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Los grupos guerrilleros marxistas de Colombia han sido acogidos en Venezuela al menos desde la elección de Hugo Chávez en 1998. Pero ahora, ciertas facciones han dejado de ser bien recibidas y se han convertido en objeto de una continua ofensiva de las fuerzas de seguridad venezolanas, la cual ha traído consigo ataques aéreos, tiroteos, asesinatos, minas terrestres, secuestros, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y abusos. Así, los males del conflicto civil colombiano han aparecido en Venezuela. (Puede ver el trabajo periodístico completo de InSight Crime, una fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe, en este enlace: Las guerrillas colombo-venezolanas: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela)
Por décadas, los rebeldes colombianos se han aprovechado de la porosa frontera, el terreno aislado y el amistoso gobierno para utilizar a Venezuela como santuario fuera del alcance del ejército colombiano.
Pero a lo largo de los años, la presencia guerrillera en Venezuela ha evolucionado, un proceso que se aceleró con la desmovilización del mayor grupo guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017. (Le puede interesar: Así ha sido la participación de Venezuela en los procesos de paz de Colombia)
Ahora, las facciones disidentes de las FARC y la última insurgencia nacional que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no solo estacionan sus fuerzas y refugian a sus líderes en Venezuela, sino que además controlan rutas del narcotráfico, operaciones mineras ilegales y otras economías criminales en suelo venezolano. Llenan sus filas de reclutas venezolanos, crean redes de apoyo entre la población venezolana, se posicionan como autoridades de facto en comunidades venezolanas abandonadas o desatendidas por el Estado y se enfrentan por los recursos y el territorio.
Las facciones y frentes guerrilleros que operan hoy en día en la frontera son tanto venezolanos como colombianos. Son grupos binacionales y suponen una amenaza de seguridad binacional.
“Venezuela es para ellos un santuario estratégico y están llevando a cabo la revolución que nunca pudieron hacer en Colombia”, dice Luis Trejos, académico e investigador experto en el conflicto colombiano, refiriéndose al ELN. “Por eso han apostado tanto por Venezuela”.
La evolución binacional
Aunque las FARC y el ELN comenzaron a utilizar el territorio venezolano en su campaña para derrocar al Estado colombiano en la década de 1970, fueron los eventos de principios de los 2000 los que desencadenaron su evolución a grupos binacionales. Esto inició con el fracaso del proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en 2002, que hizo que los rebeldes perdieran su refugio en la zona desmilitarizada que les habían concedido durante las negociaciones. Luego vino una campaña militar sin precedentes ordenada por el expresidente Álvaro Uribe y financiada por Estados Unidos.
La presión militar empujó a los guerrilleros a los extremos más remotos de Colombia, incluyendo la frontera con Venezuela, donde encontraron un aliado en el presidente de izquierda Hugo Chávez. Los insurgentes y el presidente no solo compartían puntos de vista políticos, sino también enemigos: el gobierno derechista de Colombia y su patrocinador, Estados Unidos.
A medida que la relación entre los insurgentes y el gobierno de Chávez se profundizaba, los rebeldes pasaron de utilizar a Venezuela como un simple escondite a convertirla en una importante base de operaciones. El país les ofrecía a los guerrilleros un nuevo territorio en el cual podían financiarse mediante el narcotráfico y otras economías criminales, asegurar el acceso a armas y suministros, y llevar a cabo labores políticas. Además, sus líderes podían planificar campañas militares sin temor a ser perseguidos.
Pero el proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que inició formalmente en 2012 con Venezuela como país facilitador y garante, sirvió de catalizador para que las guerrillas dieran el paso definitivo para convertirse en grupos verdaderamente binacionales.
Antes de que se firmara el acuerdo de paz definitivo en 2016, varios frentes de las FARC rechazaron las negociaciones y se separaron. Grupos disidentes a lo largo de la frontera, como el Frente Acacio Medina en el estado venezolano de Amazonas y el Frente 10 en Apure, establecieron el grueso de sus fuerzas, sus intereses económicos y su liderazgo no en Colombia, sino en Venezuela.
Tres años después, el segundo al mando de las FARC y principal negociador en las conversaciones, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, abandonó el proceso de paz y se rearmó. Intentó refundar las FARC llamándolas “Segunda Marquetalia”, en honor al lugar donde nacieron las FARC en los años sesenta. Se instaló en territorio venezolano y estableció su cuartel general en Apure, uno de los estados fronterizos. (Le recomendamos: No solo Arauca: la guerra entre guerrillas y bandas que azota el lado venezolano)
El proceso de paz con las FARC ofreció al ELN una oportunidad histórica para expandirse en los antiguos territorios controlados por las FARC, que los rebeldes aprovecharon en Colombia y en Venezuela. Se adentraron en regiones venezolanas ricas en oportunidades criminales en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
A finales de 2020, según las Fuerzas Militares colombianas, más del 70 por ciento de los líderes guerrilleros, tanto del ELN como de las ex-FARC, estaban en Venezuela. El ELN tenía aproximadamente 900 combatientes estacionados en el país, lo que representaba casi el 40 por ciento de su fuerza total estimada, y las ex-FARC tenían alrededor de 500, lo que representaba aproximadamente el 20 por ciento de los combatientes disidentes.
En la actualidad, estos guerrilleros no solo están en Venezuela buscando refugio frente a las fuerzas de seguridad colombianas, sino que además controlan intereses criminales multimillonarios. Desde la desmovilización de las FARC, las investigaciones de InSight Crime en Venezuela han descubierto pruebas de que la guerrilla se beneficia del tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión en al menos ocho estados del país.
Pero más allá de buscar beneficios estratégicos y económicos, la guerrilla colombiana también ha extendido y profundizado sus raíces, llenando sus filas de reclutas venezolanos, construyendo redes políticas y ganando apoyo en las comunidades venezolanas.
Al igual que en Colombia, la guerrilla aprovecha la extrema pobreza, exacerbada por años de crisis económica en Venezuela, para reclutar entre los desesperados.
“Vienen ofreciendo no charlas políticas, sino dinero y comida, que son escasos en Venezuela”, dijo a InSight Crime un trabajador de derechos humanos en Amazonas, al sur de Venezuela, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. “La gente es susceptible a eso, y dice ‘no voy a recibir ninguna ayuda del Estado venezolano y me voy a morir de hambre, así que mejor me voy con esta gente’”.
La guerrilla también ha creado redes logísticas y de inteligencia en Venezuela. Mientras que estas células insertas en la sociedad civil se conocen como milicias en Colombia, en algunas partes de Venezuela se les denomina con un término más venezolano: colectivos, en referencia a los grupos armados sociopolíticos aliados al Chavismo. (Puede leer: Eln opera en conjunto con militares venezolanos en la frontera, denuncia informe)
“Empezaron a reclutar jóvenes de 15 a 20 años y los entrenaron como los famosos colectivos. Estos grupos son ahora la primera línea de acción de la guerrilla”, dijo un funcionario del gobierno local de Táchira, que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
La guerrilla también importó el modelo sociopolítico que ha perfeccionado en sus bastiones en Colombia y lo ha replicado en los rincones abandonados de Venezuela, donde asume funciones de gobierno en ausencia del Estado.
Para muchas comunidades, el ELN o las ex-FARC son ahora autoridades de facto, las cuales imponen sus reglas y normas sociales, regulan las actividades económicas e incluso establecen sus propios sistemas paralelos de justicia.
“Ellos tienen su propio sistema legal. Si rompes las normas, te llevan a juicio”, afirma un periodista local de Táchira, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. “Cuando ves un cadáver tirado en las trochas [pasos fronterizos clandestinos] es porque en el juicio decidieron que esa persona debía ser ejecutada”.
Para quienes viven en estas comunidades, la guerrilla ha traído un sentimiento que ya es familiar para generaciones de colombianos: el miedo a que en cualquier momento, y por cualquier motivo, puedas ser la próxima víctima de sus guerras.
“Vivir en la frontera no es fácil, significa dormir con un ojo abierto, ser consciente de que de un momento a otro puedes ser víctima de una bala o de un tiroteo que no tiene nada que ver contigo”, dijo un líder político local de Apure, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
“Hoy en día, cualquiera que viva en la frontera tiene que estar dispuesto a mantener relaciones con los grupos armados de allí. Es una obligación, no importa lo que quieras hacer”, añadió.
Guerrillas sin revolución
Si bien el ELN y las facciones de las ex-FARC en la frontera ya son indiscutiblemente grupos armados binacionales, no queda tan claro qué tipo de grupo armado son cuando cruzan la frontera con Venezuela. ¿Son insurgentes o paramilitares progubernamentales?
“El ELN es un grupo guerrillero binacional, pero también es un grupo guerrillero bipolar”, afirma Charles Larratt-Smith, académico especializado en el conflicto y los grupos guerrilleros de Colombia. “El ELN siempre ha sido una guerrilla marxista, una insurgencia que desafía al Estado colombiano. En el lado venezolano de la frontera, sin embargo, el ELN sigue teniendo esa función de imponer el orden en las comunidades y en la población civil. Pero al mismo tiempo no está en confrontación con el Estado venezolano”.
Lejos de intentar derrocar al gobierno venezolano, la guerrilla a menudo se presenta como defensora del gobierno de Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, según cuentan los residentes, las autoridades locales y los trabajadores de derechos humanos de la región fronteriza.
“El ELN les ha dicho a las comunidades indígenas que están aquí con la autorización del gobierno, que Chávez les dio permiso para estar aquí, y que están aquí para defender al país del imperio [Estados Unidos] y de la oligarquía colombiana”, dijo un activista de los derechos indígenas en Amazonas, quien no quiso ser identificado por razones de seguridad.
El empeño de la guerrilla por preservar el gobierno en lugar de derrocarlo va mucho más allá de la retórica. En investigaciones realizadas en todos los estados de la frontera, InSight Crime recopiló numerosas pruebas de que la guerrilla ha establecido vínculos con líderes políticos locales para poder operar con impunidad y ha buscado mantener a sus aliados en el poder.
Estas conexiones se pusieron de manifiesto en varios estados en las elecciones regionales de noviembre de 2021. Los vínculos fueron más evidentes en el estado Táchira, donde el ELN intervino en la reñida carrera por la gobernación entre la titular alineada con la oposición y Freddy Bernal, un chavista incondicional quien supuestamente se ha coludido con grupos guerrilleros desde la década de 2000.
El ELN les ordenó a los residentes que votaran por Bernal, amenazó a los testigos electorales y mantuvo presencia armada en los centros electorales, según múltiples fuentes locales que hablaron con InSight Crime.
“Hacían reuniones para organizar a la gente para que votara por Bernal, siempre hablaban de que la gente tenía que votar por el ‘comandante Bernal’”, dijo un funcionario municipal del norte de Táchira, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
Además de ser aliados políticos, los guerrilleros también son socios comerciales de elementos del Estado venezolano en el eje fronterizo.
Fuentes de toda la frontera describen la misma dinámica: los guerrilleros les pagan a funcionarios del Estado para poder traficar drogas impunemente y se reparten los beneficios del contrabando, la extorsión y la minería ilegal.
Un líder de una comunidad indígena de Amazonas, quien no quiso ser identificado por razones de seguridad, describió cómo funciona el reparto de beneficios en Yapacana, un centro de minería ilegal de oro y bastión del Frente Acacio Medina de las ex-FARC.
“Todas las empresas pagan sus ‘cuotas’ y se reparten entre las FARC, el ELN, y la Guardia Nacional y el Ejército”, dijo.
Los vínculos políticos y económicos de la guerrilla con el gobierno venezolano han sentado las bases para una cooperación estratégica con las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual ha llevado a los guerrilleros a actuar como tropas de choque o realizar el trabajo sucio del gobierno.
En 2020, el ELN se unió al ejército para enfrentarse a los Rastrojos, un sucesor criminal de los grupos paramilitares de derecha de Colombia.
En los últimos días de un violento conflicto, los militares venezolanos lanzaron un ataque contra los Rastrojos que los obligó a refugiarse al otro lado de la frontera, en Colombia, según informó La Opinión. El ELN ya estaba en posición, esperando que los militares los condujeran hacia ellos. Un líder social de una zona fronteriza que fue epicentro de los combates, quien habló bajo condición de anonimato, confirmó meses después que el ELN había tomado el control de los pasos fronterizos.
“Donde había algún rastro de paramilitares, quemaron las casas y las derribaron”, dijo el líder social. “Ahora el ELN está gobernando con la protección del ejército”.
¿Insurgentes o paramilitares?
Las acciones de la guerrilla en Venezuela la han ubicado en un papel inquietantemente familiar para los colombianos. Están adoptando la forma de sus enemigos más acérrimos: los contrainsurgentes paramilitares que se aliaron con el Estado para librar una guerra sucia contra los guerrilleros y sus partidarios.
Al igual que las ex-FARC y el ELN en Venezuela, los contrainsurgentes de Colombia, ya desmovilizados, eran aliados militares de las fuerzas de seguridad colombianas y socios en negocios criminales junto con elementos corruptos del Estado. Sus tentáculos llegaron hasta lo más profundo de la política colombiana y se les permitió violentar a comunidades y enemigos por igual en favor de la protección de las clases dirigentes.
“En Venezuela, el ELN es un grupo paramilitar, no una insurgencia armada. Allí apoyan al gobierno, mientras que aquí en Colombia luchan contra él”, dijo Trejos.
Sin embargo, muchos de los grupos paramilitares colombianos utilizaron la contrainsurgencia solo como una fachada para construir imperios de narcotráfico. Igualmente, hay dudas acerca de si el ELN está en verdad comprometido ideológicamente con la defensa del gobierno Chavista y la Revolución Bolivariana, o si se trata de una alianza por sus beneficios y su conveniencia.
“Aquí en Venezuela, sus objetivos son diferentes. Son un grupo criminal, una banda, [y] un grupo armado en busca de negocios”, dijo a InSight Crime Liborio Guarulla, exgobernador de Amazonas.
Ya sean insurgentes, paramilitares o simplemente criminales, el ELN y las ex-FARC representan la principal amenaza para la seguridad tanto de Venezuela como de Colombia. Tienen la capacidad de controlar a las comunidades, forjar alianzas con fuerzas de seguridad y redes políticas, manejar economías criminales, y poseen la experiencia otorgada por décadas de lucha.
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