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Esta semana, la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 en Colombia, y a partir de entonces se activa el sistema de causales que el mismo tribunal estableció en 2006 (si la mujer corre peligro, si el feto tiene complicaciones incompatibles con la vida y si el embarazo es producto de una violación). Este modelo se conoce como “de plazos” o “mixto” y cada vez más son los países que lo implementan. (Aborto en Colombia: las 39 veces que se pudo despenalizar y el Congreso no lo hizo)
Sin embargo, el hecho de que el delito de aborto permanezca en el Código Penal y no fuera eliminado, como lo pedían las demandantes, sigue constituyendo un riesgo para las mujeres y personas gestantes. En las últimas tres décadas, un puñado de países han dejado de penalizar totalmente a las mujeres que abortan, entre otras razones, porque lo consideran un asunto de derechos humanos y salud pública, que no debería ser interferido por una política criminal. (¿Quiénes son las “personas gestantes” en la sentencia que despenalizó el aborto?)
Algunos de los argumentos presentados por las demandantes en Colombia ya habían sido acogidos por países que han despenalizado totalmente el aborto, como Canadá, Corea del Sur y algunos estados de Australia, Estados Unidos y México. Estas jurisdicciones acogieron recomendaciones proferidas por organismos de derechos humanos como el Comité de la CEDAW, que ha sugerido a los Estados “derogar las normas que penalizan el aborto, al considerarlas violencia de género y tortura”.
A continuación, relatamos la experiencia de aquellos países que eliminaron el delito de aborto y los argumentos para hacerlo. Las conclusiones, que se derivan también de investigaciones realizadas por académicas y organizaciones como Dejusticia, sugieren que la penalización trae consigo un estigma y una falta de claridad sobre lo que es o no legal, que derivan, a su vez, en obstáculos para que la prestación del servicio de aborto se preste de forma segura y gratuita, incluso cuando hay causales excepcionales para su despenalización.
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Bajo la premisa de que los abortos deben tratarse como un problema de salud y no como un asunto criminal, los países estudiados acompañaron la despenalización total con una regulación sanitaria gratuita e integral, que le brinda una gama de servicios a las mujeres, que incluye apoyo psicológico, educación sexual y anticoncepción. Así mismo, el aborto es considerado un servicio médico gratuito cubierto por el Estado. Pero cuando la despenalización del aborto se da sin una regulación clara, se generan vacíos que perjudican a las mujeres, como sucedió en Corea del Sur.
Canadá (1988)
Desde 1988, una mujer puede abortar en Canadá en cualquier momento y por cualquier motivo, gracias a la sentencia Reina vs. Morgentaler, que abordó el caso de la médica Leslie Frank Smoling y los médicos Henry Morgentaler y Robert Scott, acusados de conspirar para realizar abortos ilegales debido a que crearon una clínica en la que atendían a mujeres que requerían un aborto, pero que no obtenían el certificado del comité médico, como lo exigía en ese entonces la ley.
Al resolver el caso, la Corte Suprema de Canadá consideró que la existencia del delito de aborto vulneraba la seguridad personal de la mujer al forzarla a continuar con un embarazo que no deseaba, y que esa vulneración no estaba justificada con la idea de proteger al feto. El delito de aborto fue declarado, entonces, inconstitucional y no es inaplicable. En cambio, es entendido como derecho y una ley regula como servicio médico garantizado por el Estado.
Por ejemplo, Quebec asume de su presupuesto público los gastos incurridos en transporte y en procedimiento a una mujer que requiera un aborto en el último trimestre de embarazo, ya que no todos los hospitales tienen la capacidad de practicarlo dado el avanzado tiempo de gestación. Otro ejemplo es el de British Columbia que ofrece, de forma gratuita, las pastillas de misoprostol y mifepristona para las mujeres que requieren abortar en las primeras semanas de embarazo y que no pueden trasladarse a los centros urbanos.
La despenalización del aborto en Canadá ha logrado “reducir un 30% las interrupciones de embarazos en adolescentes y eliminar la muerte materna”, de acuerdo con las afirmaciones de Joanna Erdman, asesora en salud. Es decir, en Canadá nadie muere por aborto inseguro. Las cifras muestran, además, que el número de abortos practicados ha descendido entre 2007 y 2015, pasando de 33.030 a 23.561, y la mayoría de ellos son practicados en las primeras 12 semanas. La despenalización del aborto tampoco ha aumentado la tasa de abortos. ¿Qué es despenalizar el aborto? Las claves del fallo que cambió reglas en Colombia
Queenslad, Australia (2018)
Este estado australiano eliminó en 2018 el delito de aborto gracias a la expedición de una ley, pero tiene, a su vez, un modelo de plazos. Una mujer puede interrumpir voluntariamente su embarazo sin restricciones hasta las 22 semanas. A partir de ese momento, se activa un sistema de causales que contempla la salud y la vida de las mujeres, los casos de violencia sexual y la inviabilidad fetal; y requiere del respaldo de dos médicos.
El Parlamento australiano de Queensland fue el encargado de hacer la modificación legislativa y en dicha discusión se obtuvieron 50 votos a favor y 41 en contra. “Sin importar cualquier otra ley, una mujer que consciente, ayude o lleve a cabo un aborto, no comete delito”, se lee en la norma que estableció también una zona de acceso seguro para que las mujeres que acuden a las clínicas a abortar no sean molestadas en su intimidad por activistas antiaborto a menos de 150 de metros.
El Parlamento de Queensland reconoció, además, que su reforma se formuló para ir acorde con los avances en el derecho internacional y los órganos de las Naciones Unidas, que han instado a eliminar las leyes que penalicen la interrupción del embarazo, ya que “pueden constituir discriminación y una violación de los derechos de la mujer, incluyendo el derecho a la salud”.
Ahora, con la nueva ley, solo comete delito la persona que practique un aborto sin ser médico. Por ejemplo, alguien que se hace pasar por un profesional de la salud sin estar reconocido como tal en el registro nacional. Esta persona es entendida como “no calificada”. Pero, en definitiva, la disposición deja de penalizar a quienes interrumpen voluntariamente su embarazo.
Nueva York, Estados Unidos (2019)
El delito de aborto salió del Código Penal de Nueva York tanto para las mujeres que lo solicitan como para los médicos que lo practican, pero se estableció una regulación de salud pública para acceder a él como un derecho. Desde entonces, las mujeres pueden abortar de forma libre hasta la semana 24 y, a partir de ese momento, se da paso a las causales: “Si la salud o la vida de la mujer están en riesgo, o si el feto no es viable”. “El aborto es una intervención médica, no un crimen”, explicó la senadora Liz Kritzer.
Además, según Dejusticia, Nueva York le ha dado preponderancia a la atención del aborto como un asunto médico. Los planes de seguro médico privados tienen la obligación de incluir la interrupción voluntad del embarazo dentro de su cobertura sin costo compartido; las pólizas de seguro médico tampoco pueden limitar o excluir su cobertura; y las mujeres de escasos recursos pueden obtener fondos públicos para costear los servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto.
Corea del Sur (2021)
El aborto dejó de ser delito en Corea del Sur en enero de 2021. El Tribunal Constitucional levantó la prohibición que existía desde 1953, por considerarla inconstitucional en una sentencia de 2019. Ese año, los jueces le ordenaron a la Asamblea Nacional modificar la legislación penal para dejar de criminalizar a las mujeres y fijaron como fecha límite el 31 diciembre de 2020. Sin embargo, el 1 de enero de 2021 llegó sin que se cumpliera la orden, por lo que la decisión judicial quedó en firme y oficialmente el aborto dejó de ser delito.
La legislación antigua permitía abortar si se estaba ante un caso de violación, incesto, malformaciones graves o riesgo serio para la vida de la madre; siempre y cuando la gestación no hubiera llegado a las 24 semanas. Las mujeres necesitaban el consentimiento de sus cónyuges y, si ellos no estaban de acuerdo, ellas simplemente no podían abortar. Pero el tribunal consideró que esto limitaba los derechos de las mujeres para elegir sus propios destinos y que violaba su derecho a la salud.
La mujer que abortaba podía ser castigada “hasta con una pena de cárcel de un año o con multa de hasta $2.000 dólares”. Adicional a esto, estaba el estigma social que generó la penalización del aborto sobre las mujeres, que se convirtió incluso en arma de venganza de sus parejas que ventilaban estos episodios en los procesos de divorcio. Eso cambió este año, cuando se cumplió el plazo planteado por el Tribunal Constitucional, que inició su análisis gracias a un médico que demandó tras ser condenado por practicar un aborto.
Pese a que a mediados del año pasado el gobierno surcoreano, anunció algunas iniciativas de mejoras legislativas para la IVE, el 1 de enero de 2021 inició en Corea del Sur sin un plan diseñado para el aborto seguro. Según Amnistía Internacional, aunque se entiende que “el delito del aborto en el Código Penal ha sido abolido, la actitud inactiva del gobierno y la confusión causada por el vacío legislativo están agobiando a todas las mujeres coreanas. Dependiendo del departamento de obstetricia y ginecología, los procedimientos y precios son diferentes, y el hospital no cuenta con una guía adecuada”.
Estado de Coahuila (2021)
La decisión judicial más reciente que declaró inconstitucional el delito de aborto se dio el 7 de septiembre de 2021 en el estado mexicano de Coahuila, en medio de una acción de inconstitucionalidad que decidió la Suprema Corte. Al descriminalizar a las mujeres y las personas gestantes que abortan, la Corte también lo hizo con el personal sanitario que atiende o asiste un aborto voluntario.
A partir de ahora, los jueces de México, tanto federales como locales, deben aplicar este precedente jurisprudencial, pues los votos de la corporación superaron una mayoría que supera los ocho votos, y en consecuencia las normas penales de los otros estados que criminalicen el aborto de manera absoluta deben ser consideradas inconstitucionales.
La Suprema Corte de México en la demanda de Coahuila explicó que sancionar penalmente a la mujer que decide abortar genera un estereotipo de delincuente, propiciando así imposiciones, transgresiones y discriminación sobre su libertad y sus derechos. Y, en definitiva, se defiende el derecho a decidir, la libertad para procrear y elegir el plan de vida, y el Estado debe garantizar esto, no sancionarlo.
* Este artículo fue realizado en el marco de una investigación del Semillero Género y Equidad de la Universidad Libre.
*Algunas de las fuentes consultadas son Dejusticia, con las publicaciones “Concepto técnico del proceso de constitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal” y “Descriminalizar para proteger. Modelos alternativos de regulación del aborto: despenalización total y regulación sanitaria en Canadá, Australia y Nueva York”. Así como La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Julio de 2021, la demanda de Causa Justa, Amnistía Internacional, el artículo “Debate sobre aborto: El modelo de despenalización en Canadá”, entre otros. La bibliografía completa del artículo original se lee a continuación:
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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