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Esta semana, Liliana Orjuela cumple un año de haber recibido su boleta de libertad. Desde 2017 hasta 2021 permaneció recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá que, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), es un penal que tiene hacinamiento del 45 %. “Me condenaron a 64 meses por cargar con 120 gramos de marihuana. En 2013 estaba consumida por el bazuco y trataba de conseguir plata para comprarlo. Cuando me capturaron, como estaba tan mal, me dejaron ir. Después, en 2016, mi familia me dio la mano y me empecé a rehabilitar”, cuenta Orjuela.
Durante seis meses no consumió bazuco, se estaba organizando y empezaba una nueva vida. Pero el 1° de enero de 2017, cuando se iba a ver con su novio, en un retén policial le pidieron la cédula y apareció en el sistema una orden de captura en su contra por el tema de la marihuana. Terminó en la cárcel El Buen Pastor y recuerda cómo fue el día en el que llegó. “Esa madrugada se mató Ana Vargas, una joven de 25 años que consumía. Pagaba dos años de pena y, para poder comprar la dosis, entró droga en su vagina. La pillaron y la condenaron a nueve años más, ella estaba desesperada en su celda y se terminó ahorcando. Fue una locura”, cuenta.
En el país, como explica Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia y coautor del informe “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, las políticas y leyes de drogas se han caracterizado por aumentar la sanción penal hacia los delitos que tienen alguna relación con estupefacientes, aumentando las conductas y las penas. Liliana Orjuela dice que, en su caso, su condena fue desproporcionada y que estar tantos años en la cárcel no sirve para resocializar. “Colombia es muy carcelaria. La solución para que dejara de cargar droga no era encerrándome en una cárcel cuatro años. Considero que era motivándome, ayudándome, llevándome a un psicólogo, pero no encerrándome en un sitio donde los males se empeoran”. (Puede leer: Crisis carcelaria en Colombia: ¿Qué hacer con el Inpec?)
Luis Felipe Cruz recalca que el aumento en la penalización de los hechos relacionados con drogas ha generado “incremento de la población encarcelada por estos delitos, en su mayoría personas pobres y con escasas oportunidades, lo cual ha agravado los problemas penitenciarios del país”. Para dimensionar la magnitud de la crisis carcelaria que se vive en Colombia, bastan dos sentencias de la Corte Constitucional de 1998, y en 2013, con la declaratorio del estado de cosas inconstitucional (ECI) en los centros de reclusión, una figura jurídica que prueba que se han presentado violaciones masivas de derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. “Los reclusos ni siquiera pueden gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión. Las condiciones de hacinamiento impiden brindarles los medios diseñados para el proyecto de resocialización”, señaló la Corte.
El problema de salud pública en las cárceles
Claudia Cardona es psicóloga y directora de la corporación Mujeres Libres, una entidad conformada por personas que salieron de prisión y que ahora trabajan por los derechos humanos en los centros de reclusión. De esta manera sintetiza lo que se vive a diario en las cárceles. “Así exista el estado de cosas inconstitucional, a las mujeres se les sigue vulnerando una cantidad alarmante de derechos, es una situación que no cambia ni mejora. No se cuenta con médicos suficientes, no se atienden sus necesidades básicas. Las mujeres terminan con unas hemorragias terribles que, muchas veces, son tratadas con ibuprofeno”.
Liliana Orjuela recuerda que ella duró nueve meses exigiendo un implante anticonceptivo para no quedar en embarazo. “Casi no me lo ponen, fue una pelea muy dura. No quería quedar embarazada, y eso es algo básico para las mujeres. Menos mal adentro no sufrí nada grave, porque tuve compañeras que la pasan muy mal”. Ratifica, además, que el consumo y tráfico de drogas en los penales es muy alto. “En las cárceles la droga entra por corrupción en la guardia y también por medio de una mula. En la visita se hace un cambio y ahí se pasa, cada patio y cada celda tiene su propia mula. Hay una cosa que se llama “el aborto”, esa es la carga más grande que hay. Es similar a un cilindro donde se pone el hielo en un termo, ahí caben dos libras de marihuana y 300 gramos de bazuco, y todo se pone en el conducto vaginal. Eso pasa cada ocho días”. (Le puede interesar: El pesebre de marihuana que crece en el Cauca)
Claudia Cardona alerta que durante algunas visitas a las cárceles ha encontrado falencias en la alimentación, como papas con gusanos o pollo en descomposición. Dice que, incluso, en ocasiones no alcanza la comida para todas las personas que están recluidas. Liliana Orjuela testifica que “en la cárcel hay demasiadas falencias: el hacinamiento, la alimentación, la estructura. Tuve la oportunidad de trabajar en los ranchos, donde se preparan los alimentos, y la comida es terrible. Con el respeto de mis compañeras, eso es una marranada. No hay la higiene necesaria. Estar en una cárcel de Colombia es una tortura”.
La necesidad de una nueva política
En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro aseguró que el nuevo Gobierno le dará un giro al enfoque sobre políticas públicas que, desde hace décadas, prima en el país y que se ha enfocado en la penalización. “La guerra contra las drogas fracasó. Tenemos que abordar una nueva política carcelaria buscando, fundamentalmente, la descriminalización de ciertas conductas y, por lo tanto, cesar el hacinamiento que hoy tienen las cárceles”, expresó el 7 de agosto. El responsable de esta tarea será Néstor Osuna Patiño, cabeza del Ministerio de Justicia, quien se comprometió a tener el borrador de la reforma penitenciaria para finales de 2022.
En el Congreso, por primera vez en la historia, se constituyó la comisión accidental de seguimiento, vigilancia y control a los centros penitenciaria del país, un grupo específico de legisladores que pretende evaluar y proponer soluciones sobre la crisis carcelaria. El senador Gustavo Moreno, presidente de la comisión, al referirse a la misión precisó que “la crisis penitenciaria es muy grave y la resocialización es nula. A las cárceles no les cabe una persona más. Ya nos reunimos con el ministro Osuna y el primer punto es crear una mesa interinstitucional con todas las entidades que tienen que ver con el tema carcelario para planear la reforma y un debate de control político”. A su vez, Claudia Cardona hace un llamado a la comisión accidental para que esta tenga en cuenta las personas que han estado en las cárceles y puedan aportar a la planeación de políticas que mejoren las condiciones en los lugares de reclusión. (Le recomendamos: El calvario de las mujeres en las cárceles durante la pandemia)
Las mujeres y los delitos de drogas
En las últimas dos décadas, el encarcelamiento de mujeres en Colombia y en general en América Latina ha aumentado drásticamente. Según un informe realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización que promueve los derechos humanos en las Américas, en países como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela, entre otros, los delitos relacionados con drogas son los que más llevan mujeres a las cárceles. Según datos del Inpec, de las más de seis mil mujeres privadas de la libertad en el país, el 45 % están recluidas por delitos de drogas.
Sin embargo, como reseña el documento, “el encarcelamiento de mujeres no consigue alterar en absoluto los mercados de drogas ni desbaratar el tráfico de estas sustancias”. Generalmente, las mujeres cumplen funciones menores con alto riesgo, pero que son fácilmente reemplazables. En cambio, quienes regentan las redes criminales rara vez terminan en la cárcel. En la misma línea, los investigadores de Dejusticia explican que “encarcelar masivamente a poblaciones vulnerables que tienen una participación marginal y son fácilmente reemplazables dentro de la economía ilícita, y que no se benefician sustancialmente de las ganancias que allí se generan, no ha sido eficaz para lograr los propios objetivos que se ha planteado la política de drogas”.
En 2019, Colombia presentó, por primera vez, un informe que caracteriza las condiciones de mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas, publicado por la UNDOC y el Ministerio de Justicia. Allí se evidenció que en su mayoría son mujeres con características y antecedentes socioeconómicos similares: provienen de situaciones de extrema pobreza y desigualdad, tienen bajos niveles educativos, están subempleadas o desempleadas y se han enfrentado a violencias de género. La mayoría aseguró que la motivación para cometer este delito fue no tener cómo solventar las necesidades del hogar. (Puede leer: Condenadas a no ver a sus hijos: el impacto de la pandemia en la cárcel)
Coletta A. Younguers, coautora del informe de WOLA, destaca como capítulo aparte que las consecuencias de la penalización de los delitos sobre drogas afecta directa y principalmente a las mujeres. “Hemos hecho investigaciones por más de una década que muestran la relación entre las leyes duras contra las drogas y el aumento de la población carcelaria en América Latina, y esto ha generado un efecto desproporcionado en las mujeres, que suelen estar en condiciones de completa vulnerabilidad. La mayoría son madres solteras o tienen personas a cargo”.
Por eso, desde hace varios años, diferentes organizaciones de derechos humanos y grupos académicos han promovido políticas de drogas y prisión con enfoque de género, que tengan en cuenta las condiciones propias de las mujeres. “La principal recomendación que tenemos es cambiar las leyes de drogas para reducir las penas y hacerlas más proporcionales a los delitos. Con respecto a la perspectiva de género, una medida muy importante es ofrecer medidas alternativas al encarcelamiento para las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. En Costa Rica, por ejemplo, se bajaron las penas para las mujeres que introducen drogas a la cárcel y, con esto, se pueden aplicar medidas que no sean la cárcel”. Una investigación del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional refiere que, en Colombia, la policía ha capturado 80.787 personas por año por conductas de drogas, lo que equivale a unas 221 capturas diarias o nueve cada hora.
La Fundación Acción Interna contribuye al proceso de resocialización y reintegro a la sociedad de las personas que estuvieron en la cárcel. Liliana Orjuela fue una de las beneficiarias. “Amo la fundación porque me ha servido mucho emocionalmente, conocer el teatro me permitió encontrar un mundo fuera de las rejas. Ellos me dieron alas”. Mientras el Estado y la sociedad terminan de convencerse de que el tema de las drogas tiene un componente carcelario tan inhumano como inaplazable en el que las mujeres pagan un alto costo, Liliana Orjuela vive su trajín a diario con su mamá y sostiene que ahora trata de construir una vida en libertad, consciente de que perderla por un error es costoso, pero no puede significar condena eterna. “Espero que la situación de las cárceles mejore y que la sociedad no nos juzgue por haber estado presas. Yo solo quiero salir adelante. Mi mamá es mi mayor motivación, aunque uno piensa hasta en volver a delinquir porque no hay oportunidades”.
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