Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Hace algunas semanas, mientras la atención del país estaba en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Gobierno saliente de Iván Duque presentó la versión aprobada del documento Conpes 4088, orientado, en pocas palabras, a la financiación y ejecución de proyectos relacionados con la gestión del cambio climático en el país. Se trata de nuevo esfuerzo por preparar mejor a Colombia que, aunque solo aporta cerca del 0,57 % de gases de efecto invernadero (GEI) a escala mundial, se encuentra entre los 20 países más amenazados por el cambio climático.
El 100 % de los municipios del país tienen algún grado de riesgo por cambio climático. La superficie apta para cultivar café podría disminuir en un 50 % para 2050. Las vías que conectan las regiones tendrán aún más presiones por inundaciones y erosión, y las olas de calor y lluvias extremas afectarán el rendimiento de cultivos tan importantes como el de la papa, el arroz, el maíz, el café y la caña de azúcar. El Conpes 4088, que pasó casi inadvertido, busca ser un mecanismo para hacerle frente a la crisis. Por eso, declaró de “importancia estratégica” siete proyectos de inversión “para la implementación de acciones que conduzcan al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en Colombia”. Sin embargo, las medidas priorizadas en el documento inquietan a algunos expertos, porque parecen quedarse cortas en cuanto al establecimiento de acciones concretas (y urgentes) de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
¿Qué propone el Conpes?
La versión aprobada de este documento prioriza siete proyectos de inversión a desarrollarse entre 2022 y 2025, con una inversión de más de $187.457 millones. Entre los ministerios de Ambiente, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Comercio, así como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se plantearon las propuestas de importancia estratégica (ver gráfico en página 14) que quedarán en manos de la próxima administración para ser implementadas.
“Lo primero que hay que decir es que este Conpes no es una política pública nueva, diferente, de cambio climático, sino que está destinado específicamente a la búsqueda de una financiación específica para unas acciones priorizadas por diferentes actores del Estado. Es decir, no refleja un esfuerzo real como política integral a mediano y largo plazos, sino que es algo que permite solucionar y acceder en corto tiempo a ciertos recursos”, asegura el profesor Juan Benavides, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana.
“Los grandes esfuerzos”, agrega, “no están destinados a las mayores fuentes de emisión de GEI, sino que prioriza otras estrategias”. Para Juan José Guzmán, experto en finanzas climáticas y estudiante de maestría de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), “la gran mayoría de recursos que se buscan no son para inversión pública, sino para fortalecimiento institucional”.
En Colombia, la agricultura, la silvicultura y los cambios en el uso del suelo son responsables del 58 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Sin embargo, entre las estrategias priorizadas para implementar procesos de conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres y marinos en el documento se destaca una poco convincente: el Programa Nacional de Tecnologías Eficientes de Cocción (Pronatec) en zonas de alta deforestación y degradación de bosques.
En otras palabras, el proyecto se enfoca en una de las contribuciones más pequeñas: la tala y extracción de leña como combustible para la cocción de alimentos, que representa solo una sexta parte de las emisiones del sector forestal. Para enfrentarla, propone la implementación de “7.507 estufas ecoeficientes”. Una medida, a la luz del investigador Benavides, que ha demostrado ser muy poco efectiva y que no ha tenido éxito en diferentes momentos. “La gente no las usa en las regiones donde las llevan, pero es una estrategia que se puede implementar fácil y que es igual de fácil mostrar resultados”, explica. “No obstante, para efectos climáticos, no es muy efectiva”.
Una segunda estrategia va encaminada a “generar capacidades técnicas para la captura y el análisis de información ambiental potenciando la red meteorológica del país”, se lee en el documento. “Desde hace años habíamos evidenciado la falta de información técnica para la gestión del cambio climático en Colombia”, asegura el profesor Benavides, por lo que ve como positivo ese esfuerzo por suplir una deficiencia importante en la construcción de política pública. Según el Conpes, la red de monitoreo hidrológico y meteorológico, a cargo del Ideam, está obsoleta. Las estaciones de análisis tienen más de 30 años en funcionamiento, y en el 76 % de ellas se requiere lectura por parte de observadores, lo que afecta la continuidad y disponibilidad de la información. Es casi imposible recibir información en un tiempo cercano al real y alimentar los Sistemas de Alerta Temprana. Por el contrario, una emisión oportuna de alertas facilitaría la toma de decisiones para la protección tanto de la población como de bienes, por lo que se espera modernizar 150 estaciones de monitoreo a 2025.
“Por fin se reconoce que Colombia no tiene datos en muchas áreas, y también se ponen en el panorama dos sectores que son muy difíciles de descarbonizar: el sector agropecuario y el sector industrial”, asevera Guzmán.
“En el documento hay una parte con mucho potencial, y es la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático, que es un área en la que nos tenemos que esforzar mucho, porque implica también promover un mejor uso de la tierra en el país”, señala Benavides.
Sin embargo, resaltan, este Conpes se centra más en la elaboración de documentos que deberían existir desde hace años, cuando el país presentó sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) actualizadas. “Lo que me preocupa es que los entregables del sector industria y agro son documentos, no acciones reales de la economía para lograr la reducción de emisiones”, dice Guzmán. “¿Qué podemos hacer para que los cultivos no sean tan vulnerables al cambio climático? ¿Qué sectores priorizamos? ¿Cómo construimos con las comunidades y los sectores que se ven económicamente implicados? Eso no lo dice. No hay ninguna actividad técnica involucrada. Solo propone estudios, pero no acciones en el territorio”, explica Benavides.
En palabras de los expertos, este Conpes no le apunta a canalizar las metas de las NDC de una manera activa, sino que se queda en una herramienta de papel en la que aún no está claro cuánto les va a aportar a las metas de Colombia. En palabras de Benavides, “las acciones, además, no se están midiendo en términos climáticos. Se están midiendo en número de estufas o de hectáreas restauradas, y no en toneladas de CO2 equivalente. Luego, convertir eso en términos de reducción de emisiones es complejo”.
Aunque Colombia ha desarrollado un amplio marco normativo en materia de cambio climático, las acciones en esta materia aún se califican como insuficientes, y el país todavía no cuenta con un instrumento que permita medir el avance técnico y financiero de los compromisos climáticos. A esto se le suma otro reto: la implementación de las medidas priorizadas quedará en manos del próximo gobierno. “Lo bueno de los Conpes es que son políticas de Estado, por lo que no están articuladas a un gobierno específico. Sin embargo, Conpes ya existen muchos. El problema, históricamente, es que ha habido una desconexión entre las prioridades que establece el DNP y las prioridades de política que tienen los entes del gobierno”, concluye Guzmán.
Conoce más