Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El pasado fin de semana, la Unidad Investigativa de El Espectador contó que a la Corte Suprema de Justicia llegaron ocho expedientes relacionados con la disputa por las megafincas del narcoparamilitarismo en Colombia. Esos casos concentran 2.399 hectáreas de tierra ubicadas en Antioquia, Córdoba y Boyacá, y que el Estado colombiano tiene presupuestado entregar como reparación a cientos de familias que fueron despojadas por las autodefensas. En esa primera entrega abordamos los primeros cuatro inmuebles, los cuales están relacionados con bienes de los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil, cabezas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En este segundo reportaje incluiremos las historias de cuatro lotes que están relacionados con los exjefes paramilitares Ramiro “Cuco” Vanoy; Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; Luis Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”; y Henry de Jesús Pérez, fundador de las autodefensas en el Magdalena Medio en los años ochenta. Dentro de los expedientes aparecen nombres de un antiguo socio de Pablo Escobar, un exalcalde de Cáceres y hasta el testigo estrella del caso Odebrecht en Colombia. El alto tribunal tiene la tarea de resolver las solicitudes que presentaron en los últimos años personas que aseguran ser dueños legítimos de esas tierras, entre los que se encuentran ganaderos de la zona, familiares, presuntos testaferros, entre otros.
Este debate judicial en el alto tribunal resulta especialmente sensible porque estos procesos no solo definirán la propiedad de unas megafincas, sino también el destino de un patrimonio con el que cuenta el Estado colombiano para reparar a cientos de familias campesinas de estos departamentos que fueron despojadas por las estructuras ilegales de los hermanos Castaño. La extensión de estos terrenos en disputa representa un área similar a 3.360 canchas de fútbol, las cuales están en manos del Fondo de Reparación de Víctimas a la espera de que la Corte Suprema tome una decisión de fondo.
El Congo de alias “Cuco Vanoy” y un contratista que fue socio de Pablo Escobar
Los predios La Molinera y Las Margaritas están ubicados en el municipio de Turbo, Antioquia. Ambos inmuebles, que suman 123 hectáreas, hacen parte de un conjunto mayor de tierras que integraban la denominada hacienda El Congo, la cual alcanzó a tener entre 3.000 y 5.000 hectáreas. La Fiscalía decomisó los dos predios en 2019 y 2021 con base en los testimonios de exparamilitares, quienes indicaron que ese enorme terreno era propiedad del exjefe paramilitar alias “Cuco Vanoy”; incluso el mismo exjefe paramilitar lo aseguró ante un fiscal. Otro que declaró fue Rodrigo Alberto Zapata, alias “Ricardo”, quien afirmó que visitó en varias ocasiones la hacienda El Congo junto a Vicente Castaño. Además, describió la presencia permanente de hombres armados y el uso del predio para reuniones de los líderes de las AUC.
En la tradición de los predios también aparecen dos empresas pertenecientes a la familia Correa Arroyave, de la cual uno de sus integrantes, Ramiro Arturo Correa Arroyave, fue señalado como socio de Pablo Escobar. En los últimos años se convirtió en contratista de la Gobernación de Antioquia durante las administraciones de Sergio Fajardo y Luis Pérez. Este es un asunto que, para la Fiscalía, es un indicio del origen opaco de los terrenos. Después, parte de esas tierras fueron adquiridas por Pedro Antonio Quintero, cuñado de Vanoy, quien, según las versiones libres del propio exjefe paramilitar, figuró como propietario formal, aunque el control real del predio seguía en manos de “Cuco Vanoy”.
Posteriormente, los terrenos se fraccionaron y pasaron a distintos compradores, entre ellos el ganadero Ómer de Jesús Sajona, actual reclamante del bien ante los estrados judiciales e integrante de Suganar, la organización ganadera que tuvo en el pasado miembros que fueron de las AUC. En enero de 2026 se supo que la Corte Suprema confirmó la decisión que en primera instancia emitió el Tribunal Superior de Medellín: negar la devolución de los bienes, ya que los predios provenían de tierras vinculadas a Cuco Vanoy, que fueron subdivididas y transferidas a terceros a través de familiares, socios y empresas relacionadas con su entorno. Además, dice el alto tribunal, el comprador no realizó las verificaciones suficientes, pese a que la zona de Urabá era conocida por la fuerte presencia paramilitar.
“Cuco Vanoy” fue uno de los exjefes paramilitares más influyentes en la expansión del grupo criminal hace treinta años. Como comandante del Bloque Mineros, una estructura que llegó a tener cerca de 2.800 hombres armados, controló amplias zonas del Bajo Cauca antioqueño a finales de los años noventa y comienzos de los años 2000. Vanoy inició su trayectoria en las economías ilegales como esmeraldero en Boyacá y luego se vinculó al narcotráfico en los años ochenta, inicialmente en la órbita del Cartel de Medellín, antes de convertirse en uno de los jefes paramilitares más poderosos de Antioquia. Desde municipios como Tarazá y Caucasia consolidó una red armada y económica que combinaba narcotráfico, control territorial y acumulación de tierras, lo que le permitió ejercer influencia política y social en la región.
Su bloque fue responsable de cientos de asesinatos, desapariciones y desplazamientos en el Bajo Cauca, crímenes que, según informes del CNMH y testimonios recogidos en procesos de Justicia y Paz, hicieron parte de una estrategia de control territorial y persecución contra comunidades señaladas de colaborar con la guerrilla. Vanoy se trasladó al Urabá antioqueño, una región estratégica por su salida al mar Caribe, su importancia para el narcotráfico y el control territorial en medio de la guerra contra las guerrillas. Allí, donde se encuentra la finca El Congo, se integró al proyecto paramilitar de los Castaño, que buscaba expandir su presencia armada hacia zonas como el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.
Un narco hondureño, un testigo de Odebrecht, alias “Rasguño” y “Don Berna”
En el municipio de Tierralta, Córdoba, hay un predio de 937 hectáreas que estuvo durante casi dos décadas en manos de grandes capos asociados a poderosos carteles narcotraficantes. Se trata de la finca La Macarena, la cual fue decomisada por la Fiscalía en 2018, luego de que exparamilitares, como alias “HH” y “Veintiuno”, señalaran que el terreno fue propiedad de mafiosos como el narcoparamilitar alias “Don Berna”, líder de la Oficina de Envigado; “Rasguño”, una de las cabezas del Cartel del Norte del Valle; y Juan Ramón Matta Ballesteros, el capo narcotraficante hondureño que fue socio en los años noventa del Cartel de Medellín, a través de Pablo Escobar y Griselda Blanco.
Incluso, uno de los exparamilitares señaló que, en La Macarena, “Don Berna” recibía visitas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, quienes fueron condenadas por ser dos fichas clave de la alianza de políticos con el grupo criminal. Quienes hoy piden que la Fiscalía levante el embargo del bien son los actuales propietarios de la sociedad Agromedellín S.A.S., que pertenecen a la familia Cardona, principalmente Wilmar de Jesús, Gloria Yulieth y Rubí de Jesús, quienes adquirieron la empresa hacia 2007, operación mediante la cual también quedaron con el control de la hacienda La Macarena.
De acuerdo con el expediente judicial, la sociedad había sido creada en 2006 por el reconocido abogado Alonso de Jesús Sanín Fonnegra, quien posteriormente la cedió al excongresista y comerciante ganadero Otto Bula, quien, además de ser testigo del caso Odebrecht, ha sido señalado por la Fiscalía de haber tenido negocios con la Oficina de Envigado. Según los testimonios del proceso, la familia Cardona compró la empresa directamente a Bula, quien fue cercano al exsenador Mario Uribe, primo hermano del expresidente y condenado por sus nexos con el paramilitarismo. La transacción, dice el expediente, se habría cerrado por cerca de COP $700 millones.
En enero de 2025, el Tribunal Superior de Medellín ordenó no devolver el predio a los Cardona y les reprochó no haber indagado más sobre el pasado, pues en Tierralta La Macarena era conocida como un centro de operaciones de las AUC. Desde esa determinación judicial, el proceso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, que determinará si el bien será destinado a reparar a las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Esa decisión fue confirmada un mes después por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Entre los nombres de la mafia que fueron dueños de La Macarena destaca el de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien fue uno de los personajes clave en la convergencia entre narcotráfico, paramilitarismo y control urbano en Colombia durante los años noventa y comienzos de los 2000. Su trayectoria criminal comenzó en estructuras del narcotráfico vinculadas al Cartel de Medellín y, tras la caída de Pablo Escobar, pasó a ser una de las cabezas del crimen organizado en Antioquia, especialmente en el Valle de Aburrá. En ese proceso, Don Berna se convirtió en un aliado estratégico de las AUC, consolidando poder tanto en el mundo del narcotráfico como en la guerra contrainsurgente.
Desde finales de los años noventa asumió el liderazgo del Bloque Cacique Nutibara y posteriormente del Bloque Héroes de Granada, estructuras paramilitares que operaron principalmente en Medellín y en distintas zonas de Antioquia y que combinaron operaciones militares contra guerrillas con el control de economías ilegales y de redes criminales urbanas. Uno de los episodios más graves asociados a su estructura fue la Operación Orión, realizada en octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, donde, según informes del CNMH y de la Comisión de la Verdad, tras la intervención militar y policial se consolidó el control paramilitar en el sector y se registraron desapariciones y asesinatos atribuidos a grupos bajo su influencia.
Tras la desmovilización de las AUC en 2003 y 2004, Don Berna fue capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2008 por cargos de narcotráfico. Actualmente permanece detenido en una cárcel del estado de Indiana, cumpliendo una condena de 31 años. A “Don Berna” se le ha vinculado judicialmente, o en testimonios, a varios homicidios de alto impacto en Colombia. Su nombre ha aparecido relacionado con el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín en 1998; con la planeación del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en 1999; y con el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza, ocurrido en Bogotá en 1998, uno de los crímenes más graves contra defensores de derechos humanos en el país.
La finca del fundador de las autodefensas en el Magdalena Medio
La finca Villa Inés, ubicada en zona rural del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), tiene una extensión de 35 hectáreas. Este terreno quedó vinculado al paramilitarismo del Magdalena Medio debido a su relación estrecha con Henry de Jesús Pérez, reconocido líder de las autodefensas de Puerto Boyacá en los años ochenta y que alcanzó a comandar un ejército criminal de 7.000 hombres en el Magdalena Medio. En 2019, el ente investigador decomisó el inmueble luego de que dos exjefes paramilitares aseguraran que allí habría funcionado una base de organización criminal, donde también se impartían instrucciones a integrantes del grupo armado.
Se trata de Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”, y Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias “Pájaro”, hoy envueltos en procesos penales por volver a delinquir en la zona, aparentemente. La finca es reclamada por Luz Marina Ruiz Gómez, esposa del excomandante paramilitar Henry de Jesús Pérez. Ella argumenta que lo adquirió con recursos propios y de manera lícita en los años ochenta. Además, insistió en que el hecho de que la finca fuera asociada públicamente con su esposo se debía a la notoriedad de Henry Pérez en la región y no a que él fuera realmente el propietario. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín negó la solicitud de devolución del predio.
El magistrado del caso señaló que varios informes de policía judicial concluyeron que Luz Marina Ruiz no contaba con soporte financiero suficiente para explicar la adquisición de ese y otros bienes registrados a su nombre en la época. En segundo lugar, el tribunal destacó que la mujer era cónyuge del comandante paramilitar que dominaba la región, por lo que resultaba poco creíble que desconociera el origen o uso del bien. En consecuencia, el despacho concluyó que el inmueble mantenía un vínculo directo con las autodefensas del Magdalena Medio y debía permanecer bajo medidas cautelares para que se reparara a las víctimas. La Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal en mayo de 2025.
Pérez consolidó su poder en Puerto Boyacá durante los años ochenta junto a su padre Gonzalo de Jesús Pérez, creando redes armadas, políticas y económicas que contaron con el respaldo de ganaderos, narcotraficantes y sectores regionales que buscaban enfrentar a las guerrillas. Su organización operó a través de la fachada legal de Acdegam (Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio) y estuvo vinculada a la expansión del paramilitarismo en la región, incluyendo entrenamientos impartidos por el mercenario israelí Yair Klein y alianzas con narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha.
Investigaciones periodísticas y judiciales han señalado su responsabilidad en varias masacres emblemáticas del conflicto, como las de La Rochela, La Negra y Honduras, hechos que marcaron una de las primeras etapas de violencia paramilitar sistemática contra civiles.
El predio del hermano de “El Alemán” y “Don Mario”
El predio Puerto Hondo está ubicado en zona rural del municipio de Montería, Córdoba, con una extensión aproximada de 109 hectáreas. La Fiscalía decidió decomisar el inmueble en 2021 luego de que Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, señalara que el inmueble era propiedad de Ana Elizabeth Rodríguez Orrego, esposa de su hermano, el narcoparamilitar Jairo de Jesús Rendón Herrera, alias “Germán Monsalve”. Esa relación familiar generó la hipótesis de que el predio pudiera haber servido para ocultar o canalizar recursos provenientes de actividades ilegales vinculadas a las AUC. Quien reclama la devolución del predio es la sociedad Inversiones Vega Lacharme S.A.S., representada por Francisco Antonio Vega Lacharme.
Se trata de un reconocido ganadero de la zona que es miembro de Suganar, una organización ganadera que tuvo en el pasado como accionista al exjefe paramilitar “Cuco Vanoy” y a Sor Teresa Gómez, la condenada cuñada de los Castaño. Aunque Vega le dijo al Tribunal Superior de Medellín que el negocio fue legal, su solicitud fue negada en abril de 2025 al considerar que el comprador no realizó verificaciones suficientes sobre los antecedentes del predio ni sobre las personas involucradas en la cadena de propiedad, pese a que existían elementos que debían generar alertas, como una compleja historia de transferencias del predio y los vínculos familiares de antiguos propietarios con personas investigadas en el contexto del paramilitarismo. La Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal en noviembre de 2025.
Al ser hermano de los exjefes paramilitares El Alemán y Don Mario, Germán Monsalve hizo parte de un entramado social y criminal que rodeó la expansión del paramilitarismo en Antioquia y el Urabá chocoano en los años noventa. Expedientes judiciales han mencionado cómo redes familiares, económicas y territoriales fueron claves para la expansión de las estructuras paramilitares en esa región, donde se desarrollaron campañas de violencia, desplazamiento y despojo de tierras contra comunidades campesinas, indígenas y negras.
Consulte más temas de Investigación 🔍📓 de El Espectador aquí.
Si le interesan los temas de Investigación y quiere opinar sobre este contenido y recibir o compartir más información, escríbame al correo de jescobar@elespectador.com (David Escobar Moreno).
Por David Escobar Moreno
Conoce más