Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Antes de que acabara esta legislatura, a Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), le tocó defender como un león su tarea a la cabeza de esta entidad clave en la ambiciosa reforma agraria que busca sacar adelante este Gobierno. En diálogo con El Espectador, habló de su tarea e insistió en la importancia de sacar adelante mecanismos jurídicos “a lo Vargas Lleras”, que permitan compras del Estado en menos tiempo.
¿Cómo va la histórica negociación de compra de tierras entre el Estado y Fedegán?
Yo creo que bien. Dijeron que las tierras de Fedegán son muy pocas, pero si usted toma los datos nacionales de las tierras ofertadas con los datos de las tierras ofertadas por Fedegán se da cuenta de que son casi la misma proporción. Es decir, el problema de la oferta no es de Fedegán. No es que los ganaderos no quieran vender la tierra.
¿Entonces qué es?
Le voy a responder con un ejemplo: estuvimos en Puerto Triunfo en un evento de la ANT. Varios ganaderos hicieron presencia e hicieron preguntas razonables a la hora de ofertar tierra: tengo 300 hectáreas con escrituras y tengo 100 que no tienen escritura, y algunos dicen que son baldíos, pero que llevan más de 20 años ahí. Y preguntan: ¿ustedes me van a pagar la tierra o no me la van a pagar? Y nosotros tenemos que contestarle: esa tierra no la podemos comprar porque son baldíos, así usted la está utilizando.
O muchas veces no saben, por ejemplo, que su tierra está en proceso de restitución, porque está en etapa administrativa y no los han notificado. Por eso nos ofrecen tierra, nosotros la evaluamos, la cruzamos y tomamos decisiones, no solo con ellos sino con todos los ofertantes. Ni a ganaderos, ni a nadie.
(Lea también: La participación ganadera en una Convivir de los paramilitares en Urabá)
Claro, pero Fedegán, no es cualquier agremiación en la historia de Colombia…
No, claro que no; Fedegán históricamente se ha opuesto a la reforma agraria y a los acuerdos de paz. Pero hoy su postura es distinta, hasta su dirigente histórico, José Félix Lafaurie está en la mesa de negociación de paz con el ELN.
Por eso, si ellos quieren ayudar con la reforma agraria, para que el presidente pueda cumplir con la meta de entrega y formalización de tres millones de hectáreas para entregar a la gente, vamos a ayudar a eso.
¿Qué le responde a la exministra de Agricultura, Cecilia López, que, en entrevista con El Espectador, aseguró que usted presentó a sus espaldas una norma en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que permitía la “expropiación exprés” en su trámite en el Congreso?
En cierto momento, hubo la idea de que no se ofertaba tierra, y ha estado la preocupación del presidente, pues si no nos la ofertan, vamos por la tierra. Vamos por la tierra significa utilizar los mismos mecanismos que utilizan los alcaldes en las ciudades; es decir, modernizar el Estado, cosa que es legítima del Gobierno, porque no podemos seguir actuando con las normas del año 1936, que es la Ley 200 de extinción de dominio, que no te indemniza. Esa ley está vigente, pero utilizar esa ley para hacer una reforma agraria, en nuestra opinión, es volver a crear una guerra en el campo. O si lo hacemos por la Ley 160 de 1994, o sea ley de hace 30 años, tampoco sería adecuado. Son leyes ya antiguas, que no fueron funcionales, que son inocuas, pero siguen vigentes.
Entonces, ¿cuál fue la propuesta que molestó a la exministra?
Pues que hiciéramos lo que ya hacen los alcaldes. Los alcaldes pueden hacer una compra de predios en mes y medio, 21 días proponíamos nosotros, para hacer la compra de esas tierras. Hacemos la oferta, le notificamos al propietario que ese predio nos interesa, es utilidad común, la persona dice no, se hace un procedimiento, pues se le paga con un avalúo y pasamos el predio al Estado. Así lo hacen los alcaldes. Así Bogotá ha comprado 15.500 predios y Medellín ha comprado 5.300 predios. Y todos los alcaldes del país lo hacen. Sobre el bien común en términos de tierras.
La exministra también fue crítica de que con esa norma que se cayó se le pudiera quitar un predio a un privado para dárselo a otro privado, ¿qué responde a eso?
Esa tierra es para cultivar alimentos, para producir comida. No hay nada más social y no puede haber ningún otro interés social más importante que los alimentos. Por encima de un puente o por encima de un centro escolar. No hay razón para que nos digan que no es de interés general. ¿Qué es porque le entregamos tierra a un privado? ¿Acaso las ciudades no tienen unos fondos de vivienda para interés social? Compran el predio y luego se lo entregan a un privado para que construya allí vivienda. Entonces, ¿nos van a decir a nosotros que por qué entregamos tierra para alimentos a un privado? Eso pasa porque siempre ha existido un tratamiento diferenciado a la gente que vive en el campo con la gente que vive en la ciudad.
(Le puede interesar: La disputa por una finca y un crimen que hoy enfrentan a dos familias en Urabá)
¿Cree que hay algo de clasismo?
Es un tema de exclusión social completa. Por eso la gente en el campo tiene menos oportunidades y el Acuerdo de Paz busca equilibrar los derechos de la gente en el campo a los derechos de la gente que habitamos en las ciudades. Y las normas que siguen vigentes los están excluyendo. Para comprar un predio en el sector rural son cerca de tres años. En medio de esas realidades, pensamos cómo adelantar la compra más rápida, cómo nos sobreponemos a los obstáculos que hay. Eso en la ciudad no pasa. Germán Vargas Lleras decía cuando era ministro de Vivienda que compraba en 15 días. Y establecía que el Gobierno ofrecía por un predio el avalúo comercial. Pero si decía que no y era de interés general el Estado compraba, pero con avalúo predial. Eso buscábamos, pero con los predios rurales, para modernizar el Estado, pero en el Congreso la representante a la Cámara Catherine Miranda y la exministra se opusieron. Les pareció que eso era expropiación exprés, satanizaron la norma, hubo desinformación.
¿Por qué lo dice?
Recuerdo a la representante Miranda cuando le preguntaron en radio si la norma significaba que la ANT iba a poder expropiar su apartamento aquí en Bogotá, y ella dijo que sí. ¡Hágame el favor!, cuando la única competencia que tenía esto era para el sector rural.
Entonces, ¿qué salidas jurídicas destacaría del PND que les permitirá sacar adelante la reforma rural?
Pues en el Plan Nacional de Desarrollo quedó señalado que una de las más importantes fuentes de ingreso de tierra son los procesos agrarios. Muchos de esos procesos agrarios se resolverán con la creación de la jurisdicción agraria en la vía administrativa, no en la vía judicial. Ese es un avance importante. Y las normas para agilizar esas compras contempladas en la Ley 200 de 1936 y en la Ley 164 siguen vigentes. Pero, como expliqué, son normas antiguas, feudales y necesitamos normas más expeditas, más rápidas.
La reforma agraria de Petro es ambiciosa, ¿cómo contemplan avanzar más rápidamente entonces?
Vamos a insistir en lo legislativo y vamos a utilizar toda la tecnología que sea posible. Especialmente, la satelital. Pero la mentalidad no nos ayuda, le digo. Es muy tenaz. Se requiere un cambio de mentalidad también en los funcionarios. Solo pensamos en las comisiones. Pero los predios también se pueden ver hoy por la pantalla. Se puede ver a 50 centímetros, a tres metros, a cinco centímetros. En la reunión de hoy, por ejemplo, resolvimos como unos 10 predios en la Sociedad de Activos Especiales. En lugar de irnos hasta allá en comisiones costosas.
Hablemos de esa articulación que vienen adelantando entre la ANT y la SAE…
Ese proceso ha sido una articulación muy interesante que este Gobierno ha logrado impulsar. La reforma agraria de este Gobierno también se está dando alrededor de estos bienes en manos del Estado o en manos de testaferros de mafiosos, porque también hay que decirlo, durante años y durante gobiernos, estos bienes siguieron en manos de testaferros. La administración de justicia perseguía unos bienes, se los quitaban a los narcotraficantes de la mafia y luego por otra vía volvían esos testaferros a quedarse con eso, o terceras personas los administraban, como familias de la política de siempre. Este Gobierno ha puesto los predios rurales al servicio de la gente que necesita realmente tierra.
¿Qué viene, por ejemplo, en esa articulación?
Ahorita estamos con la SAE mirando de qué manera jurídicamente nos pueden entregar ellos los predios. Aquí estamos hablando de más de 20.000 hectáreas.
¿Por qué priorizaron las regiones del Magdalena y el Caribe para la reforma agraria?
Son las tierras más fértiles del país y allí queremos cultivar alimentos. Además, allá la tierra está dividida en muchas zonas, pero si la coges en extensión, es mucho más rentable para sacar adelante proyectos productivos para la gente.
(Le puede interesar también: En el resguardo Mondó Mondocito siguen confinados por la guerra)
¿Cómo están viendo la recuperación de baldíos en casos tan emblemáticos como el de las Islas del Rosario?
La reforma agraria no solo se hace con compra de predios. Los procesos agrarios también se dan a partir de la recuperación de baldíos, que son las tierras del Estado. Lo que pasa es que la mayoría de esos baldíos hoy ya están ocupados. Y hay algunos casos, como en los campesinos llevan más de 20 años de ocupantes, que no tiene mucho sentido sacarlos sino formalizarlos.
Pero eso en el caso de que sean campesinos…
Sí, claro. Correcto.
¿Qué viene en el caso de recuperación de baldíos en Islas del Rosario que tocan intereses de poderosos del país?
No puedo referirme aún a esas actuaciones. Pero solo le digo que están priorizados por nosotros, aunque dependemos de decisiones administrativas o judiciales.
¿Cómo van a atraer a los jóvenes al campo?
Ese es otro de los grandes cuellos de botella, porque además atraerlos tiene que estar vinculado a otras posibilidades: el tema educativo, de empleo, etc. Mientras no tengamos eso, va a ser difícil.
(Lea también: Un pacto histórico entre empresarios y víctimas de despojo en Urabá)
¿Qué les dice a los críticos que dicen que la reforma agraria de Petro no despega?
Que analicen las cifras. Durante la administración Juan Manuel Santos, en 21 meses de gobierno, después del acuerdo de paz, el Gobierno compró 3.543 hectáreas. En toda la administración de Iván Duque fueron 13.706. Y en este gobierno, en solo 10 meses vamos 13.810 hectáreas. O sea, ya casi nos ponemos de igual a igual a los 6 años de gobierno de ellos. Entre ellos, Santos y Duque, formalizaron 2.339.000 hectáreas en 6 años. Nosotros en 10 meses, vamos 1.014.000 hectáreas. En cuanto a zonas de reserva campesina vamos cuatro, Duque no conformó ninguna y Santos una. Claro, lo ideal no es compararse con lo malo, ¿no? (se ríe).
Vea más temas de Investigación 🔍📓 de El Espectador aquí.
Por Natalia Herrera Durán
Conoce más