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A comienzos de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le jaló las orejas al concejal Édward Arias, gracias a una queja que se radicó en la entidad, pues el político había enviado mensajes de texto a los celulares de varios ciudadanos, sin que ellos lo hubiesen autorizado. El mensaje era el siguiente: “Te deseo una feliz navidad y un próspero 2022, espero poder servirte como médico y concejal. Édward Arias, Partido Verde”.
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La SIC determinó que el concejal realizó un tratamiento ilegal de los datos personales de varios ciudadanos, porque ellos no lo habían autorizado, y le ordenó eliminarlos. Además, la entidad le remitió el expediente a la Procuraduría para que adelantara una investigación, pues Arias es un funcionario público. Pero el caso del concejal del Partido Verde no es el único. Por hechos similares, la SIC abrió seis investigaciones.
En entrevista con El Espectador, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, asegura que la queja más frecuente de los ciudadanos es que les hacen llamadas por robots o call center, y que les llegan mensajes de textos o correos electrónicos sin haberlo autorizado. Entre 2019 y 2020, la entidad ha admitido 62 denuncias por tratamiento ilegal de datos, de las cuales el 93 % tienen que ver con ese tipo de conductas.
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Se acercan las elecciones y los ciudadanos se quejan por recibir mensajes en sus celulares invitando a votar por uno u otro candidato. ¿Es legal que nos lleguen esos mensajes a nuestros celulares?
Solamente será legal en la medida en que hayamos dado la autorización del uso de nuestros datos, con el fin de poder recibir esa publicidad política. Si nos llegan y no tenemos certeza de por qué nos están llegando o no hemos dado la autorización para los mismos, serán considerados ilegales y, por esa razón, un ciudadano podrá presentar al candidato o a una campaña la solicitud de retiro de la información y, posteriormente, la queja ante la Superintendencia.
¿Cómo funciona el tratamiento ilegal de los datos personales en época electoral? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un candidato o una campaña política sobre el tratamiento de datos personales?
Como en cualquier otro uso o tratamiento de datos, tendríamos que tener la autorización del titular para utilizarlos. Eso tiene que constar en una autorización que, por lo general, se hace por escrito, en un formulario electrónico, con unas casillas de chequeo o en un correo electrónico, en el que se haya consentido esto. Lo segundo es que no es lícito ni está permitida la compra de base de datos o el uso de bases de datos de terceros o piratas. Desafortunadamente, antes era muy usual que las personas vendieran bases de datos o utilizaran bases de datos que tenían, por ejemplo, de negocios o de comercios, y terminaban utilizándolas con fines políticos.
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Entonces, el tratamiento ilegal será siempre que no medie la autorización o que el titular no haya dado la autorización. En ese sentido, sí es lícito recolectar los datos siempre y cuando los ciudadanos hayan dado la autorización. Por ejemplo, que milite en ese partido político y, para efectos de haberme inscrito, haya dado un consentimiento expreso para utilizarlo; que haya accedido a utilizar información del partido o que me hayan contactado por correo electrónico, mensaje de texto o cualquier otra vía para poder dar mi consentimiento informado, o que, por ejemplo, como es usual, saliendo de algún evento masivo, haya firmado una planilla donde específicamente haya autorizado el uso de tratamiento de datos.
Por lo demás, no está permitido, sería un uso ilegal, y la campaña, el candidato o el movimiento tendría que proceder a no utilizarlos o suprimirlos, y el ciudadano estaría en capacidad de presentar una queja si es que eso no sucede en el término de ley, que debe ser de 15 días. Cuando hablamos de campañas políticas, estos son datos sensibles, tienen una protección mayor de cara a lo que se puede y no se puede hacer con ellos.
A comienzos de año, la SIC ordenó al concejal Édward Aníbal Arias Rubio eliminar los datos obtenidos ilegalmente. ¿Qué otros políticos y candidatos están siendo investigados por esto mismo?
A la fecha no hay investigaciones sancionatorias al respecto, hay que recordar que el tema del concejal llega por una queja y se empieza a hacer la investigación. Es una investigación administrativa, en ese sentido se requerirá al investigado, habrá un período de pruebas y descargos, y se tomará una decisión.
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Pero con los temas de los “políticos” hay que tener dos particularidades: 1. Cuando se es candidato y no se tiene ningún puesto de elección popular, se es un ciudadano particular, y la autoridad que investigaría y sancionaría sería la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Cuando se es candidato y se está esperando la reelección o ya se tiene cargo de elección popular, uno ya es funcionario público. En ese caso, la Superintendencia adelanta la investigación, pero remite el expediente a la Procuraduría, para que sea la que tome la decisión. Entonces, los datos personales, en general, los vigila la SIC. Pero cuando son vulnerados por funcionarios públicos, la decisión la toma la Procuraduría con base en la investigación que adelanta la Superintendencia.
¿Cuántas investigaciones adelanta la SIC por tratamiento ilegal de datos con fines electorales? ¿Cuál es el estado de esas investigaciones?
Tenemos seis actuaciones administrativas, es decir, seis investigaciones en curso, por hechos similares al que le pasó al concejal Édward Arias. Si ya es funcionario, se enviará a la Procuraduría. Si es candidato (particular), se tomará una decisión (en la SIC), que puede ir desde una orden, como no contactar al ciudadano o suprimir los datos, hasta la imposición de una multa.
¿Qué ha encontrado la SIC en este contexto electoral? ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes que se han presentado frente al tratamiento ilegal de datos?
Por lo general, los ciudadanos se quejan de que no han dado autorización para el uso de sus datos, de que les hacen llamadas por robots, que los llaman de un call center, les llegan mensajes de textos o correos electrónicos. Ese es el principal asedio que aducen los ciudadanos cuando se están dando campañas políticas. Entre 2019 y 2020, hemos recibido 62 denuncias, respecto de las cuales el 93 % tienen que ver con ese tipo de conductas: que los contactaron sin tener certeza de haber autorizado el uso de datos con fines políticos.
¿Qué puede hacer un ciudadano para reclamar cuando le lleguen mensajes electorales a su celular?
Lo primero es cerciorarnos de que no hayamos dado nuestra autorización. Por ejemplo, que el ciudadano no milite en ese partido político y haya permitido el uso de tratamiento de sus datos. Si no tiene certeza de que ha hecho un consentimiento expreso, puede requerir por cualquier medio al partido y candidato, y solicitarle expresamente dónde está la autorización que ha dado para el uso de esos datos. Si eso no se da y si no los suprimen ante su solicitud, ya puede presentar su PQR ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que adelantará la investigación.
Cambiando de tema, la SIC investiga el supuesto cartel laboral del fútbol y la existencia de las listas negras. ¿En qué va ese caso?
Va en la fase de apertura, es decir, la delegatura de protección de la competencia, que es la que se encarga de investigar, está adelantando su investigación. El anuncio que se hizo es de apertura y es un proceso administrativo que surtirá las etapas que son, bien sea que los investigados presenten garantías, que varios de ellos lo han hecho, y eso les permitiría el cierre anticipado de la investigación; y/o que se derive en la presentación de un informe motivado por parte de la delegatura, que es una “acusación”, que sube al despacho del superintendente para que, junto al consejo asesor de competencia, se tome una decisión que va desde la imposición de multas hasta otras órdenes.
¿Cuándo se conocerá la decisión de fondo?
No tiene un término previsto en la ley, los casos de competencia, dependiendo de su gravedad, de la cantidad de investigados, de lo complejo de la investigación, se demoran lo que se demore desentrabar el proceso. Lo que sí podemos decir es que potencialmente no es un caso que le tocará a esta administración, que termina el 7 de agosto de 2022. Pero de los casos que hemos fallado, los más de 30, nunca nos hemos demorado más de entre 18 y 24 meses.
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