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“Esas montañas que se ven al fondo no son realmente montañas”, – nos advirtió un trabajador de Cerrejón que nos condujo por estos caminos del sur de La Guajira. “Son pilas de desechos. Lo que queda después de sacar el carbón de la tierra”, continuó. Llegamos en busca de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Más de 69.000 hectáreas que desde un dron se ven como enormes heridas en la tierra pero que, en términos económicos, representa el 45% del producto interno bruto del departamento.
Nuestro guía prefiere no ser identificado. “Si nos ven con ustedes podemos perder nuestro trabajo”, comentó. Las paradas para volar el dron y hacer las tomas aéreas tienen que ser breves. Llegamos hasta la entrada de la mina y nos detuvimos. A pesar de que pedimos a Cerrejón autorización para ingresar a la mina, la empresa rechazó la solicitud. “Aquí no lo pueden volar”, advirtió nuestro guía y dimos media vuelta, en dirección a otro municipio.
En los alrededores, todo tiene que ver con Cerrejón. Tanques de agua con el logotipo de la empresa y hasta unos enormes tractocamiones que dan la bienvenida. Trabajar en una mina de carbón a cielo abierto, conduciendo camiones gigantescos y taladros más grandes que cualquier ser humano, suele ser muy atractivo para los jóvenes que viven en los alrededores de las minas, al sur del departamento de la Guajira y al oriente del Cesar.
“Fui contratado a los 19 años, joven inexperto sin ningún conocimiento. En ese momento no recibimos la información de los daños que podría causar ejercer la minería a cielo abierto, entonces lo hacíamos de una manera, digamos, divertida, como jóvenes inexpertos pero con muchas ganas y con mucho deseo de devorar la tierra”, recordó Jélix Torres, quien trabajó durante 35 años en las minas de Cerrejón.
Hoy Jélix es sobreviviente de un cáncer de médula ósea que lo tuvo al borde de la muerte y del que se ha recuperado poco a poco, gracias a un trasplante de médula. Tiene la certeza de que su cáncer provino de la mina porque fue diagnosticado con silicosis nodular simple, una enfermedad que se genera por respirar polvo de sílice, una sustancia comprobadamente cancerígena que está presente al interior de las rocas de carbón como las que hay en esta zona de La Guajira.
El de Jélix es un caso emblemático para el Sindicato de Trabajadores del Carbón, Sintracarbón, que lleva muchos años intentando que se reconozca la minería de carbón a cielo abierto como una actividad de alto riesgo. Si eso pasara, explica Heli Arregocés, presidente del sindicato, los trabajadores podrían acceder a la pensión especial de vejez de alto riesgo en lugar de tener que emprender una costosa y lenta batalla legal para la que muchos no tienen los recursos ni les queda el tiempo de vida suficiente.
El Espectador se comunicó con Cerrejón para preguntar por qué no se pagaron las primas especiales de alto riesgo de los extrabajadores de las minas. La empresa envió una respuesta por escrito en la que sostiene que no desarrolla actividades de alto riesgo y por tanto no está obligada a hacer esos pagos.
La pensión especial de vejez de alto riesgo
Como explica Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones, el decreto 2090 de 2003 establece qué se consideran actividades de alto riesgo en Colombia. “El artículo 2 habla de trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos. Por eso Cerrejón dice que no está sujeta, pues hace minería a cielo abierto”, explica el experto.
“Pero –continúa– ese artículo también habla de trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Por eso, para el sindicato poco importa si es a cielo abierto o no. Para ellos, es la exposición del trabajador a la sustancia cancerígena lo que justifica tener este régimen especial. No es la descripción de la actividad, sino la relación del trabajador con la sustancia”, dijo Hartmann.
En palabras del experto, la pensión de alto riesgo es una prima adicional que reciben quienes trabajaron en este tipo de actividades riesgosas, y que intenta reconocer que hay un tipo de trabajos que son especialmente perjudiciales para la salud de las personas, que disminuyen su calidad de vida y que ameritan un tratamiento especial. “En todos los países donde se ha implementado ha sido porque queremos que todas las personas, después de haber trabajado un número determinado de años, tengan derecho a retirarse del mercado laboral en condiciones de equidad”, explicó Hartmann.
El decreto 2090 fue firmado por el entonces presidente Álvaro Uribe en 2003 y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Desde ese día, los trabajadores que se desempeñan en actividades de alto riesgo no tienen la protección del decreto extinto. Sin embargo, la Corte Constitucional ya estableció que sus efectos seguirían cubriendo a los trabajadores que estuvieron empleados en este tipo de actividades durante los años en que tuvo vigencia.
Aún así, los pronunciamientos de las cortes no han tenido los efectos esperados. En una sentencia de casación del 2013, la Corte Suprema de Justicia determinó que “si está demostrado durante el proceso que la actividad cumplida por el trabajador corresponde a las catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido con el deber de esa cotización adicional, no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias negativas de tal omisión, por lo que la administradora de pensiones, una vez satisfechos los demás requisitos legales, debe reconocer la pensión especial de vejez”.
Con esa jurisprudencia en mano, los extrabajadores de Cerrejón han golpeado la puerta de Colpensiones durante más de diez años, pero la respuesta que siempre reciben es que difícilmente podría esa entidad determinar si una empresa incumplió su deber de identificar sus actividades de alto riesgo y pagar las primas especiales, pues no tiene funciones de inspección. Ahora, los trabajadores sindicalizados, y también los que no lo están, le piden al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, que recuerde las luchas sindicales de las que hizo parte y que cambie esa doctrina que sigue negándoles derechos. Este diario envió varios mensajes al teléfono personal de Dussán que quedaron sin respuesta.
Drummond sí, Cerrejón no
Luis Manuel Mendoza trabajó durante más de 30 años en minas de carbón. Empezó en Cerrejón y terminó en Drummond. “Yo trabajé directamente con el contacto del carbón, en el área de cargue de los trenes. Uno tenía prácticamente que arrastrarse dentro del carbón y eso era un gran riesgo. Por eso me surgió una enfermedad llamada silicoantracosis”, contó a El Espectador desde Fonseca.
Luego de superada la biopsia que le hicieron en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, con la que se le diagnosticó la silicoantracosis, también conocida como la neumoconiosis del minero, Mendoza se acercó a la división médica de Drummond y radicó un documento solicitando que la ARL certificara el origen de su enfermedad. “Así se hizo, la ARL contestó y aceptó que mi enfermedad era de tipo profesional”, narró Mendoza.
El panorama para los extrabajadores de Cerrejón es distinto. “Antes de tomar la decisión de pensionarme, consulte al médico tratante y a unos amigos abogados. Me aconsejaron que no aceptara esa pensión porque sería condenarme a la muerte con una enfermedad que su tratamiento era muy costoso. Entonces me ayudaron a apelar al Seguro Social, en ese momento, y me dieron otra calificación. Con esa nueva calificación fui indemnizado y reubicado a trabajar en oficinas. Pero con eso no quería decir de que no estaba respirando aire contamindado”, explicó Jélix Torres.
“Cuando yo solicité mi pensión para retirarme de la mina, ahí sí comenzaron a poner trabas, de que yo no tenía silicosis, porque un paciente con esa enfermedad no se mejora, sino que tiene que ir a la tendencia de acabar la vida”, contó con dificultad Torres, desde su casa en Fonseca. “La empresa trajo un médico que decía que él se la jugaba porque yo tenía era una enfermedad huérfana y no silicosis. Que yo podía tener cualquier enfermedad en los pulmones que no era silicosis”, dijo.
“Renuncié en 2018, cansado, fatigado de tantas acusaciones y tantas cosas. Siempre uno tratando de dar lo mejor de su vida y lo que recibía era acoso de parte de la división médica, de la empresa. No pasó un año de estar por fuera de la mina, cuando fui diagnosticado con un mieloma múltiple, cáncer en la médula ósea. Entonces comencé enseguida a recibir quimioterapia, precisamente, en el lapso del tiempo de la pandemia. 2019, 20 y 21, fueron años muy difíciles para mí. Yo tenía que viajar de aquí de Fonseca a Barranquilla, que era donde me hacían las quimioterapias, todos los domingos y regresar los miércoles”, contó a El Espectador desde el patio de su casa.
Por eso Luis Mendoza reconoce que el hecho de que Drummond y la ARL hayan reconocido el origen profesional de su silicoantracosis es excepcional. “Las empresas mineras están catalogadas como empresas de riesgo 5, el nivel más alto, pero no está contemplada la cotización para la pensión de alto riesgo. Entonces, si no hay un cubrimiento total, la empresa se va a negar a pagar esas primas de pensión de alto riesgo. Tiene que existir la norma para que la norma obligue a las empresas. Si no, nos dejan a nosotros solos en una pelea con una empresa”, aseguró Mendoza.
Muerte de un aprendiz en la mina de Cerrejón
Para conocer más a fondo la situación de los extrabajadores del carbón, el Mintrabajo hizo un estudio entre 2023 y 2024 en el que aplicó una encuesta que fue diligenciada por 1.044 trabajadores y extrabajadores de las minas de carbón a cielo abierto. Entre las enfermedades más comunes se registraron la apnea obstructiva del sueño, las infecciones agudas en las vías respiratorias, las afecciones respiratorias por inhalación de gases o sustancias químicas, la silicosis y la neumoconiosis.
Una de las principales conclusiones del informe dice que “la muestra representativa de enfermedades respiratorias en la encuesta evidencia la presencia de patologías como silicosis, neumonitis y neumoconiosis, las cuales son irreversibles y están reconocidas como enfermedades profesionales incapacitantes. Estas condiciones confirman la exposición de los trabajadores a sustancias cancerígenas, lo que, según la normatividad vigente, los incluiría dentro de los criterios para acceder a la pensión anticipada por alto riesgo”.
Sin embargo, no está claro hasta dónde llegan las competencias del Mintrabajo para resolver el conflicto entre los extrabajadores y la empresa causado por la decisión de Cerrejón de no reconocer sus actividades de alto riesgo y no pagar las primas correspondientes. Este diario preguntó al Ministerio de Trabajo cuáles son sus posibilidades de acción en casos como este pero, al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.
Además de la encuesta, las entrevistas y los grupos focales con extrabajadores, el Mintrabajo visitó la mina de Cerrejón en agosto de 2022 y allí los inspectores supieron de la ocurrencia de un accidente laboral que causó la muerte a un practicante. Pedimos al Ministerio y a Cerrejón más información sobre este fallecimiento, pero no recibimos respuesta.
Según registró el periódico El Pilón, el joven tenía 22 años y su muerte sucedió en el taller de mantenimiento, cuando estaba reparando un tractor de oruga y recibió un fuerte impacto en la cara de un péndulo suelto. “La muerte fue inmediata”, narró el diario de Valledupar. “La compañía le expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos, así como a todos sus compañeros, y estará prestando el acompañamiento que requieran en estos dolorosos momentos. Las autoridades ya han sido informadas y están adelantando las investigaciones pertinentes”, manifestó Cerrejón en un comunicado.
La actividad minera se hace con maquinaria muy grande y cualquier descuido puede causar una fatalidad. “Siempre va a ser una actividad de alto riesgo –explicó Pedro Salcedo, secretario de seguridad social de Sintracarbón y operario de maquinaria pesada en Cerrejón. “Por la magnitud de la maquinaria. Son máquinas supremamente gigantes. Nosotros somos unos seres humanos y la vibración nos causa hernias discales, problemas osteomusculares, el ruido nos causa hipoacusia, además de la exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Por eso decimos que es una actividad de alto riesgo”, concluyó Salcedo.
La sobreexposición al riesgo
Luego de una negociación entre el sindicato, Cerrejón se comprometió a realizar estudios médico-científicos para evaluar los riesgos higiénicos y ocupacionales de la actividad en la mina. “En las áreas de trabajo que estos estudios den como resultado la exposición a actividad de alto riesgo, la empresa reconocerá dicha actividad y tomará las acciones de acuerdo a lo establecido en la Ley”, puede leerse en la Convención Colectiva de Trabajo 2020 – 2023 que la empresa acordó con el sindicato.
De acuerdo con el abogado laboralista Enrique Correa de la Hoz, las convenciones colectivas de trabajo son fuente de derecho, como las leyes y los decretos, y “en caso de incumplimiento, los trabajadores pueden iniciar acciones judiciales y administrativas para hacerlas respetar”. El camino judicial es demandar ante un juzgado laboral y la vía administrativa sería una querella ante el Ministerio de Trabajo, según explicó el experto.
Al respecto, el Consejo de Estado ya estableció que “la convención colectiva es un acto jurídico plurilateral, solemne, de orden público, protegido por la Constitución Política y el ordenamiento legal, fuente de derecho, vinculante en derechos y obligaciones en los contratos de trabajo y relaciones laborales de quienes lo suscribieron por el tiempo que duren aquellas relaciones laborales y mientras estén vigentes los acuerdos colectivos pactados”.
Desde antes de firmar esta convención, Cerrejón ya tenía un estudio técnico que contrató en 2018 con la Universidad del Rosario. Este diario tuvo acceso a ese documento, firmado por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Los técnicos expertos tomaron muestras y analizaron muestras tomadas en años anteriores para comparar los niveles de exposición de los trabajadores, según las labores que desempeñaban, a múltiples agentes patógenos, como la sílice cristalina, sustancia comprobadamente cancerígena.
“En 2016, el 20% de los GES se clasificaron en el perfil de riesgo alto”, concluyó el informe de la Universidad del Rosario. Los GES se refiere a los Grupos de Exposición Similar, una forma de clasificar a los trabajadores según sus funciones en la mina para determinar qué tan expuestos están.
A pesar de las mediciones de riesgo por exposición a sílice entre 2013 y 2016, en 2017 Cerrejón mantenía los niveles en medio bajo para casi todos sus GES del equipo de producción, y solo uno en nivel medio alto, como se puede comprobar en la Cartilla GES, un documento elaborado por la empresa en el que identifica los riesgos de su operación. Para calcular esos niveles, se sigue una metodología específica que determina cuáles son los Valores Máximos Permisibles (TLV, por sus siglas en inglés) que, de forma estándar, se calculan con base a una jornada laboral de 8 horas.
Para María Isabel Gómez, la asesora jurídica de Sintracarbón, la cartilla GES de Cerrejón no muestra la realidad porque sus trabajadores están expuestos a jornadas de 12 horas, es decir, 50% más de de tiempo de exposición. El mismo estudio de la Universidad del Rosario, contratado por Cerrejón, explica que “trabajar 12 horas lleva a un aumento del 50% en la entrada de polvo a los pulmones comparado con un horario de 8 horas”. Preguntamos a Cerrejón cuántas horas al día trabajan los operarios de la mina y durante cuántos días seguidos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Todos los mineros con los que hablamos dicen tener claro que respiraban aire con polvo de carbón. Lo saben porque cuando se quitaban el tapabocas tenían polvo de carbón en la nariz. Recuerdan el polvo incluso al interior de las cabinas de los camiones, que deberían ser completamente selladas. “Decir que en la mina hay un sitio que no se respire aire contaminado es echar mentiras. Y lo digo con la experiencia de que yo llegaba en las mañanitas y cuando me sentaba al frente del computador, le pasaba la mano a la pantalla o al escritorio y eso era puro polvo de carbón. Desde ese entonces fui condenado a utilizar el tapabocas”, recordó Jélix Torres.
Cerrejón ha insistido en que provee a todos sus trabajadores los equipos e instrumentos necesarios para prevenir el riesgo, como tapabocas, tapa oidos, gafas de protección y demás. Aunque solicitamos autorización para entrar a la mina y verificar las condiciones en las que trabajan los operarios, Cerrejón rechazó la petición. “En este momento no estamos programando visitas de medios. Estamos atravesando una etapa de reducción en nuestra producción. Por esta razón, nuestros voceros están concentrados en la gestión de esta situación y en el proceso de toma de decisiones que implica”, dijo la empresa.
Pero, como encontró el Mintrabajo en su investigación, la naturaleza misma de las funciones al interior de una mina de carbón requieren mucha atención y la utilización de los sentidos. Varios trabajadores le contaron a los inspectores del Ministerio que se quitaban los tapa oídos porque necesitaban escuchar si venía otro camión, sobre todo en ocasiones de baja visibilidad por exceso de polvo de carbón, o porque tenían que estar atentos de los llamados de otros operarios que se hacían con radios. Así, 815 trabajadores encuestados por el Ministerio comentaron sufrir de hipoacusia.
Una fuerza laboral enferma
La información sobre las enfermedades de los trabajadores del carbón, aportadas por ellos mismos en la encuesta realizada por el Ministerio, en los grupos focales y en las entrevistas, le permitieron a los inspectores concluir que “estamos ante la presencia de una fuerza laboral enferma, cuyas patologías –a pesar de tener una alta probabilidad de ser resultado de la exposición a diferentes tipos de peligros laborales– suelen ser calificadas comunes. De ser comprobado este indicio en todo el sector del carbón a cielo abierto, estaríamos ante dos complejos escenarios”, dice el informe.
En el primer escenario, “se estaría evidenciando que a pesar de que las empresas mineras tienen definidos en el papel los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), estos no se estarían aplicando de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y a los contextos en los que se desarrollan las actividades laborales. Por lo que se tendría que tomar medidas correctivas de manera urgente para evitar que a mediano y largo plazo se sigan afectando las vidas de los trabajadores y sus familias”. Aunque preguntamos al Mintrabajo cuáles serían esas medidas correctivas urgentes, no recibimos respuesta.
En el segundo escenario, dice el informe, “los efectos de los procedimientos de determinación del origen de las enfermedades que no se corresponden con la realidad de los peligros y los factores de riesgo al interior de las minas a cielo abierto, conllevaría a una sobrecarga fiscal que el Estado colombiano y el sistema de salud estarían asumiendo”. Esto debido a que “las presuntas deficiencias en los procesos de calificación de origen estarían impactando en el Sistema de Salud, en cuanto las Empresas Promotoras de Salud EPS estarían asumiendo todos los costos de atención médica, tratamientos, medicamentos y rehabilitación que legalmente deberían estar bajo la responsabilidad de las Administradores de Riesgos Laborales ARL”, concluyen los inspectores del Mintrabajo.
Además, “el sistema pensional también se estaría impactado seriamente, pues estaría asumiendo el pago de prestaciones económicas que deberían ser responsabilidad de las ARL. Lo anterior estaría generando un importante desequilibrio financiero en el sistema pensional, además de una sobrecarga administrativa, particularmente a Colpensiones”. A pesar de que solicitamos a Colpensiones una respuesta sobre este asunto, la entidad guardó silencio.
Mientras tanto, desde Fonseca, Albania, Barrancas y Riohacha, muchos extrabajadores de Cerrejón siguen escribiendo cartas y enviando derechos de petición para intentar acceder a un derecho que, por ahora, solo tienen en el papel. “Llevamos muchos años trabajando en actividades de alto riesgo, pero hasta el momento, al menos la empresa Cerrejón no ha querido reconocerlo. Y es difícil que lo haga una empresa, ella misma decir: “tales y tales actividades que realizamos son de alto riesgo”, aseguró Pedro Salcedo. Por eso, sus esfuerzos se han dirigido a Colpensiones, y a su presidente Jaime Dussán, para que esta entidad reconozca el derecho que tienen a la pensión especial, les pague sus primas adicionales y luego se las cobre a Cerrejón. Pero, al menos por ahora, no hay ningún indicio de que Colpensiones tenga intenciones de reconocer ese derecho a los extrabajadores del carbón.
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Por David Riaño Valencia
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