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No han sido semanas fáciles para Colombia, el Valle del Cauca y, mucho menos, para Cali. Los reclamos del Paro Nacional y las protestas de miles de jóvenes denominada la “Primera Línea” ante el hambre, la pobreza y el desempleo, sumado a una débil institucionalidad, abuso policial y poca capacidad de diálogo, han escalado la violencia. En Cali los bloqueos aparecen y desaparecen, en medio de la zozobra por el desabastecimiento y la latente posibilidad de una nueva crisis económica. Mientras unos y otros intentan explicar qué ocasionó el estallido social en Cali, un grupo de académicos recordó que se trata de una historia de vieja data, en la que el racismo, la lucha de clases y promesas incumplidas son una constante.
“Hay un contexto que viene de los procesos de formación de las ciudades desde la colonia, pasando por el siglo XIX y hasta el siglo XX. Esta es una región de antiguas haciendas esclavistas. Pero también de capitanías donde se controlaban a los indígenas de la región del Cauca. Participaba la iglesia y los terratenientes hacendados”, explica Fernando Urrea, profesor emérito titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. A su voz se une la del director del Centro Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, Enrique Rodríguez Caporalli, quien indica que lo que hoy acontece no es nuevo porque siempre ha estado presente en la ciudad.
Además de las protestas y clamores del paro que piden a las autoridades, entre otras cosas, satisfacer las necesidades básicas de las comunidades marginadas, los académicos coinciden en que no son reclamos nuevos, pues la situación de fondo está marcada por el racismo contra comunidades migrantes que por años estuvieron invisibilizadas por las élites caleñas. “Cali es un cruce de caminos, es la conexión con el Pacífico y hacia el sur del país. Es una ciudad de migrantes. Para hablar sobre caleños raizales hay que hacerlo con precaución. Cali históricamente ha sido muy desigual e inequitativa, con una élite cerrada y una clase media pequeña a comparación con los sectores populares”, señala Enrique Rodríguez.
Para explicar el desarrollo y crecimiento de Cali como ciudad, las comunidades afrodescendientes e indígenas juegan un rol determinante. “Siempre estuvieron y han estado allí. A comienzos del siglo XX, el 70% de la población de Cali era negra. La ciudad se blanqueó con las migraciones paisas de la colonización cafetera. Los ricos blancos eran la élite hacendada y existían algunos sectores mulatos. Si bien había desaparecido la esclavitud, parte de la población negra eran hijos y nietos de esclavos de las haciendas del Norte del Cauca y del Sur del Valle”, manifiesta el profesor Urrea, quien agrega que varios de los que hoy reclaman y están en los bloqueos traen en su espalda ese pasado.
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Para Urrea, la capital del Valle del Cauca es un espacio multirracial, en la que, si bien la mayoría de la población se reconoce como blanca o mestiza, hay una fuerte presencia afro e indígena, que se explica por la cercanía del Pacífico y las comunidades del Norte del Cauca. “Cali es un tejido multiétnico, multicultural y multirracial. Es una ciudad de todos los colores de piel, que a su vez explica la división de las clases sociales en Colombia. Las recientes investigaciones demuestran que en Cali siempre han existido negros e indígenas, que han sido desconocidos e invisibilizados por el mestizaje”, agrega. Por este fenómeno, la ciudad creció fragmentada y creó nichos culturales muy cerrados que no se mezclan, lo que ocasionó un proceso de marginalización.
“En Cali hay dos formas de racismo. Una contra los indígenas por su cercanía al departamento del Cauca y los históricos problemas por la tierra que han existido con las élites. Esto se ha extendido en la sociedad que, por ejemplo, insulta a otra persona diciéndole ‘indio’. La segunda forma de racismo es con la población negra, con la cual existe un pasado esclavista y de segregación”, manifiesta el profesor Enrique Rodríguez. El racismo se intensificó cuando las comunidades fueron más visibles y exigieron mejores condiciones. La profesora Inge Helena Valencia sostuvo que esto explica que las poblaciones fueran marginadas a los barrios de ladera y en el oriente de la ciudad, lo que se conoce como el distrito de Aguablanca, y que además se radicalizara la pobreza.
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“En Cali hay una disputa entre raza y clase. Es una ciudad dividida en dos. Los lugares empobrecidos tienen pertenencias raciales. Si se cruzan con los índices violencia y homicidios, son los mismos lugares. Lo que ha sucedido durante estos días exacerbó el racismo y la xenofobia de la ciudad”, expresa la profesora Inge Helena Valencia. “Pertenecer a la etnia afro o indígena está correlacionado a la pobreza y la falta de oportunidades”, añade Rodríguez. ¿Cómo se llegó a esta situación? Los académicos consideraron que la relación entre racismo y pobreza se dio por el no cumplimiento de la promesa de valor con la que llegaron miles de migrantes a Cali, vista en las últimas décadas del siglo XX como la de mayor proyección y crecimiento económico.
La promesa que nunca llegó
Cali tuvo una fuerte migración a mediados y finales del siglo XX, bajo la promesa de encontrar un mejor futuro. “Fue una migración multiestrato, porque la evidencia más clara es que hubo gente prominente de Antioquia y Cundinamarca que llegaron a Cali por ser una buena plaza para los negocios. Otros llegaron desde el Pacífico, por desplazamiento de la violencia o fenómenos naturales en la costa. Y finalmente otro grupo atraído por la burbuja del narcotráfico”, explica Enrique Rodríguez. El asesor de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, Jesús Flórez, añadió que a eso se sumó la idea de que el empresariado caleño tenía una visión filantrópica de desarrollo. Sin embargo, Flórez sostuvo que esas oportunidades nunca llegaron.
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Así fue que Cali empezó a erigirse como la tercera ciudad de Colombia. Pero ante el auge del conflicto armado, los desplazamientos y la cooptación del narcotráfico la ciudad fue perdiendo impulso. Además, los académicos coinciden que la apertura comercial de los años 90, el cierre o venta de varias empresas caleñas y la salida de decenas de multinacionales de la región, sumieron a Cali en una crisis económica de la que no logró salir. Sumado a esto, la pérdida de institucionalidad producto de la corrupción y la captura de los capos del narcotráfico ahondaron la crisis que desencadenó una ola de violencia e inseguridad. Las cifras de desempleo llegaron a máximos históricos y la economía local nunca logró ajustarse al cambio.
Así se esfumó la promesa de que Cali era la capital para que los desplazados por el conflicto, las comunidades más vulnerables de la costa pacífica y quienes buscaban un mejor futuro pudieran salir adelante. “Hubo un momento en el en algún momento a todos los habitantes de Cali les iba a ir bien. Así a la persona llegara sin nada, existía la posibilidad de que su familia iba a lograrlo. Pero esa promesa se acabó en los 90 y no volvimos a tener alguna que le diera esa esperanza a la gente”, dijo el profesor Rodríguez. “El Pacífico ve a Cali como un lugar de esperanza y oportunidades. Pero no es una ciudad de tales características sino de mezquindad”, recalca Jesús Flórez.
Cali ciudad metropolitana
Los académicos consultados coincidieron en que uno de los principales problemas por los que no se ha podido entender las dinámicas de Cali es que la ciudad no se piensa en región metropolitana. Es una ciudad que tiene una relación directa con 28 municipios del sur del Valle del Cauca, como Buga, del Pacífico (Buenaventura) y del Norte del Cauca, donde están los resguardos indígenas. De todos depende en términos de bienes y servicio, y para su desarrollo económico. De ahí también se explica su multiculturalismo étnico y racial. Para el profesor Urrea, estas relaciones explican además cómo las comunidades afros e indígenas se convirtieron en empleados domésticos en Cali, perpetuando ciertas dinámicas del pasado.
“Cali no se puede pesar sin su contexto regional. Cali sufre mucho de esa violencia regional. Cuando pasa algo en Buenaventura o en el Norte del Cauca hay una represalia en la ciudad. No en vano es la ciudad más violenta del país y con una de las tasas más altas de homicidios, a pesar de que está en mínimos históricos. Y eso, junto al hambre y la informalidad, tiene mucho que ver con la escalada de violencia de estos días y la degradación social por la incrustación del narcotráfico. Y ante la audiencia de un poder institucional, surgen economías ilícitas que promueven todo tipo de violencias”, sostiene la profesora Valencia.
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Para Enrique Rodríguez, los lazos raciales, étnicos y de violencia que unen a Cali con su área metropolitana son la muestra del error de convertir a la ciudad en un Distrito. “Cali se debió como un área metropolitana, porque si somos un cruce de caminos, ser un distrito sería negar todas esas relaciones que tenemos con municipios como Buenaventura, Buga, Puerto Tejada y otros del Norte del Cauca. Como distrito solo nos miramos el ombligo y nunca vamos hacer un Plan de Ordenamiento Territorial incluyendo a todos estos municipios vecinos, que han sido protagonistas de todas las confrontaciones que hoy vemos”, precisa el académico.
La poca capacidad institucional también se ha visto reflejada en la poca capacidad para buscar soluciones a lo que hoy sucede en varios puntos de la ciudad. No existen interlocutores válidos que entiendan las peticiones diferenciadas en cada uno de los sectores de Cali en los que hay bloqueos. “En la historia de Cali la inversión pública municipal ha sido muy baja. El PIB per cápita en gasto público es mediocre y en términos relativos es igual o más bajo que en ciudades como Pereira. Cualquier presupuesto de cualquier secretaría de Cali de las últimas décadas es mucho más bajo que los de las capitales como Medellín y Bogotá. Tiene que ver con una política de las élites de descuidar la inversión en la oferta de bienes y servicios”, concluye Urrea.
¿Y la solución?
Mientras las autoridades locales y nacionales intentan abrir espacios de discusión y diálogos, los líderes de los bloqueos insisten en que sus reclamos no están siendo escuchados y la respuesta ha sido militarización y el abuso policial. Gritos de un lado a otro y posiciones radicales, han provocado que se paren varias personas de las mesas de negociación. Para los académicos, lo que hoy sucede es que en Cali chocan muchas gobernanzas, tanto legales como ilegales, que han exacerbado la violencia y, hasta cierto punto, promovido la paraestatalidad. La solución que plantean es, por un lado, calmar el hambre que dejó la crisis económica del COVID-19, y por el otro, retomar los programas de intervención en los barrios populares.
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“Hay una necesidad de agendas de intervención locales y diferencias a partir de las peticiones de quienes están tras los bloqueos, porque sus reclamos y entornos son distintos. Llamó la atención de que la alcaldía de Ospina acabara con el programa TIOS (Territorios de Inclusión y Oportunidades), el cual debe volver a retomarse”, indicó Inge Valencia. A su vez, Fernando Urrea propuso la creación de ollas comunitarias y abrir verdaderos espacios de diálogo. Propacífico, que reúne a los empresarios para formular planes de desarrollo, propuso un programa de educación que beneficie a los jóvenes de estas poblaciones para formar perfiles específicos que permitan ubicarlos laboralmente y reactivar la economía de la región.
Lejos de encontrar una pronta salida, el llamado a las autoridades es a desescalar el conflicto, para evitar episodios como el ataque con armas de civiles a la Minga Indígena en el sur de Cali y ante la mirada de las autoridades. “Hay que desescalar el conflicto y que el gobierno entienda que es peor militarizar la ciudad y enfrentar a la población. Es un hecho que hubo actos vandálicos, que repruebo, pero que se han dado en muchos países. Hoy en día los fenómenos de movilización vienen con esos componentes desagradables. No podemos permitir que se haga la lectura de que esto es un tema terrorista, porque si se cae en ese tipo de discurso paranoico, no hay posibilidades de entender lo que sucede en Cali, donde se mezcla el hambre y la pobreza con temas raciales y étnicos”, sintetiza el profesor Fernando Urrea.
COVID, el detonante de la pobreza
Si bien en la última década se buscó la forma de repuntar y salir adelante, la pandemia creó un abomba social que estalló con el anuncio de la reforma tributaria. Fue el detonante para que hoy miles de jóvenes salieran a las calles. Según el DANE, la ciudad pasó de tener 558.360 personas a 934.350 en pobreza monetaria. Es decir, el 36,6% de los caleños, la tercera parte de la ciudad. En Cali la informalidad es la tendencia, por lo que el COVID-19 aumentó el hambre y el desempleo. Además, la clase media se redujo en un 22 % (256.000 personas) y la clase alta bajó en 16 % (11.000 personas). “Por eso los bloqueos se dieron en las zonas más pobres que tienen las necesidades básicas insatisfechas”, agregó la profesora Valencia.
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“Los datos sobre el impacto de COVID-19 por hogares vulnerables en Cali, se comprobó que las cifras más altas de contagio se dieron en los barrios de alta concentración de población afro e indígena. Reproduce de manera dramática esta relación entre muertos por la pandemia y pobreza. Cuando usted ve los puntos de mayor confrontación como Puerto Resistencia, el Puente del Comercio, la salida al mar y Siloé, hay una relación estrecha entre esas áreas y los efectos del COVID-19. Todos estos jóvenes de la Primera Línea perdieron a sus abuelos, padres, madres y tíos por el COVID”, explicó el profesor Fernando Urrea
El desabastecimiento, otra cara del paro
Ante los bloqueos en Cali y en varios municipios del Valle del Cauca, como en Buga donde se presentaron fuertes confrontaciones, los gremios y conglomerados económicos de la región sostuvieron que en estas dos semanas se estiman pérdidas por $2.4 billones. Además, alertaron que el 41% de las empresas no están funcionando y el 47% lo están haciendo parcialmente. Además, en la capital del Valle ya se ven los efectos del desabastecimiento de combustible, con largas filas de carros en las estaciones de servicio, y de comida. Algunos precios han subido y los supermercados no dan abasto.
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Los empresarios han hecho varios llamados para que se levanten los bloqueos, pues de lo contrario la crisis económica arrastrada desde la pandemia será peor. Advierten que más gente podría perder sus empleos, se agravaría y el hambre y se estancaría el desarrollo económico. Asimismo, le pidieron al gobierno insistir en el diálogo y buscar salidas pacíficas que no incrementen la violencia que ya se vive en las calles.
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