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La tensión en el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), considerada la joya de la corona del Distrito, crece por cuenta de las chuzadas ilegales que se hicieron desde la Fiscalía. En un nuevo capítulo de este escándalo, la Contraloría de Bogotá le puso lupa a un contrato firmado entre GEB y la consultora Berkeley Research Group (BRG), cuyo exdirector, Laude Fernández, es hoy procesado por interceptar las comunicaciones de dos contrapartes de GEB en procesos judiciales: el abogado Felipe Jaramillo y el gerente de la firma Enel en Colombia, Lucio Rubio. El ente de control concluyó que las cifras de ese negocio no cuadran y compulsó copia de sus pesquisas a la Fiscalía y la Procuraduría. (Lea aquí: Los pleitos del Grupo de Energía de Bogotá en el Eje Cafetero)
La relación entre GEB y BRG se inició el 22 de junio de 2018, cuando las partes firmaron un contrato para que la consultora BRG investigara a algunas personas relacionadas con el grupo empresarial, brindara apoyo en diversos litigios a través del análisis de documentos y detectara posibles casos de fraude reputacional y corrupción. Los resultados debían presentarse en un formato PDF por correo electrónico y el valor del contrato quedó estimado hasta en $2.000 millones. Las compañías pactaron dos investigaciones adicionales: un proceso judicial que en ese momento adelantaba el GEB en el Eje Cafetero y una disputa con la firma Enel ante un tribunal de arbitramento. (Lea aquí: ¿Por qué el GEB terminó en medio del escándalo de las chuzadas?)
La Contraloría de Bogotá aseguró que, en el primer caso, GEB usó los servicios de BRG porque sospechaba que los avalúos presentados en unas solicitudes de servidumbre para facilitar la expansión eléctrica en unos predios eran ilegales y, por ende, le habían hecho cobros excesivos. Entre las personas a las que GEB pidió a BRG investigar apareció el nombre del abogado Felipe Jaramillo, quien hoy representa a algunas de las familias demandadas. Por este servicio, BRG le pidió al Grupo de Energía $322 millones y entregó un informe con los pormenores de la vida familiar, profesional y patrimonial de cinco personas. Pero GEB finalmente pagó solo el 75 % de lo ofertado: $240 millones. (Lea aquí: El pleito detrás de las chuzadas al director de Enel Colombia, Lucio Rubio)
El resultado de la tarea solicitada por GEB se compiló en un documento de 73 páginas con los perfiles del abogado Felipe Jaramillo, los peritos Miguel Ángel Duarte y Esteban Cadavid Bedoya, el ingeniero Carlos Lee Gómez y la propietaria del predio El Vaticano, Consuelo González López. En dicho informe, conocido por El Espectador y recibido por la firma de abogados Mauricio Pava Lugo S.A.S., que asesoraba a GEB en este caso, se concluyó que no había evidencia de que tales personas hicieran parte de una estructura organizada para defraudar al GEB, ni tampoco indicios de que Jaramillo hubiese recibido beneficios económicos.
Casi todas las búsquedas se realizaron a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Pero se incluyeron fotos de las fachadas de las casas de los indagados y se proporcionaron datos sobre sus inmuebles, títulos universitarios o vinculaciones a distintos procesos judiciales. “Sus intenciones (las de Felipe Jaramillo) en relación con los procesos en los que actúa como apoderado, al parecer son legítimas y su interés de representar a los propietarios de los predios en los procesos de imposición de servidumbre, defendiendo sus intereses, se da debido a que en algún momento de su vida él sintió vulnerados los suyos y decidió estudiar para defenderse”, se lee, por ejemplo, en el informe de BRG.
Según la Contraloría de Bogotá, la elaboración y entrega de ese documento, titulado “Eje Cafetero”, justificó el pago que hizo GEB a BRG por $240 millones, aunque no encontró pruebas para endilgar daño patrimonial. Sin embargo, una cosa distinta expresó frente a las actividades que realizó BRG en el caso Enel, por las que el GEB pagó más de $3.000 millones. La Contraloría determinó que GEB, a través de la firma Brigard & Urrutia, que lo representa en varios litigios contra Enel, le pidió específicamente a BRG un peritaje para calcular las pretensiones de una millonaria demanda sometida ante el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Aunque fuentes cercanas al proceso negaron haber visto el informe final del caso Enel, el GEB aseguró que este documento existe e incluso agregó un análisis de contexto sobre las inversiones del Grupo Enel en España, Italia, Chile, Perú y Brasil. Además aportó un informe técnico de evaluación de los riesgos técnicos y perjuicios actuales y futuros que el comportamiento de Enel podría causar a su principal socio en Colombia. En defensa de sus actuaciones, GEB afirmó que, a pesar de que el contenido de los informes en ambos casos es confidencial y, por su sensibilidad, no podía ser público, como prueba de su existencia, los entregó a la Contraloría de Bogotá.
Por esta tarea de mapear a Enel se acordó el pago de más de $3.000 millones por concepto de “honorarios”, los cuales se terminaron cancelando en tres tandas, pero bajo el concepto de “gastos reembolsables” (transporte, gastos notariales, fotocopias y traducciones). Esta diferencia en los términos fue calificada como alarmante por la Contraloría de Bogotá, pues al tratarse de gastos reembolsables, BRG tenía la obligación de soportar con facturas o documentos cada costo. Además, el organismo de control dejó claro que estos pagos por el supuesto dictamen sobre las actividades de la firma Enel superaron definitivamente el valor inicial del contrato ($2.000 millones).
Sumado a lo anterior, la Contraloría de Bogotá sostuvo que GEB tampoco dejó claro el procedimiento que usó para elegir a BRG como su contratista, ni realizó un estudio de mercado para saber si el precio ofertado por esta consultora era razonable. Por estos hechos, el organismo consideró que en las transacciones realizadas por los estudios sobre Enel existió un presunto detrimento patrimonial contra la ciudad, el cual fue calculado en $2.040 millones, correspondiente al 65 % de los pagos injustificados a BRG, es decir, el mismo porcentaje del capital que actualmente posee el Distrito en el Grupo de Energía de Bogotá (GEB).
En su defensa, GEB aseguró a El Espectador que las sumas pagadas cuentan con todos los soportes y que la contratación y el valor pagado por sus informes técnicos se estableció con base en las calidades y calificaciones del experto que fue vinculado para cada caso, en consideración a su experiencia, trayectoria y conocimientos en la materia. Pero ¿por qué las facturas pagadas a BRG no incluyen IVA? Así respondió GEB: “Los pagos de gastos reembolsables corresponden al estudio técnico especializado y se realizaron bajo esta modalidad porque se pagaba a BRG en Colombia para que, a su vez, esta le pagará a BRG Estados Unidos. GEB cuenta con la factura de BRG Estados Unidos”.
No obstante, esta respuesta no convenció a la Contraloría de Bogotá, que ordenó investigar a Diana Vivas, vicepresidenta jurídica; Alejandro Botero, director jurídico; Astrid Álvarez, presidenta del Grupo Energía de Bogotá, y Mónica Jiménez, directora corporativa de cumplimiento e interventora. Esta última funcionaria fue quien dio vía libre al contrato con BRG. En un correo enviado por ella a Laude Fernández en julio de 2018 se lee: “Como interventora del contrato, me permito solicitar a BRG darle inicio a las investigaciones que sean necesarias para la prestación de los servicios de inteligencia estratégica corporativa y apoyo en litigios contenidos en la propuesta presentada por ustedes”.
Los investigadores de la Contraloría fueron más allá y explicaron que las decisiones de GEB podrían tener consecuencias penales e incluso encuadrarse en los delitos de interés indebido en celebración de contratos. Además optaron por alertar respecto a las técnicas empleadas por BRG en sus consultas, pues no se evidenció el uso de software o hardware especializados sino de estadísticas de carácter público que se encuentran en internet y que no tienen la connotación de información de carácter confidencial, como inicialmente se prometió en el portafolio de servicios enviado al GEB.
En medio de las tensiones, el 5 de marzo de 2019, de común acuerdo, GEB y BRG cancelaron su contrato. El GEB aseguró a la Contraloría de Bogotá que esta decisión obedeció al proceso penal abierto contra el representante legal de BRG en Colombia, Laude Fernández, pues podía impactar su reputación. La Fiscalía está convencida de que Fernández se concertó con el exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo y el coordinador de la sala Esperanza de la Fiscalía, Luis Gómez Góngora, para interceptar las comunicaciones de distintos abonados telefónicos, entre los que se encontraban contrincantes de sus clientes, como GEB.
Según la Fiscalía, en el caso del GEB se chuzaron ilegalmente las conversaciones del abogado Felipe Jaramillo y del gerente de Enel, Lucio Rubio Díaz. El fiscal Gómez Góngora aceptó cargos y fue condenado a ocho años de prisión. Martínez Lugo negó su participación. Respecto a las conversaciones del abogado Jaramillo, el ente acusador concluyó que su contenido quedó plasmado en el cuerpo del informe “Eje Cafetero”, entregado a GEB. Por eso, fuentes cercanas al caso criticaron que la Contraloría de Bogotá haya descartado como detrimento patrimonial el contrato relacionado con Jaramillo, donde habría existido una persecución ilegal auspiciada con recursos públicos.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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