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Es común escuchar a políticos y a la prensa referirse a Buenaventura como “el puerto”, aunque en realidad es mucho más que eso. Es una ciudad con puerto, por donde ingresa el 35 % de las importaciones al país, pero una ciudad, al fin y al cabo, en donde viven más de 300.000 personas. Su población, casi toda negra y empobrecida, hace posible que las terminales marítimas funcionen bien, porque la economía nacional depende de ellas. Todo lo que viene de China y Asia Pacífico llega por ahí.
Por eso, los sectores sociales han entendido que lo mejor que pueden hacer para que la Alcaldía y el Gobierno Nacional les pongan atención es bloquear la única vía que comunica a la ciudad con el resto del país. Esta es, probablemente, la vía más bloqueada de Colombia. Este año ya se han presentado seis grandes protestas que han interrumpido el tránsito durante varios días y, cada vez que sucede, le sigue una reacción del gremio de transportadores de carga e importadores del centro del país, que sienten el coletazo de los frecuentes cierres.
Pero en Buenaventura, las demandas sociales son muchas y los incumplimientos constantes. “Aquí para todo hay que hacer un paro, para que nos atiendan, para que nos firmen el acuerdo y para que nos lo cumplan”, aseguró Jaiber Sánchez, representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca (Aciva). “Lo que se escucha y tenemos entendido es que la Alcaldía ha tenido muy mala administración y que mucha gente no paga impuestos, entonces no se recauda lo suficiente y hay muchas necesidades que atender”, agregó.
La administración distrital siempre ha tenido unas cifras muy bajas de recaudación porque, según ha comentado, hay una cultura de no pagar impuestos entre los bonaverenses. Pese a esto, la ciudad siempre tuvo una fuente constante y confiable de ingresos con los que podía mantener su operación e invertir en su población: el impuesto que pagaba el Invías por ser el propietario del predio donde funciona la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
En 2018, la Contraloría General de la República emitió un concepto en el que explicó que la Ley 1607 de 2012 cambió el sujeto pasivo de los impuestos territoriales; es decir que, desde ese momento, quien debía pagar el predial de un predio en concesión era el concesionario. Por eso, el Invías decidió dejar de pagar ese impuesto y, de la noche a la mañana, Buenaventura perdió el 49 % de lo que recaudaba por concepto del predial. La ciudad vio cómo sus ingresos de libre destinación se redujeron en un 25 % sin poder hacer nada para evitarlo.
El Invías dijo en un comunicado que pagaría lo correspondiente al predial de 2018 “bajo protesta”, para no causarle a la ciudad un daño mayor. Pero desde 2019 no hay quién pague ese impuesto. Aunque, según la Contraloría y el Invías, sería la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura la que tendría que hacerlo, esta dice que esa obligación no está prevista en el contrato de concesión y que no lo va a pagar a menos que se renegocie. En la ciudad hay pocas esperanzas de que eso se resuelva pronto, pues la Sociedad Portuaria es una entidad mixta que tiene participación accionaria de la Alcaldía y del Ministerio de Transporte, el presidente de la junta directiva es el alcalde y además es una entidad deficitaria.
En respuesta a un derecho de petición enviado por este diario, el Ministerio de Transporte explicó que se ha reunido con las partes involucradas (Alcaldía, Sociedad Portuaria, el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura) para encontrar soluciones mientras se resuelve la controversia, pero también comentó que se debe surtir un proceso judicial para determinar quién es el responsable del pago del predial. Cuando eso esté definido, se explorarán los caminos contractuales para asegurar que ese impuesto se pague, pero “sin afectar la estabilidad jurídica del contrato de concesión”.
El Espectador confirmó, a través de fuentes del Mintransporte que pidieron no ser nombradas, que esa entidad demandó en 2020 el acto administrativo emitido por la Alcaldía de Buenaventura que ordena el pago del predial, para que el Tribunal Administrativo del Valle lo dejara sin efectos. Sin embargo, ese pleito aún está por resolverse. El Invías explicó que con las normas vigentes no puede pagar el impuesto sobre los predios que tienen destinación de puertos y que está revisando, con las demás autoridades, los mecanismos para el pago de ese tributo al Distrito.
Todo eso indica que no habrá una solución a la vista antes de que los tribunales se pronuncien, lo que tardaría varios años. Mientras tanto, el déficit por el impuesto predial que ahora nadie asume ya se acerca a los $300.000 millones y aumenta año tras año.
Por David Riaño Valencia
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