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En Pivijay, Magdalena, las casas se inundan cada temporada de lluvia, en especial los barrios ribereños Oasis, Palenque y Schiller. En octubre de 2021, no fue la excepción. Al menos 521 familias resultaron afectadas por el aguacero que desbordó, de nuevo, el caño Schiller. La alcaldía del municipio declaró la situación de calamidad pública en 2022. También en noviembre de ese año, el presidente Gustavo Petro decretó la situación de desastre nacional por la ola invernal, que permitió la contratación exprés en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con recursos de un fondo especial administrado por la Fiduprevisora.
A propósito de esas condiciones especiales de contratación, el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, firmó muchos contratos para realizar obras que mitigaran los impactos de las inundaciones, entre esos, uno por más de $24.000 millones, en Pivijay, con el Consorcio Manejo de Inundaciones Pivijay. Hoy, a pesar de que se supone que está en ejecución, y hay una emergencia declarada y prorrogada en dos ocasiones, los contratistas no han hecho la primera excavación.
Para el momento de la firma de este contrato, no se había destapado el escándalo de corrupción que hoy tiene a López negociando con la Fiscalía un acuerdo de colaboración con la justicia para una eventual rebaja de pena, junto con el exsubdirector de esta entidad, Sneyder Pinilla. López y Pinilla ya confesaron haber participado en un enorme entramado corrupto, que habría beneficiado a contratistas, congresistas, altos funcionarios del Gobierno y hasta la guerrilla del ELN. La audiencia de imputación de cargos en su contra continúa el 31 de agosto.
El contrato de las obras en Pivijay, que analizó El Espectador, no se encuentra disponible para su consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). De hecho, hace parte de la lista de 65 contratos a los que pudo acceder este diario que, a los ojos de la Fiduprevisora, presentan indicios de posibles irregularidades. En el documento también se advirtió de su posible relación con la aprobación de los principales proyectos de ley del Gobierno en el Congreso. De ese paquete, este diario ya reveló en una publicación anterior las conexiones de dos de estos contratos, firmados también por Olmedo López, con personas y empresas ya mencionadas en la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra del exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez por corrupción.
Pero volvamos a las obras prometidas en Pivijay, Magdalena. El calendario de ejecución contemplaba dos meses de trabajos preliminares y doce más de construcción. El acta de inicio se firmó el 28 de diciembre de 2023, lo que indica que la obra debió iniciar en marzo de este año, pero aún no ha llegado ni siquiera la primera maquinaria amarilla.
Según le explicó a este diario José Manuel Díaz, representante legal del Consorcio Manejo de Inundaciones Pivijay, las excavaciones no han empezado porque en el planteamiento inicial del proyecto no se contempló el material necesario para rellenarlas. “Estamos a la espera de que la Fiduprevisora apruebe la legalización de los ítems no previstos para arrancar la obra. Hasta ahora nos hemos concentrado en los trabajos previos como la relocalización y replanteo, desmontes y retiro de material”, dijo Díaz, y agregó que se trató de un “error involuntario”.
Ese “error” tiene detenida la obra, pero el contrato sigue en ejecución, y la única manera de resolver esta falla es modificar las cláusulas iniciales, es decir, firmar un otrosí. Según el contratista, la Ungrd ya aprobó la modificación, pero la Fiduprevisora no ha avanzado con el trámite. Hasta que eso no suceda y se desembolse el anticipo, el contratista no empezará la obra. Aunque esta no sería la primera vez que se modifica este contrato.
Los hermanos Castillo Baute
El consorcio elegido, a través de un proceso de contratación directa, está compuesto por tres empresas: Inversiones Grandes Vías e Infraestructura, David’s Ingeniería y Conimaq. La primera, Grandes Vías, ya había sonado en un escándalo de corrupción en 2020, también con dineros entregados por la Ungrd, cuando recibió dos contratos por más de 23.000 millones en batas antifluido durante la época de la pandemia.
Los accionistas de Grandes Vías son los hermanos Miguel Camilo y David Ricardo Castillo Baute, reconocidos megacontratistas, oriundos de Valledupar (Cesar), que hacen parte de la malla empresarial que ha monopolizado la contratación pública desde 2016, según un informe de la Auditoría General. Los Castillo Baute también han sido mencionados en escándalos de corrupción en el pasado y, actualmente, están siendo investigados por la Fiscalía en un caso de posible corrupción en las obras de acueducto La Mesa – Anapoima, pues hicieron parte del consorcio que recibió uno de los tres contratos que siguen en la mira del ente acusador.
La sombra de los Nule
Además, en el Concejo de Bogotá denunciaron su cercanía a los Nule en el Consorcio Chicó 2009, creado para un proyecto que les entregó directamente el Ministerio de Defensa para que construyeran viviendas para el comandante y subcomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, en un barrio del norte de Bogotá. Según reportó El Tiempo, en 2011, el Ministerio de Defensa estuvo a punto de declarar la caducidad del contrato, pero les otorgó más plazo para que terminaran las obras.
En conversación con este diario, Miguel Castillo Baute fue enfático en que en el Consorcio Chicó 2009 no había ninguna empresa de los Nule. Las tres empresas que conformaron ese consorcio fueron Tecniciviles, Grandes Vías y ABS Materiales y Servicios. Las dos primeras eran empresas de la familia Castillo Baute. Sin embargo, en 2009 aparecen dos socios clave como accionistas de Tecniciviles: Mauricio Galofre Amín y Marcela Alíes, reconocidas fichas de los Nule, actualmente condenados por pactar millonarias coimas para la entrega de licitaciones de obra en el carrusel de la contratación en Bogotá. Se trató del escándalo más grande de corrupción en la historia de la capital del país, que estalló en noviembre de 2010 y terminó con la condena del entonces alcalde, Samuel Moreno; su hermano, el senador Iván Moreno; entre otros funcionarios y contratistas. Además, Marcela Alíes fue condenada a 4 años y 6 meses de prisión por falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y corrupción agravada, en medio del escándalo de corrupción de Fonade, en el que se pagaron coimas al exsenador Musa Besaile y otros congresistas.
De hecho, Tecniciviles de los Castillo Baute, recibió anticipos, en 2010, que no pudo justificar, por $1.118.084.352, por las fallidas obras de la Calle 26, en Bogotá, cuando Mauricio Galofre Amín era representante legal de la Unión Temporal GTM, que controlaban los Nule. La Corte Suprema de Justicia así lo registró en el fallo que profirió en su contra:
En su defensa, Castillo Baute explicó que en 2009 no tenía idea de que Galofre Amín estuviera en negocios turbios con los Nule y que todo se supo después. “Llevo cargando una cruz desde hace tanto tiempo, me vinculan con ellos, pero ellos nunca fueron socios de mi empresa. Gracias a los artículos de periódicos donde me vinculaban con ellos, me bloquearon en bancos y aseguradoras, pero fui aclarando todo eso y a pesar de todo esto he mantenido mi empresa trabajando y haciendo las obras”, dijo en diálogo con El Espectador.
¿Contrato sin garantías?
Precisamente, por esas malas experiencias con las aseguradoras en el pasado, el Consorcio Manejo de Inundaciones Pivijay le pidió a la Ungrd que aceptara cambiar las condiciones para amparar el contrato. Inicialmente, el contratista tenía que presentar una póliza de cumplimiento, con el respaldo de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. Pero, en noviembre de 2023, un mes después de haber firmado el contrato, el consorcio manifestó a la interventoría que las empresas Berkley, Nacional de Seguros, La Equidad Seguros, Seguros Sura, Seguros Mundial no quisieron amparar el contrato de obra.
La Ungrd aceptó la modificación y les facilitó el camino, permitiendo que presentaran una fianza mercantil. Es decir, en palabras sencillas, que el contratista se comprometía a tener un fiador que solo respondería solidariamente en caso de que existiera algún incumplimiento o sanción en el contrato. Así lo explicó la firma de abogados Duque Botero.
Según estos expertos en contratación pública, los contratos entregados por entidades regidas por el Estatuto General de Contratación (Ley 80) no se pueden asegurar con fianzas mercantiles. Pero como la Ungrd es una entidad de régimen especial, puede darse el lujo de tener su propio manual de contratación. Por eso, dentro de su reglamento, los contratistas sí pueden presentar una fianza mercantil como garantía de cumplimiento.
La fianza que presentó el Consorcio Manejo de Inundaciones Pivijay fue emitida por Grancolombiana de Fianzas S.A. Una empresa a la que ya le han rechazado fianzas mercantiles en el pasado. En 2020, por ejemplo, el Juzgado 23 Civil de Bogotá, rechazó una de sus fianzas mercantiles, asegurando que si bien respalda a terceros que firman contratos y presta asesorías económicas, no son una institución financiera.
¿Múltiples oferentes?
Antes de entregar el contrato de Pivijay a este consorcio, la Ungrd envió invitación a tres empresas: además, de Inversiones Grandes Vías e Ingeniería SAS, a Turpial Ingeniería y a GCI Grupo de Construcciones de Ingeniería SAS Zomac. Las ofertas de las últimas dos empresas se rechazaron de plano. Pero un análisis más detallado de esas compañías, realizado por este diario, reveló conexiones entre sus accionistas.
Según el acta de asamblea de accionistas de CGI Grupo de Construcciones, realizada el 12 de marzo de 2024, el accionista único es David Ricardo Castillo Baute, hermano de Miguel Camilo y uno de los accionistas de Grandes Vías. Además, la otra empresa, Turpial Ingeniería, es propiedad de Alfredo Jesús Amín Yaber, un contratista conocido en el caribe por varios escándalos de corrupción. Amín, a través de su empresa Turpial, ha tenido negocios con Julio Palomino Castillo, el accionista único de Conimaq, otra de las empresas del consorcio que ganó el contrato en Pivijay.
Es decir, todas las empresas a las que se le envió invitación a ofertar hacían parte del mismo grupo de personas. Un patrón que ya identificó la Corte Suprema de Justicia en el pasado y que se repite en el caso del exsenador Ciro Ramírez. Además, este no es el único contrato que se firmó entre la Ungrd, durante la dirección de Olmedo López, y empresas de los hermanos Castillo Baute. A comienzos de agosto, el medio digital Metropolitano de Bucaramanga dio a conocer también un contrato de más de $180 mil millones para mitigación del riesgo de inundaciones en Girón, Santander, que los favoreció.
Entretanto, en Pivijay, en julio pasado, el alcalde Jorge Iván Salah, socializó con la comunidad la obra de mitigación de las inundaciones que se contrató con el consorcio que incluye a una de las empresas de los hermanos Castillo Baute. No les dijo que para ese momento la obra ya debería tener cinco meses de avance. En cambio, mencionó: “Esta obra le va a generar un enorme bienestar a toda la comunidad”.
La gente lo escuchó con escepticismo. “La comunidad sí está esperando que empiecen esas obras, porque las inundaciones por las lluvias nos afectan mucho. Ya estamos hundidos. Nadie puede moverse bien. Los niños sufren mucho de enfermedades como dengue y otras infecciones con tanto mosquito por aguas estancadas y los afecta para ir a sus clases. Ya volvieron las lluvias y esto era dizque para atender los estragos del año pasado. Así dejan los proyectos mochos acá, ya nadie les cree”, le dijo en diálogo con El Espectador un habitante del barrio Schiller, que prefirió resguardar su identidad por seguridad, pues recuerda con temor el pasado paramilitar de su pueblo.
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