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“Me llama la doctora X1 (…), quien me manifiesta por teléfono tener un caso con una adolescente, quien se había inducido un aborto. Me traslado hasta las instalaciones del hospital y me reuní con la doctora antes mencionada y me dijo que la adolescente se llama X2, de 16 años de edad, la cual ingresó con síntomas de aborto y atendida por el médico de urgencias (…) siendo diagnosticada con aborto incompleto y provocado por haberse tomado cinco pastillas de citotec (…) le realizaron un degradado obstétrico ingresando a cirugía a las once treinta horas del día de hoy. Una vez enterado de esta situación procedí a buscar a la joven dentro del hospital y, una vez localizada, se le leyeron los derechos del aprehendido delante de su señora madre (sic)”.
El relato que acaba de leer es uno de los 5.580 que consignó la Fiscalía sobre los casos que tiene clasificados en el sistema de información del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), relacionados como investigaciones por aborto en Colombia, entre los años 1998 y 2018. Los nombres y lugares fueron reemplazados por valores como X, X1, X2, omisiones que impiden seguirles la pista a las mujeres y niñas que terminaron judicializadas por aborto, y así indagar el impacto que trajo a sus vidas esa judicialización, en momentos de extrema vulneración física y emocional.
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No son relatos homogéneos en su redacción o su estructura. Algunos ni siquiera tienen que ver con aborto, sino con agresiones físicas y violencia hacia las mujeres. Pero en su mayoría están escritos en letras mayúsculas, con problemas de ortografía y de puntuación. Se trata de las noticias criminales que han consignado las autoridades judiciales con relación al aborto en diez años.
De hecho, el universo total de casos que tiene la Fiscalía por aborto para ese período es de 5.737 (ver infografía al final), aunque no todos tienen ese tipo de relatos consignados. El análisis de los que sí tienen ese registro (5.580) arrojó un dato inquietante: en el 75 % de estas noticias criminales han sido los médicos y otros operadores del sistema de salud los principales denunciantes de las mujeres que llegaron a los centros asistenciales que se sintieron enfermas, generalmente, luego de tomar algún tipo de medicamento para abortar.
“A nosotros la Fiscalía nos dio una base de datos que no decía mucho, solo con las cifras de las etapas procesales de los casos y donde se veía que la gran mayoría de los casos de aborto eran registrados como “actos urgentes” (en 2.431 casos, la noticia criminal se obtuvo por “actos urgentes”, mientras que en 1.580 fue a través de denuncias y 1.540, a través de informes (ver infografía 2). Esos actos urgentes suelen estar asociados a cuando alguien le da un informe a la Policía para que vaya a investigar la posible comisión de algún delito (…).
Vía derecho de petición, la Fiscalía entregó los relatos relacionados con cada caso. Por eso se pudo identificar que en el 75 % de esos casos en el sistema penal, quienes denunciaron esos “actos urgentes” fueron personas del sistema médico, a pesar de las doctrinas que obligan al secreto profesional. Esto va desde el celador del hospital, la enfermera, la directora de tal servicio médico o el director de urgencias. Es decir, cuando la mujer llega al sistema de salud con un aborto mal practicado, es ahí cuando la están denunciando mayoritariamente”.
Quien habla es Isabel Jaramillo Jaramillo, abogada de la Universidad de los Andes y doctora en leyes de la Escuela de Derecho de Harvard, quien lideró una investigación para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres sobre cómo se están criminalizando a las mujeres que abortan en Colombia. La información apunta, además, a que la Fiscalía no solo ha iniciado procesos penales por aborto, sino que ha condenado a mujeres por esto desde el año 2005.
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De los casos donde hay registro de alguna actuación (4.520), 3.046 fueron archivados, es decir, en un 67,4 %. Pero solo en 137 casos se aplicó el principio de oportunidad, que se supone debe regir para este delito, según los lineamientos que recomendó la propia Fiscalía en 2016. Uno de esos lineamientos es la Directiva 006 de 2016 del ente investigador, que dice que se deben inadmitir las denuncias que se presenten por este delito cuando se basen en información obtenida en violación del secreto profesional o cuando sea claro que la persona se encuentra en una de las tres causales descritas por la Corte Constitucional.
Además, en 859 de los casos registrados, la Fiscalía formuló cargos frente a jueces penales, que siguen pendientes de una solución en esa instancia. Y en 346 casos hay sentencias condenatorias. De estas condenas, 85 corresponden a menores de edad, a quienes solo les aplican sentencias sancionatorias. Este indicativo también muestra que cuando la Fiscalía decidió acusar, el juez lo respaldó, porque solo hay 14 sentencias absolutorias y que el 56 % de las condenas por aborto fueron a mujeres denunciadas por los médicos y el personal de salud.
A eso se suma que el sistema de salud ha denunciado dos perfiles de mujeres: o rurales, pobres, donde no es del todo claro si llegan con un aborto inducido o espontáneo, y quienes, generalmente, refieren tener más hijos; o jóvenes estudiantes que terminan su embarazo de forma voluntaria.
“Me resisto a creer que los médicos están denunciando eso. Quiero creer que denuncian algún delito detrás de eso. Tal vez el sistema judicial usa la información del sistema de salud para judicializar y están usando mal esa historia clínica, en vez de mirar medidas de prevención o judicializar a quien le mete el gancho. A mí me han llegado pacientes con abortos mal realizados y son pacientes que pueden morir de infecciones, pero eso no debería ser judicializado”, comenta Jorge Alberto García, presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica y Piso Pélvico.
El asunto es controversial, pero demuestra que se trata de un tema público por revisar, porque en Colombia abortar es un derecho y a la vez un delito. Es un derecho a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, del año 2006, en tres causales: malformación del feto, riesgo para la salud de la madre y como resultado de una violación. Y es un delito clasificado en el Código Penal, en su artículo 122: “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro lo hiciera, así como quien realiza esta conducta con su consentimiento, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses”.
“Yo soy médica y me acuerdo cuando estudié que nos decían en la carrera que si venía a nosotros una mujer que se hizo un aborto había que denunciarla. Era una época en la que ese tipo de denuncias eran pocas, porque empezaron a crecer en el año 2006, cuando se despenalizó el aborto en tres circunstancias”, expresa Ana Cristina González, médica, cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Cuando le pregunto por qué cree que las denuncias se incrementaron después de la sentencia de la Corte Constitucional, dice en tono sociológico, más que justificatorio: “Como en Colombia el aborto sigue siendo un delito, el mensaje para los profesionales de la salud ha sido contradictorio”.
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Y agrega como experta: “Por ejemplo, tú eres una mujer embarazada y te sientes afectada en tu salud mental, porque no fue un embarazo oportuno o fue producto de una relación no necesariamente consentida, y por eso vas al médico. El profesional tiene que certificar si para él las razones que manifiestas constituyen un riesgo para la salud. Entonces, si él dice que sí te puedes hacer un aborto legal, pero si él considera que no automáticamente pasas a ser una criminal. Esa ambigüedad está en la base de la denuncia por parte del personal médico en los casos de aborto y es una de las principales barreras para acceder a este servicio de salud en las causales previstas”.
Para la médica González, el tema es también un asunto de pedagogía, de sobreponer a la denuncia la doctrina del secreto profesional, para que la reserva de la relación médico-paciente sea inviolable. Y, al final, reconoce que en esa disyuntiva los profesionales de la salud se verían beneficiados si el aborto deja de ser un delito en el país, porque entrarían a tratarlo como cualquier otro servicio médico. En la actualidad cursa en la Corte Constitucional una demanda para eliminar el delito de aborto, que se ha dilatado resolviendo recusaciones interpuestas por diversos sectores, en especial religiosos, que no están de acuerdo con el aborto en ninguna circunstancia.
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Respecto a la posibilidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal, la abogada Isabel Jaramillo, que conoce la letra menuda del drama social que existe detrás del aborto, está convencida de que tendría dos efectos inmediatos: que no haya una sola mujer condenada por interrumpir su embarazo, “porque esas condenas pesan con la fuerza de un estigma y ponen más barreras para acceder a espacios laborales y políticos”, y que ningún médico ni personal de la salud “se sienta policía” para que se empiece a reconstruir sanamente la relación con sus pacientes, “tan importante para salvaguardar la vida y salud reproductiva de las mujeres y las niñas”.
Por Natalia Herrera Durán
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