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La Fiscalía prepara el escrito de acusación en contra de alias Iván Mordisco, líder de la autodenominada disidencia del Estado Mayor Central (EMC). En ese documento judicial, el ente investigador lo acusa de un delito de la mayor gravedad penal: el genocidio. En pocas palabras, el genocidio se define como las acciones criminales que pretenden destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, racial, religioso y étnico, como es el caso del pueblo nasa.
Ese expediente del ente investigador señala que existe un plan “criminal sistemático” de la disidencia del EMC, en contra del pueblo indígena, el cual está asentado en el norte del Cauca hace miles de años. El Espectador reconstruyó los 43 asesinatos identificados por la Fiscalía, pero que, según la comunidad indígena, serían más de 50, ya que no se ha podido establecer plenamente la responsabilidad del grupo ilegal en esos otros homicidios.
El pasado 9 de enero, el presidente Petro abrió una puerta para que Iván Mordisco caiga en el radar de la Corte Penal Internacional, en la que actualmente son procesados por crímenes de lesa humanidad el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el expresidente filipino, Rodrigo Duterte.
Las cifras del exterminio
Los 43 asesinatos de indígenas, ocurridos entre 2022 y 2025, fueron cometidos contra 16 comuneros, 14 autoridades ancestrales, ocho firmantes del acuerdo de paz y cinco sabedores, quienes fueron asesinados en Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló. La Fiscalía determinó que la célula detrás de estos hechos es el Frente Dagoberto Ramos, quien atacaba a sus víctimas a altas horas de la noche en sus viviendas, o cuando se movilizaban con rumbo a ellas.
Las cifras también apuntan a que el municipio del departamento que sufrió esa ola de violencia es Santander de Quilichao con 11 personas asesinadas, seguido de Toribío (10) y Caldono (9). A su vez, el año más letal fue 2023, en el que fueron asesinados 20 miembros del pueblo ancestral.
El reclutamiento de las disidencias de Iván Mordisco
En el fin de esos diálogos también tuvo que ver otro crimen de guerra que se le atribuye al EMC en el Cauca: el reclutamiento forzado de menores de edad. Un asunto que, además, Petro incluyó en su denuncia ante la CPI por genocidio. Según la Defensoría del Pueblo, en 2023, se reportaron 184 casos, los cuales, 125 ocurrieron en el departamento del Cauca. Además, de esa cifra total, el 91% de los menores fueron reclutados por Iván Mordisco.
En 2024, de acuerdo con la misma entidad, en Colombia fueron reclutados 578 menores de edad, de los cuales 367 casos ocurrieron en el Cauca. Ese organismo también dice que de la cifra total, 277 son menores indígenas y que 229 están en poder del EMC. Las cifras más recientes, que comprenden el primer semestre de 2025, arrojan un escenario similar: De los 55 niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada, 25 de ellos ocurrieron en el departamento del Cauca. La Defensoría además apunta que de esa cifra total, 35 corresponden a población indígena y que el grupo criminal que más reclutó fueron las disidencias de Iván Mordisco, con 29 casos.
Desde hace décadas el pueblo Nasa ha hecho una férrea oposición a la presencia de grupos armados en sus territorios ancestrales, los cuales son usados por los violentos como corredores estratégicos para el negocio del narcotráfico. Asimismo, como las cifras de la Defensoría lo respaldan, su presencia también les permite echar mano de la población indígena para engrosar sus filas. Uno de los que se opuso a esa practica delictual fue Edgar Tumiñá, quien fue asesinado en marzo de 2025 por las disidencias de las Farc, en el municipio de Toribío, Cauca, tras recibir nueve disparos en su cabeza. La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó el crimen y pidió que se esclareciera los hechos lo más pronto posible.
En agosto de 2025, El Espectador conversó con el director de la Unidad de Restitución de Tierras Giovanni Yule, quien también ocupó durante varios años altos cargos dentro de la estructura del pueblo indígena Nasa. En ese momento era una de las primeras voces en advertir que el reclutamiento forzado que sufría su pueblo ancestral también era un forma de exterminio étnico. Según el alto funcionario, muchos de los niños, niñas y menores de edad, son instrumentalizados desde muy temprana edad por la organización criminal de Iván Mordisco y que, posteriormente mueren en combate con otros grupos armados ilegales o con el Ejército colombiano.
Otra líder Nasa que protestó fue Ermes Evelio Pete Vivas, congresista de la bancada de gobierno. Tras el asesinato del comunero indígena Eduardo Campo Chá, perpetrado el 27 de noviembre de 2025, el parlamentario señaló: “Soy del Pacto Histórico, estoy en este proceso del presidente Gustavo Petro, pero eso no me impide alzar mi voz de protesta contra la violencia, contra la que sufre mi familia Nasa por parte de las disidencias de las Farc, de este señor Iván Mordisco. Sí, a ellos les hablo de frente para que no asesinen más a nuestros líderes, médicos tradicionales y mayores. Dicen ser revolucionarios, pero están exterminando al pueblo indígena acá en el Cauca”.
El Estado colombiano lleva años persiguiendo a Iván Mordisco, por el que ofrece COP $5.000 millones de recompensa. Incluso, el gobierno de Iván Duque lo dio por muerto en julio de 2022 tras una operación militar donde encontraron su característica boina. El más reciente intento por capturarlo empezó el 1° de enero de 2026, cuando las Fuerzas Militares desplegaron un mega operativo en el municipio Mirití-Paraná, Amazonas, en el que murieron tres personas de su anillo de seguridad y otras cuatro fueron capturadas. Sin embargo, como lo ha sido en sus más de 30 años al margen de la ley, Iván Mordisco siguen siendo escurridizo para el Estado colombiano.
Una vista al pasado: el caso de la Unión Patriótica
El delito de genocidio, por ser un crimen de lesa humanidad, ha sido investigado por otras instancias judiciales a nivel internacional. Por ejemplo la Corte Penal Internacional (CPI) tiene a varias personas en la mira, entre ellas, al prófugo expresidente de Sudán, Omar Al Bashir, por el genocidio étnico en Darfur. La ONU también creó tribunales temporales en la desaparecida Yugoslavia y en Ruanda para investigar y condenar esos genocidios étnicos, los cuales fueron perpetrados en la década de los noventa. Esas instancias judiciales lograron condenar a siete personas, entre ellas, a políticos, militares y sacerdotes que fueron los máximos responsables de los exterminios.
En el caso colombiano, el genocidio político de la Unión Patriótica (UP) es el precedente emblemático, ya que dejó 6.613 víctimas, que fueron asesinadas entre 1984 y 2002. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por ese exterminio político, el cual fue perpetrado por miembros de la fuerza pública colombiana en alianza con grupos narcoparamilitares.
En noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro pidió perdón por esa oleada violenta contra el partido político nacido en 1985, tras el Acuerdo de Paz de la Uribe (Meta). Así como Iván Mordisco y sus hombres son procesados penalmente por el genocidio indígena de los nasa, en el caso de la UP responden ante la Jurisdicción para la Paz (JEP) cinco oficiales del Ejército retirados, entre ellos, dos generales: Rito Alejo del Río e Iván Ramírez Quintero, ambos condenados por otros expedientes judiciales.
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Por David Escobar Moreno
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