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La compra de un jet de lujo de tercera mano en la ciudad de Riga (Letonia), por un valor de US$12 millones ($58 mil millones), a seis meses de terminar el gobierno de Iván Duque, tiene en la mira de la Contraloría a la anterior cúpula de la Policía Nacional, hoy en retiro. Esta semana se conoció el informe de auditoría de la entidad que da detalles de la polémica adquisición que no duda en calificar de posible detrimento patrimonial. El asunto abrió un incidente de responsabilidad fiscal.
Pero además del acta firmada por el exsubdirector de la Policía Hoover Penilla, el 1° de enero de 2022 a las 4:00 p.m., modificando la referencia del avión de tropa a un Jet Embraer Legacy 600, común entre famosos y magnates, hay otros detalles de la compra que causan controversia. En el documento del ente fiscal se cuestionó que la Policía hubiera convocado a la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC) para hacer la compra cuando tenía la capacidad y trayectoria para hacerla por sí sola. Además, el convenio interadministrativo establecía una comisión del 3 % por el valor total de la aeronave, y cuando la Contraloría preguntó por los soportes de estos costos solo apareció una factura por $28 millones. Todo lo demás fue definido como “intangible”, aunque se gastaron $7.140 millones por concepto de “recuperación de costos y gastos”.
Eso sin contar con que la CIAC, una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Defensa, creada en 1956 y representada legalmente para el momento de la compra del jet de lujo por el mayor general Iván Hidalgo Giraldo (hoy en retiro), fue la encargada de abrir una invitación a ofertas para identificar la aeronave en venta. En el expedito proceso resultó ganadora una unión temporal integrada por tres empresas, dos de ellas con el 95 % de las acciones y domicilio en Arauca, sin ninguna experiencia en ventas de ese tipo.
De hecho, fue precisamente el mayor general (r) Hidalgo quien se reunió el 4 de mayo de 2022 con Luiz Ignacio Stein, empresario aeronáutico brasileño y representante legal de Río Sur S.A.S., la tercera empresa del consorcio Aeronaves PNC y la encargada directa de la venta de la aeronave, como consta en el acta de la reunión que forma parte del expediente de la investigación que adelanta la Contraloría. Allí, Hidalgo le dijo a Luiz Stein que estaba aparentemente preocupado por el precio del Embraer Legacy 600 y así consiguió que el brasileño le ofreciera un descuento del 5 % y la posibilidad de pagar un anticipo del 50 %. Ese anticipo, por más de US$6 millones, se pagó el 25 de agosto de 2022. Este diario consultó al mayor general (r) Hidalgo, pero no quiso referirse al tema porque “el proceso aún está en ejecución”.
En esa reunión solo estuvieron presentes los funcionarios de la CIAC y Luiz y Santiago Stein, como representantes de Río Sur S.A.S., su empresa. No estuvo presente ningún delegado de las otras dos empresas araucanas que conforman el consorcio Aeronaves PNC, que recibió el contrato por más de US$12 millones y que también está representado legalmente por Luiz Stein.
Sobre Río Sur
Río Sur S.A.S. fue designada en 2009 por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) como depositaria para que administrara provisionalmente la Sociedad Aeronáutica de Santander (SASA), una empresa de aviación que fue intervenida y embargada por lavado de activos. El señor Stein pasó a ser representante legal de SASA y a administrar varias aeronaves que le fueron confiscadas al narcotráfico.
Uno de los helicópteros que fueron embargados en 2009 por la Fiscalía en medio de la investigación por lavado de activos fue un Bell de matrícula HK-4653X que pertenecía a SASA. Tras la medida cautelar, Stein pasó a administrar esa aeronave durante su época como depositario. En 2010 esa entidad decidió terminar el contrato con Stein, “en virtud de la violación a las disposiciones generadas y el principio de prevención y cuidado de los activos inmersos en procesos de extinción de dominio”, según dijo Andrés Ávila, exdirector de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que heredó varias funciones de la DNE.
Sin embargo, más adelante, ese mismo helicóptero embargado por la SAE, de matrícula HK-4653X, volvió a ser administrado por la empresa de Stein. De hecho, ese helicóptero fue varias veces el medio de transporte de José Hernández Aponte, conocido como el “Ñeñe” Hernández, señalado socio de narcos (asesinado en Brasil en mayo de 2019).
En enero de 2014, otro de los helicópteros operados por Río Sur se desplomó en zona rural de Anorí (Antioquia) y en ese hecho murieron todos sus tripulantes: cuatro militares y un sacerdote. Stein aseguró, en diálogo con Blu Radio, que el helicóptero fue derribado por disparos desde tierra. El expresidente Álvaro Uribe responsabilizó a las Farc.
Días después, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, excomandante de las FARC, reconoció que el ataque provino de esa guerrilla, en asocio con el ELN, que también tenía presencia en esa zona. Londoño atizó la polémica cuando aseguró que el Ejército intentó mantener en secreto los detalles del desplome del helicóptero para no revelar su estrategia de despliegue de personal militar utilizando empresas privadas.
No es la primera vez que la empresa de Stein ha sido contratada por entidades estatales para servicios de transporte aéreo. Por ejemplo, entre 2003 y 2011, Río Sur facturó cerca de $1.442 millones por concepto de vuelos para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, principalmente durante la administración de Luis Carlos Restrepo, quien renunció a ese cargo en 2009 y hoy está prófugo de la justicia en el extranjero. Antes también fue contratado por el gobierno de Andrés Pastrana para desplazar al entonces comisionado de Paz, Camilo Gómez Alzate, a la antigua zona de despeje en sus fallidos diálogos de paz con las FARC. Este diario consultó al representante legal de Río Sur S.A.S., el brasileño Luiz Stein, para conocer su versión de estos hechos, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Entretanto, resulta al menos extraño que sea el Estado, a través de sus instituciones, el que incauta aeronaves a la mafia y luego las pone a disposición de privados -como Río Sur- que le cobran por usarlas. Y más extraño es que la Dirección de Antinarcóticos de la Policía le compre un jet de lujo justo a la misma empresa que administra bienes incautados a la mafia. Una controversial adquisición que, según la Contraloría, no respetó las normas que regulan la contratación pública. Normas que disponen que la Policía pudo hacer esa compra directamente, a través de una licitación que respetara el principio de selección objetiva.
¿Por qué la Policía no compró directamente el jet de lujo?
La Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC), entidad que dirigía el entonces mayor general Iván Hidalgo Giraldo (hoy en retiro), fue la encargada por la Policía Nacional de la compra del jet Embraer Legacy 600. Fue precisamente Hidalgo quien negoció el lujoso avión directamente con el brasileño Luiz Stein. La CIAC recibe todos los años multimillonarios contratos por parte de varias entidades del sector defensa. En 2022 recibió contratos por cerca de $1,2 billones, todos entregados directamente. La mayoría de ellos se firmaron para que la Corporación hiciera el mantenimiento de varias aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y otros para la capacitación e instrucción de pilotos y tripulantes de esas aeronaves. A pesar de que la CIAC está vinculada al Ministerio de Defensa y está registrada como entidad de economía mixta que contrata con un régimen privado, está obligada a publicar sus procesos de contratación en SECOP. Sin embargo, dejó de hacerlo en enero de 2020.
El Espectador tuvo acceso al expediente de la investigación que adelanta la Contraloría y encontró que ese ente de control envió una de comunicación a la CIAC en la que preguntó por las razones de esa contratación que se saltó la Ley 80, la que regula la contratación pública en Colombia. La CIAC respondió que una de las ventajas de utilizar su manual de contratación, y no la Ley 80, es que permite hacer compras con mucha mayor rapidez, “lo cual se ajusta a las necesidades de efectividad de la Policía”. También destacó un concepto emitido en 2009 por la misma Contraloría General, que señala que “no se encontró normatividad que impida a la Policía Nacional realizar el proceso contractual directo de compra o adquisición de las aeronaves”.
En el expediente también hay un documento que recoge otros hallazgos fiscales que resultaron de la visita para inspeccionar la aeronave. El informe de la Contraloría concluye que el avión Embraer Legacy 600, con matrícula 9H-AIQ, “excede en 2,6 veces el límite de horas de vuelo establecido en la solicitud de oferta (9.445 horas de más); de la misma manera, también excede en 2,1 veces el límite de ciclos (4.440 ciclos de más)”, lo que representaría un promedio de 965 horas de uso por año: “el exceso de horas sobre la condición de uso exigida en la oferta podría llegar a representar una aeronave con más de nueve años de uso”, asegura el ente de control.
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