y Timbiquí, que tenían por objeto, en su mayoría, actividades de apoyo y consultorías para la construcción de los planes de desarrollo de los municipios. Estos contratos sumaron un poco más de $500 millones.
Cordesa conformó la Unión Temporal Maquinarias Nariño 2021 con la empresa caleña Ingeniería de Proyectos Stanford SAS. Entre ambas, obtuvieron un contrato cuyo objeto era el “fortalecimiento del banco de maquinaria de construcción autopropulsada y otros vehículos automotores complementarios para el departamento de Nariño”, por más de $12.000 millones, entregado por el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social (más conocido como el Fondo Mixto del Valle).
Contratación opaca en los fondos mixtos
La contratación del Fondo Mixto del Valle ha estado varias veces en el centro de los escándalos por corrupción, dineros públicos perdidos y adjudicaciones amañadas. Duvalier Sánchez, representante a la Cámara, citó a un debate de control político el 7 de septiembre de 2022 y allí aseguró que los proyectos en los municipios más afectados por el conflicto armado tuvieron sobrecostos de, por lo menos, $18.000 millones.
Sobre las contrataciones, el representante reveló que existía un “pool de aliados estratégicos”, compuesto por varios socios, entre los que se repartían los contratos de ejecución de los proyectos, que se financiaban con recursos de regalías. El contrato que obtuvo la unión entre Stanford y Cordesa fue un proyecto viabilizado por la Gobernación de Nariño, pero ejecutado a través del Fondo Mixto del Valle.
Luego de obtener el contrato por $12.000 millones y de aprender cómo funciona la contratación en los fondos mixtos, José Wilson Peña Paz, propietario de Stanford, y Luis Alfonso Escobar tomaron caminos separados que, a la vuelta de la esquina, los terminaron reuniendo.
Stanford se asoció con José Luis Rodríguez, alcalde del municipio de La Tola, en el Pacífico nariñense, para crear su propio fondo mixto. La empresa de José Wilson Peña puso el 80 % del capital y el municipio puso la participación pública (clave para poder ejecutar recursos públicos provenientes de regalías) y así se creó el Fondo Mixto para la Promoción de las Energías Renovables (FONER), el 20 de enero de 2022.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar
Por su parte, Luis Alfonso Escobar obtuvo el aval del Pacto Histórico y el apoyo de la Alianza Verde para su candidatura a la Gobernación de Nariño y se posesionó en enero de este año. Ahora, desde esa oficina, ha viabilizado al menos tres proyectos para que se ejecuten a través de FONER. Así, la Gobernación ha transferido más de $15.000 millones a FONER para que contrate la construcción de unos puentes peatonales palafíticos en Tumaco, determine quién construirá una cancha en La Tola y adjudique la construcción de dos muelles en Francisco Pizarro.
Luego, en la ejecución de esos proyectos, como parte de las funciones de FONER, al tener que seleccionar a los contratistas de acuerdo con el manual de contratación que permite este tipo de contrataciones directas, ha escogido a viejos conocidos. En varios de estos proyectos, FONER ha contratado precisamente a Ingeniería de Proyectos Stanford SAS, su socia mayoritaria. En total, Stanford ha obtenido contratos por más de $48.000 millones, entre 2023 y 2024, entregados por el fondo mixto que controla y gracias a que la Gobernación de Nariño ha viabilizado muchos proyectos mediante ese fondo mixto.
En opinión del abogado penalista Francisco Bernate, “si bien es cierto que la inhabilidad desaparece cuando Escobar se retira de Cordesa, ello no significa que no haya hechos indicadores de una presunta conducta de interés indebido en la celebración de contratos”. Según el experto, “debe verificarse muy bien la manera en que este contrato se justificó al interior de la entidad para comprobar si hay o no un contrato sin requisitos legales esenciales”.
El gobernador responde
El Espectador logró contactar al contratista José Wilson Peña Paz, propietario de Stanford, pero se negó a responder preguntas sobre su relación con el gobernador. En la Contraloría Departamental de Nariño hay un proceso administrativo sancionatorio fiscal contra José Wilson Peña por un contrato que recibió de la Alcaldía de Olaya Herrera, municipio del Pacífico nariñense. La Contraloría le formuló cargos en 2022 por no haber presentado de manera completa y oportuna la información que ese ente de control le requirió. Al ser consultado sobre este proceso sancionatorio, Peña también guardó silencio.
Por su parte, el gobernador Escobar, consultado por El Espectador, dijo que no es cierto que se trate de un exsocio, pues aseguró no conocer al señor José Wilson Peña y no tener ninguna relación con Stanford ni con Cordesa, luego de su renuncia. Explicó que la decisión de conformar una unión temporal con Stanford la tomó su sobrino, representante legal de Cordesa. Además, aseguró que los proyectos fueron viabilizados en un comité y fue una solicitud de los municipios que se entregaran a esas entidades ejecutoras, como FONER, para que luego ellas escojan al contratista.
Otras denuncias contra FONER
Lo cierto es que la contratación de FONER ya ha generado suspicacias y denuncias antes. Por ejemplo, en noviembre de 2022, un grupo de empleados del Instituto Departamental de Deportes del Cauca (Indeportes) protestó por la adjudicación de dos contratos que esa entidad le dio a FONER, por más de $1.200 millones. Según los denunciantes, FONER no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia, pues llevaba pocos meses de haber sido creado.
Los denunciantes revelaron en su momento que el estudio previo de esa contratación decía que se revisaron los estados financieros de FONER, con corte a 2021, y que por eso se concluyó que tenía la capacidad financiera y administrativa suficiente para recibir estos contratos. Esto, pese a que FONER se creó el 20 de enero de 2022 y, por tanto, no era posible que tuviera estados financieros consolidados en 2021.
En manos de las autoridades penales, disciplinarias y fiscales está ponerles la lupa a este y otros contratos, así como a las actuaciones del gobernador Escobar, quien ha sabido desenvolverse bien en las aguas de la política y la contratación.
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Por David Riaño Valencia
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