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En Cerritos y Malabar, al occidente de Pereira, se levanta una imponente vivienda campestre cuya construcción ocupa 1.083 metros cuadrados. Está rodeada por guaduales, un quiosco y una piscina del tamaño de una cancha de voleibol, en un lote cuya superficie total abarca 4.175 metros.
El lote y la casa están inscritos bajo el folio de matrícula inmobiliaria 290-147727 y desde el 5 de octubre de 2021 pertenecen a Marcela María Yepes, hija de Ómar Yepes Alzate, poderoso cacique del Partido Conservador. Marcela Yepes, además, ha ocupado cargos públicos como directora ejecutiva de la Fiscalía y gerente administrativa de la Contraloría y es la esposa del actual contralor general, Carlos Felipe Córdoba.
La transacción con la que Marcela Yepes adquirió la propiedad tuvo omisiones que constan en los documentos públicos. De acuerdo con la escritura n.° 7899 del 2021 de la Notaría Quinta de Pereira, fue una permuta con Sara Moreno Castrillón a cambio de una casa que Carlos Felipe Córdoba y Marcela Yepes tenían desde 2015 en un condominio cercano.
Las propiedades intercambiadas no eran comparables en su área ni en su precio, aunque la permuta se hizo como si ambos predios fueran equivalentes. Según la escritura, el intercambio se valoró en $1.500 millones.
La casa que Yepes entregó a cambio había sido comprada seis años antes en un remate por $400 millones. El matrimonio Córdoba-Yepes le hizo mejoras que, de acuerdo con lo que Yepes contó a este diario, implicaron invertir otros $400 millones.
Yepes asegura que esa casa se valorizó del 2015 al 2021 gracias a los desarrollos urbanísticos de la zona y en el momento de la permuta valía los $1.500 millones. Sin embargo, cuando era directora de control interno en la Fiscalía, en su declaración de bienes y rentas del año 2020 ella declaró que el valor de la propiedad era apenas de $368 millones. Vale mencionar que, por ley, este valor se reporta sobre el avalúo catastral, que suele ser inferior al precio comercial de los inmuebles.
En las escrituras de la permuta con la que Marcela Yepes cambió esa casa por el lote se omitió otra información más relevante: el lote recién adquirido ya tenía una construcción cuyos trámites habían iniciado en diciembre de 2020.
Las obras estaban bastante avanzadas al momento de la permuta, como lo prueba una fotografía en poder de El Espectador con fecha del 6 de septiembre de 2021, un mes antes del negocio. Pero la construcción no fue declarada por Sara Moreno ni por Marcela Yepes en la escritura de la permuta.
Moreno estaba enterada porque ella inició los trámites legales para las obras. Yepes también, pues lo reconoció en conversación para El Espectador. A pesar de esto, en la cláusula octava de la escritura se afirma textualmente que se trata de “un lote de terreno sin construcción”.
Un mes más tarde, el 12 de noviembre de 2021, Yepes compareció ante la Notaría 38 de Bogotá para declarar que había efectuado una “construcción en suelo propio” por valor de $1.279 millones. Dicha construcción era requisito para una hipoteca que hizo de un préstamo con el Banco de Bogotá, cuya garantía era esa propiedad.
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Según Yepes, la casa ha costado $2.500 millones, sumando la permuta del lote más lo que ha invertido en los acabados. El precio sigue estando por debajo del valor en la zona. El Espectador consultó ocho clasificados que ofrecen casas en Malabar y en todos los casos encontró que viviendas de menores dimensiones se venden a precios más elevados.
Cuando le preguntamos a Marcela Yepes por qué no se había mencionado en la escritura de la permuta que ese lote ya tenía una construcción, ella aseguró que sí lo había hecho. “Yo hice una permuta con mi casa para que la señora me entregara en el lote una casa en obra gris; no estará muy clara la escritura para ustedes, pero así es”, sostuvo Yepes.
Las obras se desarrollaban en el lote desde comienzos de 2021. Esto lo prueban varias fotografías verificadas, incluyendo una imagen satelital de Google Earth con fecha del 6 de febrero de 2021, donde se advierte que los primeros banqueos para la estructura se realizaron antes de la aprobación de la licencia, que ocurrió el 25 de marzo.
La permutante y antigua propietaria del lote era Sara Moreno Castrillón, empresaria de bienes raíces radicada en Medellín. Junto a sus hijos, es socia de empresas dedicadas a la ganadería, el mercado inmobiliario y la exportación de oro. Había adquirido el lote en 2017 por apenas $65 millones, según el Certificado de Tradición.
Sara Moreno es esposa del finquero y político conservador caldense Aurelio Mejía Saraza, exconcejal de Salamina y congresista por un corto lapso cuando ocupó la curul en la Cámara de Fabio Martínez, quien perdió su investidura en el año 2000. Mejía es viejo conocido de Ómar Yepes Alzate, padre de Marcela, pues hicieron proselitismo juntos en Caldas y compartieron bancada en el Congreso.
Aurelio Mejía y Sara Moreno Castrillón resultaron envueltos en un escándalo judicial cuando la Policía desmanteló, el 15 de mayo de 1993, un narcolaboratorio en una de sus fincas cerca de Aranzazu, Caldas. En el operativo se incautaron 250 kilos de cocaína y ambos esposos fueron capturados, según informaron en ese momento El Espectador y el diario La Patria, de Manizales. A pesar de las pruebas que la Fiscalía encontró en primera instancia contra Aurelio Mejía, señalado de estar enterado de que en su finca operaba un laboratorio de cocaína, la investigación precluyó un año más tarde en segunda instancia y los esposos recobraron la libertad.
¿Quién pagó la construcción de la casa?
Los planos de la vivienda, fechados el 25 de enero de 2021, revelan que el nombre del proyecto desde el principio fue Casa Córdoba Yepes. Esto quiere decir que diez meses antes de que la propiedad fuera de Marcela Yepes, ya se estaban pagando los diseños y la licencia de la vivienda que sería del matrimonio.
La explicación de Yepes es que ese fue el compromiso con Sara Moreno: ella debía entregarles el lote con una casa construida en obra gris y a cambio recibiría la vivienda que desde 2015 Marcela y el contralor tenían en Pereira, esta sí completamente terminada en su obra blanca, con decoración y lámparas incluidas.
Yepes mostró un contrato de promesa de permuta suscrito entre ella y Sara Moreno donde el lote fue avaluado en apenas $100 millones, monto considerablemente inferior al precio del mercado en la zona. Esto mientras que la construcción de la obra gris que Sara Moreno debía ejecutar se calculó en $1.000 millones. No obstante, dicho contrato no fue protocolizado ante ningún notario.
Lo que no logró aclarar Yepes es por qué nada de lo anterior quedó consignado en la escritura con que finalmente se protocolizó el negocio. “Yo no tengo que poner palabra por palabra, jurídicamente y en la ley no existe que deba ir cada una de las explicaciones que yo estoy dando”, apuntó. No obstante, dos abogados consultados opinaron lo contrario: que se omitió un dato esencial en la escritura pública, pues no hay concordancia entre el papel y la realidad de los hechos.
La licencia para construir fue solicitada en diciembre de 2020 por la señora Sara Moreno Castrillón, pero quien acudió a notificarse el 5 de abril de 2021, después de que la Curaduría Urbana autorizara el proyecto, no fue ella, sino el arquitecto encargado de la obra, llamado Aly Said Carmona Tom, quien suscribió los planos.
Aly Said Carmona es oriundo de Cartagena y no tiene mayor arraigo en el Eje Cafetero, aunque es el mismo arquitecto del proyecto Hotel Hilton Garden Inn, liderado por el Grupo Rivera en la Ciudadela Asturias, una megaobra en las afueras de Pereira.
Esta conexión es llamativa porque el Grupo Rivera, cuya cabeza es Albeiro Rivera Duque, es un conglomerado de la construcción favorecido por multimillonarios contratos con la Contraloría y la Fiscalía durante los mismos períodos en que Marcela Yepes y Carlos Felipe Córdoba han ostentado cargos directivos en esas entidades.
En diciembre de 2020, Albeiro Rivera se benefició de un negocio con el que vendió a la Contraloría un edificio para su sede en Pereira. Según publicó Noticias Uno, Rivera le compró a un banco el edificio en obra negra por $3.200 millones y tres meses después lo vendió para la Contraloría, sin hacerle ninguna mejora, en $5.184 millones. Además recibió el contrato de remodelación de ese mismo edificio , suscrito por $6.973 millones con la Fiduciaria Colpatria, que administra los patrimonios autónomos de la Contraloría.
Lo curioso es que la Contraloría ya había iniciado un proceso para comprar el edificio directamente al banco, pero la negociación se detuvo y Rivera acabó como intermediario. Por denuncias sobre estos hechos hay una acción popular en curso donde se señala a Sandra Patricia Bohórquez, subalterna de Carlos Felipe Córdoba.
Resulta coincidente que tanto ese negocio de Rivera con la Contraloría como los trámites para construir la Casa Córdoba Yepes iniciaron en diciembre de 2020.
Carmona Tom trabaja con el contratista Albeiro Rivera en el proyecto del Hotel Hilton. Su nombre aparece en los documentos con que el Grupo Rivera tramitó ese proyecto en 2018. El terreno del Hilton es propiedad de una empresa subsidiaria del Grupo Rivera cuya representante legal es Leidy Juliana Rivera Pulgarín, hija de Albeiro.
En conversación con este diario, Carmona aseguró que el contratista Rivera no tuvo ninguna relación con las obras de la casa del matrimonio Córdoba Yepes, aunque aceptó que sí había conocido a Sara Moreno a través de “él y varios amigos”. Añadió que fue la señora Moreno quien lo contrató para el diseño y la construcción de una casa en obra gris; según él, todos los pagos los hizo ella. Fue muy insistente en que nunca vio nada malo ni falto de transparencia en el proceso.
“Con ella [Sara Moreno] fue que yo estuve haciendo el trabajo inicial: posteriormente supe quiénes eran las personas con las que ella hizo un negocio de permuta”, aseguró el arquitecto. “Ellos [los Córdoba Yepes] hicieron el proceso de acabados y con ellos se definieron los conceptos finales de la casa; la finalización del proceso ellos la han hecho por su cuenta”.
Pero la versión de Marcela Yepes lo contradice: cuando le preguntamos quién había pagado diseños y buscado al arquitecto dijo que fue ella, porque se lo recomendaron.
Yepes desestimó la relación de Carmona con el contratista Rivera: “Si el señor quiso construir y yo lo conocí en Pereira, ¿qué culpa tengo yo de que trabaje con el Grupo Rivera? ¿Hay alguna parte en la ley que diga que si se conocen entonces no me puede construir la casa?”, dijo. “Yo simplemente busqué una persona que me hiciera mis diseños y que me hiciera mi casa como yo la soñaba”. Yepes no quiso adjuntar soportes de esos pagos, argumentando razones de seguridad.
En una segunda conversación, Marcela Yepes aseguró que el arquitecto lo había conseguido Sara Moreno y que, de hecho, había hecho un mal trabajo, por lo cual no ha podido terminar la casa. El Espectador visitó el lugar en junio y constató que la construcción está a punto de terminar.
Intentamos comunicarnos con la señora Sara Moreno Castrillón por teléfono varias veces, pero sus asistentes dijeron que no podía atendernos por razones de salud. Enviamos un cuestionario a los correos electrónicos de sus empresas y le solicitamos soportes que demostraran que fue ella quien pagó la totalidad de la construcción. Sara Moreno contestó el correo sin responder ninguna de las preguntas sobre la construcción de la Casa Córdoba Yepes. Su argumento fue que “debido a que mis relaciones comerciales son con clientes privados, la reserva comercial protege la divulgación o exposición de ese tipo de negociaciones”.
La versión del contratista
Llamamos a Albeiro Rivera y conversamos con su hija Juliana, quien se comprometió a que el contratista devolvería la llamada. Una agencia de comunicaciones que asesora su empresa se puso en contacto con esta redacción y, con su intermediación, enviamos un cuestionario que el contratista respondió.
Rivera aceptó que conoce a la señora Moreno desde 2013, cuando le vendió en cuotas un terreno en Pereira que era propiedad de su empresa y que ella terminó de pagar en 2015. Sobre la casa del matrimonio Córdoba Yepes, gestionada por Sara Moreno junto al arquitecto Carmona, que trabaja con el Grupo Rivera, el contratista agregó: “No he pagado la construcción de la casa de Sara Moreno ni parte de ella, no hice ninguna negociación reciente con Sara Moreno, ningún empleado del Grupo Rivera ha participado de esa construcción y ningún contratista, por órdenes del Grupo Rivera, ha participado de esa construcción”.
Albeiro Rivera argumentó que, aunque el arquitecto Aly Carmona sí trabaja con él, no tiene contrato de exclusividad: “Se le pagan honorarios de acuerdo con las necesidades de la empresa, pero no es un empleado de la misma: por tanto, como contratista, está en libertad de ejercer su oficio en cualquier otro escenario”.
Sobre las denuncias de vecinos que aseguran que empleados del Grupo Rivera han participado en la construcción de la casa y que el propio Albeiro Rivera ha supervisado las obras, el contratista aseguró: “Nuestra empresa contrata por servicios a la mayoría de los obreros que hacen parte de nuestros proyectos, de acuerdo con las necesidades de la misma, así que muchos de ellos tampoco tienen exclusividad laboral con nosotros”.
Rivera se refirió a una publicación de Las 2 Orillas que lo señala de estar al frente de la construcción de la casa: “Nos dimos a la tarea de averiguar si alguno de los [trabajadores] recientemente contratados por Grupo Rivera ha participado en la obra de la señora Moreno, y no encontramos relación alguna. Sin embargo, vale decir que no tenemos control absoluto sobre esto porque, reitero, son contratistas con derecho a trabajar en otros proyectos”.
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