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Cuando el presidente Gustavo Petro anunció en abril del año pasado que la Policía española había capturado en Madrid a Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando, apareció un abogado ya conocido en el mundo criminal. Las autoridades del país ibérico lo tenían bajo su radar, no solo porque había defendido a uno de los capos más reconocidos en ese país, José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, sino porque ya estaba reseñado en una investigación criminal por lavado de activos. El jurista se presentó para defender al recién capturado ciudadano colombo español y evitar la extradición que había pedido Colombia.
Aunque logró su libertad, no pudo frenar la petición de la justicia colombiana y su cliente huyó a Portugal, donde permanece detenido desde diciembre pasado. Marín es hoy el centro de la más reciente crisis político y judicial que vive la Casa de Nariño, luego de que se supiera que entregó $500 millones al español Xavier Vendrell, con destino a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. En medio de la polémica, El Espectador tuvo accesos a documentos de las autoridades españolas que dan cuenta las movidas del abogado en común entre ambos jefes y de cómo sus protagonistas tienen que ver en otras investigaciones judiciales.
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El personaje que une a estos eslabones del mundo criminal es el abogado penalista Gonzalo Boyé Tuset, mano derecha del temido narco José Ramón Prado Bugallo, conocido en los expedientes judiciales como Sito Miñanco o el Pablo Escobar español . Boyé y Sito Miñanco no solo tuvieron un vínculo contractual entre defensor y defendido. El abogado, de origen chileno, es actualmente procesado en España por ser la cabeza de una red de lavado de activos al servicio del capo español. En ese expediente también figuran cinco colombianos que habrían hecho parte del grupo narcotraficante de Miñanco.
En 2017 todos ellos fueron detenidos cuando intentaban sacar por el aeropuerto de Madrid (España) cerca de €900.000 que presuntamente iban a ser lavados en Colombia. La investigación judicial afirma que el abogado Boyé habría falsificado documentos para justificar el origen de ese dinero, que supuestamente provenía del narcotráfico. Una acusación que Boyé niega tajantemente. En medio de esas operaciones, en enero de 2020 la Guardia Civil española le pidió a la Fiscalía de Colombia información de los cinco connacionales que seguían órdenes del popular Sito Miñanco, quien hasta serie de televisión tiene en Netflix.
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El Espectador conoció ese documento de ocho páginas que aterrizó en el despacho de la entonces fiscal Ana Catalina Noguera, quien hoy está presa por hechos de corrupción ajenos a este caso. La funcionaria judicial tenía un mes de plazo para entregar un reporte detallado sobre las actividades económicas, migratorias y antecedentes penales de los sospechosos. En el documento de la autoridad española aparecen los nombres de Adriana Moreno Correa, Beatriz Correa Moreno, Efrén Moreno Collazos, Claudia Viviana Delgado Galván (expareja de Miñanco) y Manuel Andrés Puentes Saavedra.
Este último es clave en esta historia, pues en 2019 rindió un testimonio ante las autoridades de España que terminó incriminando al abogado Gonzalo Boyé en la trama de lavado de activos. Ese proceso ya está en juicio, al igual que el de Sito Miñanco, quien es procesado por haber liderado una red de 43 personas que supuestamente introdujo a la península ibérica toneladas de cocaína procedentes de Colombia. Los vínculos de personajes como Gonzalo Boyé, Sito Miñanco, Papá Pitufo y sus andanzas criminales no paran aquí.
El asesinato de un narco en Pereira
El pasado lunes 10 de febrero, los investigadores policiales de España sostuvieron, ante el juez del mediático caso contra el Pablo Escobar español, que las interceptaciones hechas al celular de Miñanco y de Andrés Puentes Saavedrea son legales y que no fueron alteradas, como sostiene la defensa del narcotraficante. Justo estas escuchas telefónicas fueron la base para que la Policía española también sospechara de la participación de los dos narcotraficantes en el asesinato de Santiago Quintero Marín, un mafioso colombiano del círculo más estrecho de Miñanco que fue acribillado por sicarios el 31 de enero de 2018.
El Espectador conoció documentos, fechados entre 2018 y 2019, en los que la Policía y la Fiscalía española sostienen que hay indicios de que Puentes Saavedra participó en el homicidio. Según la investigación del crimen, Quintero Marín fue asesinado luego de que el propio Miñanco lo enviara a la capital del departamento de Risaralda como parte de una estrategia para silenciarlo. En ese momento, Miñanco era investigado por la justicia española que, además de recaudar pruebas, también buscaba testigos en su contra. Uno potencial era Quintero Marín, pues era un eslabón clave en el envío de cocaína desde Colombia.
“Al parecer e inexplicablemente, esos informes nunca fueron enviados por la Fiscalía española a su homóloga colombiana para que investigara”, le dijo a este diario una fuente de la Guardia Civil española. Un oficial de la Policía en Colombia, que está en permanente colaboración con la Policía española, le dijo a este diario que Quintero Marín fue asesinado por la peligrosa red sicarial del San Andresito de la 38, que ha estado por años al servicio de narcotraficantes, contrabandistas y esmeralderos. Quien inexplicablemente sí tuvo acceso a esos documentos reservados del asesinato fue Xavier Vendrell, el asesor español de la campaña presidencial de Petro.
El Confidencial contó en 2022 que la Policía española encontró esos informes cuando inspeccionó el computador de Vendrel, en medio de la Operación Voloh, una investigación dirigida por la Guardia Civil española para indagar sobre una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias vinculada al independentismo catalán. Según el diario El País, antes de aterrizar en la campaña presidencial de Gustavo Petro, el empresario y político Vendrel fue líder del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y hay sospechas de que pudo cruzarse con el abogado Gonzalo Boyé, pues ha defendido a varios líderes, como Vendrel, del movimiento independentista catalán.
Mientras sus procesos legales avanzaban en España, Vendrell viajó a Colombia y se montó a la campaña de Petro a finales de 2021, donde asumió un papel clave en la organización de testigos electorales. Hoy se sabe que, a principios de 2022, Vendrell recibió $500 millones de Papá Pitufo y otros comerciantes del San Andresito de la 38 para la campaña presidencial. Aunque Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y mano derecha del presidente Petro, y el propio Vendrell han aclarado que el dinero finalmente nunca entró a las cuentas de la campaña, la Fiscalía ya indaga los hechos.
Por ahora, lo que reposa en expedientes judiciales en Colombia y España es que Papá Pitufo y Sito Miñanco habrían permeado instituciones como la Policía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Entre tanto, en España la Guardia Civil todavía le sigue la pista a las razones por las que en el computador de Vendrell aparecieron documentos secretos de un asesinato sicarial en Pereira y la justicia de ese país avanza en los juicios contra el Pablo Escobar español y el abogado Gonzalo Boyé; y en Colombia, la Fiscalía se alista a llamar a juicio a Marín, mientras que el gobierno espera que el Tribunal Supremo de Portugal apruebe su extradición.
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Por David Escobar Moreno
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