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En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Estado colombiano fue demandado por un poderoso y viejo conocido de los titulares de prensa. Se trata de la multinacional Cargill, el coloso mundial de la agroindustria fundado en 1865, en Minnesota (Estados Unidos), por una familia del mismo nombre y que desde 1966 hace presencia en Colombia. Lo que pretende la compañía es tumbar una multa de $12.550 millones que le impuso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por, supuestamente, cometer una serie de acciones irregulares que le permitieron pagar menos impuestos a la Nación.
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El Espectador conoció detalles del proceso, que avanza desde febrero de 2024, cuando Cargill presentó una demanda de 51 páginas y en las que advierte que los argumentos usados por la DIAN para multarla no tienen fundamento. El Tribunal cerró el plazo para que las partes entregaran su versión sobre la demanda y desde agosto de 2024 se encuentra analizando la información recibida.
Según la entidad recaudadora de impuestos, la multinacional incumplió con una serie de normas que le permitieron eludir el IVA de 150 exportaciones de aceite de palma realizadas en octubre de 2019. Se trata de operaciones provenientes de alianzas con pequeños y medianos palmeros en distintas partes del país, como el Valle del Cauca. Esos 150 movimientos aduaneros reportados ante la DIAN, dice la misma autoridad, no se realizaron ni se reportaron por Cargill dentro del plazo contemplado en la ley: seis meses. Pero, ¿por qué es tan grave que haya omitido esta información?
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De acuerdo con Diego Bernal Corredor, abogado experto en temas de impuestos, este tipo de sanciones son impuestas por la DIAN porque “puede implicar una elusión del IVA por una venta interna. Si esa exportación no ocurre, eso implica que se están volando el impuesto al IVA de la venta interna”. Así lo señaló la propia DIAN en el proceso contra Cargill: “Se estableció que no reportan exportación (del aceite) dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expedición del correspondiente certificado en el Sistema Informático Aduanero ni tampoco se incluyeron como anulados, reversados o modificados en el informe que debió presentar (Cargill) en la forma y condiciones establecidas por el Ministerio de Comercio”.
La DIAN agregó en su contestación a la demanda que Cargill “es conocedora de la responsabilidad y obligaciones que le asisten en esta clase de operaciones, más aún cuando se está adquiriendo beneficios al comprar bienes o servicios nacionales, con exención de IVA. Sin embargo, se evidencia que la sociedad emitió certificados a sus proveedores, en los cuales se registró un valor de exención de IVA y otorgándoles a su vez el beneficio al proveedor de poder solicitar la devolución de IVA por estas operaciones, sin que exista registro de una exportación efectiva desde la fecha de emisión de los citados certificados”.
Esta empresa, que hace presencia en 70 países, está en manos de los Cargill- MacMillan, la cuarta familia más rica de Estados Unidos, después de los Walton (dueños de Walmart), los Koch (de Koch industries) y los Mars (Alimentos Mars). En Colombia, Cargill está entre las 2.500 empresas y personas consideradas por la DIAN como “grandes contribuyentes” en el recaudo de impuestos. Un listado en el que también aparece Luis Carlos Sarmiento Angulo, Google, Netflix, Telefónica, entre otros. Hace más de una década, Cargill acaparó los titulares de prensa tras ser señalada de apropiarse de 52.000 hectáreas de tierra en el Vichada, que en un principio fueron baldíos entregados por el Estado colombiano a campesinos sin tierra. Una acusación— hecha en 2013 por la ONG Oxfam— que ha sido negada por la compañía.
En ese momento, en 2013, la multinacional aseguró que ese señalamiento era “impreciso” y que “el reporte (de Oxfam) no es una reflexión balanceada de la situación. Nosotros refutamos fuertemente la afirmación de Oxfam que las inversiones violaron la ley o el espíritu de la ley. Todas las acciones de Cargill fueron completamente dentro de las leyes de Colombia”. Gran parte de estos terrenos de la compañía fueron usados para cultivar soja, maíz, café, cacao, fertilizantes, entre otros negocios de la agroindustria.
La defensa de Cargill
Por el contrario, para la multinacional, las 150 exportaciones sí se realizaron y en el proceso al que accedió El Espectador acusó a la DIAN de no hacer una “debida” valoración de las pruebas que le aportaron a la entidad. Incluso, señaló que existió una “falsa motivación” en la multa que les interpusieron, pues “la DIAN tomó sus decisiones con base en supuestos fácticos que nunca estuvieron debidamente probados en el transcurso de la actuación administrativa (ante la misma DIAN). Lo anterior resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que la DIAN ni siquiera intentó controvertir el argumento expuesto por Cargill en el recurso de reconsideración de la sanción (…) todo el aceite de palma adquirido en 2019 fue efectivamente exportado en su totalidad”.
Cargill asegura que la DIAN desconoce las particularidades de la exportación del aceite de palma. La multinacional explica que el aceite es transportado en camiones cisterna y que cuando la carga es sometida a cambios de temperatura, tiende a solidificarse. Por ende, los operarios tienen que hacer un primer descargue de la carga, el cual es reportado en una primera factura en el puerto. El aceite que se solidificó, dice Cargill, tiene que ser removido por segunda vez, pero que, por motivos de seguridad, se hace fuera de las instalaciones del puerto de descarga. “Esto genera una factura adicional, pero que está relacionado directamente al descargue inicial”, alega la compañía.
Además de recalcar el daño reputacional que la sanción de la DIAN les ha generado, Cargill asegura que la multa impuesta fue extemporánea, ya que se habrían pasado tres años de los hechos que generaron la multa, tiempo máximo contemplado en la ley para que la DIAN emita estas sanciones. “Estamos siendo acusados injustamente de obtener beneficios tributarios de manera ilegal cuando es absolutamente claro que en todo momento la compañía cumplió con todas las obligaciones que tenía a cargo y que desde el primer momento ha querido mostrar su contabilidad en las que se evidencia de forma clara y detallada las compras de aceite de palma”, dice Cargill en su demanda.
La DIAN, en cambio, se sostiene en que la millonaria multa interpuesta es legal y que estaba dentro del término para sancionar a la compañía. Además, señaló que la facturación adicional que señala Cargill no es un argumento válido, ya que en los mismos documentos entregados por la multinacional “se evidencia que emitió dos y tres certificados al proveedor para las mismas facturas de venta. No puede aceptarse un segundo documento para la misma operación. Tampoco es cierto que supuestamente al no existir normatividad para la modificación de los certificados, se realizaron unos nuevos, toda vez que cada formato es único y es el documento soporte de la exportación”.
Bajo la lupa de las autoridades
No es la primera vez que Cargill es mencionada ante instancias judiciales en Suramérica. Recientemente, en septiembre de 2023, una corte brasileña condenó a la empresa a pagar una indemnización de 600.000 reales ($120.000 dólares) por comprar cacao procedente de cultivos en los que se detectó trabajo infantil. La justicia también le ordenó a Cargill que añadiera a sus contratos con los proveedores cláusulas para finalizar la relación comercial si se produce trabajo en condiciones laborales ilegales. También se le ordenó iniciar un proceso de “debida diligencia” para verificar si existe trabajo infantil en su cadena de suministro, así como que pusiera en marcha una campaña para combatir este delito.
Otro expediente en el que aparece mencionados exfuncionarios de Cargill en Colombia está relacionado con una acusación que la Fiscalía hizo en 2016 por delitos ambientales. En agosto de 2016, la Unidad Investigativa de este diario reveló que un fiscal le imputó cargos a Juan Aquilino Pérez, exgerente de Colombia Agro (filial de Cargill en Colombia) por la fumigación aérea de cultivos usando el herbicida paraquat, químico que solo puede ser usado manualmente, según la ley colombiana. En ese expediente también es procesado Mathew David Waller, socio y jefe financiero y de operaciones de Proterra, otra de las compañías de Cargill en Colombia.
El Espectador se contactó con el abogado de la compañía que presentó la demanda contra la DIAN, Nicolás Potdevin Stein, para conocer más detalles sobre este expediente. Aunque en un inicio contestó los mensajes, luego dejó de hacerlo. Lo cierto es que el pleito judicial sigue adelante y, según fuentes cercanas al caso, este podría tener una decisión de fondo en el segundo semestre de 2025, pues aún faltan etapas procesales por surtirse ante los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Las marcas de Cargill en Colombia
En las casi seis décadas que lleva la multinacional en Colombia, esta multinacional ha comprado varias empresas que frecuentemente vemos en almacenes de cadena o promocionada en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, entre 2017 y 2018, Cargill compró Pollos Bucaneros y Campollo, dos gigantes de la industria avícola en el país. Esa movida le permitió ubicarse como el segundo jugador más importante de esta industria, pues posee el % 15 del mercado de pollo del país.
Otra de las marcas, que actualmente tiene exposición en radio y televisión, es Kimby, un producto de Cargill-Costa Rica que exporta embutidos a varios países de Latinoamérica, entre ellos, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Según Xavier Vargas, presidente de Cargill Proteína Latinoamérica, la llegada de esta marca a Colombia, ocurrida en 2020, hace parte de una movida para expandir los negocios de la multinacional en Centro y Suramérica en la que, según las mismas cuentas de la multinacional, invirtieron US $20 millones de dólares.
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Por David Escobar Moreno
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