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La historia del Canal del Dique, un brazo de 115 kilómetros que conecta al río Magdalena con el mar Caribe pasando por 19 municipios, ha tenido muchas catástrofes. Por el lado ambiental, en palabras del historiador cartagenero, José Vicente Mogollón, exministro de Ambiente, “lo que se ha hecho en es una serie de destrucciones ambientales”. Durante décadas, los dragados, las ampliaciones y la rectificación del canal fueron creando un “monstruo” que hoy afecta la bahía de Cartagena, ecosistemas de coral y amenaza con inundaciones constantes a quienes habitan en sus zonas aledañas. (Le recomendamos: Las inquietudes ambientales de las obras en el Canal del Dique)
En su libro “El Canal del Dique: Historia de un Desastre Ambiental”, Mogollón reconstruye la historia de este cuerpo de agua que pasó de tener 270 curvas entre el río Magdalena y la Bahía de Cartagena en 1923, a tener solo 50 desde 1981 hasta la fecha. “Los sedimentos que antes quedaban atrapados en la ciénagas y planicies inundables naturales, hoy bajan en línea recta hacia el mar, provocando todas las consecuencias de erosión, sedimentación, contaminación y desbordamientos que vemos ahora”, cuenta a El Espectador.
Pero, durante años, el Canal del Dique también fue el lugar donde se arrojaban los cuerpos de miles de víctimas del conflicto armado. Tras los recorridos de verificación que realizó la Comisión de la Verdad en la zona, se estimó que los cuerpos de al menos 10.000 personas habrían sido dispuestos en el río con el fin de desaparecerlos. (Le puede interesar: ¿Por qué el megaproyecto del Canal del Dique no tiene licencia ambiental?)
Por eso, el pasado 14 de julio, la Justicia Especial para la Paz ordenó establecer medidas preventivas y poner en conocimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cualquier hallazgo de relevancia forense durante los trabajos de dragado. También ordenó proteger esos lugares donde podrían estar los restos de las víctimas del conflicto. Como alertó el Comisionado de la Verdad, Leyner Palacios, si se lleva a cabo el proyecto de restauración del canal sin que exista una ruta de exhumación de los cuerpos habría “un grave riesgo de violación de los derechos de las víctimas de desaparición forzada en el canal”.
El Espectador conversó con más de 20 líderes, lideresas y voceros de diferentes consejos comunitarios y comunidades negras que viven en las inmediaciones del Canal del Dique. Génesis Gutiérrez, quien hace parte de la Ruta del Cimarronaje -un espacio que articula a más de 200 organizaciones afrodescendientes, raizales y palenqueras de la región Caribe- resume las preocupaciones de las comunidades en tres puntos clave: la participación en un territorio construido por ellos, las visiones de desarrollo y los derechos fundamentales, y la memoria.
“En primer lugar, el Canal del Dique es un territorio que se creó con mano de obra negra e indígena. Nosotros hicimos que ahí se pudiera cultivar, que se pudiera pescar, que se pudiera vivir. Por tanto, es un territorio que pertenece a todas las comunidades que hicieron que este fuera un territorio habitable, y que lo han habitado desde entonces”, asegura Gutiérrez.
Además, explica, el Canal es el que provee agua, y el que permite la vida y el alimento, por lo que el desarrollo no puede construirse sin las comunidades que habitan la zona. “Por eso también hablamos del modelo de desarrollo que quieren imponer en estos lugares. Nos culpan de no querer desarrollo, pero para quienes han vivido eternamente en esos lugares el desarrollo es poder trabajar, cultivar y vivir en su tierra en paz. El Estado debería estar garantizando que las comunidades dejen de vivir en las estructuras de violencia, de conflicto armado, de abandono estatal”.
Al hablar sobre el conflicto, asegura que el Canal del Dique es el “cementerio más grande de Colombia” y que representa “una parte importante de memoria, verdad y justicia”. Por eso solicitaron a la Justicia Especial para la Paz una medida cautelar para la protección del canal, “garantizando el derecho a la verdad de las personas que tienen familiares desaparecidos”. Actividades como el dragado del canal, insisten, es ser cómplice, invisibilizar y negar el derecho a la verdad de miles de familias que todavía siguen buscando a sus familiares.
“Soy nacido en el Canal del Dique. Soy sobreviviente de las masacres del Canal del Dique. Mi padre fue asesinado y tirado al Canal del Dique”, dice Fredis Martínez, habitante de Puerto Badel y parte de la Alianza Nacional Étnica (Anet). “Hoy me pongo en los zapatos de aquellas personas que tienen a sus seres queridos en el Canal sumergidos. Este proyecto les está quitando el derecho a la reparación, les está quitando la esperanza”. Entre el 2000 y el 2004, cuenta, veían asesinar entre 10 y 30 personas a diario en el Canal. “No podíamos recogerlos, nos tocaba hacerlos a un lado y tomar de esa agua, sacábamos sus partes en las faenas de pesca. Y aún así, no nos han querido escuchar”.
Denuncias de poca participación
De acuerdo con Adil Márquez, abogado y vocero de las comunidades del Canal del Dique, cerca del 70% de las comunidades fueron excluidas de la Consulta Previa por el proyecto. Para ellos, eran necesarias alrededor de 50 consultas previas, de las cuales se hicieron 16. Además, dice, las decisiones se tomaron sin que aún estén terminadas las consultas previas de la Política Pública de administración, ordenamiento y manejo de la cuenca (Pomca).
Según Danit Escorcia, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos, en Hatoviejo, su comunidad, en la que se van a hacer ocho obras, no aparece en el proyecto. “¿Por qué no nos han socializado ni han hecho una consulta en nuestro territorio?”, pregunta.
De igual forma, las comunidades denuncian irregularidades o manipulaciones en los territorios donde sí se hicieron las consultas. También, que las comunidades no contaron con soporte técnico y que no pudieron participar ni se les resolvieron sus inquietudes.
“Hoy las comunidades desconocemos muchas cosas y tenemos miedo de que, al aumentar la cuota del nivel del canal, los municipios como Soplaviento y San Cristóbal desaparezcan. Hoy, con algunas lluvias, ya estamos bajo el agua. ¿Si se aumenta el caudal del canal, qué va a pasar con nosotros? Aún no estamos preparados para eso y vamos a desaparecer”, asegura Gabriel Narváez, de Soplaviento.
Para Lucio Torres las inquietudes también son ambientales. “El proyecto que plantea la supuesta restauración de los ecosistemas degradados tiene varios componentes que dicen todo lo contrario”, afirma. Según explica, no es claro hasta dónde llegará el agua salada y hasta dónde el agua dulce. “Las tierras hasta donde llegue el agua salada no se podrán utilizar, que los campesinos no podremos cultivar. El ingreso de agua dulce es fundamental para la vida, no solo humana, sino también de las especies que están en esa zona. Necesitamos claridad en la administración de las aguas y, hasta ahora, no hay claridad”, dice.
Otras preguntas tienen que ver con los sedimentos. Si el sistema de esclusas y compuertas lo que busca es atrapar los sedimentos y evitar que lleguen de manera masiva a la bahía de Cartagena, ¿qué va a pasar con esos sedimentos? “¿Se van a canalizar? ¿En qué niveles? ¿A dónde van a ir? A algún lugar tendrán que llegar, pero ¿qué consecuencias ambientales van a tener en ese lugar?”, pregunta Torres. Para Yadira Hernández, habitante de Rincón del Mar, en el Golfo de Morrosquillo, es preocupante que las aguas y sedimentos que ya no van a llegar a la bahía de Cartagena resulten en sus playas y les hagan perder sus corales, sus atractivos turísticos y su alimento. “Pero como nuestra comunidad no se encuentra a orillas del canal, no nos tuvieron en cuenta”.
También les preocupa que el sistema de esclusas y compuertas se conviertan en “peajes fluviales” que limiten su movilidad para sus faenas de pesca.
Los voceros y líderes de las comunidades insisten en que no están “en contra del desarrollo, como quieren hacerlo ver”, pero que sí buscan que se incluyan y se tengan en cuenta sus requerimientos, y que se resuelvan sus inquietudes. “Queremos un proyecto que dialogue con la gente y con el medio ambiente. Nuestra propuesta es que la licitación se aplace, se dialogue con las comunidades y se consiga un proyecto realmente sostenible”, afirman.
En mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo enviaron un documento a la Agencia Nacional de Infraestructura en el que transmitían también los interrogantes “sobre la gestión del riesgo y otras tantas observaciones sobre los componentes social y ambiental que implicará la restauración del Canal del Dique”. El escrito era el resultado de dos reuniones, llevadas a cabo los días 24 y 15 de marzo de 2022, con las comunidades con el objetivo de que la ANI presentara y socializara el proyecto. Sin embargo, la ANI no asistió al encuentro. Según expresan las comunidades, tampoco han recibido respuesta de las inquietudes que fueron transmitidas a través de los organismos de control.
Ante las ausencias, las comunidades han adelantado, por su parte, otras acciones que, en sus palabras, permitan que sus derechos fundamentales sean respetados y tenidos en cuenta. Han interpuesto 15 tutelas, también acciones populares y han realizado cuatro recorridos con Naciones Unidas documentando las inquietudes y temores de quienes habitan la zona.
Lo que dice la ANI
Pese a las denuncias, la ANI asegura que, por el contrario, este es un proyecto en el que se ha hablado mucho de la socialización. “En un proyecto promedio se hacen unas 20 reuniones de socialización con la comunidad, acá hicimos más de 234 reuniones con la comunidad, se tienen cerca de 16 consultas previas que fueron desarrolladas recientemente. Este fue un proyecto que se empezó a estructurar desde el año 2013, en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Tal vez es el proyecto mejor estructurado que se ha tenido en la infraestructura en el país”, afirma un vocero a El Espectador.
De acuerdo con la información presentada por la Agencia, 13 consultas se hicieron con la Resolución 567 de 2020 que emitió el ministerio del Interior, y las otras tres se hicieron a partir de fallos judiciales.
Por eso, ante la propuesta de aplazar la licitación, la ANI es enfática: “Es un proyecto que lleva mucho tiempo ya abierto en el mercado. Recibimos solamente una oferta, pero nosotros estamos obligados a continuar con el proceso licitatorio porque no tenemos causas objetivas, estas son las causas taxativas de ley, para dar terminación al proceso o para desistir del mismo”, explican. “En ese entendido, nosotros debemos continuar tal y como está previsto en el cronograma que fue fijado hace varios meses”.
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