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María* tenía 14 años. Vivía con su abuela en una comuna empobrecida de Medellín. Llevaba dos años desescolarizada y recuerda que había días en los que solo les alcanzaba para desayunar. La propuesta de tener relaciones sexuales con un estadounidense a cambio de dinero llegó por una amiga del barrio, que tenía 13 años, y que ya lo frecuentaba en sus apartamentos alquilados por períodos largos. Se hospedaban en los alrededores del centro de la capital antioqueña, a través de internet, por Airbnb, una popular plataforma internacional de renta de bienes.
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“Yo primero iba a hacer la limpieza del apartamento y después él me hizo la propuesta de tener sexo a cambio de dinero. Pensé en todas las necesidades que tenía en mi casa y accedí. Nunca había tenido relaciones sexuales antes y creí que, pues, sería algo normal… pero desde el primer momento el hombre fue superagresivo. Le gustaba humillar, denigrar. Le gustaba dejarlo a uno inconsciente, ahorcarlo, pisotearlo, golpearlo en la cara, escupirlo, cosas así”, sostiene María en entrevista con El Espectador, dos años después de ser víctima de esos abusos.
La condena a Michael W. Roberts
Michael Wayne Roberts, de 41 años, fue maestro de primaria del Distrito Escolar Independiente de Austin, Texas, pero residía por tiempos largos en Medellín, donde compraba servicios sexuales y explotaba sexualmente a menores de edad. Así lo estableció la Corte Federal del Oeste de Texas, que lo condenó hace seis días a siete años de cárcel y 10 más de libertad bajo supervisión de las autoridades. El juez también ordenó a Roberts pagar US$147.844,51 para indemnizar a sus víctimas y registrarse como delincuente sexual en Estados Unidos.
Durante la lectura del fallo, Alejandro M. Amaro, el agente especial encargado del caso de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations o HSI, por su sigla en inglés) de San Antonio, Texas, aseguró: “Esta sentencia es un testimonio de que HSI sigue comprometido con la identificación de individuos que se aprovechan de nuestra población más vulnerable, especialmente de quienes ocupan cargos de confianza pública”.
La investigación estuvo a cargo de HSI, en Estados Unidos, la Fiscalía y la Policía Nacional de Colombia. Según los documentos judiciales, Roberts vivía en Medellín cuando pagó para abusar y explotar sexualmente a tres colombianas, entre los 13 y 15 años, en múltiples ocasiones entre diciembre de 2020 y junio de 2021, en pleno confinamiento por la pandemia del covid-19.
Una de esas tres menores fue María: “Fue algo muy peligroso, pudo haberme matado, era muy violento. También tuve suerte de no enfermarme de alguna infección, porque nos decía que él no usaba preservativos, y era claro que no éramos solo tres, fuimos muchas más”, dice, y recuerda lo chocante que fue ver las fotos de él y su hija, muy cercana a su edad, en una de las repisas del apartamento.
Después de cada acto y abuso sexual, María se disociaba de la realidad: “Mi cerebro me intentaba proteger de ese momento traumático. Fumaba marihuana para salir de ahí, para irme. Él me ofrecía drogas fuertes, pero no me gustaban tanto, me daba miedo perder completamente la conciencia. No poder escapar o moverme si se ponía demasiado violento”. Su historia, y todo lo que padeció, no era conocida antes de esta publicación. En cambio, la noticia que se difundió en su momento fue diametralmente distinta. Contaba que un estadounidense había sido atacado en Medellín con un puñal varias veces y que, por el crimen, habían sido capturadas dos menores de edad. Era junio 12 de 2021.
Michael Wayne Roberts, de 41 años, fue maestro de primaria del Distrito Escolar Independiente de Austin, Texas, pero residía por tiempos largos en Medellín.
“El día en que él fue agredido, nosotras (una joven de 13 y otra de 15 años) estábamos en la tienda cercana a su apartamento. Él nos había citado en la mañana para tener relaciones sexuales y, sin saber muy bien cómo, al final, dejamos la puerta sin ajustar y entraron dos hombres encapuchados que lo hirieron y robaron. A nosotras nos capturó la Policía. Fue muy traumático”, comentó María. La prensa las reseñó como victimarias, mientras Roberts viajaba de regreso a Estados Unidos en un vuelo humanitario. Sin embargo, algo no cuadraba en la historia.
La fiscal de la Dirección Seccional de Antioquia que asumió el caso encontró suficientes elementos para descartar que el estadounidense fuera solo un extranjero víctima de robo y abrió una investigación que le dio un giro de 180 grados a esta historia. Un año y medio después, el 15 de septiembre de 2022, Roberts fue arrestado en Estados Unidos por “conducta sexual ilegal con menores”, informó la justicia de ese país. Las menores detenidas en centros de acogida recuperaron su libertad y sus aportes fueron determinantes en la investigación. En febrero de 2023, el estadounidense se declaró culpable de los tres cargos de conducta sexual ilícita en un lugar extranjero.
“Esta sentencia refleja que aquellos que participan en conductas sexuales con menores, independientemente de dónde ocurran, tendrán que rendir cuentas por sus crímenes atroces y depredadores”, dijo durante la lectura de fallo, el 10 de mayo pasado, el fiscal federal Jaime Esparza, del Distrito Oeste de Texas.
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Fue un momento tenso, así lo recuerda Tayler Schwab, quien apoyó este caso como integrante de la organización Operation Underground Railroad (OUR, por su sigla en inglés), que lucha contra el tráfico y la explotación sexual de niñas y mujeres en 30 países y 50 estados de Estados Unidos. La madre y padre de este hombre estadounidense lloraban y se agachaban de la vergüenza.
Durante la audiencia, el juez reconoció la condición de víctimas de estas menores de edad y les llamó la atención a los abogados de la defensa de Roberts, que fueron capaces de sostener en la lectura de la condena que “no era para tanto”, porque se trataba de “prepagos de Colombia”. “Esperaba una condena más larga, pero igual creo que es un proceso muy importante, porque les devolvió la esperanza en la justicia a tres chicas violentadas. Siento una gran vergüenza de los estadounidenses que viajan a hacer turismo sexual a Medellín y otras ciudades de Colombia y países de la región, y que terminan violando a niñas y mujeres vulnerables. Esta condena es una muestra de que estos hombres no pueden abusar de ninguna de ellas, menos, solo por ser pobres”, dijo Tayler en diálogo con este diario.
María escuchó la lectura del fallo a través de una llamada telefónica desde su casa refugio en Medellín. Lloró, celebró de felicidad y recordó cómo empezó todo: “Al principio también me negaba y decía, no, yo no quiero ayuda, yo estoy bien, pero todo lo que viví empezó a verse reflejado en mi salud. Me hundí mucho más en las drogas, buscando una ventana para no ver ese abismo. Han pasado dos años desde que fui detenida y luego reconocida como víctima. Y aún sigo recuperándome. Hoy me siento segura, protegida y respaldada por la justicia. Ya no soy solo una victimaria ni una víctima, soy una sobreviviente, y me siento muy orgullosa”.
La explotación sexual de niñas y mujeres en Colombia está en aumento, aunque el subregistro de casos es incalculable. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior, a través de la Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial y Lucha Contra la Trata, son una muestra: mientras que en 2018 se registraron 44 casos de colombianas víctimas de explotación sexual, en 2022 hubo 67 y en lo que va de 2023 (hasta el 15 de marzo) van 17 víctimas registradas. Medellín es una de las ciudades en donde las autoridades han alertado de este fenómeno criminal.
Hace ocho meses la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia lanzó una alerta por la explotación sexual de menores que se está dando en Medellín, en apartamentos de barrios de ingresos medios y altos, y en la calle, porque es notorio que a cualquier hora del día se ven extranjeros con niñas y adolescentes tomadas de la mano, aseguró la delegada Yucelli Rincón.
Después de cada acto y abuso sexual, María se disociaba de la realidad: “Mi cerebro me intentaba proteger de ese momento traumático. Fumaba marihuana para salir de ahí”, aseguró en diálogo con El Espectador.
La respuesta del alcalde Daniel Quintero se conoció el 2 de mayo pasado, con operativos policiales y medidas restrictivas de acceso y de persecución a las mujeres y niñas que, según las autoridades, podían estar inmersas en redes de prostitución en el Parque Lleras y sus alrededores.
Pero la historia de María es un buen ejemplo de cómo se mueve el delito de explotación sexual de niñas y mujeres en Medellín. “Me moví en carros pedidos por plataformas web y pagados por anticipado. Este hombre siempre me citó en apartamentos alquilados por Airbnb. Cuando llegaba, los porteros nunca me pidieron ni un documento, ni nombre, ni nada”. Por eso, para las expertas en estos temas, como la jueza Helena Hernández, las medidas del alcalde Quintero, lejos de combatir este delito, criminaliza a las jóvenes, porque vuelve a poner el foco sobre ellas y no sobre quienes pagan y demandan servicios sexuales de menores de edad (nacionales y extranjeros), que mantienen activas esas redes en Medellín y en otras capitales de Colombia.
*Su nombre real fue protegido por razones de intimidad y seguridad.
*Si es víctima de abuso o explotación sexual por algún ciudadano estadounidense y busca apoyo, puede contactar a ourrescue.org.
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Por Natalia Herrera Durán
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