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La irlandesa Siobhán Mullally, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, estuvo de visita oficial en Colombia, del 22 al 30 de mayo. Visitó Cartagena, Cúcuta, Apartadó, Necoclí, Pasto e Ipiales, entre otros lugares, en donde las organizaciones defensoras de derechos humanos están alertando sobre un crimen que está en aumento: la trata de personas. Según su definición internacional, este delito habla de la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas (recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción) para obtener su consentimiento con fines de explotación. Esa explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como el matrimonio servil o la extracción de órganos.
En Colombia y en el mundo, la forma más común de trata es con fines de explotación sexual y sus víctimas son las más vulnerables: niñas, adolescentes y mujeres pobres, racializadas o migrantes. En diálogo con El Espectador, Mullally aseguró también que la gestación subrogada con fines comerciales, conocida como vientre de alquiler, es una forma de trata (cuando una mujer acepta, a cambio de dinero u otra retribución, llevar un embarazo y parir un bebé para entregarlo por encargo). Un fenómeno muy popular en Europa y Estados Unidos entre parejas de celebridades o personas de ingresos altos como el futbolista Cristiano Ronaldo, la actriz Kim Kardashian o los cantantes Ricky Martin y Elton John, entre otros. Actualmente, en el Congreso colombiano se tramita un proyecto de ley del Ministerio de Justicia que busca regular y no prohibir esta controversial práctica.
¿Considera que la gestación subrogada conocida también como vientre de alquiler es una forma de trata de personas?
Sí, es una forma de trata de personas. Por eso hablé de la importancia de vincular a estos temas globalmente al sector salud, sobre todo en el caso de los vientres subrogados para propósitos comerciales que tienen impacto además especialmente en mujeres de comunidades pobres y marginalizadas. Entonces, hay que trabajar en las medidas de protección, prevención y programas integrales para fortalecer el sector salud, enseñarles, capacitarlos para que se prevenga este tipo de explotación.
En el comunicado público que hizo tras su visita al país, elogió al Gobierno por la política de protección a migrantes, como estrategia de prevención de la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual. Sin embargo, hemos documentado que los tiempos de expedición de esos documentos en la práctica se demoran mucho, más de seis meses, en algunos casos, lo que sigue dejando a quienes migran muy expuestas a caer en redes de trata. ¿Cómo ve ese asunto?
Vemos como una buena práctica darle el estatus de protección durante 10 años a esos migrantes, pero, sin duda, ha habido retrasos para tener acceso a esta documentación. Me parece que debe haber más recursos, sobre todo recursos humanos, de personal, para tratar de reducir las demoras, los retrasos, sobre todo cuando las personas llegan en situación de vulnerabilidad, para que puedan regular su estatus, porque los grupos ilegales explotan esta vulnerabilidad cuando no tienen estos documentos. Debemos mirar los procesos, aumentar la velocidad de esa implementación, en particular en las áreas rurales o de frontera. Pero diría que celebramos la medida y que es significativa. Sé que ha sido extendida hasta junio de este año y será útil si es posible extenderla nuevamente para asegurar la regularización de los estatus de estas personas.
En su declaración también mencionó la importancia de tener lugares de acogida seguros y de acceso para estas migrantes y mencionó, específicamente, el paso por el Darién. ¿Cree que en la frontera con Venezuela también es clave tener estos espacios? Porque allí está más que documentado que quienes migran, especialmente, mujeres con hijos pequeños, pueden terminar presas de grupos armados.
Sí, como dice, muchas mujeres jóvenes migrantes en particular están en alto riesgo de explotación, sobre todo en la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces resalto la importancia de tener alojamientos seguros, servicios de asistencia en todos los cruces fronterizos, y tener un sistema de identificación proactiva. Yo sé que las redes criminales nacionales y transnacionales les apuntan sobre todo a las mujeres y niñas migrantes, y a los niños que viajan solos. También se necesita mayor cooperación internacional para combatir este tipo de crímenes y las violaciones de los derechos humanos.
¿En la documentación de casos a la que tuvo acceso en su visita mencionaron al Tren de Aragua como una organización criminal que está detrás de la explotación sexual de migrantes y colombianas?
Sí, aunque también han mencionado otros grupos y redes criminales, dependiendo del área geográfica.
De hecho, otro de los grupos mencionados por víctimas de explotación sexual en la frontera con Venezuela es el ELN, que hoy está en un proceso de paz en La Habana, que atraviesa dificultades. ¿Cree que la explotación sexual de niñas y mujeres vulnerables debe ser parte de la agenda que se discuta cuando hablen de paz?
Sí, es de suma importancia que el proceso de construcción de paz, también la agenda de paz total, se fije e incorpore medidas para prevenir la trata de personas para todos los propósitos de explotación, incluyendo la explotación sexual. Eso es esencial para lograr la paz total, o un proceso de construcción de paz. Si eso no se aborda va a ser un detrimento de la iniciativa de paz. También en la agenda de Mujer, Paz y Seguridad hay que prevenir la trata y dar protección a las víctimas, asegurarse de que haya respuesta a las sobrevivientes.
Otra preocupación que hay en Colombia es que el país se siga promocionando con el “turismo sexual”, sobre todo porque hemos documentado que detrás de ese paraguas hay muchos casos de explotación sexual de niñas y mujeres. ¿Cómo ve este fenómeno?
Sí, me parece que es un riesgo muy serio, sobre todo con el crecimiento del turismo. Colombia es un país de destino turístico, tiene mucho que ofrecer, un gran potencial, pero no para el turismo sexual. Sin duda hay preocupaciones graves de trata de personas con fines de explotación sexual, sobre todo de niñas y mujeres. Eso es una ofensa, un crimen, una violación de derechos humanos muy grave. Hay que mirar qué está pasando en el sector turismo, las empresas que están involucradas, cómo se están beneficiando o ganando utilidad de ese tipo de explotación. Necesitamos investigaciones y judicializaciones efectivas y, sobre todo, asistencia, protección y medidas de inclusión social a las víctimas a largo plazo. Colombia no tiene nada de esto en el momento. Entonces es un ciclo de trata que no termina. Son las comunidades pobres y marginalizadas las que son víctimas de este tipo de trata. Entonces hay que hacer medidas de protección efectivas.
Generalmente, cuando hablamos de estos temas nos concentramos en hablar de las víctimas, pero ¿qué se está haciendo para desestimular la demanda de estos servicios sexuales que generan que haya oferta?
Me parece que hay discusiones para abordar esas debilidades, sobre todo en el tema de rendición de cuentas, investigaciones efectivas y judicialización por trata, no solo en Colombia. Hay que reconocer que es un delito de una naturaleza agravada si es con menores de edad, entonces debe haber más cooperación en ese sentido. Me parece que también es importante un mayor enfoque en la protección de los derechos de las víctimas, como dije, a largo plazo. Necesitamos promover la igualdad de género y la discriminación a las personas LGBT, para terminar el estigma y la discriminación y obviamente evitar el riesgo de explotación.
Para terminar, usted hizo un énfasis particular en la importancia de proteger y prevenir el delito de trata en las comunidades rurales y zonas de frontera, porque Colombia se está convirtiendo en un país de tránsito de migrantes y también por el recrudecimiento del conflicto armado. Sin embargo, el desplazamiento forzado, como en otros tiempos, está volviendo a arrojar a estas personas a las ciudades, y muchas veces a entornos de alto impacto de la prostitución, en donde por sus condiciones de vulnerabilidad son fácilmente captadas para redes de explotación sexual. ¿Cómo están viendo la situación en las ciudades?
Sí, es preocupante. Debemos buscar medidas de prevención más efectivas. Eso significa asegurarse de que los que son desplazados forzados por el conflicto tengan acceso a vivienda, empleo, educación y capacitación; todas esas oportunidades. También, insisto, se necesitan investigaciones y judicializaciones más efectivas para que los que están explotando personas en situación de vulnerabilidad sean sancionados.
Por Natalia Herrera Durán
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