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El presidente Gustavo Petro insiste en que el mejor metro para Bogotá es el subterráneo y, desde que se posesionó, ha pedido en varias ocasiones a sus funcionarios hallar un camino seguro para modificar el contrato de la primera línea elevada, que está en ejecución. Sin embargo, tras un año de polémicas, no han encontrado una salida y la última carta que se jugaron hoy está en mira de los entes de control. Se trata del concepto técnico que recientemente contrató la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), para analizar el trazado actual, así como otras dos alternativas que incluyen la subterranización del tramo oriental.
En este punto, vale recordar que, desde el año pasado el Distrito y la Nación adelantan mesas técnicas, en las que se enfrentan dos posturas: la de la Alcaldía, que dice que el contrato del metro elevado no se puede modificar, y la de Presidencia, que insiste en que sí hay opción. Fue en ese contexto, en mayo pasado, que el Ministerio de Transporte anunció que, a través de la ANI, contrataría los servicios de la SCI, en aras de aportar más elementos técnicos a la discusión. Sin embargo, apenas lo materializó a principios de julio, como se conoció en medio de la última controversia entre Petro y la alcaldesa Claudia López, luego de que la mandataria anunció que el viaducto entraba en etapa de construcción. (Lea también: Avance del metro elevado enciende de nuevo la chispa entre Petro y Claudia López)
No pasó ni un mes y ahora las miradas están puestas sobre el contrato que celebró la Nación con la SCI. El Espectador tuvo acceso a un oficio que le envió la Procuraduría a la ANI, en el que no solo cuestionó la modalidad de selección y el monto de $ 8.375 millones, sino los fines de la contratación. En la comunicación del pasado miércoles 2 de agosto se destaca que el estudio que solicitado a la SCI tiene características de una consultoría, la cual, según el Estatuto General de Contratación, debe adjudicarse a través de un concurso de méritos abierto y no por contratación directa.
Para avanzar a una eventual investigación, el ente de control le solicitó a la ANI entregar una copia de la propuesta de la SCI, las otras ofertas que tuvieron en consideración, así como las razones por las cuales se descartaron. Además, sobre el monto del contrato también expresó una objeción: pidió explicar por qué se estableció un presupuesto que, al parecer, supera más de seis veces lo estimado para estudios similares.
A pesar de las dudas, la ANI tiene una explicación. Según la entidad, la Sociedad de Ingenieros fue declarada en 1904 como órgano consultivo del Gobierno Nacional para resolver cuestiones relacionadas con las mejoras materiales del país, en su componente técnico. Sobre la contratación directa, aseguró que la Ley 1150 de 2007 faculta a las entidades para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales con personas naturales o jurídicas, siempre que el objeto del contrato guarde relación directa con el objeto de la entidad ejecutante y esté acorde con la necesidad del ente público. En este caso, dice la ANI, se cumplen esos requisitos.
El Espectador consultó a la firma Duque Botero sobre los argumentos presentados por la entidad contratante y la solicitud de la Procuraduría. Los abogados de esa firma coinciden en que “la ANI deberá aportar la documentación que soporte jurídica y técnicamente la necesidad que se pretende satisfacer con ese contrato y la justificación que muestre que las actividades que se ejecutarán con esa prestación de servicios están relacionadas con el funcionamiento o administración de su entidad”.
Según los abogados de Duque Botero, el Consejo de Estado ha sido claro en que los contratos de consultoría se refieren a la realización de estudios, diseños y asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría, gerencia y dirección de obras o proyectos, actividades cuyo común denominador es de marcada índole técnica acompañada de un matiz de especialidad. Por su parte, la prestación de servicios gira en torno al desarrollo de actividades relativas a la administración o funcionamiento de la entidad.
Para la Procuraduría, no está claro que el estudio solicitado a la Sociedad de Ingenieros esté relacionado con el desarrollo de actividades relativas a la administración o funcionamiento de la entidad que contrata. Incluso, el ente de control cuestiona que el proyecto sobre el cual se pidió el concepto, es decir, la primera línea del Metro de Bogotá, no es un proyecto de la ANI sino que fue contratado y es responsabilidad de la empresa Metro, entidad adscrita a la Alcaldía.
Según el oficio remitido hace una semana, ese contrato a través del que se le solicita a la Sociedad de Ingenieros un concepto sobre un proyecto en el que la Nación no participa ni como contratista, ni como contratante, y que fue adjudicado por orden del presidente Petro, podría significar una vulneración de la autonomía que la Constitución le reconoce a las entidades territoriales; en este caso, la del Distrito Capital.
El ente de control pidió a la ANI que explique a través de qué instrumentos y con base en qué normas o competencias se tomarán decisiones sobre proyectos en los que esa entidad no es parte contractual. El oficio concluye preguntando qué pasará con los productos que presente en octubre la Sociedad de Ingenieros, como parte del estudios, en caso de que las entidades territoriales responsables de la primera línea del Metro, en ejercicio de su autonomía, decidan no acoger las conclusiones de los expertos. (Lea además: La incertidumbre del metro: entre lo técnico, el capricho y lo político)
Por su parte, la ANI informó que no se pronunciará sobre esos cuestionamientos hasta que se dé una respuesta oficial a la comunicación enviada por la Procuraduría. El Espectador consultó a la Empresa Metro de Bogotá para saber si esa entidad acogerá el concepto de la Sociedad de Ingenieros en caso de que sugiera un cambio del trazado, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Cabe recordar que la junta directiva de la Empresa Metro de Bogotá tiene nueve asientos: tres del Gobierno Nacional, tres del Distrito y tres independientes, uno de los cuales está ocupado por Guillermo González, miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Además, el ministro de Transporte, William Camargo, también hace parte de esa organización y tuvo que declararse impedido en el comité de contratación para la asesoría técnica sobre las causas de la caída del puente El Alambrado, que conecta a Quindío con el Valle del Cauca, pues ese concepto también se le encargó a la SCI cuando Camargo era presidente de la ANI.
El concepto de la Sociedad de Ingenieros
La Sociedad Colombiana de Ingenieros ejecuta un contrato por $8.375 millones, que involucra el estudio del Metro de Bogotá, y se espera que entregue su concepto en octubre. A la SCI la contrataron como centro consultivo del Gobierno Nacional, para brindar asesoría técnica “en el análisis de los proyectos ferroviarios de pasajeros, carga y/o mixto, emitiendo conceptos, pronunciamientos y documentos de lineamientos técnicos que permitan la evaluación multicriterio de los mismos”.
Aunque el objeto es amplio, el documento encomienda específicamente el análisis “del proyecto piloto Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)”, para el cual ordena estudiar tres escenarios concretos. El primero de ellos es el trazado actual, elevado desde el patio taller hasta la calle 72. El segundo es el que incluye el tramo elevado hasta la estación 11 (calle 1) y luego subterráneo por la Avenida Caracas, como lo propuso inicialmente el presidente Petro.
El tercer escenario sí representa novedad: le pidieron a la SCI analizar el diseño de la Primera Línea de Bogotá PLMB elevada hasta la estación número 11 (calle 1) y luego subterránea por la carrera 13 hasta la calle 72. Los costos y beneficios de cada propuesta se determinarán según el documento denominado “Buenas Prácticas en evaluación de proyectos Ferroviarios”, el cual también se tendrá que aplicar al Regiotram de Occidente y del Norte, y sus eventuales conexiones con el metro de la capital.
La ANI pide estudiar las variables geotécnicas, operativas, urbanísticas, ambientales, sociales y económicas, “que permitan realizar la comparación entre la situación inicial y la actual, de forma tal que validen o planteen la necesidad de revisión de los aspectos que pueden estar resultando problemáticos”… “usando métodos cuantitativos y cualitativos, que permitan valorar de forma objetiva cada aspecto, tanto en la solución actual como en las alternativas planteadas”, dice el documento. Además, subraya que “la idea es responder a las preocupaciones de la comunidad científica e ingenieril, que puedan vislumbrar incluso inviabilidades o sobrecostos, que deben estar resueltos antes que la problemática sea mayor”.
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