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Las estadísticas demuestran que el tráfico ilegal de especies silvestres es una de las principales amenazas a la biodiversidad de Colombia. Entre 2018 y 2020, la Policía incautó 94.927 ejemplares de fauna silvestre, un promedio diario de 46 a 96 animales. Los datos son del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía, con un agravante resaltado por el coronel John Harvey Alzate, director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales: “Entre un 50 y un 80 % de los animales que se trafican mueren”. En los bosques, montañas y ríos que les sirven de refugio, hoy son especies empujadas a la extinción, pero apetecidas en los mercados internacionales. (Le recomendamos: En cifras: así es el tráfico de fauna en Colombia)
Colombia tiene una estrategia contra el tráfico de fauna desde hace veinte años, pero sus alcances son limitados. Diariamente decenas de animales son extraídos de sus hábitats, camuflados en cajas, morrales, llantas, botellas, envíos humanos y cuanto recurso encuentran sus traficantes, para ser sometidos a largos recorridos llenos de maltratos. Desde hace años, la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) trabaja con las especies más amenazadas. A través del Programa para el Combate del Tráfico Ilegal de Fauna, recopila información de cómo se afecta el rol que cumplen en los ecosistemas. Han encontrado que Suramérica, Centroamérica y África son los orígenes de las rutas del tráfico internacional de fauna. Y los grandes destinos son Estados Unidos, Europa y Asia. (Le puede interesar: Seaflower, un refugio natural de tiburones que está bajo amenaza)
Para contrarrestar el tráfico de fauna a escala nacional e internacional, la Policía Ambiental implementa programas como el de los “Binomios caninos para la detección de fauna silvestre objeto de tráfico”, con perros especializados y entrenados para que ayuden a neutralizar el tráfico de la fauna ilícita, que siempre se moviliza camuflada. En marzo de 2020, en el aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia (Amazonas), Fruco, un labrador dorado, entre cientos de maletas y cajas que husmeaba, halló un cargamento de 1.883 tortugas mata mata (Chelus fimbriata) listas para ser co|mercializadas ilegalmente. Gran parte de ellas pudieron ser recuperadas con vida. Iban hacia Perú para ser enviadas a otro continente.
Pero los binomios caninos, el registro de lugares y los controles en carretera no dan abasto. Por eso, la semana pasada estuvieron reunidos en Buenaventura y Leticia autoridades policiales de Ecuador, Perú, Brasil y Colombia, junto con WCS y la Universidad Internacional de Florida, para impulsar el trabajo conjunto del control al intercambio ilegítimo de animales. “La idea es hacer una alianza entre los cuatro países para enfrentar el tráfico de especies que han sido priorizadas”, aseguró el biólogo colombiano Diego Cardeñosa, a cargo de la capacitación. “El taller estuvo centrado en herramientas moleculares que facilitarán el trabajo y permitirán ir más allá en la detección del tráfico, con resultados más rápidos y enfrentar el comercio ilegal de distintas especies”. (Puede leer: Las alertas e inquietudes que revivieron las obras de la vía Ciénaga-Barranquilla)
“Esta herramienta nos permite hacer un trabajo más práctico y rápido”, agregan desde el Laboratorio de Identificación de Genética Forense de Especies Silvestres, gerenciado por la Dirección de Investigación Criminal. Un laboratorio único en Latinoamérica donde se analizan huesos, tejidos, plumas, cueros y pelos con técnicas genéticas y moleculares, para ayudar a judicializar a quienes cometen delitos contra la naturaleza. “Tenemos 36 horas para legalizar la captura de un ciudadano, pero los protocolos que implementamos actualmente se demoran más que eso, porque a nivel técnico requieren más tiempo. Este nuevo protocolo nos permitirá obtener un concepto en cuatro horas y entregar a las autoridades un concepto técnico permite determinar si se está cometiendo un delito y las personas deben ser judicializadas”.
¿Por qué en Leticia y Buenaventura?
Según las autoridades e investigaciones, las regiones con mayor incidencia de casos de explotación y comercialización de fauna silvestre son el piedemonte amazónico, la costa Atlántica y algunos departamentos de la zona pacífica. El Pacífico es uno de los lugares de donde más se extraen tiburones en el país. En septiembre de 2021, la Secretaría de Ambiente de Bogotá reportó la incautación de 3.493 aletas de tiburón en el aeropuerto El Dorado. Venían del Valle del Cauca, y su destino era Hong Kong. Aunque desde abril de 2021 está prohibida la comercialización y el procesamiento de tiburones, rayas marinas y quimeras en Colombia, el comercio ilegal de aletas continúa. En el cargamento se identificaron al menos ocho especies provenientes del Pacífico.
En la misma región vive uno de los animales más apetecidos por el tráfico internacional: la rana venenosa. Hace parte del grupo más amenazado del mundo: los anfibios. Más allá del tráfico, estos animales también enfrentan la pérdida de hábitat y las enfermedades emergentes. Sin embargo, durante años, se han hecho muchas incautaciones de cientos de estas ranas en el aeropuerto de Bogotá, que se convirtió en un punto clave para que los animales salgan al mercado negro en el exterior.
Cerca de Leticia hay una frontera trinacional porosa en la que se comparten especies y biodiversidad con los países aledaños. Pero, además, ambos territorios tienen algo en común: “Muchas personas que participan, sobre todo en el origen de la cadena, se enfrentan a contextos de abandono, hambre y pobreza, y el traficante se aprovecha de eso”, explican desde WCS. Por eso, desarrollaron también proyectos en los territorios con el fin de trabajar en conjunto con las comunidades. “Construir con ellas va a contribuir de manera preventiva en la reducción de esa demanda”. La prioridad está en especies que hacen parte del comercio transcontinental y cuyo origen de la ruta está en Colombia y los países aledaños.
En Colombia, la Policía Nacional ha identificado tres rutas importantes. La primera tiene como destino Bogotá y se origina desde el norte del país, en especial desde Córdoba y Cesar. La segunda se origina en el sur del país (Amazonas, Vaupés, Guaviare, Putumayo y Meta). Se trafican toda clase de especies cuyos principales destinos son Bogotá y las fronteras. Una tercera ruta parte desde Chocó y Antioquia, y sus principales destinos también son la capital y las fronteras. Hacia el exterior, se han identificado tres rutas. Una hacia México, Estados Unidos, República Dominicana y Ecuador; otra hacia Europa, y una más hacia el continente asiático. En lo corrido de 2022, la Policía ha decomisado 5.994 especímenes del tráfico de fauna: 1.630 aves, 3.284 reptiles y 1.080 mamíferos.
Las consecuencias del tráfico de fauna
Cuando los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces son sacados de sus ecosistemas para ser vendidos ilegalmente, se transforma sustancialmente el paisaje. Al convertirse en mascotas y trofeos para coleccionistas en el exterior, se interrumpe el rol que cumplen en los ecosistemas. Los mamíferos y aves dejan de ser dispersores de semillas. Los anfibios y reptiles no pueden cumplir con su función como controladores de plagas causantes de enfermedades. Los animales pequeños dejan de ser alimento para depredadores más grandes, rompiendo la cadena trófica.
Así como las especies que son sacadas del país, hay una parte del comercio menos visible: la llegada de otras especies como gecos, lagartos, hurones, serpientes y ajolotes para la reproducción y comercialización en Colombia. La introducción de especies exóticas deja grandes estragos; por ejemplo, la presencia incontrolable del pez león en nuestros arrecifes, los impactos del caracol africano y, el caso más visible, la dispersión y el caos de los hipopótamos invasores. La llegada de especies foráneas de manera ilegal no solo es un delito, sino que además pone en riesgo la biodiversidad y a las especies propias de nuestro territorio.
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