Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
A cuatro mil kilómetros de Colombia, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York (Estados Unidos), fue condenado Víctor Galarza a 17 años de cárcel. El estadounidense enfrentaba un proceso penal por los delitos de explotación sexual de menores de edad y posesión y tráfico de pornografía infantil, como parte de una red que tenía tentáculos en Colombia.
Víctor Galarza cayó en octubre de 2019 en Nueva York. La agencia de controles migratorios (ICE por sus siglas en inglés) esclareció que viajaba con frecuencia a Estados Unidos, Emiratos Árabes y Colombia a captar menores, personalmente o mediante proxenetas. Su nombre era conocido en El Poblado, al suroriente de Medellín, porque grababa, junto con otros extranjeros y proxenetas colombianos, contenido sexual de mujeres y menores de edad para venderlo a plataformas de porno. Hasta que las autoridades lo capturaron parecía intocable: un “empresario respetable de la industria sexual”.
Durante el juicio, que se realizó el 24 de mayo, Galarza pidió perdón y aseguró que era una vergüenza para su familia, pero el juez señaló que no creía en su arrepentimiento y reveló que mientras estuvo preso, a la espera del veredicto de la justicia estadounidense, intentó seguir con su “negocio”, contactando por celular a mujeres jóvenes y de pocos recursos en Colombia, para que accedieran a tener sexo con extranjeros y grabar los encuentros. En la audiencia, también se leyeron las cartas de seis colombianas víctimas de Galarza cuando tenían entre 14 y 18 años.
“Quiero que sepas que te odio. Te odio porque confié en ti. Y tú me heriste de muchas formas. Te aprovechaste de mi inocencia, sin pensar en las consecuencias que eso traería para mí como niña. Pero ya no soy una niña. He superado todo lo que me hiciste (…) sé que esta vida se encargará de que pagues todo lo que me hiciste a mí y a otras como yo”, dice un fragmento de una de las misivas que conoció este diario.
“Cuando por primera vez un amigo me dijo: ‘Oye, acabo de ver un video pornográfico tuyo en una de las páginas más famosas y conocidas’, no sabes cómo se me cayó el mundo (…) tuve que lidiar con que mi propia madre, amigos, conocidos y personas extrañas me juzgaran; simplemente no quería vivir (…) todavía hay personas que me identifican y me hacen sentir como una cualquiera. He recibido amenazas, acoso, cosas que nunca vas a sufrir tú. He sentido temor, vergüenza, decepción, humillación, intranquilidad hasta pena de mí misma. Espero que tengas una vida larga para que te arrepientas de todo el daño que no solo me hiciste a mí sino a cientos de mujeres”, dice otra de las cartas —traducida al inglés para la corte— de una colombiana que fue explotada sexualmente cuando era menor de edad por Galarza, quien no tuvo reparo en vender este material después a páginas de porno.
A pesar de que cuando cayó Galarza, junto con veinte personas más, capturadas en Colombia en octubre de 2019, la noticia tuvo mucho despliegue mediático, su condena pasó desapercibida para la prensa nacional e internacional. Pero fue un momento importante para quienes conocían el proceso penal y el sufrimiento de quienes estaban detrás: “Fue impactante. Como la audiencia se había cancelado previamente tantas veces, me preocupaba mucho otro golpe a la salud mental de las chicas. Cuando Galarza entró a la Corte, me sorprendió verlo. Yo imaginé un monstruo, pero no, entró un hombre gordito, bajito, que se veía ya mayor y me impresionó pensar que alguien así pudiera hacer tanto daño. Porque a ellas las he visto llorar mucho, han sido muy valientes”, comenta Tayler Schwab, integrante de la organización Operation Underground Railroad (OUR), que lucha contra el tráfico y la explotación sexual de niñas y mujeres en treinta países y en los cincuenta estados de Estados Unidos.
Schwab ha acompañado a las colombianas víctimas de Galarza e intercedido directamente para que las páginas de porno bajen de la web más de treinta videos sexuales de ellas, que se subieron con diferentes nombres, sin su voluntad, y fueron grabados cuando la mayoría de ellas eran menores de edad. De hecho, en este proceso participaron dos colombianas que también hacen parte de la denuncia de 34 mujeres de varias nacionalidades (catorce de ellas grabadas siendo menores de edad) contra Pornhub, la página web canadiense de porno más grande del mundo, señalada de alojar contenido sexual de menores, violaciones y videos que no fueron consentidos. Un proceso que también avanza en un tribunal de California en Estados Unidos.
El caso le dio la vuelta al mundo cuando el periodista Nicholas Kristof, en una columna dominical del diario estadounidense The New York Times, reveló la historia de Serena K. Fleites. Ella ha sido el rostro, porque el resto prefiere mantener su anonimato por razones de seguridad o intimidad. Fleites narró que tenía catorce años cuando se enamoró, en octavo grado de bachillerato, de un joven de quince que un día le pidió que le enviara un video de ella desnuda. El video terminó en Pornhub, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo, y esta situación devastó su vida, llevándola incluso a intentar quitarse la vida.
El Espectador dio a conocer, en septiembre de 2021, el capítulo colombiano de esta dolorosa trama, que se conecta con Víctor Galarza. En la denuncia, las dos colombianas víctimas quedaron reseñadas como Jane Doe n.° 8 y Jane Doe n.° 9, una de 15 y otra de 17 años.
Según el escrito, los videos sexuales que grabó Galarza fueron alojados en Pornhub, años después, con los misóginos y crueles títulos: “Scort venezolana acepta follar sin condón en trío, en su primer casting en Medellin, Columbia” (sic) y “Prostituta colegiala colombiana acepta follar sin condón x 10 dólares. La cuarentena la obligó a vender su cuerpo en Medellín”, cada uno con miles de reproducciones en medio de la pandemia. Además de Pornhub, los videos fueron monetizados por las páginas de porno Spankmoney, Xvideos y ManyVids.
Esta última página es patrocinadora visible de la convención de porno Lalexpo (Latin America Adult Business), que se describe como el evento más importante de esta industria en Latinoamérica. Una convención que este año, primero, se iba a realizar en Cartagena, pero se les negó el permiso por una carta de protesta que firmaron 2.215 mujeres, hombres y organizaciones. La misiva de protesta señaló que la reunión de estas empresas en la ciudad heroica no contribuía a la lucha contra la explotación sexual, teniendo en cuenta que solo en 2021, en Cartagena, se presentaron 33 denuncias por el delito de pornografía infantil y que uno de los patrocinadores del evento era Pornhub, la compañía denunciada por alojar estos videos sexuales de menores, que tiene su propio capítulo colombiano entre las víctimas y que, tras el escándalo mundial de 2020, tuvo que eliminar el 80 % de sus contenidos por no estar verificados.
La solución que encontraron los organizadores fue trasladar el evento a Barranquilla y ahora se realizará del 12 al 15 de junio. También retiraron de los patrocinadores visibles en la página del evento a Pornhub y sumaron como sponsor institucional a la Asociación de Sitios que Abogan por la Protección de la Infancia (Association of Sites Advocating Child Protection), organización desconocida entre quienes luchan contra estos delitos sexuales, como la pornografía infantil, en Colombia y Estados Unidos, pero que, según su página web, fue fundada en 1996 y trabaja por “educar a sus miembros, a la industria para adultos en línea, a los responsables de las políticas gubernamentales y al público en general sobre la protección de niños” y la lucha “contra el abuso sexual infantil”.
En el comunicado público de los organizadores se lee también que el cambio de lugar se dio “debido a los constantes ataques por parte de algunos particulares y colectivos sin argumentos, ataques que no solo son para nuestra industria, son también contra el ejercicio y el desarrollo de la libre empresa en Colombia (…) Estamos convencidos de la importancia y legalidad de nuestra industria, no solo para la economía nacional, sino para el sustento de 150.000 familias que viven de esta Industria. Por eso, a pesar de que nos señalen de promover crímenes abominables como la explotación sexual y de menores, acusación que clara y contundentemente rechazamos, vamos a seguir con nuestro empeño en hacer este evento y continuar mostrando la importancia que tiene nuestro sector nacional e internacionalmente”.
Ante las críticas que se trasladaron también a Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo hizo una defensa férrea de la convención porno y dijo que se hará porque “significa empleo, crecimiento, significa dar a conocer la ciudad, estos eventos se hacen en Los Ángeles, en Las Vegas, en Miami, en Europa, también se harán en Barranquilla”. La polémica despertó la atención de Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, quien le dirigió una comunicación al alcalde Pumarejo, el 27 de mayo, para llamarlo a la reflexión sobre qué mensaje da a la sociedad al promover estos eventos. Le recordó que Barranquilla, como otras ciudades de Colombia, tiene “altísimas problemáticas por la comisión de delitos de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres, donde las principales víctimas son las poblaciones vulnerables por su situación de pobreza, migración o desplazamiento”.
(Le puede interesar: De Yuliana Samboní a Sarai: el asesinato y violencia sexual contra niñas no cesa)
Entre tanto, en Nueva York, siete colombianas celebran que la justicia estadounidense finalmente les dio la razón, al condenar al estadounidense que las violentó sexualmente, las grabó y las engañó, asegurando que ese material sería borrado, cuando terminó alojado en varias páginas de porno que se lucraron de su tragedia. “Puede que para ti yo no sea más que una chica que cayó en tus redes, confiando en todo lo que mostraste ser (…) lo que me hiciste hacer no lo hice por diversión, lo hice por las necesidades que en ese momento estaba afrontando. No sabes lo difícil que fue y que ha sido para mí (…) Gracias a Dios y a la vida lo vas a pagar”, se lee en una de las cartas escrita por una de las colombianas explotadas sexualmente por Galarza cuando era menor de edad, leída como evidencia por la fiscal que sacó adelante el caso ese día trascendental.
Vea más temas de Investigación 🔍📓 en El Espectador.
Por Natalia Herrera Durán
Conoce más