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Detrás de los nombres más temidos del paramilitarismo en Colombia —Don Berna, El Alemán, Don Mario, Otoniel, Jorge Pirata y HH— aparece un mismo rostro en común. No es un jefe de tropa ni un capo del narcotráfico, sino una abogada de 1.72 metros de altura, nacida en Sogamoso (Boyacá), que en distintos momentos de sus carreras criminales los defendió ante la justicia. Su nombre: Consuelo Ibeth Parra Velandia. De acuerdo con informes de inteligencia de la Policía, ella es depositaria de algunos de los secretos más oscuros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y del Clan del Golfo, la organización que heredó el poder del paramilitarismo y que hoy, según el Ministerio de Defensa, es el grupo armado ilegal más grande del país.
Ella también tiene algo en común con sus viejos clientes: tiene asuntos pendientes con la justicia colombiana. La mujer de 47 años está ad portas de afrontar un juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. De acuerdo con la Fiscalía, Parra lideró una sofisticada red de lavado de activos y testaferrato para esconderle bienes a un temido capo que fue extraditado a los Estados Unidos. Se trata de Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, quien, hasta 2018, fue el segundo al mando del Clan del Golfo, por detrás de Otoniel. El Espectador conoció detalles de la investigación que muestra una radiografía de los lujosos bienes adquiridos, aparentemente, con dineros del narcotráfico.
El expediente conocido por este diario advierte que la red liderada por Parra adquirió 240 inmuebles, avaluados $65.700 millones, y que estaban a nombre de cuatro personas y siete empresas. Esa extensa lista de casas, apartamentos, megalotes, locales, parqueaderos, y hasta hoteles, están ubicados en Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, Chía, entre otros. La fiscal del caso ha dicho que una de las piezas claves de la supuesta red de lavado de activos es un hombre que tendría un viejo nexo con los paramilitares: Wilson Muñoz Ávila, presunto testaferro de alias Capitán Victoria, un hombre cercano al exjefe paramilitar Carlos Castaño durante la masacre de Mapiripán, perpetrada en julio de 1997.
Los investigadores de la Fiscalía señalan que Muñoz y la empresa Incol (de la que fue representante legal), compró, entre 2014 y 2017, 185 inmuebles. Entre ellos, 108 parqueaderos del Centro Comercial Lago Plaza en Pereira, 36 lotes en Acacías (Meta) y 14 apartamentos penthouse en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. Otras empresas que están bajo la lupa de la Fiscalía también adquirieron dos megalotes en exclusivas zonas del norte de Bogotá, tres lujosos apartamentos en condominios de Cartagena, un hotel en el centro de Medellín y cuatro lotes en el municipio de Sogamoso, de donde es oriunda la abogada Consuelo Parra.
Otra de las personas que movía grandes cantidades de dinero es Cristhian Camilo Uribe quien, según registros de la DIAN, se dedicaba a actividades económicas como cultivo de frutas tropicales y subtropicales, cría de ganado bovino y bufalino. La Fiscalía siguió sus pasos en el escenario bancario desde 2010 y encontró que, durante esa década, adquirió 20 inmuebles por $2.735 millones. Entre ellos “apartamentos, locales comerciales, consultorios médicos y terrenos en la ciudad de Medellín donde funcionan un hotel y sus parqueaderos, así como también lotes en Bogotá y Boyacá”, dice uno de los informes conocidos por El Espectador y que es pieza clave del proceso.
¿Quién es Consuelo Parra?
Ese mismo documento, que supera las 800 páginas, da luces sobre cómo Parra terminó siendo la mujer de confianza en los asuntos judiciales de capos de Colombia en las últimas tres décadas. El 3 de septiembre de 2005, dice el informe del ente investigador, con apenas 26 años, la abogada se desmovilizó del bloque Centauros de las AUC. Sin embargo, no existen registros de cuándo ingresó al grupo criminal. La Fiscalía también citó las declaraciones de un exparamilitar, quien aseguró que Parra era informante de los paramilitares en Sogamoso. En el último periodo de Juan Manuel Santos en la presidencia, Parra fue quien hizo los acercamientos para que el Clan del Golfo se sometiera a la justicia, pero que terminaron en un absoluto fracaso.
En 2018, con la llegada del gobierno de Iván Duque, ese escenario de paz se alejó aún más y los líderes del grupo criminal empezaron a ser capturados o murieron en medio de los operativos de la Policía y el Ejército. En agosto de ese año, alias Nicolás fue capturado y casi que de inmediato empezó a entregar información a la Fiscalía sobre las personas que lavaron activos para la organización de Otoniel, su viejo aliado. Fue Parra la que estuvo entre los pasillos judiciales defendiendo los asuntos judiciales del segundo hombre del Clan del Golfo. Hasta marzo de 2022, cuando fue extraditado a los Estados Unidos para responder por delitos de narcotráfico. Un año más tarde, fue condenado a 25 años de prisión.
Según los cálculos de Parra, que aparecen en las interceptaciones hechas por la Fiscalía a sus llamadas, a su cliente le contaría el tiempo que estuvo preso en Colombia: “Se fue de acá casi con cinco años preso y le valen el tiempo de cárcel en Colombia. Antes de que la Corte (Suprema) avalara su extradición, me pidió que lo sacaran rápido de Colombia, que no quería que lo sacaran con Dairo (alias Otoniel), porque no quería que le subieran el perfil cuando llegara Estados Unidos”, dijo Parra en una interceptación de noviembre de 2022.
La colaboración de “Nicolás”, con beneficios judiciales, terminó siendo el principio del fin de Otoniel, quien fue capturado en octubre de 2021. A partir de allí, dicen fuentes policiales y al interior de la Fiscalía, Consuelo Parra “fue señalada como una de las personas que, posiblemente, aconsejaron a Nicolás para que colaboraran con la justicia”.
¿Qué dice la defensa de Consuelo Parra?
Iván Cancino, defensor de la abogada Parra, habló con este diario y señaló que su clienta no es la líder de ninguna banda. “Es una abogada que ha ejercido su profesión y que, dentro de ese ejercicio de la profesión, ha cobrado honorarios importantes, declarados, todos por encima de la mesa, en el marco de la ley”.
El abogado agregó que tiene un dictamen pericial que corroboraría que su patrimonio millonario es legal. “Hasta ahora cada una de las peticiones que ha tratado de hacer la Fiscalía se las han despachado desfavorablemente. Por ejemplo, en agosto de 2024, le fue negada la solicitud de prisión preventiva contra casi todos los procesados, y contra ella solo hubo una orden de presentarse mensualmente ante el juzgado que lleva el caso. De tal suerte que todas las empresas que ella tiene están por encima de la mesa, totalmente funcionando en el marco legal y eso se va a demostrar”, aseguró el abogado.
Sobre el señalamiento de que su cliente fue quien indujo a Nicolás a delatar a Otoniel, Cancino aseguró que “aconsejar a su cliente es parte del ejercicio profesional y hace parte de la reserva del sumario, tanto mía con ella, como de ella con sus clientes. Entonces no me puedo referir al respecto”. Aunque el pasado 26 de agosto estaba previsto que Parra fuera llamada a juicio, la audiencia no se adelantó porque la Fiscalía no asistió a la audiencia y se desconoce cuándo será reprogramada.
En una próxima entrega periodística, El Espectador contará detalles sobre las interceptaciones que hizo el ente investigador a las comunicaciones de la abogada de la mafia, las cuales revelan un oscuro episodio del bajo mundo criminal; en el que aparecen viejas fichas de la Oficina de Envigado y un grupo sicarial que asesino un notario en Bogotá.
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Por David Escobar Moreno
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