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Patricia y Sebastián* se casaron en el año 2007. Ocho años después, él tildó a su esposa de desequilibrada mental cuando se enteró de que quería divorciarse. Además se negó a que ella se quedara viviendo con sus hijos, prometió que eso solo pasaría “bajo su cadáver” y desde ese mismo momento desplegó una artillería judicial. Entre los centenares de procesos similares, planteó una ruta para evitar que ella se acercara a los niños y presentó supuestas pruebas para demostrar que era la persona idónea para cuidarlos. Uno de esos soportes fue un dictamen de dos psicólogas que descalificaron a la mujer en su rol de madre. (Lea más en investigación: Estos son los 13 muertos que contratan con el Estado)
Las profesionales afirmaron, sin titubeos, que Patricia era una mujer frígida y frustrada, que en ella no mediaba la razón sino la impulsividad, que debido a traumas en la infancia presentaba vacíos afectivos y que, como si fuera poco, sus hijos corrían peligro de ser agredidos por ella. Aportaron estas conclusiones a sabiendas de que el estudio iba a llegar a manos de una comisaria de familia y, aunque su deber era emitir un concepto de carácter científico, hicieron todo lo contrario. Presentaron un informe lleno de inconsistencias, según lo señaló el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos. (Lea aquí: El contraataque de Pablo Felipe Robledo al procurador Carrillo)
Esa instancia disciplinaria concluyó que las dos psicólogas nunca atendieron a Patricia como una verdadera paciente ni la examinaron de forma presencial, que sus apreciaciones fueron ligeras, sin el rigor de un estudio psicológico, y que ninguna prueba administrada en un proceso de tal naturaleza permitía obtener conclusiones sobre el estado emocional y mental de una mujer, como tampoco predecir su comportamiento futuro. Por esta razón, el tribunal decidió sancionarlas con “censura escrita de carácter público”, que se traduce en un llamado de atención por la falta cometida, consignado además en la hoja de vida de las profesionales. ( Lea aquí: En Colombia, nadie puede divorciarse solo porque quiere)
Sin embargo, el Colegio Colombiano de Psicólogos no fue la única entidad que le dio la razón a Patricia. En medio del proceso de custodia de los menores ante un juez de familia, el Instituto Nacional de Medicina Legal ratificó que los rasgos de su personalidad no constituían enfermedad mental y desmintió que fuera una mujer esquizofrénica, como lo sugirió también su esposo. Contrario a este apresurado dictamen, la entidad científica concluyó que la mujer sí tomaba un medicamento, pero era debido a su estado depresivo, generado por factores asociados con la pérdida de su relación de pareja y a la custodia de sus hijos.
Este dictamen del Instituto de Medicina Legal, sumado a la decisión del tribunal ético, llevó a Patricia a denunciar ante la Fiscalía que un grupo de abogados, psicólogos y funcionarios, a través de falsas denuncias, falsos testimonios, conceptos manipulados de peritos o dilataciones procesales, elaboran supuestos montajes para favorecer a padres o madres en disputas por la custodia de menores con el fin de ganar pleitos volviendo al perdedor un autor de delitos contra la infancia. La denuncia no resultó novedosa, pues una decena de personas ha tomado el mismo camino. Y ya hay una señalada en común: la abogada Ana Georgina Murillo.
Lo paradójico es que, en contra de esta profesional del derecho que litiga en procesos de familia, han aparecido tanto mujeres como hombres. Ellas porque denuncian ser víctimas de montajes para endilgarles falsas enfermedades mentales o discapacidades psicológicas, y ellos porque han terminado sindicados de abusadores sexuales de sus hijos. En común, los denunciantes sostienen que el modus operandi comienza en las comisarías de familia, a través de solicitudes de medidas de protección; continúa ante los jueces de familia, para asegurar la custodia de los hijos, y termina en denuncias por acceso carnal o violencia intrafamiliar.
Adicionalmente a esta circunstancia, los denunciantes se declararon víctimas de un carrusel de procesos judiciales y administrativos para tratar de ahogarlos judicialmente a partir de denuncias por injuria y calumnia, acciones de tutela o procedimientos ante el ICBF. Uno de los querellantes documentó que en un mismo momento alcanzó a tener en contra siete procesos, lo que lo obligó a asistir semanalmente a diversas diligencias judiciales y perder su trabajo. Al mismo tiempo, sostienen los afectados, la situación acaba con sus finanzas, a tal punto que al drama de divorciarse deben sumar enormes gastos en abogados, hasta por $1.000 millones.
Al igual que en el caso de Patricia, los denunciantes dejaron constancia de dictámenes psicológicos contra ellos sin haber sido valorados por profesionales. “A mí, cínicamente me descalificaron sin haberme nunca entrevistado”, aseguró uno de los padres. Además sostienen que, de manera irregular, los menores son sometidos a evaluaciones psicológicas para que digan lo que el padre o la madre favorecidos quieren, y así se pueda reforzar las tesis del maltrato o la violación. “Le dieron un juguete grande que ella había pedido para que dijera mentiras sobre mí, que yo le pegaba y la encerraba en un cuarto oscuro”, contó una de las madres afectadas.
Una estrategia paralela que también ha sido denunciada es la utilización de testimonios fraudulentos. En el caso de Patricia, su esposo se apoyó incluso en algunos de sus familiares para atacarla. Ellos relataron, por ejemplo, que la progenitora había sumergido varias veces a uno de sus hijos en el mar con la intención de hacerle daño y que el otro fue maltratado físicamente. El juez de familia, sin embargo, determinó que, si fuese cierto el episodio en el mar, los supuestos testigos que observaron los acontecimientos habrían reaccionado para socorrerlo. Pero ninguno manifestó haber ayudado al menor o haber informado a las autoridades.
Los testigos tampoco aportaron información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos o simplemente el contexto en el que se dieron los presuntos episodios de maltrato. En conclusión, ni el esposo ni sus testigos demostraron de forma coherente e imparcial que Patricia no fuera apta para ejercer su rol de madre. Por el contrario, los testimonios reforzaron los argumentos de la demandada para salir del laberinto judicial al que fue sometida, acreditaron su trato amoroso con los hijos y coincidieron en que, incluso, ella había antepuesto el cuidado de los niños a sus pretensiones laborales.
Después de cuatro años de intenso proceso judicial repleto de tensiones, Patricia volvió a obtener la custodia de sus hijos y el padre quedó sujeto a respetar un estricto régimen de visitas. Sin embargo, otros denunciantes de casos similares no corrieron con la misma suerte y la mayoría de ellos permanecen hoy separados de sus hijos por orden judicial, además de afrontar procesos penales paralelos por violencia intrafamiliar o abuso sexual. Algunos de los menores han vivido incluso durante varios meses en hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras sus padres se enfrentan en comisarías de familia.
Uno de los denunciantes contó a este diario que su esposa logró separarlo de su hija porque se negó a firmar un permiso de salida del país. Otro relató que su pareja logró quitarle la custodia de su hija cuando se enteró de que había iniciado una nueva relación. En esa disputa terminó acusado de delitos sexuales. “La abogada de mi expareja aseguró que yo era esquizofrénica y con ayuda de un perito que hoy está investigado por un tribunal de ética intentó que se admitiera que uno de mis familiares había violado a mis hijas y que yo las maltrataba. Aunque todos los procesos fallaron a mi favor, mis hijas quedaron destrozadas”, añadió una madre.
El elemento común de los denunciantes, hombres y mujeres, es que han sido víctimas de un “sofisticado esquema de corrupción a través del cual se manipulan procedimientos judiciales y administrativos en la jurisdicción de familia”. En el caso de la abogada Ana Georgina Murillo, sus denunciantes dicen que manipula y presiona indebidamente a funcionarios y testigos, dilata los procesos a través de actuaciones infundadas para confundir a los jueces e incluso ha cambiado direcciones para impedir que se tramiten notificaciones en los procesos. Que su estrategia predilecta es promover juicios temerarios sin fundamento.
Ana Georgina Murillo Murillo es una reconocida abogada de familia que lleva muchos años de ejercicio profesional. Ha sido procuradora delegada para la defensa del menor y de la familia y profesora de varias universidades. En diálogo con este diario negó los señalamientos y aseguró que se trata de un complot para desprestigiar su trabajo en defensa de los niños: “Son personas que se juntaron para una campaña de desprestigio. Por fortuna, las investigaciones ya están en curso, con imputaciones y gente en la cárcel. Esas investigaciones están dando luces de cómo fue que se unieron para hacer un concierto para delinquir en contra mía”.
Sobre la credibilidad de los psicólogos que respaldan las versiones de sus clientes, la abogada Murillo respondió que no trabaja con profesionales de la salud y que su asesoría es solo legal. “Únicamente he sugerido a un doctor. Los papás deciden si lo contratan o asumen compromisos terapéuticos (…) Si viene un caso dictaminado por una médica del hospital Simón Bolívar, por ejemplo, obviamente tiene un ápice de certeza. En la mayoría de los casos, los informes no señalan personas. Quienes señalan a los presuntos autores de actos que dan origen a medidas de protección son los cónyuges o los compañeros permanentes”, recalca Murillo.
Frente al caso de las dos psicólogas que fueron sancionadas disciplinariamente por un informe irregular, la abogada afirmó que jamás las conoció ni las contrató y que fue su cliente quien llegó a su oficina con esos dictámenes. “Estoy convocando a las autoridades a que resuelvan pronto esta situación (…) ¿Ustedes pueden imaginar lo que está sucediendo con cada uno de los niños que han sido nombrados en los medios de comunicación y que han sido tildados en los colegios? No es la pasarela de los medios de comunicación la llamada a resolver los casos de la infancia, son los jueces”, señaló la abogada Murillo.
Y reiteró que los procesos penales se inician porque las comisarías de familia tienen la obligación de comunicar supuestos casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, pues se trata de menores de edad y la Fiscalía debe obrar de oficio. Asimismo aseguró que el proceso de custodia, visitas y alimentos se puede llevar bajo un solo trámite o de manera separada. Así las cosas, según ella, la justicia tendrá que determinar quién tiene la verdad, pues los casos ya están en la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. En lo único que coinciden los denunciantes y la abogada Murillo es en pedir que la situación se resuelva con prontitud.
Lo único cierto es que, en medio de las peleas, con desgaste emocional y quiebras económicas, están los niños. Muchos crecen sin la presencia de uno de sus padres o bajo el cuidado del Estado. Dos de ellas ya son mayores de edad y luchan a diario con su estrés postraumático por el manejo irregular del divorcio de sus padres. “Esto marcó de por vida a mis hijas. No quiero que otros niños tengan que vivir situaciones similares, por eso denuncio. Hay que parar esta situación que destruye familias y solo alimenta venganzas y odios”, resaltó uno de los denunciantes. “¿Cómo se evalúa la responsabilidad penal de los psicólogos?”, preguntan otros.
Por ahora, existen once casos radicados en la Fiscalía —aunque algunos están inactivos— en los cuales se señala a la abogada Ana Georgina Murillo de promover irregularidades para ganar a través de procesos fabricados, y tanto padres como madres incursos en los mismos casos aseguran haber sido víctimas de falsas denuncias en centros zonales del ICBF, comisarías de familia, juzgados y fiscalías, que han terminado “en complicados procesos de divorcio, violencia intrafamiliar o abuso sexual, apoyados por profesionales y funcionarios públicos que han manipulado a peritos y falsos testigos para radicar esas falsas denuncias”.
* Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los menores de edad.
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