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Esta semana en la Tramacúa, como se conoce popularmente a la cárcel de mediana y máxima seguridad de Valledupar (Cesar), ocurrió un encuentro impensable. En los 22 años de historia de este temido establecimiento carcelario, al que son enviados los criminales de más alto perfil delictivo en el país, nunca se había promovido un evento de esta naturaleza. Mucho menos en el patio seis, el de mayor seguridad del penal. El Espectador conoció los detalles de la primera mesa por la “paz total” en una cárcel del país, con presencia de representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA y el acompañamiento del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
En el patio de “atención especial” están privados de la libertad 16 reclusos. El único que no intervino en las conversaciones del 26 y 27 de septiembre en la Tramacúa fue Luis Alfredo Garavito, el asesino en serie y violador de 186 niños que hoy está condenado a 40 años de cárcel. El resto adecuó un salón abandonado del penal que bautizaron “Salón de Paz”, convocando para la tarea a presos de otros patios, con la anuencia del cuerpo de vigilancia y la dirección del penal. En las labores alcanzaron a pañetar y a pintar las paredes, organizar el piso y poner un par de ventiladores y sillas. Su ilusión es que en adelante sea un espacio de capacitación para la paz.
El ambiente fue festivo. Nadie supo de las conversaciones y tensiones previas que los quince presos habían superado. Paradójicamente, lo que los distanciaba no eran sus orillas ideológicas opuestas que defendieron a muerte cuando estaban libres para la guerra, sino las reflexiones en torno a su contribución en este evento. Para algunos, por ejemplo, resultó incómoda la participación de Rafael Uribe Noguera, condenado a 52 años de cárcel por el secuestro, violación, tortura y asesinato de Yuliana Samboní, de siete años, en diciembre de 2016. Se preguntaban cuál podía ser su aporte si, además, no hizo parte ni conoció las dinámicas de los grupos armados.
Uribe Noguera explicó que su participación no tiene que ver con la perspectiva de recuperar su libertad en el mediano plazo, lo hizo solo para contribuir a la creación de proyectos de tratamiento a los drogadictos. Según él, esta fue su condición y hay muchos reclusos en las cárceles en las mismas circunstancias. No solo están tras las rejas, sino que también son presos de la droga; de hecho, la siguen consumiendo y comprando dentro de las cárceles. Un tratamiento especial podría ayudar a que, cuando recuperen su libertad, no vuelvan a delinquir fácilmente. La mayoría entendió su punto y aceptó su participación. En todo caso, todos allí fueron procesados o condenados por graves delitos y violaciones a los derechos humanos.
En la mesa de paz en ta Tramacúa estuvieron Jairo Hugo Escobar, conocido como el Zar del Oro, condenado a 55 años de prisión por el homicidio de cuatro mineros en Segovia (Antioquia); Jáder Luis Morales Benítez o JJ, comandante paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, excluido de Justicia y Paz por fugarse de la cárcel Modelo de Barranquilla y responsable de la masacre de cinco personas en Codazzi (Cesar) el 5 de abril de 2001. Con ellos estuvo Carlos José Robayo Escobar o Guacamayo, un antiguo capo del norte del Valle que fue extraditado a Estados Unidos y que volvió a delinquir a su regreso a Colombia. Es conocido por someterse a más de diez cirugías y procedimientos estéticos para evadir tanto a las autoridades como a sus exsocios.
Participaron también Óscar Marino Calle Perdomo, narco del norte del Valle, condenado por una masacre en Medellín en septiembre de 2019; Henry Hernández Peñata, paramilitar del Bloque Norte, responsable del asesinato del francés Philipe Thirer, en junio de 2007; Geovanny Alberto Cortés o Eliécer, eslabón de las Agc o Clan del Golfo en Córdoba; Óscar Camargo Ríos o Pichi, conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga; Álvaro José Mateus, comandante del Eln procesado por el atentado contra la Escuela General Santander; Sebastián Murillo Echeverry o Lindolfo, de la oficina de sicarios de Envigado, y Francisco Antonio Durango Úsuga o Ariel Rodríguez, comandante de las Farc, rearmado en la Segunda Marquetalia.
Tampoco faltaron Norbert Quiroga Poveda, comandante de Los Pachenca, articulador de las actividades violentas del grupo paramilitar que estuvo al mando de Hernán Giraldo, en el Magdalena; Richard Arley Díaz Garay o Cóndor, comandante de los reductos guerrilleros del Epl en Norte de Santander, capturado en octubre de 2020 por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas; Juan Pablo Úsuga Torres o Reseco, procesado como comandante de las Agc, sobrino de Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022, y Juan Camilo Goes Ruiz, o Dimax, señalado narco de las Agc, de alto valor para las autoridades.
Reunidos alrededor del mensaje “Unidos por la paz”, los quince presos iniciaron la jornada escuchando un audio de diez minutos enviado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda: “La paz total es inclusión, sin excepción alguna (…) Sus aportes serán bienvenidos en el diálogo abierto que estamos sosteniendo con diversos actores de la sociedad colombiana: con iglesias, con abogados, con sectores de la academia y, sobre todo, con aquellos que siguen viviendo y padeciendo las violencias (…) Por eso mi mensaje es: cuenten con un espacio que la oficina de paz abrirá para que ustedes sean escuchados (…) Tenemos la responsabilidad de ser alfareros de un nuevo país”.
Uno a uno hablaron de la crisis carcelaria, del hacinamiento, de los tratos indignos y denigrantes, de cómo se violan los derechos humanos y se cometen delitos. Carlos Robayo habló de aprender de los fracasos de anteriores acuerdos de paz. Jairo Escobar resaltó que una forma de acabar la violencia es escuchar a los presos e incluirlos en los planes legislativos y las políticas carcelarias. Richard Arley Díaz planteó que para evitar las extorsiones desde las cárceles se pueden crear empresas que permitan a los presos generar ingresos para sus familias. Francisco Durango concluyó que no se puede hablar de paz total sin incluir a los presos y pidió una comisión de la verdad que cuente lo que pasa en los penales.
El boliviano Daniel Millares, coordinador de justicia de la Mapp OEA, y Mariana Caramagna, coordinadora de la misma organización internacional en Valledupar, los escucharon atentos. Millares resaltó la “génesis” de esa mesa de paz como un momento para que las cárceles se humanicen y ofreció capacitación en “transformación de conflictos”, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y derechos humanos. El sacerdote Jairo Enrique Martínez, capellán de la cárcel, aseguró que, aunque se quiera desconocer, los presos no se deben dejar por fuera y que en los esfuerzos de paz pueden contar con la Iglesia. La jornada se extendió hasta las cinco de la tarde y fue rica en iniciativas para conjurar la crisis carcelaria.
El origen
La idea de esta mesa de paz empezó a rondar en la cabeza de Jairo Hugo Escobar cuando recibió la visita del entonces comisionado de Paz Léyner Palacios, quien llegó a escuchar versiones de los actores de la guerra. Desde entonces, Escobar se dio a la tarea de darle forma a ese espacio junto a sus vecinos de patio y el pasado 1 de septiembre lo formalizaron en una carta al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Tenemos la voluntad de proponer, construir y elaborar planes eficaces para la inclusión de excombatientes de cualquier agrupación y las víctimas que se encuentran en los territorios afectados, y mediar de manera directa en la pacificación y detención de la violencia cíclica y permanente que azota a Colombia”, expresó la misiva.
La carta firmada por trece de los presos del patio seis indicó: “dadas las acciones que nos trajeron a este lugar, estamos en capacidad de ofrecer a nuestros compatriotas una mediación inmediata en la desmovilización de varias estructuras que cubren desde el Valle del Cauca hasta la costa norte, disminuyendo los sacrificios de vidas humanas y evitando la destrucción de infraestructuras vitales para el desarrollo de la patria”. En la carta, los reclusos también pidieron autorización al comisionado Rueda para nombrar un vocero de sus “intenciones de paz” y ratificaron su disposición a “establecer patrones adecuados de conducta dentro de los establecimientos carcelarios”.
“Este encuentro en la Tramacúa constituye un mensaje de esperanza, que queremos replicar en otras cárceles. La próxima será Cómbita. Es importante que en los proyectos de ley que se piensen para dialogar, se tenga en cuenta a los reclusos, porque ellos hacen parte de la realidad que tenemos que transformar”, concluyó Brenda Acosta, abogada de la Fundación International Law Assist, que promovió la mesa. De acuerdo con los mismos presos, el 80 % de los delitos del país se originan u ordenan desde las cárceles. Lo constató el último informe sobre prisiones latinoamericanas del Centro de Investigación de Crimen Organizado InSigth Crime. Una realidad a la que no se le puede seguir dando la espalda.
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Por Natalia Herrera Durán
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