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En las últimas dos semanas se reactivó el caso contra Daily Cop, la captadora ilegal de dinero que estafó hace más de dos años a cerca de 200.000 personas en Colombia y Estados Unidos, y la empresa Sadi SAS, que le prestó servicios aéreos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Primero, porque este diario reveló la semana pasada detalles de la ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), que busca formularle cargos y abrirle una investigación al presidente por haber violado el tope de gasto en campaña. En este sostienen que se omitieron en la contabilidad pagos por más de $2.160 millones en vuelos privados a la empresa Sadi.
Segundo, porque uno de los exintegrantes de esta captadora y ahora testigo estrella de la Fiscalía, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, denunció hace unos días un atentado en su contra con un cuchillo en la estación de Policía, en donde se encuentra detenido y esperando que su proceso de colaboración avance con la justicia. Y tercero, porque la Fiscalía anunció que el próximo 13 de septiembre le imputará cargos a Juan José Benavides, fundador de Daily Cop, quien habría lavado $130.000 millones del narcotráfico, según la inteligencia policial.
En medio de esos dos hechos, El Espectador conoció otro que pasó de agache, pero que es clave porque está relacionado con la supuesta financiación de esa señalada empresa criminal con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Este diario conoció que los abogados del presidente Gustavo Petro presentaron la semana pasada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes un detallado informe con el que pretenden justificar uno de los señalamientos que hicieron dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en mayo de 2024: que la campaña presidencial de Gustavo Petro se “voló” los topes de gastos entre primera y segunda vueltas en más de $5.355 millones.
La mitad de ese monto, dice la autoridad electoral, corresponde a contratos de transporte aéreo con Sadi SAS, la compañía tolimense que ya había contratado Petro para su campaña presidencial de 2018. El documento de 84 páginas, conocido por este diario, afirma que el CNE tiene un panorama “errado” de lo que sucedió con ese convenio comercial con Sadi.
Uno de los puntos claves del informe se centra en tratar de desvirtuar que Daily Cop era dueña de la aeronave HK5328, uno de los aviones que transportó a Petro durante la campaña. Primero, la defensa de Petro anexó documentos que dan cuenta de que ese avión fue subcontratado por Sadi a Panaviation International INC durante la campaña presidencial. A su vez, y previó a la contienda electoral de 2022, esta última también habría prestado sus servicios a Servicio Aéreo Capurganá (Searca), “empresa que le prestó sus servicios al personal de Daily Cop, que implicaron la personalización de las aeronaves, incluyendo esta, con logotipos de Daily”, dice el informe de la defensa de Petro.
Este punto es clave dentro de la investigación a la campaña, porque en mayo de 2024, cuando Caracol Radio reveló la supuesta financiación de Daily Cop a la campaña presidencial, se conoció una foto de Petro y Armando Benedetti en un avión en donde aparece una placa con el símbolo de la captadora ilegal. La cadena radial también entrevistó a Hernández Doux-Ruisseau, quien señaló que a mediados de febrero de 2022, en una panadería del norte de Bogotá, se reunió con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Petro, y Sebastián Betancourt, cabeza de Daily Cop, en la que supuestamente se pactó un aporte en especie de $2.000 millones.
En el informe presentado por los abogados de Petro a la Comisión de Acusación de la Cámara fue incluida la declaración de Hernández, rendida al CNE en mayo de 2024, sobre este episodio del aporte a la campaña: “No puedo afirmar o negar que la campaña haya recibido recursos en efectivo o tokens que puedan significar un aporte financiero, se pactó a través de una conversación y se instauró una hoja de ruta para hacerlo. Es diferente a que se haya hecho y los hechos que estoy diciendo es que se habló de un aporte, no que lo presencié”. Para la defensa del presidente, esta declaración de Hernández habla por sí sola, pues no tiene certeza de que Daily Cop haya financiado la campaña.
En junio de 2024, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Petro, habló con Blu Radio sobre este asunto. El funcionario aseguró que, contrario a lo que se ha dicho, el dinero con el que se pagó ese contrato de transporte aéreo no fue entregado por Daily Cop. “Yo nunca me reuní con ellos en febrero. Mi asistente entró a la campaña el 30 de marzo y el 5 (de abril del 2022) recibe ella una solicitud de Sebastián (Betancourt) y Ómar Hernández para que yo les atendiera como gerente de campaña. Y el tema era una regulación especial para criptomonedas”, aseguró Roa en el medio radial.
Facturas y otros partidos políticos
Para los dos magistrados del CNE, la campaña de Petro no reportó 29 trayectos, entre primera y segunda vueltas presidenciales, y eliminó facturas para ocultar gastos ante esta entidad. Sin embargo, los abogados de Petro dicen en el informe que el Consejo Nacional contó otros vuelos que hizo la aeronave de Sadi, entre marzo y junio de 2022, y que no tenían nada que ver con los viajes del entonces candidato. “Esta diferencia de vuelos sería sospechosa si el contrato de transporte indicara que el avión era de uso exclusivo de la campaña, lo que no es así”, le dijo la defensa del presidente a este diario.
Sobre la eliminación de facturas, el informe señala que se trató de una cadena de errores humanos que fueron pronto corregidos. Por ejemplo, durante la primera vuelta presidencial hubo una renegociación del contrato 20 días después de firmado, porque “era evidente” que iban a usar el avión “mucho menos”. El contrato pasó de $4.190 millones a $2.770 millones. La anulación de esta factura, asegura el documento, se produjo porque el equipo administrativo de Sadi habría facturado el otrosí de la renegociación con errores en el cálculo del IVA y con el mismo valor del contrato inicial. Un error que, afirma la defensa, fácilmente puede ser corroborado en la página de la DIAN.
Durante esa primera vuelta también el equipo de Sadi habría puesto mal los valores de la ambulancia aérea y, por ende, se tuvo que anular esa factura. “Para la segunda vuelta se hizo nuevo contrato de transporte aéreo, no estableció un mínimo de horas para el avión, pero, a cambio, cobraría un anticipo. Entonces, también hubo tres facturas, dos de ellas anuladas. La primera se anuló porque estaba facturando el anticipo, lo que contravenía el contrato, pues todo se tendría que facturar en una sola factura al final. La segunda factura, porque tenía errores frente a los valores acordados. La tercera ya fue la correcta y la aceptada en la página de la DIAN. Todo está documentado”, afirmó la defensa de Petro.
Además de las facturas de la última campaña presidencial, el equipo jurídico de Petro le entregó a la Comisión de Acusación documentos que darían cuenta de que Sadi fue contratada, entre 2019 y 2022, por otros partidos políticos. Se refieren al Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical y Partido Liberal, ya que sus vuelos ofrecen servicios de seguridad para sus clientes que no dan otras compañías. Otro de los nombres que se han ventilado dentro del expediente es el de Carlos Fernando Restrepo Osorio, o Caco, el piloto que aceptó en 2023 cargos de narcotráfico en Estados Unidos y sería el poder a la sombra de Sadi.
Aunque el CNE ha pedido la declaración del narcopiloto para aclarar el rol de Sadi en la financiación de la campaña, el informe de los abogados de Petro aportó documentos de la misma empresa en los que aparece que, desde 2019, Restrepo Osorio dejó de ser el dueño de la firma. En una acta, correspondiente a la reunión extraordinaria de la asamblea de socios celebrada el 30 de enero de 2019, Restrepo Osorio presentó su renuncia a la gerencia general y posteriormente cedió su participación en la compañía representada en 26.400 acciones.
“Por lo que es claro que esta persona no poseía ningún vínculo con la empresa al momento de la firma de los contratos con la campaña (…) Precisamente por ello, ninguno de los contratos, incluido un otrosí cuya valoración omitió el CNE, suscritos con SADI por parte de la campaña del Senado 17, la consulta interpartidista y las campañas de primera y segunda vueltas a la Presidencia de la República 2022-2026 de la coalición Pacto Histórico, no se firmaron con Carlos Fernando Restrepo Osorio, sino con su gerente administrativo, Hernando Robles Alvira”, señala el informe de los abogados del presidente.
El informe conocido por este diario es una primera parte de los documentos que entregará la defensa de Petro a la Comisión de Acusación. Por ejemplo, también tendrá que explicar los giros por $931 millones en primera vuelta y por $177 millones en segunda vuelta a testigos electorales a través de las plataformas Supergiros y Su Red. Una investigación de La Silla Vacía reveló que esa operación no habría sido reportada en las cuentas oficiales de la campaña del presidente. “Según el borrador de pliego de cargos del CNE, el 15 de febrero de 2022 la empresa Ingenial Media suscribió un contrato, hasta agosto de ese año, con Su Red para “prestar el servicio postal de pago y/o dispersión de giros”.
Conflicto de competencias
La semana que pasó también se conoció un fallo del Consejo de Estado que tenía en vilo la investigación del CNE. El alto tribunal determinó que esta última autoridad sí es competente para investigar “las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes e ingresos y gastos frente a las campañas de consultas interpartidistas y presidenciales de primera y segunda vueltas de 2022 de la coalición Pacto Histórico”. En ese mismo falló el Consejo de Estado afirmó que, de comprobarse esas irregularidades, será el Congreso de la República y la Comisión de Acusación las que eventualmente sancionarían al presidente con la pérdida del cargo.
Sin embargo, el conflicto de competencias aún no se cierra. El Espectador conoció que la defensa de Petro presentó a comienzos de agosto una tutela en la que señalan que el Consejo de Estado no era competente para resolver ese conflicto de intereses entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara. A su parecer, quien tiene que dirimir esta discusión es la Corte Constitucional. La acción judicial no ha sido resuelta por la justicia. Entretanto, el CNE estuvo el jueves 29 de agosto, en sala plena, analizando varios asuntos de su competencia, entre ellos si el pliego de cargos, presentado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, es lo suficientemente sólido para abrir la investigación formalmente.
Como se preveía, el CNE no tomó una decisión de fondo y el expediente será trasladado a otros magistrados para que revisen en detalle este informe y de nuevo se cite a Sala Plena para reevaluar el espinoso expediente. De arrojar una votación ajustada entre los nueve magistrados, la autoridad electoral tendría que elegir a un conjuez, a través de un sorteo por balotas, para que este, de manera individual, destrabe la decisión. El expediente prescribe en junio de 2025 y por tiempos podría terminar en archivado, como la ñeñepolítica y el escándalo de Odebrecht. Expedientes que pusieron un manto de duda sobre la financiación de las campañas presidenciales de Iván Duque y Juan Manuel Santos, respectivamente.
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Por David Escobar Moreno
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