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En diciembre de 2016, cuando el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, terminaba de ajustar su equipo, una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de extinción de dominio contra los predios en los que se construía el proyecto inmobiliario Meritage, en Medellín, prendió las alarmas. Los señalamientos recaían sobre Andrea Malagón, exdirectora de la unidad, y Alejandra Ardila Polo, la fiscal del caso. Por esa época, la decisión fue mantener a Malagón en la Dirección de Extinción de Dominio por su cercanía con la Embajada de Estados Unidos, y con el mayor sigilo adelantar las pesquisas. El pasado martes la denuncia fue ampliada por el socio principal del Meritage, Angel Seda, quien insiste en que el objetivo era extorsionarlos.
Cuatro años después, con una decena de casos adicionales, existen dudas respecto a las actuaciones de la unidad destinada a perseguir los bienes de la mafia. Andrea Malagón es señalada por más de cuatro fuentes consultadas como la persona que, junto a su esposo, el coronel (r) del Ejército Édinson Hernán González, y un grupo de fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio al parecer pedían hasta el 10 % del valor de los bienes afectados a personas investigadas para devolverles sus propiedades. Desde entonces, un despacho que maneja temas anticorrupción de la Fiscalía ha revisado con lupa múltiples casos como el del centro Comercial Gran Estación, el expediente de los hermanos Álvarez Meyendorff, el caso de Otto Bula y los supermercados Supercundi.
(Lea la primera parte de esta investigación: El expediente secreto sobre una posible red de corrupción en la Fiscalía)
Por el caso Meritage, que ha sido transversal a toda esta historia, hoy existe un litigio internacional contra la Nación con pretensiones que superan los US$300 millones, ya que los inversionistas extranjeros, encabezados por el norteamericano Angel Seda, consideran que la Fiscalía los expropió ilegalmente al no considerarlos terceros de buena fe. En esa demanda, conocida, se puso en conocimiento una serie de irregularidades que, para Seda y sus socios, son prueba de que el proceso de extinción de dominio, que inició en abril de 2016, tenía como fin extorsionarlos. En diciembre de ese mismo año, Seda denunció los hechos, y el pasado martes 21 de octubre ratificó sus señalamientos contra Malagón y Ardila, tras comprobar en reuniones con la Fiscalía que las dos exfiscales estaban bajo la lupa.
El proceso de extinción de dominio contra el Meritage inició el 8 de abril de 2016. Esa misma fecha, Seda fue contactado por un antiguo propietario del lote, Iván López Vanegas, hombre que tuvo vínculos con la mafia, quien denunció que esas tierras se las quitó ilegalmente la Oficina de Envigado cuando secuestraron a su hijo. Los inversionistas se negaron a cualquier pretensión y, con amenazas, López y sus emisarios les dijeron que tenía contactos con la entonces directora de Extinción de Dominio para sabotear el proyecto. En junio de ese año, en un parqueadero en Medellín, se le acercó un hombre desconocido para Seda, quien le dijo que iba en nombre de la Fiscalía y que si pagaba no le sucedería nada. Situación que se repitió después en septiembre, cuando le pidieron $500 millones.
Seda hizo caso omiso y el 3 de agosto de 2016 la fiscal Alejandra Ardila Polo llegó hasta los predios del proyecto Meritage a decretar el embargo. Además, junto al grupo del CTI estaban dos extranjeros, a los que supuestamente estaban acercando a Medellín desde el aeropuerto. En los documentos, los inversionistas explicaron que la decisión de imponer medidas cautelares salió el 22 de julio de 2016 y tres días antes de que un delegado de Iván López les escribiera por chat que la etapa de negociación había cerrado. En ese momento, López ya le estaba pidiendo $56.000 millones. Luego de las medidas y de buscar ayuda en la Embajada, las exigencias de dinero continuaban y Seda recibió una llamada de la Fiscalía porque estaban indagando por su caso.
La lupa sobre Andrea Malagón
En los primeros días de diciembre de 2016, Seda conversó con dos fiscales de la Unidad Anticorrupción, quienes le comentaron que a la entidad llegaron alertas sobre presuntas anomalías en el proceder de Alejandra Ardila y Andrea Malagón. El 19 de ese mismo mes denunció los hechos. Su caso se manejaba con el mayor sigilo, al punto que los investigadores ordenaron interceptar a Malagón y a Ardila. Durante varios meses hicieron seguimientos de las comunicaciones de las dos fiscales. En ese entonces, llegaron más rumores sobre casos como el del Centro Comercial Gran Estación y los bienes de Otto Bula. “Al parecer, en un principio lo hacía con personas que no tenían un alto perfil. Pero, al parecer, eso cambió e intentaron hacer lo mismo con grandes expedientes de extinción”, dijo una fuente consultada.
Solo en junio de 2018 Andrea Malagón salió de la Dirección de Extinción de Dominio, a la que llegó cuando Eduardo Montealegre era fiscal general. Reemplazó a Julián Quintana, quien pasó a la dirección del CTI. Sobre su salida no dieron explicaciones. En ese momento, el expediente contra Malagón y otros fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio, como Alejandra Ardila y Mónica Valencia, tomaba más forma. Y la encargada de impulsarlo fue Ana Catalina Noguera, quien reemplazó a Malagón y hoy es mano derecha del fiscal Francisco Barbosa. Con su llegada, los movimientos de fiscales no se hicieron esperar, lo que ocasionó problemas con los delegados de la OFAC y la DEA en Colombia, que no estaban de acuerdo.
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Bajo la dirección de Andrea Malagón, la Unidad de Extinción reportó cerca de $3 billones embargados a la mafia, por lo que su relación con la Embajada de Estados Unidos fue cercana. Sin embargo, ante los rumores, los estadounidenses comenzaron a sospechar. El nombre de Malagón volvió a ser noticia en febrero de 2019, cuando se conocieron irregularidades en el caso Otto Bula. En entrevista con este diario por las menciones de Bula sobre su caso, la exfiscal explicó que esas declaraciones se dieron por venganza, ya que no pudieron “corromperla”. Malagón agregó que ella nunca se reunió con abogados y que su salida se dio por estrés laboral, al punto que perdió un embarazo. A Bula, testigo de Odebrecht relacionado con la Oficina de Envigado, ya le devolvieron el 90 % de sus bienes por supuestas irregularidades en su proceso.
Dentro del expediente que se armó por la presunta red de corrupción aparecieron involucrados, además de Andrea Malagón y la fiscal Alejandra Ardila Polo, el coronel (r) Édinson Hernán González, esposo de Malagón, quien trabajó para los comandos de inteligencia del Ejército que apoyan los procesos de extinción de dominio. Fuentes explicaron que él supuestamente era el encargado de realizar los cobros y que, por esa razón, recién llegada Catalina Noguera a la dirección solicitó al comandante del Ejército que retiraran a González como enlace para estos procesos por desconfianza. Noguera agregó que no trabajaría con el Ejército hasta que se hiciera el cambio. González fue retirado y a mediados de este año le pidieron la baja. Al parecer, se fue a junto a su pareja a vivir fuera del país.
Este diario intentó contactar a la exdirectora, pero no fue posible. Sin embargo, en la entrevista pasada, Malagón sostuvo que ella fue quien denunció: “El tema de las devoluciones de los bienes dentro de los procesos de extinción de dominio ya se viene conociendo desde hace mucho rato. De hecho, El Espectador, al momento de la captura del exfiscal Rodrigo Aldana (abril de 2017), hizo referencia a las denuncias que tanto la doctora Ana Caterina Heyck como yo presentamos, poniendo al descubierto maniobras que se estaban haciendo, en cabeza de Aldana, para devolver bienes de Otto Nicolás Bula. En consecuencia, el exfiscal Aldana fue capturado (y condenado a nueve años de prisión). Eso es de lo que yo tengo conocimiento. No puedo decir nada más al respecto”.
Otro de los que aparece en las pesquisas es el abogado Nelson Humberto Espinosa, experto en procesos de extinción de dominio y esposo de la fiscal Alejandra Ardila Polo. Según la Fiscalía, Espinosa recibía información clasificada de Ardila Polo sobre procesos de extinción de dominio que se estaban adelantando y bienes que iban a quedar en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y así buscaba la forma de convertirse en su depositario.
El abogado Espinosa rechazó los señalamientos y le dijo a este diario que no ha sido llamado a declarar en la Fiscalía por ningún proceso y que, si bien es esposo de Ardila Polo, nunca conoció a Andrea Malagón. “No he sido recomendado como abogado por ella ni por nadie. Quiero aclarar que durante el tiempo que Alejandra trabajó en esa unidad no recibí poder ni encargo para atender casos de extinción de dominio. Jamás fui abogado ante el despacho de Alejandra, pues es claro el impedimento legal. Por regla familiar, no hablamos de temas laborales”. A su vez, tanto él como la SAE aclararon que si bien estuvo en la lista de posibles depositarios, solo estuvo tres meses durante 2016 y nunca administró un bien.
La nueva denuncia
Las pesquisas por las múltiples alertas de posibles actos de corrupción en la Dirección de Extinción de Dominio continuaron. De repente, algo llamó la atención de Catalina Noguera: el caso Meritage, que ya había llegado a tribunales internacionales. La urgencia de Noguera era contactar a Angel Seda. Según sostuvo ante varios de sus colegas, a pesar de que en principio le dijeron que se trataba de un testaferro de Javier García, alias Maracuyá, ella descubrió que se trataba de un inversionista norteamericano tercero de buena fe. Al parecer, su intención era conocer la realidad detrás del proyecto Meritage y las razones por las cuales intentaron vincularlo a la Oficina de Envigado sin tener nada que ver.
En la denuncia interpuesta la semana pasada, Seda explicó que sostuvo varias reuniones con funcionarios de la Fiscalía en la que le mencionaron la existencia de un esquema de corrupción en la Unidad de Extinción de Dominio bajo la dirección de Andrea Malagón y la existencia de investigaciones internas que buscan desmantelar el andamiaje mediante el cual algunos narcotraficantes utilizaban la Unidad para extorsionar a propietarios afectados, como sucedió en el caso del proyecto Meritage. Al parecer, el intento de vincular a Seda con la mafia era la forma de justificar la ocupación de los predios del Meritage. Situación que llevó a la quiebra total del proyecto y dejó centenares de compradores afectados.
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Tras conversaciones con la Fiscalía, Seda y sus socios decidieron denunciar de nuevo a Alejandra Ardila Polo y Andrea Malagón por los delitos de prevaricato y concierto para delinquir. El argumento es que Ardila Polo no actuó acorde a la ley, pues si bien en principio afectó los predios del Meritage por el supuesto secuestro del hijo de Iván López, al ver que la versión era inconsistente decidió cambiar el argumento y advertir que el proceso se fundamentaba en que el bien se incautó por los vínculos de López con la mafia. No obstante, dice la denuncia que las tierras de Meritage fueron las únicas afectadas y no otras cuarenta propiedades de Iván López, por lo que se habría cometido un prevaricato.
En su denuncia, Seda presentó apartes de una conversación donde la fiscal Noguera les dijo que ellos eran terceros de buena fe y víctimas de las irregularidades en la Dirección de Extinción de Dominio. A pesar de esto, al ser cuestionada por este tema, la Fiscalía respondió que los inversionistas no eran los titulares de los predios del Meritage, por lo que no tienen derechos sobre la tierra y que el reconocimiento de la tercería de buena fe es de exclusivo resorte de los jueces. Asimismo, negaron que contra Malagón existiese un proceso. Situación que no coincide con documentos y respuestas de derechos de petición en poder de este diario en los que aparecen no menos de cuatro investigaciones, según consultas en el sistema SPOA.
Aunque la Fiscalía continúa indagando sobre los hechos, la investigación tiene un obstáculo: quienes han contado que pagaron sobornos no quieren formalizar su denuncia, pues temen por su vida y que les vuelvan a quitar sus bienes. Frente al tema Meritage, el problema es aun mayor, pues aceptar que Seda y sus inversionistas eran terceros de buena fe tendría implicaciones directas en el pleito internacional. Una situación que hoy se maneja en los más altos niveles de la Fiscalía y la Agencia Jurídica del Estado. Lo cierto es que se trata de un expediente en duda que rodea a la Dirección de Extinción de Dominio y lleva cuatro años sin resolver.
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