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El Estado destina más de $100 billones al año para contratar a miles de personas y desarrollar actividades tan fundamentales como construir una vía, diseñar una política pública, suministrar alimentos o reparar escuelas. Todo esto se hace con recursos públicos, de ahí la importancia de que cada proceso de contratación se adelante con transparencia y que los contratistas escogidos no tengan tacha alguna. De hecho, la ley prohíbe negociar con quienes están sancionados disciplinariamente con destitución y con los responsables fiscales que aún no han pagado sus multas.
Sin embargo, pese a estas restricciones, el Estado contrató entre 2016 y 2018 por más de $4.000 millones con trece responsables fiscales y siete sancionados disciplinariamente. En el primer caso, la norma prevé que quienes hayan sido declarados responsables fiscales no puede ejercer cargos públicos ni contratar con el Estado durante los cinco años siguientes al fallo. Esa inhabilidad cesa solo cuando el sancionado paga la multa a la Contraloría o cuando es excluido del boletín de morosos, pues la finalidad del proceso es que la persona repare el detrimento que ocasionó al erario.
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Entre los casos clasificados en la plataforma Océano de la Contraloría, que no suponen procesos sancionatorios o condenas en el ente de control, se encuentra el del ingeniero civil Ramón Iván Arenas Castillo. En su calidad de representante legal de la firma interventora R. Ingeniería Ltda., Arenas quedó obligado en mayo de 2017 a pagar cerca de $85 millones por irregularidades en la ejecución de un contrato en Buga, entre las cuales se encontraron actividades con sobrecostos o no ejecutadas. Pero, tras ser hallado responsable, Arenas firmó diez contratos con el Instituto Nacional de Vías (Invías) por más de $650 millones.
Otro caso es el de Ana Elvia Acosta Carranza, quien, según la Contraloría, no ejerció adecuadamente su cargo de interventora en obras de mejoramiento del acueducto de la vereda Pavitos, en Barranca de Upía (Meta), por lo que le ordenó pagar $1.253 millones en octubre de 2018. El ente de control constató que faltó planeación y estudios previos. Después del primer fallo, Acosta contrató otras 13 veces con las gobernaciones de Boyacá y Vichada y las alcaldías de Ibagué, Puerto Gaitán y Cajicá, así como la empresa de acueducto de Villavicencio. Sus contratos en los últimos dos años suman más de $157.000 millones.
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Acosta siguió contratando con el Estado mientras la Contraloría decidía su situación en segunda instancia. Aunque no estaba configurada la inhabilidad, expertos en contratación le dijeron a este diario que era claro que existía un riesgo latente respecto a esta contratista y aun así se aceleró su contratación en las distintas entidades estatales. En la Gobernación de Vichada, por ejemplo, se suscribió un contrato por $19.000 millones y otro con la administración central del municipio de Puerto Gaitán por $12.000 millones.
De forma similar, el contratista José Vicente Mariño Becerra firmó tres contratos por más de $300 millones con las alcaldías de Moniquirá, Arcabuco y Chivatá (Boyacá), pese a haber sido declarado responsable fiscalmente en septiembre de 2018 y multado con el pago de $213 millones. Las irregularidades por las que hoy es moroso del Estado ocurrieron en el municipio de Sáchica (Boyacá), donde se evidenció mala calidad en el 80 % de unas obras de adoquinamiento de las vías urbanas del municipio.
En la otra orilla de inhabilitados para contratar con el Estado están los sancionados disciplinariamente por la Procuraduría. De acuerdo con la ley, esta prohibición aplica a las personas que han sido destituidas de sus cargos públicos por incumplir sus deberes o las normas. En esta categoría están, por ejemplo, dos casos de contratistas que, pese a estar inhabilitados, participaron en convocatorias públicas a través de la figura de consorcio y otros dos que, estando suspendidos provisionalmente de sus profesiones de ingenieros, fueron contratados para ejercer funciones propias de estos oficios.
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Uno de los casos más llamativos es el del administrador de empresas Alonso Enrique Cuello Daza, inhabilitado en el año 2008 por haber sido electo concejal de Valledupar (Cesar) estando inhabilitado, pues su hermano ocupó un cargo en la DIAN doce meses antes de la votación que le permitió acceder al Concejo. La Procuraduría calificó la falta de dolosa teniendo en cuenta que Cuello tenía “pleno conocimiento y voluntad de estar inhabilitado”. Por esas razones lo destituyó e inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por un término de 12 años.
La destitución conlleva que el sancionado no puede contratar con el Estado en los cinco años siguientes. Es decir, Cuello estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero contrata con el Estado desde 2016. En el Secop aparecen unos 13 contratos firmados por él como representante legal de la Cooperativa de Servicios Especiales del Norte. Los negocios suman más de $1.600 millones y fueron suscritos para la prestación del servicio de transporte en la Alcaldía de La Paz (Cesar), el Hospital San Rafael (La Guajira) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Todos fueron adjudicados mediante distintas modalidades de contratación, como la licitación pública y la subasta. Y como este caso, en la actualidad las autoridades están mirando con lupa cada uno de los casos similares, a fin de determinar si hay o no motivos para abrir una investigación sobre lo que está sucediendo. Mientras esto acontece, expertos recuerdan que, en la actualidad, celebrar contratos estatales con personas inhabilitadas acarrea una sanción que imposibilita volver a contratar con el Estado durante cinco años.
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