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Vicky Hernández fue asesinada el 28 de junio de 2009 en San Pedro Sula, Honduras. Era toque de queda, en medio de un golpe de Estado que llenó las calles con militares y excedió su fuerza. Ella estaba en la vía pública, junto a dos amigas, cuando una patrulla de policía habría intentado arrestarlas obligándoles a correr. Al día siguiente Vicky fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Doce años después de su homicidio nadie sabe quién la mató y el caso permanece impune. (Carolina Boetti, la primera trans reparada por culpa de la dictadura argentina)
Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó esta semana la decisión en la que declara al Estado de Honduras responsable por violar sus derechos, entre ellos la vida, el reconocimiento a la personalidad jurídica y el nombre, pues las autoridades siempre se refirieron a Vicky como un hombre, pese a que era una mujer. (Día del Orgullo 2021: nos siguen violentando | La Disidencia)
La sentencia, además de ser una medida de reparación para la mamá, la hermana y la sobrina de Vicky, se convierte en un precedente que impactará a los Estados de la región miembros de la Convención Americana, incluido Colombia, ya que es la primera vez que la Corte IDH resuelve el caso de un homicidio de una persona LGBTI y de una víctima trans. Uno de los hitos de esta decisión judicial es que aplica por primera vez la Convención Belem Do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) para analizar el caso del homicidio de una mujer trans. Con esto, el tribunal reafirma que las mujeres trans son mujeres. (Así fue el histórico perdón que el Estado le pidió a una lesbiana)
Es obligación de los Estados tomar medidas para prevenir las violencias contra todas las mujeres, incluidas las trans, y cuando son violentadas tienen que investigar diligentemente. Eso no pasó en el caso de Vicky Hernández. Honduras no solo fue negligente por no brindar justicia ni condenar a los responsables del homicidio, sino que violó el derecho a la vida de la mujer trans porque, según la Corte IDH, hay indicios de que es muy posible que los asesinos sean policías. (La historia de amor entre dos hombres que protegió la Corte IDH)
El 28 de junio de 2009, el presidente constitucional de Honduras fue derrocado mediante un golpe de Estado. Tras asumir el poder, Roberto Micheletti decretó un Estado de excepción y toque de queda. Vicky Hernández fue asesinada esa noche, en medio de “una fuerte presencia militar y policial que tenía el control de las calles. Las manifestaciones de la gente hondureña fueron reprimidas mediante un uso excesivo de la fuerza letal y no letal, y se produjeron detenciones arbitrarias e ilegales. Entre el 25 de junio y el 1° de septiembre de 2009, por lo menos 217 personas fueron asesinadas.
Sumado a este contexto, la violencia contra personas LGTBI en Honduras era intensa, en particular contra las mujeres trans y trabajadoras sexuales, y los mayores agresores eran los uniformados. Vicky Hernández había sido agredida antes de su muerte por un guardia de seguridad que le dio un machetazo en la cabeza, pero al acudir a la policía “los agentes le dijeron que por ellos se podía morir”. Pese a este antecedente y a que la víctima fue vista por última vez huyendo de agentes estatales, el Estado nunca investigó la hipótesis de que fueron los uniformados quienes posiblemente la asesinaron.
Las dos amigas que acompañaban a Vicky Hernández la noche de su homicidio fueron asesinadas meses después de los hechos sin que tampoco las autoridades aclararan las circunstancias. En diálogo con El Espectador, Angelita Baeyens, vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional del Robert F. Kennedy Human Rights, organización que litigó el caso ante la Corte IDH junto a Cattrachas (Organización Lésbica Feminista de Honduras), aseguró que es obligación garantizar el derecho a la identidad de género autopercibida.
“La sentencia tiene varios hitos, como la obligación de los Estados al reconocimiento de la identidad de género. Se trata del derecho a que uno pueda identificarse como decida, que el Estado lo reconozca, que eso se vea reflejado en los registros oficiales y que vaya de la mano con el reconocimiento de los demás derechos. La vida de Vicky demuestra los obstáculos que enfrentan las personas trans de acceder a la educación, oportunidades laborales y de poder vivir su vida libre de violencia”, concluyó la abogada Baeyens a este diario.
La Corte IDH ordenó diversas medidas de reparación a Honduras, entre las que se encuentran continuar las investigaciones sobre el homicidio, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, realizar un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras, crear la beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans, crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado y adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en los documentos y en los registros públicos, de conformidad con su identidad de género autopercibida.
Vicky Hernández nació el 21 de septiembre de 1983 en San Pedro Sula, donde su mamá, su hermana y su sobrina recibieron esta semana la noticia de la sentencia a su favor. Rosa Hernández, Merelin Rápalo y Argelia Reyes lloraron entre la emoción y el dolor por haber perdido a Vicky, pero también por haber sentado un precedente para las personas trans de la región tras una larga espera que se tomó 12 años. Vicky estudió hasta sexto año de escuela antes de dejar sus estudios para apoyar económicamente en su casa. Ahora un fondo de becas llevará su nombre para que otras mujeres trans puedan estudiar.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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