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Hace un mes, la empresa portuguesa Mota-Engil le solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá crear un tribunal de arbitramento para resolver un billonario pleito entre ellos y el fondo que se creó hace tres años para mejorar la infraestructura escolar del país. La pelea tiene que ver con varias denuncias que ha hecho el Ministerio de Educación en las que señaló que la multinacional estaba incumpliendo los contratos, por cerca de $1,3 billones y que impactan a 171.000 niños en más de cinco departamentos del país. Los portugueses señalaron en su solicitud que estas demoras no son su responsabilidad, pues la mayoría de los retrasos son productos de incumplimientos de las entidades locales y del Fondo de Infraestructura para la Educación (FFIE), la entidad que controla estos proyectos.
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La principal razón de Mota-Engil para solicitar un tribunal de arbitramento es que supuestamente el Fondo incurrió en 15 incumplimientos. El primero lo definió como el cambio “unilateral e intempestivo en la metodología de medición del desempeño”. El 30 de octubre de 2018, el comité del FFIE, en cabeza de Juan Carlos Franco, aclaró el procedimiento de calificación y el manual de supervisión e interventoría, bajo el argumento de que las evaluaciones eran “particularmente altas”. Fuentes consultadas explicaron que Franco insistió en cambiar la fórmula matemática que pactaron las partes para medir el desempeño, porque tenía una interpretación “gramatical” diferente.
Al respecto, la explicación que le dieron a este diario en el Ministerio de Educación es que “el FFIE no ha realizado cambios en la metodología para la calificación del desempeño de los contratistas y, por el contrario, está aplicando la fórmula de acuerdo con la literalidad del anexo técnico del contrato”. De igual modo, el Ministerio indicó que el manual de supervisión sí se modificó con el fin de incorporar un proceso más expedito para el pago de las facturas y que “tal modificación benefició a todos los contratistas del FFIE”. Sin embargo, Mota-Engil en su reclamo plasmó una visión muy distinta sobre los cambios que fueron ejecutados por el Fondo.
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Según la empresa portuguesa, la metodología para la calificación que se utilizaba desde 2016 fue “acogida pacífica y homogéneamente entre las partes”, por lo que, en su criterio, el cambio que aplicó del FFIE no tuvo razón jurídica ni contractual. Sin embargo, para la administración de Juan Carlos Franco, las mediciones anteriores ocasionaron que el Fondo tomara decisiones erróneas y otorgara nuevos acuerdos de obras, pues no se tuvo en cuenta que los contratistas tenían obras que presentaban incumplimientos o estaban suspendidas, vencidas o liquidadas. Para la firma Mota-Engil, esta fue una acción unilateral pues se cambiaron las reglas de juego.
Un exfuncionario del Ministerio de Educación que estuvo en los inicios del contrato explicó que en las mediciones no se tuvieron en cuenta las obras suspendidas o liquidadas, pues era un error considerar que fueran problemas imputables al contratista. La fuente explicó que a Mota-Engil no se le podía responsabilizar por hechos que no fueron de su resorte, pues la razón para suspender obras fueron las demoras en los trámites que dependían de entidades territoriales, como la emisión de las licencias de construcción o la autorización de obras complementarias. Cuando los problemas fueron culpa del contratista, las obras no se suspendieron. Se impusieron multas que impactaron su calificación.
En su solicitud de arbitraje, Mota-Engil precisó que la modificación de los contratos provocó que el nuevo gobierno no emitiera órdenes de inicio de obras, a pesar de tener los diseños y licencias. Según Mota-Engil, en octubre de 2018 recibió dos calificaciones. La primera con más de 80 puntos sobre 100, pero con el cambio de metodología les bajó hasta 38. Con el nuevo puntaje, la calificación del contratista ya no fue sobresaliente y el Fondo empezó a aplicar descuentos o multas, a solicitar a las aseguradoras la aplicación de pólizas o la terminación anticipada de los acuerdos por presunta demora en la entrega de los colegios.
Con explicaciones técnicas, Mota-Engil argumenta hoy que, si no los dejaban construir, cómo querían que el FFIE avanzara. Además, considera que las multas y descuentos que comenzaron a aplicarle a sus contratos violaron el debido proceso. Es más, insiste la firma portuguesa, cuando comenzó la terminación anticipada y suspensión de los proyectos, en enero de 2019, se crearon mesas de trabajo con el Fondo y ellos presentaron 82 reclamos a los que nunca se les dio respuesta. Por el contrario, recalca Mota-Engil, a las referidas mesas de trabajo enviaron a personal técnico pero que no tenía la suficiente capacidad de decisión para arreglar las diferencias.
La respuesta del FFIE es que no es cierto que le hayan cerrado las puertas a Mota-Engil, y que tuvieron trato equitativo con todos los contratistas. En un comunicado, el Ministerio de Educación precisó: “El consorcio Mota-Engil ha incumplido las actas de compromisos y no ha terminado los proyectos, aun con porcentajes de ejecución superiores al 90%. Frente a otros contratistas, se reitera que uno de ellos (el consorcio de German Mora) cedió parte de sus proyectos. Los demás se han venido ejecutando y entregando los colegios”. El ministerio agregó que todas sus acciones “fueron en estricto cumplimiento del contrato y como consecuencia de incumplimientos graves que paralizaron las obras”.
Los portugueses manifestaron que desde el cambio de gobierno pasaron de tener multas de $320 millones a $29.000 millones. En total, les han descontado el 22% de lo que han facturado en los contratos, lo que consideran que es ilegal. Según su argumentación, se trata de descuentos por demoras que no fueron su responsabilidad, pues la expedición de las órdenes de inicio de las obras llegó a ser, en promedio, de unos 10 meses o hasta un año. Esta última afirmación la rechazó el FFIE, que aseguró que los retrasos de los portugueses llegaron a exceder hasta tres veces el tiempo de ejecución real.
Otro de los puntos de discordia entre el FFIE y Mota-Engil es el avance de las obras. El Fondo sostiene que a los portugueses se le asignaron 248 colegios y solo han entregado 17, por lo que ordenó la cesión de 65 contratos para la reactivación de las respectivas obras. Además, asegura que Mota-Engil dejó 118 colegios en etapa de diseño y 113 en etapa de obra. La multinacional portuguesa maneja cifras diferentes. En su criterio, les entregaron 250 contratos, de los cuales 20 no tuvieron viabilidad técnica o financiera. De los 230 colegios que quedaron, presentaron los diseños de todos y solo nueve están por pendientes de ser aprobados por la interventoría.
Frente al avance de las obras, Mota-Engil precisó que, de los 221 colegios que contaban con diseños aprobados hace un año, 35 proyectos siguen en espera de las licencias de construcción, las cuales deben ser emitidas por las curadurías o las secretarías de planeación de los municipios que fueron beneficiados. En consecuencia, solo 186 de los proyectos tenían todas las condiciones para que el FFIE emitiera las órdenes de inicio de construcción. Sin embargo, explicaron que, en sus cuentas, 56 de esas obras quedaron a la espera de una decisión del fondo, razón por la que solo iniciaron la construcción de 130 instituciones.
“Este incumplimiento del FFEI tiene un impacto negativo en la ejecución contractual, pues no se ha podido iniciar la ejecución de la construcción de más del 30% de las 186 instituciones educativas habilitadas (…) A la fecha, la demora promedio en la expedición de las 56 órdenes de inicio es superior a 10 meses”, se lee en la demanda de Mota-Engil. Y explicó que 21 de estos proyectos se aprobaron solo hasta marzo y junio de 2019, cuando estaban listos desde agosto de 2018. Según Mota-Engil, 23 de esos 130 colegios ya estaban suspendidos por hechos que no pueden ser atribuidos a su responsabilidad, como la falta de aprobación de las obras complementarias.
En pocas palabras, Mota-Engil se quedó con 107 colegios, de los cuales entregó 20. Otros 77 estaban en etapa de construcción (47 con avance superior al 50%) y 10 suspendidos. El pasado 24 de octubre, el FFIE inició la terminación anticipada de 116 contratos y, según los portugueses, esa fue la estocada final para “sacarlos” del contrato, pues solo lograron ejecutar el 7% del presupuesto. La posición del Ministerio de Educación es que, por el contrario, por los incumplimientos de los contratistas se afectaron más de 171.000 niños, pues la necesidad era entregar, a finales de este año, cerca de 100 instituciones educativas en todo el país.
Con las entidades del Estado notificados sobre este pleito, se espera que en las próximas semanas empiece la elección de los árbitros que conocerán el caso y si, antes de iniciarlo, puede haber algún tipo de conciliación con el Fondo.
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