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Después de morir, 13 personas siguieron contratando con entidades estatales en Colombia en los últimos dos años. Una de ellas fue Arturo Sánchez Santamaría, cuyo registro de defunción dice que falleció el 18 de noviembre de 2017, pero inexplicablemente le vendió seis días después insumos de papelería al Hospital Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca). El centro médico le pagó $679.940 al supuesto proveedor (que ya había contratado con el Estado al menos en veinte ocasiones desde 2016) por la compra de cuatro frascos de colbón, cien fólderes, cincuenta grapas, 36 lápices, seis pegastic y una caja de ganchos legajadores. Este caso y los 12 restantes son analizados por la Contraloría y fueron identificados en la plataforma Océano.
Un equipo interdisciplinario del ente de control se dio a la tarea de desarrollar este centro de información contractual, que por el momento consolida una base de datos de los contratistas del Estado entre 2016 y 2018. ¿Quiénes son?, ¿en qué regiones se concentran?, ¿con qué otros empresarios se conectan?, ¿están o no inhabilitados? y ¿firmaron contratos estando muertos? son algunos de los interrogantes que ayuda a resolver el sistema. Así fue como la Contraloría concluyó que 13 presuntos muertos recibieron 24 contratos que suman $78’196.504.
Entre las perlas de estos procesos de contratación se encuentran actas en las que las entidades afirmaron haberse reunido con difuntos contratistas. Este es el caso de la Institución Educativa Asamblea Departamental, en Medellín (Antioquia), que contrató a Gloria Mesa Montoya el 8 de marzo de 2017, tres días después de su fallecimiento, para el suministro de materiales de papelería por $12’200.500. A la siguiente semana, la entidad redactó un acta de liquidación y finalización del contrato en la que aseguró que el rector y la señora Mesa se reunieron en la escuela y concluyeron que el servicio fue prestado satisfactoriamente. Sin embargo, la mujer no firmó el documento que se publicó en la plataforma de contratación Secop.
Una historia similar se repitió en Granada (Meta), donde las monjas de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora contrataron a Ludivia Muñoz Garibello para que les proveyera tres botellas de champaña para el brindis de la ceremonia de grados. El negocio se suscribió el 18 de junio de 2018, a pesar de que la contratista había muerto hacía dos años. En el acta de iniciación del contrato, la rectora hizo constar que se reunió con Ludivia Muñoz, a quien le pagó $150.000. Ambas partes del contrato firmaron el documento.
Pero los casos más insólitos son los de María González Roa y Luis Tique Lamprea. La primera suscribió “con su puño y letra” un contrato con la Registraduría cinco meses después de su defunción. La entidad, donde irónicamente reposa el documento que acredita legamente su muerte, tomó en arriendo un inmueble en San Eduardo (Boyacá), para que allí funcionara la Registraduría municipal. El negocio se pactó en $4’051.836. Tique Lamprea, por su parte, fue contratado tras su muerte por la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima para que proveyera metros de plástico y rollos de lona, a pesar de que su esposa había cancelado su matrícula mercantil como persona natural.
En una carta enviada a El Espectador, tras la publicación de este artículo, la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima aclaró que en mayo de 2017 compró los bienes al establecimiento de comercio «Plásticos La Novena», del que era propietario Tique Lamprea. Debido a que el dueño había fallecido para la época, sus herederos adelantaban un proceso de sucesión que concluyó hasta septiembre de 2017. Por ese motivo, la orden de servicio aparece a nombre de Tique Lamprea.
«Es importante precisar que, pese a que la persona natural fallezca, sus obligaciones continúan, hasta tanto se termine el juicio de sucesión y que su fallecimiento no conlleva a la cancelación del establecimiento de comercio. En el interregno del fallecimiento y hasta su adjudicación no podrían los herederos tomarse atribuciones como, por ejemplo, la modificación del propietario, más que agregar al nombre del fallecido la palabra ‘en sucesión’», agregó Jaime Eduardo Melo Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima.
Otras cámaras de comercio que negociaron con fallecidos son las de Medellín y Honda. En el caso antioqueño se contrató dos veces a Álvaro de J. Valencia Cano a escasas dos semanas de su deceso, en febrero de 2016, para que publicitara unas campañas de la entidad en periódicos y radio. Por esa labor, el contratista recibió $2’030.500. Un año después, en suelo tolimense, la difunta María Guzmán Troncoso fue contratada dos veces para que proporcionara ensaladas de frutas a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Honda que se capacitaron en los temas de circular única y registro público.
Al respecto, dicha entidad aclaró a este diario que no se trata de ningún hecho irregular. «La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima simplemente efectuó una compra de unas ensaladas de frutas en un establecimiento de comercio con matrícula mercantil vigente y renovada para la fecha de la compra; siendo imposible para cualquier persona o entidad verificar si el propietario de todos los establecimientos en los que adquieren algún bien o servicio está vivo o muerto (…) Es pertinente advertir que aun cuando un propietario de una unidad económica fallece, el establecimiento de comercio queda como un bien relicto, es decir de aquellos que integran la masa de la herencia y a pesar de la muerte de su titular legalmente subsiste como una universalidad jurídica. Por ello nuestra legislación le permite continuar con sus operaciones», afirmó William Calderón Perdomo, presidente de la Cámara de Comercio de Honda.
Pero si el listado de contratistas muertos se filtra según la entidad contratante, el primer lugar lo ocupa el Hospital San Carlos, en San Pablo (Nariño). Allí se firmaron ocho de los nueve negocios que le otorgaron a Gerardo Jaramillo, tras fallecer el 18 de noviembre de 2017 y que suman $6’126.000. El mismo día de su deceso firmó dos contratos con el hospital público para el suministro de llantas de una ambulancia y el mantenimiento de dicho vehículo. Más adelante, el 24 de noviembre, suscribió otro contrato por la provisión de combustibles y lubricantes, justificación que se repitió en los siguientes negocios con el centro hospitalario.
Sin embargo, el contrato más reciente que menciona a Jaramillo es de enero de 2018 y fue suscrito por el Centro de Salud Hermes Andrade Mejía, en Tangua (Nariño). Allí figuró como representante legal de Serviteca Las Mercedes y proporcionó llantas para otra ambulancia, aunque el espacio de su firma quedó en blanco. Ese mismo centro de salud de Tangua contrató a otro difunto: Hosen Muhammad Joma, a quien, en calidad de representante legal de Almacén Hassan, le adjudicó la dotación de tres vestidos “Kosta Azul de hombre” y dos “conjuntos jeans sporting de mujer” para algunos de sus empleados. La compra costó $ 1’607.139, pero la firma de Hassan no quedó en el contrato.
Los últimos casos detectados ocurrieron en la región Caribe y en el Eje Cafetero. Dairo Ríos Baena contrató con el Instituto Departamental de Deportes de Magdalena, en los dos meses siguientes a su defunción, para coordinar unos juegos intercolegiados en San Sebastián. Entre las obligaciones del contratista quedó consignada la de garantizar la veracidad de la información registrada por los colegios. “El contratista declaró que se encuentra debidamente facultado para suscribir dicho contrato”, se lee en el documento.
Finalmente, María Castellanos Álvarez fue contratada en el Instituto Técnico Superior de Pereira, un mes después de su muerte, por el préstamo de 200 sillas y sesenta mesas rectangulares que se usaron en un evento del centro educativos.
Con todos estos datos, la Contraloría empezó a detectar posibles irregularidades en la contratación pública del país y planea ponerles la lupa a todas las regiones para no darle tregua a la corrupción que suele colarse en los negocios con el mismo Estado.
*Si tiene información sobre este caso, escriba a investigacionee@elespectador.com
NOTA DEL EDITOR: las versiones de las Cámaras de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y de Honda, Guaduas y Norte del Tolima fueron incluidas en este artículo, después de su publicación, y en ellas se aclara que los contratos en referencia no suponen ninguna irregularidad
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