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Desde hace varias semanas, líderes de comunidades que viven en la zona del Canal del Dique, víctimas del conflicto armado, congresistas y miembros del Gobierno entrante de Gustavo Petro han pedido que se suspenda la licitación de las obras en el Canal del Dique, que planea adjudicarse el próximo 4 de agosto, a pocos días del cambio de mandato. (Le recomendamos: Las inquietudes ambientales de las obras en el Canal del Dique)
Entre los motivos para esta petición, argumentan que hay comunidades que pueden verse afectadas por los posibles impactos del proyecto y que no fueron consultadas, que desconocen cuáles serán las obras y sus alcances, y que temen que las obras generen una desaparición permanente de cuerpos de personas dadas por desaparecidas -producto del conflicto armado en la zona- que yacen en el lecho del canal. En los últimos días, la ministra designada de Ambiente del Gobierno entrante, Susana Muhamad, expresó públicamente una inquietud más: la falta de licencia ambiental o de plan de manejo en un megaproyecto de las magnitudes que tiene el del Canal del Dique.
En declaraciones a Caracol Radio, Muhamad aseguró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había anunciado primero que sí era necesario un plan de manejo ambiental, pero que luego revocó su decisión. “Esto deja incertidumbre frente al instrumento de manejo de una obra que puede tener impactos en la zona”, aseguró. Hoy la obra solo cuenta con un “Plan Hidrosedimentológico”, es decir, enfocado en el agua y los sedimentos.
Como contamos en este artículo, autoridades y expertos ambientales aseguran que el proyecto -que se ha presentado como la obra más importante de cambio climático en el país- tiene varios vacíos en temas ambientales. No hay una línea base clara, faltan datos importantes en los estudios y no tiene unos indicadores establecidos de cómo será la restauración de los ecosistemas (que, se supone, es el objetivo principal de llevarlo a cabo). A lo que ahora se le suman las preguntas sobre la necesidad o no de una licencia ambiental.
Ante las inquietudes, la ANLA explicó que, mediante la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017, se había aceptado el Plan Hidrosedimentológico del proyecto, presentado por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y que se había ordenado elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para tramitar la licencia ambiental.
Sin embargo, explican, en abril del 2018 Cormagdalena solicitó la revocatoria de la orden de tramitar la licencia ambiental y de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que la ANLA solicitó a Parques Nacionales Naturales de Colombia elaborar un concepto técnico para tomar una decisión definitiva.
Es importante mencionar que, entre las preocupaciones por las obras, hay varias que tienen que ver con posibles afectaciones a áreas protegidas, a cargo de Parques Nacionales. Una de esas, por ejemplo, es el Santuario de Flora y Fauna El Corchal Mono Hernández. “Se trata del último reliquio de corchos en el país. Es un espacio muy pequeño y frágil que se alimenta de esos flujos del Canal del Dique. Hoy no sabemos cuánto las obras vayan a afectar esos aportes de agua en la zona que, además, ha disminuido bastante en los últimos años”, asegura Vilardy, quien también es la directora de Parques Cómo Vamos.
Hace unos meses, un informe de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales concluía que no se entendía cómo en los documentos relacionados con el estudio se manifestaba que el proyecto iba a mejorar las condiciones ambientales de la delta del Canal del Dique sin tener la información suficiente y sin hacer un análisis detallado de las consecuencias que podría traer. Particularmente, sobre el caso del refugio de corchos aseguraba: “Las ciénagas del sector, que en el pasado conformaban un gran sistema denominado Ciénaga La Matuna, se condenan a la colmatación y desaparición por cuenta del aumento en el aporte de sólidos suspendidos, que según calculan en el estudio, provocaran una deposición de entre 1 y 2 centímetros anuales de sedimentos, afectando ecosistemas sensibles de gran importancia regional y a un área protegida como el SFF El Corchal Mono Hernández.”
No obstante, según el concepto técnico de Parques Naturales, las obras en el canal tendrían “un impacto positivo “ en el Santuario de Fauna y Flora El Corchal Mono Hernández. “Es claro para Parques Nacionales que las actividades u obras a desarrollarse en Caño Rico, se articulan con el plan de manejo vigente del Santuario de Flora y Fauna El Corchal Mono Hernández, para el cumplimiento de las funciones de administración que le corresponden al área protegida, acordes con el Plan de Acción Institucional, para las cuales se requiere el apoyo del proyecto”, escribieron en el concepto que entregaron a la ANLA.
Según la autoridad de licencias ambientales, en abril del 2018 también solicitaron al ministerio de Ambiente un pronunciamiento sobre la competencia de la Anla frente a la evaluación, control y seguimiento del proyecto “Plan Hidrosedimentológico – Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” que había presentado Cormagdalena. La cartera de ambiente respondió que “los proyectos, obras o actividades que con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 iniciaron actividades, no requerirán Licencia Ambiental. Tampoco requerirán Licencia Ambiental aquellos proyectos de competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales que iniciaron actividades antes de la expedición del presente Decreto. Lo anterior no excluye que dichos proyectos, obras o actividades cumplan con la normatividad ambiental vigente, excluido el requisito de obtener Licencia Ambiental”.
Estos conceptos fueron los que, en consecuencia, llevaron a que la ANLA revocara su decisión de la necesidad de tramitar una licencia ambiental, por lo que el documento presentado por Cormagdalena quedó consignado como “el instrumento de manejo y control ambiental con el que cuenta el proyecto”, explicaron.
Aunque la ANLA asegura que el Plan Hidrosedimentológico es equivalente a un plan de manejo ambiental, quienes piden suspender la licencia y resolver los vacíos ambientales difieren. “Ese plan no parece suficiente. Es un instrumento que podría hacer parte de un Plan de Manejo Ambiental que sea integral, pero es solo una variable, no es el único aspecto ambiental que podría tener impactos en una obra de ese tamaño, por lo que se requeriría por lo menos un Plan de Manejo Ambiental”, afirmó Muhamad en la entrevista.
Vilardy Coincide. “En obras como estas, que vienen de una visión clásica de la ingeniería, de optimizar tiempos, hemos acelerado procesos que no deberían acelerarse. Y hay decisiones que se toman teniendo vacíos frente a temas que las Evaluaciones de Impacto Ambiental no logran recoger. Hay instrumentos que están desactualizados”, explica. Para ella, si realmente se tratara de una obra de restauración del delta del Canal del Dique, lo que sería necesario restaurar es la red de planicies inundables y de trampas de sedimentos naturales. “Los sedimentos los puedes controlar de dos maneras: una, gastándote miles de millones de pesos en esclusas y teniendo un problema luego de depósito de esos sedimentos. O, dos, manteniendo lo que naturalmente tiene el sistema, que son las conexiones de pantanos, planicies inundables y ciénagas que funcionan como trampas de sedimentos”, asegura.
Por su parte, la autoridad de licencias ambientales asegura que hará el control y seguimiento ambiental desde la etapa de construcción y desarrollo, y se impondrán medidas de manejo y seguimiento ambiental para evitar, controlar o mitigar los impactos ambientales que se estén generando y que, en dado caso, no cuenten con medidas de manejo efectivas. “Se harán las exigencias y requerimientos a los que haya lugar por parte de la ANLA, los cuales estarán orientados hacia el correcto uso del instrumento de manejo ambiental vigente”, aseguraron desde la entidad.
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