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La esperada propuesta de reforma tributaria del Gobierno, con la que aspira recaudar $23 billones para suplir su déficit fiscal, afecta principalmente el bolsillo de la clase media. Esa es la conclusión generalizada tras el examen a las 110 páginas y 163 artículos del texto que se presentará a consideración del Congreso. La segunda evidencia de su lectura es que una vez más pasa de agache un tema que los expertos y las centrales obreras advierten siempre: el trato benévolo frente a los promotores y clientes de recursos económicos en paraísos fiscales o jurisdicciones offshore, para quienes lo que suele promoverse son alivios tributarios, a pesar de que nadie duda de que se trata de una fuga autorizada de capitales que contribuye a la evasión y a la elusión de impuestos. (Gobierno oficializó la reforma tributaria 2021 en Colombia)
El nudo de la discordia es que en esos paraísos fiscales las personas extranjeras no pagan impuestos o los que pagan son muy bajos. Eso resulta atractivo para constituir negocios en ellos y, como no es una actividad ilegal, su funcionamiento genera más cuestionamientos o fiscalizaciones periodísticas para resaltar la falta de transparencia y secretismo. Pero son muchas las firmas de abogados que se dedican a crear estructuras societarias para evadir impuestos y esconder dinero. Hace cinco años, por ejemplo, así lo demostró la investigación periodística “Panama Papers”, al revelar que la firma panameña Mossack Fonseca ayudó a varios de sus clientes a crear empresas fachada, a generar facturas falsas para maquillar las finanzas y a ocultar los nombres de los accionistas. (Sindicatos exponen las razones para hundir la reforma tributaria y por las que marcharán el 28 de abril)
El dilema es que crear una sociedad de papel en paraísos fiscales es muy fácil. Incluso puede tomar apenas tres días, se hace por internet y, en muchos casos, se puede comprar la antigüedad de la compañía y hasta ocultar el nombre del dueño real. En Colombia, quienes llevan dinero a estas jurisdicciones tienen la obligación de reportarlo en su declaración de renta e incluso entregar los detalles de cuánto tienen, dónde lo tienen y si esos capitales están como depósitos en cuentas, bonos o acciones. Lo difícil para las autoridades es que lo hagan de forma voluntaria y es ardua, larga y vana la tarea de establecer quiénes tienen dinero en los paraísos fiscales. La solución transitoria ha sido incentivar acuerdos de intercambio de información con otros países. (Reforma tributaria 2021: esto es lo que deben saber los colombianos)
A las jurisdicciones que intercambian información con Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) las reconoce como “jurisdicciones offshore”. A las demás las tacha como “paraísos fiscales” en un listado especial. La misma diferenciación hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque los listados no coinciden con los de Colombia. Según expertos, es un “eufemismo” y todos deberían considerarse paraísos fiscales. De acuerdo con el profesor Álvaro Pardo, economista e investigador de temas de minería, petróleos y tributación, el problema es la falta de dientes en la DIAN frente al tema, pues conoce casos en los que la reserva de información se impone cuando se detecta una posible irregularidad en declaraciones de renta. (La reforma tributaria explicada desde sus puntos clave)
En 2017, la Oficina Nacional de Investigación Económica informó que alrededor del 10 % del PIB mundial está en paraísos fiscales. Respecto a dineros colombianos, se dice puntualmente que reposan por los menos $300 billones en esas jurisdicciones y que por ellos se podrían recaudar $18 billones. Sin embargo, la propuesta de reforma tributaria no incluye disposiciones para revertirlo. Apenas se menciona un impuesto de normalización tributaria, que no es nuevo, para que en 2022 los colombianos declaren activos que no incluyeron en sus anteriores declaraciones de renta, pese a estar obligados, y los pasivos inexistentes, es decir, aquellos que se incluyeron en las declaraciones como gastos, pero que no están soportados, y que solo buscaron reducir el pago de los impuestos.
El economista Álvaro Pardo recalca que los gobiernos sacan estas amnistías para que los colombianos traigan sus capitales y paguen tasas bajas. Pero, en su opinión, esa estrategia es un “total fracaso” y no superan los US$1.000 millones. “Los colombianos que tienen plata por fuera no la quieren traer, y eso no va a cambiar a menos de que la DIAN endurezca la tributación y revise la declaración de renta por información exógena. Una vez pregunté a la DIAN si tenía gente especializada en fiscalizar la declaración de renta de las multinacionales mineras y petroleras, y me respondieron que no. Por ejemplo, Cerrejón en Colombia mete goles siempre porque su comercializadora internacional está en Irlanda, de baja tributación, si ya no la pasaron a Luxemburgo, que es otro paraíso fiscal”, afirmó Pardo.
En el mismo sentido, Jairo Orlando Villabona Robayo, profesor de la Universidad Nacional y del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad, explica que de nada sirve que Colombia imponga nuevas normas cuando la plata está en paraísos fiscales, sus dueños permanecen de forma anónima en esas jurisdicciones y no hay convenios de información. “También hay formas de no pagar impuestos. Las grandes empresas crean una sede o filial en paraísos fiscales. Por ejemplo, si en Colombia se exporta carbón a Aruba y de allí a Alemania. La tonelada de carbón vale US$100, pero de Colombia a Aruba se factura a US$50, y luego de Aruba a Alemania a US$100. En Aruba, que es de baja tributación, es que la tonelada de carbón sale al precio real”, aclara el profesor Villabona.
En el tema de los dividendos, la propuesta de reforma tributaria tampoco cambia el panorama. El impuesto incrementa del 10 al 15 % los dividendos mayores a $30 millones. En el caso de los paraísos fiscales, esos dividendos no se traen al país. “En los países de la OCDE se paga entre el 25 y 30 %, pero en Colombia los dividendos tienen muchas formas de no pagar impuestos, a diferencia de países como Chile”, añade Villabona. A manera de ejemplo, en una columna de Razón Pública, Villabona analizó recientemente la declaración de renta del presidente del Senado, Arturo Char, quien para 2018 ganó cerca de $600 millones en dividendos y no pagó un peso de impuestos por este ingreso. Si una persona hubiera recibido ese dinero por salarios hubiera tenido que pagar unos $130 millones.
De regreso a los paraísos fiscales, algunos observadores resaltan que la propuesta de reforma tributaria ignora en esta materia los recurrentes reclamos de los sindicatos. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés, lo resume: “Mientras el Gobierno pretende que seamos las personas de a pie quienes paguemos $23 billones, no dice nada de los dineros que están en paraísos fiscales”. Y en el reverbero político se recuerda que quien promueve la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en 2018, cuando despuntaba la era Duque, enfrentó un debate de control político porque una empresa de su propiedad en Panamá (Navemby Investments Group Inc) intervino en el fallido negocio de los “bonos de agua”.
Claro está que quien ha salido al ruedo como su principal opositor, y de hecho ya anunció que la bancada de su colectividad no apoyará la reforma, también tiene explicaciones pendientes sobre dineros suyos en escenarios similares. Es el caso del expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, quien tiene capitales en paraísos fiscales, entre ellas la empresa Hutton Assets Limited en Islas Vírgenes Británicas. Esta empresa es a su vez accionista de Global Tuition and Education Insurance Corporation en Barbados, a través de otra compañía llamada Nova Holding, creada en 1998. Estos negocios incluyen al exministro de Defensa y exembajador en Washington Gabriel Silva Luján, al recién fallecido industrial de los textiles José Douer y a la Federación de Cafeteros, como lo revelaron El Espectador y Connectas en 2019. Además, es la estructura que está detrás de la aseguradora colombiana Global Seguros de Vida.
El profesor Jairo Villabona Robayo cree que estos casos corresponden a claros “conflictos de intereses”, pues son personas que han tenido o tienen recursos en paraísos fiscales, y lo que deberían hacer es declararse impedidos, empezando por el ministro Alberto Carrasquilla. “No se ha hecho prácticamente nada contra los paraísos fiscales, estamos muy atrasados y se podrían recaudar muchos billones si se ponen contra la pared. Ya lo están haciendo los países de la Unión Europea, que obligan a los paraísos fiscales a darles información y, si no lo hacen, prohíben simplemente la operación hacia esos países”, concluyó Jairo Villabona, al advertir que una vez más este vacío se advierte al revisar el contenido de la reforma tributaria planteada al Congreso.
Esta semana, el Fondo Monetario Internacional mostró su apoyo a la creación de un impuesto mínimo global a la renta empresarial y su economista jefe, Gita Gopinath, aseguró que los países actualmente enfrentan una gran evasión fiscal y de dinero que se encuentra en los paraísos fiscales. En el quinto aniversario de la publicación “Panama Papers”, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y trabajada en Colombia por El Espectador y Connectas, que expuso los movimientos de dinero y negocios financieros ocultos de políticos, empresarios, figuras deportivas, estafadores y celebridades, a través de la firma de abogados Mossack Fonseca, se ratifica que, a pesar de su incidencia económica, en los Estados no es un asunto prioritario.
Tampoco es un tema fácil de detectar o confrontar desde el plano periodístico. Un reportaje del periodista Will Fitzgibbon, del ICIJ, afirma que, cinco años después de la primera publicación, permanece una maraña de normas plagadas de lagunas legales y que, en vez de información, los paraísos fiscales siguen siendo usados para maximizar ganancias mediante intermediarios que permiten que prosperen los delitos financieros. El sistema offshore es tan grande y está tan arraigado, que desmantelarlo, o incluso reformarlo, no es algo que se pueda hacer en unos pocos años. “Hay que seguir presionando. La formulación de políticas no es un proceso de la noche a la mañana”, sostuvo al ICIJ Lakshmi Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity.
A pesar de la creciente cantidad de normas que prohíben que los dueños de las empresas puedan mantener su anonimato, ningún país ha logrado un nivel de transparencia para detenerlo. Transparencia Internacional (TI) descubrió que, si bien muchos países prometen implementar registros públicos de propiedad de las empresas, la acción concreta “generalmente se ha retrasado”. De los pocos registros públicos de beneficiarios finales que existen, la mayoría se limita a Europa. Hace cinco años, con la publicación de los “Panama Papers”, las autoridades en el mundo han recuperado US$1,36 mil millones. Colombia es el sexto país que más ha recaudado con US$88.88 millones, después de Reino Unido, Alemania, España, Francia y Australia, según cifras del ICIJ.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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