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En época electoral abundan las promesas de sacar de las instituciones públicas la corrupción, que le cuesta al país alrededor de $50 billones, según estimaciones de la Contraloría. Vallas, carteles y panfletos publicitarios inundan las ciudades. Algunos con curiosos mensajes, como el de un candidato al Concejo en Medellín que posó semidesnudo bajo la frase “Sin nada que esconder”, haciendo una alegoría a que la desnudez es sinónimo de transparencia. Actualmente son 117.000 candidatos para las elecciones regionales y locales, y el primer paso en la lucha contra la corrupción es la claridad en la financiación de las campañas. Una lucha que la organización Transparencia por Colombia y el Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen como bandera.
Para Transparencia por Colombia, la falta de controles a la financiación de campañas es la puerta de entrada a la corrupción. Tras un análisis a las contabilidades sobre sus ingresos y gastos que los candidatos hicieron públicas y reportaron a la plataforma Cuentas Claras del CNE, la organización alertó de que más del 80 % de los dineros que financiaron las últimas contiendas electorales tienen un origen privado, bien sea de recursos propios del aspirante, donaciones o créditos que hacen empresas y personas naturales. La preocupación radica en que el reintegro de ese gasto no se ve reflejado hasta que se ocupa un cargo público, pues si bien en muchos casos los salarios no subsanan las deudas, el manejo de la contratación se convierte en la salida.
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El riesgo es que los candidatos pierden su poder discrecional e independencia a la hora de administrar los recursos públicos por los compromisos que adquieren con quienes financian sus campañas. Los ajustes y arreglos terminan abriendo la puerta a la corrupción y las entidades públicas acaban cooptadas y comprometidas. Por eso, el rastreo de los dineros que entraron a las cuentas de quienes resultan elegidos es una necesidad imperiosa, pues Transparencia por Colombia estima que el 70 % de la plata que utilizan candidatos y partidos no se reporta, bien sea porque violan los topes o porque su procedencia es de una fuente prohibida, como una multinacional, o ilegal. Y gran parte de esta financiación se utiliza en gastos no permitidos.
En el análisis de lo sucedido en las elecciones regionales y locales de 2015, Transparencia por Colombia concluyó que el montaje de una campaña comienza mucho antes de la fecha oficial. Hay gastos previos que nunca se registran, como el pago de líderes locales y publicidad política extemporánea. Asimismo, existen otros montos no reconocidos que se utilizan para la compra de votos y el pago de refrigerios y transporte. “Existe un vacío entre las cifras oficialmente reportadas y los gastos reales de las campañas, que se explica en parte con la entrada de recursos ilegales producto de actividades como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando, y, por otra parte, con la desviación de recursos del Estado destinados para la contratación pública”, señaló la organización.
Al revisar las cifras de ingresos y gastos en las elecciones de 2015 y 2018 (Congreso), se reafirma la preocupación de que la financiación de las campañas sea, en gran parte, privada. Para 2015, cuando se escogieron gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, entre otros, se reportaron ingresos a las campañas por $483.000 millones, de los que el 89 % eran patrimonio del candidato, y aportes o créditos de personas jurídicas y naturales. Lo mismo sucedió con las elecciones legislativas de hace un año, en las que el 82 % de los dineros tenían origen privado, lo que dificultaba su trazabilidad y procedencia. En un 40 %, en ambos casos, esos recursos se utilizaron para el pago de propaganda electoral. Los otros gastos principales fueron administrativos, en actos públicos y para servicios de transporte.
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“Estas cifras obligan a preguntarse por la calidad y veracidad de los reportes que a la fecha han enviado los candidatos y campañas. Algunas organizaciones políticas y analistas han afirmado que las campañas al Congreso son tan costosas como las campañas presidenciales, es decir, podrían costar hasta $24.000 millones (el salario total que recibe un congresista durante su período de cuatro años son $1.571 millones). Incluso si esta cifra fuera exagerada, con los reportes que han entregado los candidatos y elegidos al Congreso, no tendrían punto de comparación”, estableció un estudio liderado por Sandra Martínez Rosas, coordinadora de Transparencia por Colombia en la política.
Para Sandra Martínez, una de las principales necesidades es que se realice un estudio serio sobre cuánto cuesta realmente una campaña, en el que se tengan en cuenta factores como la región o ciudad en la que se realiza. “No tiene el mismo costo una campaña por la Alcaldía de Bogotá que una por la Gobernación del Amazonas. Los gastos y necesidades son diferentes, por eso los topes deben ser diferentes”, señaló. Por ley, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es quien debe hacer el estudio, pero lo que ha hecho en las últimas elecciones es que el CNE ajusta los límites de gasto con una actualización del IPC. Esto ha ocasionado que no se tenga claridad sobre el modelo de financiación de una campaña y que los aportes privados sean la tendencia.
“No se puede dejar a la deriva saber cuánto se debe invertir para conseguir un cargo público. Ahora no se sabe si hay un real deseo de una persona por ser alcalde o gobernador, o los intereses son otros, como el incentivo del retorno de una inversión a través de la contratación pública. Tampoco se puede permitir que siga la tendencia de que entre más cueste una campaña, más posibilidades hay de ser elegido”, agregó Sandra Martínez. Además, explicó que otro factor que lleva a que el modelo de financiación preferido sea a través del patrimonio de los candidatos o con aportes y créditos de terceros es la complejidad y demora en la consecución de recursos públicos.
Entre las grandes propuestas de la reforma política que se cayó hace unos meses en el Congreso estaba que las elecciones fueran financiadas exclusivamente por el Estado. Actualmente, la financiación pública se da en dos formas directas: a través de anticipos y por reposición de gastos por votos. Sin embargo, los registros indican que este es el rubro de menor ingreso en las contabilidades de las campañas. En 2015, los anticipos que otorgó el Gobierno fueron del 0,2 % ($734 millones) y en 2018 del 6 % ($15.600 millones). Una tendencia que se ha repetido desde 2011, y los apoyos estatales disminuyen cada vez. “Los aportes estatales tienen como objetivo promover la equidad en las condiciones de participación electoral”, indicó Transparencia por Colombia.
“Si bien la financiación política por parte de personas naturales y empresas debe verse como un apoyo a la democracia, solo la transparencia en su transacción va a permitir que no condicione las decisiones que tomarán los elegidos”, concluye Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Por esa razón se creó en el CNE un protocolo para identificar 22 alertas sobre irregularidades en la financiación de campañas. La herramienta surgió de un trabajo conjunto del CNE y Transparencia, que, de la mano de cooperación internacional, identificaron patrones presentados en comicios pasados y que podrían enmarcarse en delitos electorales. Siete de estas alertas están relacionadas con el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas.
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La tarea es revisar que entre los financiadores no estén empresas que administren recursos públicos, servidores públicos —como profesores o personas vinculadas a entidades estatales (no contratistas por prestación de servicios)— o personas fallecidas a quienes les roban sus cédulas para evitar el rastreo de los recursos. La principal alarma es por los contratistas o sociedades que originan el 50 % de su patrimonio por negocios con el Estado. “Esta alerta es quizá una de las más importantes, toda vez que es en la contratación estatal donde se centran los principales problemas de corrupción, con innumerables casos, como el carrusel de la contratación en Bogotá”, señala el protocolo.
Entre la información recolectada se encontró que, en 2017, alrededor de 7.800 personas naturales y 317 empresas que financiaron campañas en 2015 tenían algún contrato con el Estado. Además, la Misión de Observación Electoral (MOE) también encontró que 485 donantes, que hicieron 534 aportes a campañas para alcaldías y gobernaciones por una cifra cercana a los $4.400 millones, recibieron contratos por $169.000 millones. Lo que equivale a 39 veces la plata con la que financiaron candidatos. “El 87 % del monto fue contratado en los dos primeros años de gobierno y en el 83 % de los casos la duración de los contratos fue menos de cinco meses”, concluyó la investigación de la MOE.
Cinco de las alertas están relacionadas con el delito de violación de topes en las campañas electorales. Transparencia por Colombia le recomendó al CNE tener especial cuidado con las contribuciones y donaciones individuales que superan el 10 % del límite aprobado. Es decir, evitar que una sola persona financie todos los gastos de un candidato. Otro de los protocolos es revisar con lupa qué personas financiaron campañas a la Presidencia, gobernación, alcaldía o Congreso con aportes superiores al 2 % de las sumas máximas permitidas, y que celebran contratos con las entidades públicas. Es más, se advierte que es necesario revisar en entidades que no están bajo el control del candidato al que financiaron.
El tercer delito electoral que se estaría cometiendo en la financiación de campañas es la omisión de información en los aportes. Sin embargo, cabe aclarar que la ley no obliga a los ciudadanos que financian a reportar sus contribuciones. Uno de los protocolos frente a este tema se centra en la falta de claridad sobre los recursos que entregan los propios partidos a los candidatos, pues podría tratarse de una figura para burlar los límites impuestos a las personas naturales, que estarían utilizando las donaciones a partidos para direccionar dineros a los candidatos de su preferencia. Esto evitaría que fueran sancionados e inhabilitados para contratar con el Estado.
Otras de las irregularidades que se visibilizaron en pasadas elecciones fueron los millonarios aportes que realizaron personas inscritas en el Sisbén. Si bien no es un delito que afiliados a este régimen donen recursos, sí es extraño que aparezcan en las contabilidades de candidatos aportes superiores a los $50 millones. Asimismo, el CNE está poniendo especial cuidado a la financiación por parte de fundaciones, pues en épocas electorales nacen varias de estas sociedades sin ánimo de lucro y a través de ellas se direccionan millonarios recursos de los que no se sabe su procedencia. El protocolo, entre otras cosas, sugiere revisar las fechas de constitución y las actividades a las que se dedica la fundación.
El listado de 22 protocolos ya está en manos del CNE, que de la mano del Fondo Nacional de Financiación de la Política y su Unidad de Inspección y Vigilancia está intentando hacer vigilancia de las 117.000 contabilidades de los candidatos en tiempo real. Una tarea que recae sobre un grupo de no más de una decena de funcionarios, por lo que hace un llamado a que otras entidades, como la Fiscalía y la DIAN, estén alertas ante la comisión de un delito o alguna irregularidad. Esta tarea también depende de la voluntad de quienes aspiran a un cargo de elección popular, pues deben registrar día a día los gastos de su campaña en la plataforma Cuentas Claras. Como dijo Sandra Martínez: “La rendición de cuentas no es para ellos mismos o el CNE, es para el control social de la ciudadanía”.
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