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El Espectador reveló el fin de semana los detalles de cómo policías adscritos a la Inspección General llevaron parte de la investigación en contra de su jefe, investigado por admitir aceptar presiones de altos mandos para archivar posibles faltas disciplinarias. Luego, estos funcionarios se fueron a trabajar con el coronel en retiro en los mismos asuntos en el INPEC. Este diario conoció la destrucción de un pliego de cargos en contra de un teniente coronel en Pamplona que se suma a las posibles irregularidades en el archivo de investigaciones internas en esta dependencia.
Lea la primera parte de esta investigación: “Yo te absuelvo, tú me contratas”: un carrusel de favores en la Policía
De paseo
Cuando el teniente coronel Ricardo Caneva le ordenó a un patrullero que lo llevara a Bucaramanga desde Pamplona, para un asunto personal, en una camioneta oficial de la estación de Policía de ese municipio, no se le ocurrió que eso le costaría una investigación disciplinaria. Por usar bienes de la institución en beneficio propio le imputaron “faltas gravísimas”.
A pesar de que el pliego de cargos tiene fecha del 22 de enero de 2021 y está firmado por el entonces inspector general Jorge Luis Ramírez, el documento fue destruido. En su lugar, el entonces inspector Ramírez firmó el archivo de la investigación en marzo de ese año y el teniente coronel Caneva quedó absuelto.
Un funcionario de esa oficina se percató de la destrucción del pliego de cargos e imprimió una copia alojada en la memoria interna de la impresora. Luego, de forma anónima, interpuso la denuncia ante esa misma inspección, adjuntando copia del documento que se creía destruido, con la esperanza de que se iniciara una investigación .
Sin embargo, la investigación terminó antes de comenzar, pues en el auto que avoca conocimiento de la denuncia se explica que el inspector general tiene autonomía y discrecionalidad para decidir, a la luz de la evidencia, el curso de un proceso disciplinario. Así, un inspector delegado desestimó la denuncia anónima y archivó el proceso en mayo de 2023, pero no justificó el cambio tan drástico en el proceso contra Caneva, en el que, considerando las mismas pruebas, el inspector Ramírez, en menos de dos meses, pasó de imputar faltas graves a título de dolo a decidir que no había méritos para imputar ninguna conducta.
Ante la inacción de la Policía, el denunciante escribió un memorial explicando cómo el intendente José Alejandro Morales (el mismo que llevó parte de la investigación contra el coronel Moreno y luego trabajó para él en la oficina de asuntos disciplinarios del INPEC, donde continúa tras la renuncia de Moreno) se confabuló, al parecer, con el intendente Cristian Beltrán y el capitán Fabián Chaves para proyectar decisiones que favorecían a los investigados, aprovechando la confianza que el inspector general tenía depositada en ellos.
Según el denunciante, el general Ramírez, al igual que otros que pasaron por ese cargo, firmaba casi “a ciegas” todo lo que le proyectaban los sustanciadores, y estos aprovechaban para transar por su lado con esas decisiones. El memorial fue enviado en marzo de 2022 al entonces director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, al presidente Iván Duque y al fiscal Francisco Barbosa, pero ninguno hizo nada.
El Espectador recibió la denuncia y pudo constatar que el denunciante hizo parte de la inspección general de la Policía en la época de los hechos, pero se reserva la identidad de la fuente para protegerla.
A la trituradora
En marzo de 2015, el teniente coronel Ricardo Caneva, hoy en retiro, recibió tres días de descanso de su asignación en la estación de Policía de Pamplona, Norte de Santander, y le ordenó a su conductor que lo llevara a Bucaramanga. Mientras tanto, en la estación de Pamplona estaba el teniente coronel Fredy Correa, quien notó la ausencia de la camioneta que tenía asignada Caneva. Luego de revisar que no estaba siendo usada en ninguna labor de servicio, Correa ordenó iniciar la investigación que duró seis años y terminó en la inspección general de la Policía, en Bogotá.
En el pliego de cargos que se creía destruido, el mayor general Jorge Luis Ramírez le reprochó al teniente coronel Caneva que, conociendo las normas de la Policía, hubiera dispuesto de un bien de la Policía en beneficio propio. También lo acusó de poner en riesgo la integridad del patrullero John Delgado, quien tuvo que regresar solo en la camioneta policial en una zona que tiene alta presencia de grupos armados ilegales.
“El señor teniente coronel (r) Ricardo Manuel Caneva Piñeros, en su condición de oficial superior de la institución, tenía conocimiento que usar un bien de la Policía Nacional para beneficio propio, cuya administración se le había confiado por razón de sus funciones, podría constituir, según las tres reglas en la naturaleza disciplinaria, un comportamiento antijurídico”, se lee en el pliego de cargos firmado en junio de 2021. Por eso, el inspector Ramírez imputó la conducta a Caneva a título de dolo. Pero todas las acusaciones terminaron en la trituradora de papel.
El funcionario de la inspección general que denunció la destrucción del pliego de cargos escribió en su memorial: “Me duele, como Policía y servidor del Estado, ver que este tipo de conductas se callan por no ser tildado de soplón o ser señalado”. Poco más de un mes después de la firma del pliego de cargos, el inspector Ramírez ordenó el cierre de esa investigación. Tanto el documento destruido como el auto de archivo fueron redactados por los mismos funcionarios, pero en el expediente solo se guardó este último.
Los argumentos para cerrar la investigación contradicen completamente los cargos que fueron presentados poco antes. Este nuevo documento dice que “es evidente para este despacho que en ese instante no le era viable al conductor del automotor dejar a la deriva al investigado, ya que, como se puede apreciar, este no contaba con otros medios de transporte para realizar su desplazamiento”.
Entre los funcionarios que participaron en la redacción de estos documentos resalta el nombre del intendente José Alejandro Morales Cárdenas, quien hizo parte del grupo de procesos disciplinarios de primera instancia bajo el mando del coronel Herney Moreno, a quien luego tuvo que investigar. Aunque ese proceso también terminó en archivo y absolución del investigado, fue uno de los factores que precipitaron la salida del coronel Moreno de la Policía y su llegada al INPEC, a donde se llevó a su pupilo Morales, que continúa en ese puesto. Beltrán y Chaves siguen en la Inspección General de la Policía.
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Por David Riaño Valencia
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