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Hace dos meses este diario le puso la lupa a la primera licencia para comercializar un biofertilizante con hoja de coca, de la multinacional Power Leaves Corp., que tanto ha publicitado este Gobierno. El Espectador revela que detrás de esa empresa estaría Gabriel Ricardo Morales Fallón, cuestionado empresario que fue señalado por las autoridades (según él mismo) como posible testaferro del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía (Chupeta). También fue investigado por lavado de activos y se han registrado alertas por ese delito en siete países (Colombia, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, Brasil y Perú). En 2011, fue condenado por falsedad material en documento público.
Un equipo periodístico de este diario revisó decenas de documentos y viajó hasta dos de las plantas de transformación del biofertilizante Ancestral, ubicadas en el municipio de Páez (Cauca), donde trabajan más de 25 personas, entre indígenas de la región y científicos bogotanos y extranjeros, en la transformación de productos de hoja de coca para producir insumos agrícolas, pero también, en un futuro, productos comestibles derivados de esa planta.
Allí los químicos hacen un proceso con la hoja de coca para retirar la sustancia psicoactiva que se usa para fabricar cocaína. “Lo hacemos porque somos la primera iniciativa que va a trabajar la hoja de coca sin alcaloide y ese es nuestro plus”, le dijo a este diario Victoriano Piñacué, vocero del proyecto en el territorio.
Es decir, el alcaloide —que para los narcos es “oro puro”— se incinera en hornos, pero el seguimiento de este proceso es responsabilidad “autónoma” de las autoridades indígenas, sin que haya seguimiento de ninguna entidad para verificar su efectiva destrucción. De hecho, tras esta investigación, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, anunció que haría un acuerdo con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) para certificar la eliminación de la sustancia, pero a la fecha sigue sin materializarse, como le confirmó a este periódico esa oficina multilateral.
A pesar de estos cuestionamientos, Gabriel Morales Fallón defiende su inocencia y asegura: “La única realidad es que no tengo antecedentes penales en Colombia ni en ningún país”. Sin embargo, confirmó a este diario que aquí le abrieron tres investigaciones preliminares por el delito de lavado de activos y un proceso de extinción de dominio.
“En dichas investigaciones nunca fui vinculado formalmente, no se inició investigación contra el suscrito y todas terminaron con archivo, acto inhibitorio o preclusión a mi favor”, afirmó. Sobre el proceso en el que fue señalado de ser supuesto testaferro de Chupeta, Morales le confirmó a El Espectador que se trató de un proceso de extinción de dominio en 2007 de un predio en el corregimiento de Barú (en Cartagena).
Según él, la actuación judicial tuvo su origen “con base en información suministrada por un falso testigo” y el proceso, según su versión, lo desvinculó de la investigación porque “no se logró determinar ninguna relación comercial o de ningún tipo entre Morales Fallón y Ramírez Abadía (…) A partir de esa decisión, dejé de ser presunto testaferro”, señaló.
Si bien Morales Fallón no aparece en documentos de la junta directiva de Power Leaves Corp. ni es mencionado en ningún registro como socio o inversionista, El Espectador conoció y verificó varios correos electrónicos que enviaba desde enero de 2022 con el asunto “junta directiva Power Leaves”, en los que informaba en detalle a varios empleados de la empresa sobre el avance del proyecto.
En uno de los correos habla, por ejemplo, de la gestión para licenciar productos de coca descocainizados frente al Invima, la construcción del laboratorio de fertilizantes, una planta de transformación en Neiva y un invernadero controlado para estudios de fertilizantes líquidos. Anuncios claves que en 2022 eran apenas proyectos, pero hoy son una realidad en el Cauca.
Gabriel Morales afirmó que no es accionista de la compañía, inversor ni miembro de la junta directiva. Según él, solo es “consultor de un grupo de aborígenes que tiene un convenio de cooperación con Power Leaves Corp. en Colombia”.
No obstante, en uno de los correos, en poder de este diario, Morales Fallón les informa a los empleados los resultados de una de las juntas directivas en las que él habría participado. Interpelado sobre estos mensajes, Morales no desconoció su veracidad, pero afirmó que él no integra la junta directiva y que, por lo tanto, no podría convocar esos espacios: “Cualquier interacción con asesores o empleados de Power Leaves obedeció a mi rol como consultor de los aborígenes y siempre actuando en derecho y bajo la ley”, dijo.
En papeles, el representante legal de esa empresa es Antony Valencia Palma, quien fue nombrado en la junta directiva el 4 de febrero. Sucedió en ese rol a Ramón Ricardo Castellanos Sáenz, quien tampoco es desconocido para Gabriel Morales Fallón. Desde 2009 fue presidente de Petroleum Exploration International en Colombia, una de las empresas en las que figura Morales y personas de su familia, cuya compañía matriz es Pexin USA LLC, en Estados Unidos, según registros empresariales consultados.
Aunque en su perfil profesional de LinkedIn, Morales expone que es vicepresidente de mercados emergentes de Pexin USA LLC (la empresa matriz de Petroleum Exploration), en respuesta a este diario, aseguró que esa empresa ya no le pertenece.
Consultado por este diario, Castellanos confirmó que hoy es director y presidente de Petroleum Exploration en Panamá, pues la filial en Colombia fue liquidada en 2022. Según él, su paso por la empresa petrolera de Morales Fallón y, después, por Power Leaves, no tiene relación con el cuestionado empresario. “Lo conozco en su rol de asesorías”. Aunque este diario tiene documentadas comunicaciones cruzadas entre Morales y Castellanos por la empresa de hoja de coca.
Ahmed Shehata, consejero general de Power Leaves, quien figura en documentos de Cámara y Comercio como único accionista en Colombia, envió un correo aclarando que “el señor Gabriel Morales Fallón no tiene ninguna relación directa y no está involucrado con la empresa, ya sea como inversionista, accionista, director, funcionario, empleado o de otra manera. Como tal, no tenemos conocimiento de ninguno de sus tratos pasados ni tienen ningún impacto en nuestra empresa”.
No obstante, este diario también tiene registro de una citación con asunto “PL reunión del equipo”, que se agendó el 1.° de marzo de 2022, a la que, entre otras personas, estaban invitados Gabriel Morales Fallón, Antony Valencia Palma (actual representante legal) y Patrick McCutcheon, CEO de Power Leaves en Canadá; es decir, la casa madre de la filial.
De acuerdo con el correo de Ahmed Shehata, Morales “actuó como asesor de algunos grupos indígenas con los que la empresa trata, pero, para reiterar, no tiene ninguna relación directa con y no está involucrado con Power Leaves Corp.”.
La cercanía de abogados de “Otoniel” con Morales Fallón
La empresa Pexin USA LLC (ahora llamada Petroleum Exploration Internacional), en su constitución, en 2007, llegó a tener en el cargo de “directores” a los penalistas Paul Nalven y Alexei Schacht, abogados de conocidos exparamilitares colombianos, como Dairo Antonio Úsuga (Otoniel), comandante máximo de las AGC o Clan del Golfo —como la apodaron las autoridades—, extraditado en 2022 a Estados Unidos y condenado recientemente en ese país a 45 años de prisión por narcotráfico.
Nalven y Schacht asumieron la representación legal de Otoniel en Estados Unidos apenas un mes después de su extradición a ese país para responder por el delito de narcotráfico. Los abogados ya habían llevado casos similares de exparas y exnarcos extraditados como Juan Carlos Ramírez (Chupeta), condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, y Diego Fernando Murillo (don Berna), quien paga una condena de 31 años por el mismo delito.
En los registros empresariales figura que Pexin USA LLC tenía cuatro directivos: los dos abogados estadounidenses mencionados (Nalven y Schacht), la señora Doris Marcela de Morales (madre de Gabriel Morales) y Gabriel Morales Hernández.
Consultado por este diario, el abogado Paul Nalven aseguró que ya no tiene ninguna relación con la empresa petrolera de la que fue directivo y sobre Morales Fallón indicó: “No tengo relación ni contacto con él hace muchos años. Es un excliente y tengo reserva profesional con él”.
Alexei Schacht también envió un correo a El Espectador en el que asegura que sus clientes Otoniel y Gabriel Morales Fallón no se conocen entre sí. En su comunicación, advirtió que es falso que “los narcotraficantes, a través de mí, estén haciendo algo mal” y defendió su labor como jurista, aclarando que no es el eslabón de ninguna cadena de lavado de dinero. “Lo que usted espera decir —y es falso— es que los narcotraficantes a través de mí están haciendo algo mal. Si planeas escribir que Power Leaves y yo no hemos violado ninguna ley y he actuado profesionalmente, entonces no habría una historia escandalosa”, escribió.
El negocio de cannabis medicinal y derivados de coca
El interés de Morales por la comercialización de productos hechos con plantas históricamente estigmatizadas por su uso psicoactivo no es nuevo. Este diario también pudo corroborar un acuerdo de pago entre Morales Fallón y Flora Growth Corp., empresa de comercialización de productos de cannabis medicinal, que también ha tenido resonancia mediática por ser la única compañía colombiana de cannabis que cotiza en la bolsa de valores de EE.UU. (Nasdaq por sus siglas en inglés).
El acuerdo de préstamo, de fecha del 17 de abril de 2020 fue por un valor de 100.000 dólares canadienses, lo equivalente a poco más de $278 millones. El préstamo se selló con Damián López, quien figuraba entonces como representante de la empresa de cannabis colombiana. El nombre de Damián también aparece relacionado en los correos cruzados del equipo de Power Leaves, en enero y marzo de 2022.
La misma empresa de cannabis confirmó la veracidad de este acuerdo de préstamo. Sandra Milena Barreto, representante legal de Flora Growth, explicó que se trató de una consultoría. “El contrato en mención es la garantía del pago anticipado de honorarios (a Gabriel Morales Fallón).
Morales actuó en nombre de otra de sus empresas: Consultances and Consultancies of Latam by GM LLC. Una empresa con un nombre similar, solo que con una letra distinta (Consultancies and Consultancies of Latam by GM LLC S. A. S.) está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2021.
Lo curioso es que esa empresa, lejos de ser de consultorías, como lo indica su nombre, tiene en Colombia el objeto social de “licitación y contratación legal, minera, exploración, explotación, transformación, comercialización y exportación de todo tipo de minerales y piedras preciosas”. Sin embargo, no tiene licencias mineras vigentes en Colombia ni permisos ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Pese a las coincidencias, Morales negó tener algún nexo con esta consultora. “La empresa [suya] es Consultances and Consultancies of Latam By GM LLC de Estados Unidos. Soy consultor independiente. Dentro de mi actividad legal comercial puedo hacer consultorías o pedir anticipos en forma de crédito convertibles en servicios prestados a futuro. En Colombia se llamaría un anticipo a servicios”, explicó.
En documentos, la representante legal en Colombia y única accionista es Ivonne Astrid Gómez Rojas. Aunque Morales desconoció esa empresa, este diario conoció de la existencia de una persona con ese mismo nombre que aparece relacionada en correos electrónicos de empleados de Power Leaves. Pese a ello, Morales aseguró que no tiene empresas en Colombia, Costa Rica ni Panamá, sino solo la consultora en Estados Unidos. Este diario intentó comunicarse vía correo electrónico y celular con Gómez, pero al cierre de esta edición no había emitido una respuesta.
De Flora Growth a Power Leaves
No son pocos los trabajadores de Flora Growth que han aterrizado también en Power Leaves. Damián López, quien recibió el préstamo de Morales Fallón para la compañía de cannabis, figura en comunicaciones vía correo electrónico de la empresa Power Leaves Corp. en 2022, en las que se citaba a reuniones del equipo.
Otro nombre que se repite en ambas compañías es el de Carolina Mejía Liévano, abogada y vicepresidenta de Asuntos Corporativos en Power Leaves, quien fue vicepresidenta jurídica y vicepresidenta de Asuntos Corporativos también en Flora Growth, compañía de cannabis medicinal a la que llegó apenas siete meses después de haber dejado su cargo de subdirectora de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes en el Ministerio de Justicia, en 2019, durante el gobierno Duque.
El Ministerio de Justicia le confirmó a este diario que, como parte de las funciones de esa subdirección que ocupó Mejía en 2019, está la “evaluación, expedición y seguimiento de las licencias de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo”.
Sin embargo, Carolina Mejía explicó que Flora Growth, empresa a la que llegó después de pasar por el Minjusticia, “no es una empresa licenciataria de cultivo de cannabis y, por tanto, no está sujeta a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad a la que estuve vinculada”.
Según Mejía, su llegada a Power Leaves fue en marzo de 2023; sin embargo, este diario tiene registros del cruce de correos electrónicos (ver en facsímiles pasados) en los que Gabriel Morales Fallón informaba a Carolina Mejía (entre otros empleados), desde enero de 2022, sobre asuntos de la consolidación de esa empresa de productos con hoja de coca.
Esos contactos se hacían, de acuerdo con la información en poder de este diario, al correo corporativo de Flora Growth de Carolina Mejía. Interpelada por este diario, mencionó: “Por mi experiencia profesional y porque conozco a uno de los representantes de las comunidades indígenas del Cauca que lideran este proyecto, he prestado asesoramiento a la compañía desde sus inicios”.
Lavado de activos en la mira de siete países
Aunque el nombre de Gabriel Morales Fallón no había vuelto a resonar en Colombia, no es un desconocido para las autoridades. El más reciente capítulo de esa historia fue en 2013, cuando estalló un escándalo en Costa Rica porque la entonces presidenta, Laura Chinchilla, se había movilizado a Perú y Venezuela en un jet privado prestado, de propiedad de una empresa de Gabriel Morales, a quien en ese momento relacionaban con supuestas conductas ilícitas asociadas al negocio del narcotráfico, por la extinción de dominio en el caso de posible testaferrato de Chupeta.
Ese episodio político les costó la cabeza a tres altos funcionarios del gobierno Chinchilla: el comisionado Antidrogas, el ministro de Comunicaciones y la asistente personal de presidencia. El empresario se refirió al caso y aseguró que nunca conoció a la presidenta Chinchilla ni engañó a ese Gobierno. “La presidenta pidió prestado un avión que yo utilizaba. Algún periodista consultó internet y repitió una noticia con una difamación”. Por ese escándalo, Morales confirmó que en Costa Rica se abrió en su contra una causa penal por blanqueamiento de capitales o lavado de activos. “Causa que terminó a mi favor mediante decisión del 7 de julio de 2015”, precisó Morales.
Este diario confirmó con la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial de Costa Rica que hay registradas siete solicitudes de asistencia penal internacional contra Morales Fallón; es decir que en siete países (Panamá, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Perú, México y Costa Rica) las autoridades han emitido alertas contra Morales por el posible delito de lavado de activos.
La Fiscalía de Costa Rica le confirmó a este diario que el expediente por supuesto lavado de activos fue abierto en 2015, pero el caso está archivado y “no se establecieron personas imputadas individualizadas”.
Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, la cartera que le ha puesto el pecho a la licencia y la ha defendido como “la más tangible apuesta de la política antidrogas del gobierno Petro”, dijo: “Si hay cuestionamientos frente a cualquier otra razón distinta al otorgamiento del registro del fertilizante, tendrá que ser revisado por las autoridades competentes”.
El colombiano Gabriel Morales Fallón fue nacionalizado costarricense en 2011. En ese país, de hecho, se cambió el apellido materno por Falán, algo que también hizo en Colombia ante la Registraduría. Según él, porque su apellido materno —Fallón— “es sinónimo de defecto, falla, falta; y segundo, porque mi apellido es de origen irlandés y en inglés la LL suena como L”.
En 2013, el diario El Tiempo reveló que se firmó un acuerdo entre la DEA y la Fiscalía colombiana con Morales Fallón para “protegerlo y reubicarlo en Costa Rica a cambio de información sobre investigaciones por narcotráfico y lavado de activos”. Fuentes judiciales en Costa Rica le confirmaron a este diario la existencia de ese acuerdo entre Morales y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
El Espectador también accedió a los movimientos migratorios de Morales Fallón en Costa Rica y pudo determinar que, al menos en registros gubernamentales, su última entrada a ese país fue el 8 de febrero de 2023, cuando tomó un vuelo hacia Estados Unidos. El mismo Morales confirmó que reside en ese país, según él, porque “este país me ofrece mayores garantías para corregir cualquier desviación que afecte mi reputación o buen nombre”.
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Por Valentina Parada Lugo
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