Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“Les solicito abstenerse de hacer cualquier tipo de negociación con algún agente, representante o con el mismo jugador, ya que lo que quieren es dividir el fútbol y sacar ventaja siempre de nosotros los clubes”. En estos términos escribió en 2019 a los clubes de la Dimayor el entonces presidente del Cúcuta, José Augusto Cadena, dejando en evidencia la existencia de una lista negra de jugadores. La comunicación fue incluida entre las pruebas con las que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la creación de un “pacto de caballeros” entre dirigentes del fútbol colombiano para controlar la contratación de los futbolistas.
La denuncia de Acolfutpro se instauró en noviembre de 2021, y la respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue formular pliego de cargos a la Dimayor, 16 clubes de fútbol y 20 particulares por la presunta comisión de actos anticompetitivos. Sin embargo, una semana antes de que concluyera el gobierno de Iván Duque, el órgano de control, en cabeza del entonces superintendente Andrés Barreto, levantó la investigación y aceptó un paquete de garantías propuestas por la Dimayor y 20 clubes afiliados a cambio de terminar el proceso y, con ello, descartar sanciones. En consecuencia, se ordenó el archivo del caso administrativo.
Apenas se conoció la decisión, Fernando Jaramillo Giraldo, presidente de la Dimayor, aseguró públicamente su complacencia en estos términos: “Sin que exista aceptación de responsabilidad de haber cometido la conducta imputada, la Dimayor y sus clubes profesionales, de manera voluntaria, se comprometieron a evitar cualquier tipo de conducta que pueda afectar el mercado de los derechos deportivos de los jugadores”. Entre las garantías planteadas se acordó reformar los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCP) y los de la Dimayor, además de suspender las conductas que estaban siendo investigadas por la SIC. (Le recomendamos: Así se aliaron ilegalmente en el fútbol para vetar a futbolistas)
Jairo Rubio Escobar, abogado que actúa en representación de Acolfutpro, quien además fue superintendente de Industria y Comercio, explicó que la decisión adoptada por la SIC no está en firme y por eso fue impugnada. “Consideramos que el mecanismo de las garantías es excelente porque se ahorran los pleitos jurídicos, pero en este caso las que se presentaron no cumplen con los requisitos que la Superintendencia ha venido pidiendo los últimos 15 años, al tiempo que implican obligaciones anticompetitivas. Estas garantías lo que hacen es ahondar y profundizar los problemas del fútbol colombiano en temas de competitividad”.
Acolfutpro interpuso el recurso de reposición ante la SIC y solicitó revocar la decisión de aceptar las garantías. El argumento central de la Asociación, como recalca el documento presentado, es que “las garantías aprobadas no inciden en la suspensión o modificación de la conducta investigada y varias de ellas, por el contrario, implican una restricción a la competencia”. En otras palabras, para el sindicato de los futbolistas la decisión adoptada por el organismo de control lo que impide es llegar a fondo en la investigación respecto a la existencia de listas negras para vetar jugadores. (Le puede interesar: La lupa de la SIC a los contratos del fútbol colombiano)
En paralelo con el proceso ante la SIC, Acolfutpro presentó una querella ante el Ministerio de Trabajo para insistir en una negociación de los derechos laborales de los futbolistas con la FCF y la Dimayor. Carlos Guarnizo, representante legal del sindicato de futbolistas ante el Ministerio, aseguró que también han sido esfuerzos infructuosos por la “postura intransigente de Fernando Jaramillo y Ramón Jesurún para sentarse a negociar. La querella se archivó y nosotros impugnamos”. En criterio de Guarnizo, no parece coincidente que ambas investigaciones declinen al final del gobierno Duque y después el expresidente aparezca como candidato a la Fundación de la FIFA.
¿Qué dice la Dimayor?
En un comunicado emitido el 2 de agosto de 2022, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, explicó el proceso que adelanta la entidad en este caso. Contó que luego de explorar diferentes escenarios jurídicos, se decidió que las garantías eran la figura adecuada, “ya que permite la terminación anticipada del procedimiento, siempre y cuando resulten suficientes para suspender o modificar la presunta conducta por la cual se investiga”. Es decir, que parte de reconocer que hay aspectos que corregir y prácticas que han limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores que son parte del fútbol profesional colombiano.
La figura de las garantías, resaltó Jaramillo, fue coadyuvada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y otros 20 clubes afiliados que no estaban involucrados directamente en la investigación. Entre las propuestas de la Dimayor, y aceptadas por la SIC, están la reforma a los estatutos de la FCF y de esta entidad, del Código Disciplinario Único y del Estatuto del Jugador de la FCF. El objetivo primordial, apuntó Jaramillo, “es proteger la libertad contractual de los jugadores profesionales”, es decir, la facultad que tienen los futbolistas para discutir las condiciones, modalidades, plazos, limitaciones, contenido y demás estipulaciones de los contratos. (Puede leer: Sigue la disputa por el “pacto de caballeros” del fútbol)
Jaramillo aclaró que no debe aceptarse ningún mecanismo jurídico o económico que impida, obstruya o dificulte la contratación de un futbolista. Además, añadió que se promoverá un sistema de información sobre la situación contractual de los deportistas y otro en el que se comuniquen las “buenas prácticas en las cláusulas contractuales. Esto será complementado con un Departamento para el Desarrollo Integral del Jugador, que promoverá el bienestar social”. Sin embargo, cuando El Espectador preguntó detalles de este tema y en general del proceso ante la SIC, recalcó que, por recomendación de los abogados, no puede dar más declaraciones.
Para David Toro, abogado del club profesional La Equidad, uno de los equipos que fue demandado ante la SIC, las garantías presentadas por la Dimayor son “estructurales e implican protección de la libre competencia en el mercado de contratación de jugadores”. La labor del club, agregó, fue coadyuvar a esa solicitud y comprometerse con garantías adicionales como la realización de capacitaciones sobre “derecho deportivo y respeto por las normas de contratación de jugadores y la libre competencia”. Con las decisiones que se vienen en el interior de la Dimayor, el abogado también fue prudente para responder los señalamientos de Acolfutpro.
Por lo pronto, con gobierno de Gustavo Petro a bordo, el pleito debe saldarse en los próximos días. La Dimayor y los clubes convencieron a la SIC de la administración Duque con su paquete de garantías de audaces propuestas que podrían ayudar a subsanar muchos vacíos y grietas en el fútbol profesional colombiano. Pero el sindicato de los futbolistas espera que sus argumentos contra ese camino prosperen, se recobre la investigación administrativa y se llegue a la verdad respecto a uno de los escenarios más herméticos en el universo del balompié nacional: los derechos de los futbolistas. Un tema que también concierne al Ministerio de Trabajo.
Vea más temas de Investigación 🔍📓 de El Espectador aquí.
Conoce más